La operación debe ser analizada por el Enacom -que podría ser recusado por haber aventurado su posición en comunicados públicos-, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Inspección General de Justicia (IGJ) y, fundamentalmente, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que en definitiva estará finalmente plasmada en el acto administrativo del Secretario de Comercio de la Nación
