“¿Conocés el plan básico universal?”, pregunta la insistente publicidad oficial firmada por el Ente Nacional de Comunicaciones. Desde las campañas proselitistas de Francisco de Narváez en 2007 y 2009 nadie había saturado publicitariamente tanto con la propuesta de un plan.
Desde la pauta, en el discurso militante que lidera Gustavo López -en línea directa con Oscar Parrilli en el Instituto Patria- y en el frente judicial, la administración nacional mantiene viva la nueva guerra por las comunicaciones. Por ahora es una guerra fría, que no prende en una agenda pública dominada por el escándalo de las vacunas y la condena a Lázaro Báez e hijos. Y una guerra difícil de entender, al menos en lo referido a la batalla de los precios: después de resistir la suba del 20% que pedían las empresas, el ente ya autorizó en dos meses la mitad de ese incremento y lo superó para el caso de pymes y cooperativas. Eso sí, se está complicando entender el cuadro tarifario. Por suerte hay expertos como Enrique Carrier, que están siguiendo el minuto a minuto.
En este asunto, el Enacom acusa a Telecom Argentina de estar en «rebeldía» por no reintegrar los montos cobrados por encima de lo autorizado. En la telco argumentan que están plenamente a derecho, cubiertos por el fallo del juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, planteado por un cableoperador socio de la Asociación Argentina de la TV por Cable (ATVC). Y avisan que irán por más. En cambio, Telefónica Movistar y Claro decidieron reintegrar a sus clientes esos montos, algo que fue celebrado por el presidente del ente regulador, Claudio Ambrosini.
Los panoramas que enfrentan cada empresa son distintos. Telefónica Movistar, en venta desde que la casa matriz incluyó a la filial entre los mercados no estratégicos, mantiene sus planteos judiciales (los enumeramos la semana pasada). Claro Argentina, en cambio, no hizo ninguna presentación, acató la orden de la autoridad regulatoria y allanó el camino para una amable reunión en Ciudad de México entre el presidente Alberto Fernández y el empresario Carlos Slim, dueño de la empresa. Además de telecomunicaciones, allí se habló de obra pública y de vacunas, entre otros rubros en los que destaca el grupo multinacional Slim. Las resoluciones de compartición de infraestructura y de must carry habían sido un mimo para Claro, que mantiene desde hace años reclamos en ese sentido (con graves denuncias de robo y destrucción de infraestructura).
Hay un trasfondo del que aún no puedo darte detalles pero que tiene que ver más con el mediano y largo plazo que con las urgencias del presente (digamos que con la expectativa de que cambien las expectativas). Ese trasfondo incluye negociaciones por las operaciones locales de DirecTV y Telefónica Movistar que podrían producir novedades en los próximos meses.
Después del consuelo de Slim y sus dichos sobre el futuro promisorio de la Argentina (celebrados aquí por exponentes del partido de la ley de medios) y de despotricar ante los mexicanos sobre asuntos domésticos en «la mañanera», la macondiana conferencia de prensa casi diaria del presidente Andrés López Obrador, el presidente Fernández celebró en Yapeyú el cumpleaños del libertador José de San Marín con más berrinches (para todas y todos).
El mismo mandatario que destacaba en agosto pasado la “inversión privada” y la “competencia” para impulsar la conectividad dijo ahora que «la conectividad debe dejar de ser un negocio privado».
Nada que ya no supiéramos.
MEDIOS
Los primeros meses de El Diario Ar. Se conocieron las cifras del más reciente lanzamiento mediático: El Diario Ar, iniciativa liderada por Martín Sivak, y sostenida empresarialmente por Prensa Digital SA, cuyos cuatro accionistas son Guillermo Culell, Marcelo Franco, Eduardo Bianco y eldiario.es, sociedad española inscripta en Argentina. El primer dato de Comscore arrojó una audiencia de 279.000 usuarios (usuarios de panel multiplataforma, enero 2021, personas dentro de territorio argentino +15 años). La Izquierda Diario, El Nacional de La Matanza y La Arena de La Pampa tienen por ahora más tráfico. Habrá que ver febrero, que traerá el rifirrafe de las columnas de Esteban Schmidt -que usó la palabra “desvirgada” como metáfora política para referirse a la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti- y Daniel Molina -sobre lo que él llamó la «religión del feminismo»-. A Schmidt directamente lo censuraron (su columna fue levantada) y a Molina lo escondieron al interior del sitio (según el propio autor). Ambas publicaciones desataron una fuerte reacción en redes que el portal no resistió. Tres editores publicaron columnas pidiendo disculpas o dando explicaciones: Sivak, Silvina Heguy y Sabastián Lacunza. Tantas disculpas podrían relacionarse con el impacto de la reacción a las columnas en el número de membresías (modelo de ingresos sobre el que prevé basarse el sitio). Por ahora, allí no se observa publicidad directa -más allá de los avisos programáticos que le llegan vía Google-. La única excepción fue un spot del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que estuvo on line muy pocos días.
EL DATO
El dato es que, a pesar de intensísimas discusiones internas, ninguna asociación de prensa se expresó públicamente sobre los periodistas que se saltaron la fila y se convirtieron en vacunados de privilegio. Adepa, Fopea, la Academia Nacional de Periodismo y la larga lista de sindicatos, del Sipreba a la Utpba, el Cispren al rosarino SPR, ninguno hizo mención pública al tema. Nadie esperaba tribunales éticos, condenas a las personas involucradas ni linchamientos, pero sí alguna referencia general a la responsabilidad que le cabe al periodismo cuya función social incluye la denuncia de los privilegios indebidos.
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