#TMTnews 03.08.2020.- En un contexto dominado por la cuareterna (ahora con el derecho de reunión también suspendido) y la deudaeterna (especulando con que el FMI nos salve de un nuevo default), el presidente Alberto Fernández se refirió brevemente el martes 21 de julio pasado en la reunión del Consejo de las Américas a la conectividad, un tema del que no habla mucho en sus intervenciones públicas y con el que se lo nota inquieto porque sabe que no sabe. Fernández respondió a una pregunta muy concreta de Karim Lesina, senior vice president of International External & Regulatory Affairs de AT&T Services Inc -dueña de DirecTV y Warmer Media, ambas con filiales en Argentina- sobre qué políticas aplicará el gobierno para impulsar el sector digital.
«Argentina tiene un ecosistema fuerte de empresas involucradas en lo digital. Desde Mercado Libre hasta DirecTV, desde Globant hasta Telecentro, entre otras. Considerando la importancia del sector digital ¿Cuáles serían las prioridades del gobierno para seguir potenciando a este sector de modo de que se convierta en el motor de crecimiento de la Argentina?», preguntó por escrito Lesina. Y Fernández respondió: «Este es un sector importante. Nosotros debemos hacer una mucho mejor conectividad de la Argentina, que tiene sectores donde la conectividad de Internet, a la que me refiero, no llega. Muchas de estas empresas son empresas del mercado… electrónico [le sopla uno de los acompañantes en la reunión], muchas empresas dedicadas a la transmisióm de imágenes, muchas empresas que producen aplicaciones y desarrollo de software como Globant, que es una empresa formidable Argentina, o simplemente empresas que transmiten a través de cable imágenes de televisión o telefonía. En verdad ahí lo que yo diría es desarrollar la llegada de la conexión o conectividad a todo el país. Muchos sectores del país donde lamentablemente la banda ancha no llega, donde Internet es malo y donde los sistemas no funcionan del todo bien. Esto no es todo lo mismo, la pregunta incluye actividades que son muy distintas. Pero tal vez lo que necesite Argentina en alguna de esas cosas es más competencia, mejor competencia, y tal vez esa mejor competencia privada pueda facilitar esa inversión que estamos necesitando para interconectar a todo el país«. Al dialogar con Susan Sigal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of Americas, Fernández dijo que la administración Macri desactivó el plan Conectar Igualdad (no recordó el nombre y fechó erróneamente su lanzamiento en 2015) y que dejó de invertir en fibra óptica, algo que también es objetivamente inexacto si se revisan los km desplegados por privados, los hogares conectados y pasados, y los kilómetros de fibra de Arsat iluminados. Las simples estadísticas indican que la Argentina pasó de menos de 2% de penetración de la fibra óptica a más del 10%. Bad information (como lo demostró aquí Enrique Carrier con datos en la mano).
A propósito, ¿cómo se compatibiliza en una misma plataforma de gobierno la apuesta a la inversión privada y con los proyectos de estatización del oficialismo en el Congreso, de los que ya te conté en la última #TMTnews?
Aunque no están entre sus prioridades -a juzgar por el rango subsecretarial dado al asunto-, las telecomunicaciones se cruzan en la agenda del presidente si se considera que uno de los principales aliados de la estrategia del ministro de Economía, Martín Guzmán, es el presidente del fondo Fintech y principal accionista de Telecom Argentina, entre otras empresas locales, David Martínez. El empresario mexicano, ex seminarista en Roma y cultor del bajo perfil tiene un vínculo de larga data con la Argentina y jugó un papel central durante la disputa del kirchnerismo con el grupo Clarín, del que fue y es socio (primero en Cablevisión y luego en Telecom). Hasta ahora, esas gestiones no fueron exitosas para Guzmán, pero a juzgar por el discurso de Fernández (del que casi lo único que se entendió fue lo referido a lo importante que es la «inversión privada») está siendo efectivo para las empresas telco.
Sin otras novedades más allá de la prioridad de reformar la justicia para sostener la alianza gobernante y mientras el Presidente no deja de visitar el Concil (recordó que lo hace desde que era superintendente de seguros), los funcionarios convergentes del gobierno están siendo las estrellas del ciclo de ocho webinarios organizados por el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), que preside Mario Cafiero en el ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas.
En el primero de esos encuentros del Movimiento Asociativo y las Telecomunicaciones -tal como se han denominado- expuso la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, y en el segundo lo hizo el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini. Es precisamente de esos encuentros que se desprende la falta de novedades.
En la primera de esas reuniones, el 22 de julio, Sánchez Malcolm dijo: 1) Arsat ya trabaja en su tercer satélite, el Arsat-SG 1 para el que se buscará financiamiento internacional aparentemente gestionado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz (el satélite, tal como definió la gestión anterior, se orientará a brindar conectividad de banda ancha a los hogares -con un objetivo de 170.000 hogares-; y será fabricado por INVAP en sociedad con la turca Turkish Aerospace Industries-TAI); 2) la Red Federal de Fibra Óptica completará la etapa 2 (actualización de la red y llegar a 258 localidades con menos de 10.000 habitantes, cuya última milla «quedará en manos de las cooperativas», dijo -hoy el Enacom anunció 3000 millones de pesos del Fondo de Servicio Universal para ese fin-); 3) un Plan Plurianual de Espectro, también sobre el trabajo dejado por la gestión anterior, en particular el del equipo de Héctor Huici («reordenamiento de frecuencias» y «revisión de las atribuciones de espectro», dijo explícitamente la secretaria) -de paso, te cuento que por el momento el plazo de devolución de las frecuencias de Telecom postfusión con Cablevisión quedó suspendido por efecto de los decretos pandémicos-; y 4) la actualización de la TV digital terrestre («hubo un desguace de las estaciones en los últimos cuatro años» y «estamos invirtiendo 4,3 millones de dólares porque el 80% está obsoleta»).
En el segundo encuentro, realizado el 27 de julio, el expositor principal fue el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, un poeta de las políticas de telecomunicaciones. Concreto, nada, pero sí tuvo algunas perlitas divertidas. Destacó los planes de conectividad para «los sectores populares que fueron los más relegados en los últimos años»; dijo que los cooperativistas en «sus comunidades están en armonía con sus clientes-amigos, a diferencia de las grandes compañías»; acusó a la gestión anterior de haber «dejado un fondo universal bastante mullido de plata por su inacción» [en eso hay que decir que no dijo la verdad dado que fue la gestión anterior la que reactivó esos fondos tras muchos años de acumulación y pérdida de valor]; y se diferenció de la gestión macrista en la materia: «hoy somos un equipo con Arsat y Micaela, nos juntamos en la misma mesa y vamos a las mismas reuniones, no como antes que la Setic y el Enacom eran como Boca y River [en esta dijo la más pura verdad]. Lo más concreto de la exposición fue su referencia a una posible ley de Servicio Universal. «Les voy a pedir [a los senadores oficialistas] una ley para seguir dándole estímulo al fondo de servicio universal ya que es el arma que tenemos para brindar conectividad en todo el país. Vamos a ver si nos tienden una mano (sic)».
Estos webinarios del Inaes son organizados por Héctor Pájaro Carril, ingeniero de la Organización Internacional de las Telecomunicacion-ITU de larga militancia peronista (el Inaes acaba de ser incorporado a la ITU probablemente con su intervención). Si querés conocerlo mejor, aquí lo describió recientemente en su web una compañera suya y colega mía, la periodista Andrea Delfino. Por estos encuentros desfilarán actuales funcionarios y algunos dirigentes que integran el «banco de suplentes», como Antonio Roncoroni, presidente de la Federación de Cooperativas del Sur-Fecosur, que en diciembre sonó como posible integrante del equipo gobernante en la materia.
MEDIOS
El volumen y la distribución de la publicidad oficial, ¿otra vez secreto de Estado? El artículo 12 de la resolución 247/2016 de la entonces Secretaría de Comunicación Pública, no derogada por la actual administración, prevé que ese organismo (ahora Secretaría de Medios y Comunicación Pública) «deberá difundir dos veces al año la información relativa a la distribución de publicidad oficial, consignando quienes resultaron destinatarios de
la pauta en relación a la totalidad de los postulantes». Ya estamos en agosto, mes número 8, y aún no hay novedades de esos datos. A diferencia de los tiempos en los que había discriminación en el reparto, ahora tampoco hay incentivos para que el tema -de obvio interés público- esté en la agenda mediática. En #TMTnews del 27/04 te conté cómo el secretario Meritello dijo en los encuentros organizados por Sergio Massa en Diputados (el Congreso no había encontrado aún la forma de telesesionar) que «en marzo y abril el gobierno invirtió 600 millones de pesos en publicidad oficial», se había quejado de las deudas heredadas de la administración Macri y había prometido dar la información detallada en su debido momento. No estaría sucediendo.
El «fantasma» González gana juicio en Delaware y deja en evidencia a los testaferros de la ley de medios. Mucha difusión tuvo la semana pasada la sentencia de un tribunal del estado de Delaware que confirmó que el 100% de la propiedad de Canal 9 pertenece al grupo Albavisión, liderado el empresario mexicano Remigio Ángel González González. El juzgado sostiene que Carlos Eduardo Lorefice Lynch, el abogado al que recurrió González para ajustar la sociedad a las disposiciones de la ley de servicios de comunicación audiovisual, «actuó de mala fe, con alevosía y ventaja fabricando un entramado con el objeto de despojar en forma ilegal al Grupo Albavision de sus activos en Argentina». Ya lo había dicho en su momento Daniel Vila y era algo que todo el sector sabía: en un mundo globalizado donde los contratos pueden firmarse en distintas jurisdicciones -algunas con reglas de juego más estables- no era tan complicado saltearse algunas de las absurdas restricciones. Ahora lo confirma el tribunal estadounidense: «González González creó una compañía de responsabilidad limitada de Delaware para mantener valiosos activos de medios, incluidas numerosas filiales creadas y que operan en Argentina. Un joven abogado de la firma que asesoraba en esos esfuerzos iniciales de expansión, Carlos Eduardo Lorefice Lynch, desarrolló una relación con el empresario y, finalmente, se convirtió en su mano derecha en Argentina. (…) Lorefice Lynch, asesoró al empresario sobre la ley argentina y se desempeñó como representante legal formal de la compañía tenedora en Argentina, ganando rápidamente la confianza inquebrantable del empresario. (…) Utilizando su posición de confianza, Lorefice Lynch indujo al empresario a firmar documentos que indicaban que él, no el empresario o su afiliado, era el miembro mayoritario de la compañía. Poco después de que se firmaron esos documentos, una nueva ley argentina, según Lorefice Lynch, requería que un argentino tuviera el interés mayoritario en las compañías de medios que operan en Argentina. Esto inspiró a Lorefice Lynch a elaborar un esquema de estafa mas sofisticado: informó al empresario que era necesario asignarlo como miembro mayoritario de la sociedad para cumplir con la nueva ley«. Ahora todo el mundo se pregunta cómo se aplicará ese fallo en la Argentina, donde la pantalla de Canal 9 es manejada por Víctor Santa María, el zar sindical de los medios, mientras Loréfice Lynch conserva la «propiedad» (como te conté en #TMTnews del 08.6.2020, sobre el noticiero Telenueve, Santa María espera lanzar en breve el canal IP, una nueva señal de noticias). El negocio de González González siempre fue el oficialismo, así que no debería haber necesariamente ningún cortosituito ahí. ¿Te acordás del día en que puso ese canal al servicio del entonces ministro Julio de Vido? Hablando de todo un poco y sólo para el registro: avanzó en Diputados la anmistía impositiva para Cristóbal López que (como hicieron con Ciccone en su momento) busca borrar en el Congreso el delito fiscal por el que es juzgado y que reveló en su momento Hugo Alconada Mon en aquella célebre tapa de La Nación de 2013.
Enacom y RTA: los representantes del PRO siguen esperando en la puerta. Silvana Giudici y Emilio Lafferriere, designados por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización para integrarse como directora del Enacom y director de Radio y Televisión Argentina SE, respectivamente, siguen en la espera. Dulce la espera para Giudici, que confía en que el decreto de designación saldrá en las próximas semanas -la ex radical es esperada con alguna expectativa por Claudio Ambrosini, presidente del ente y ex director cuando Giudici presidía-. Agria la espera para Lafferriere, que es resistido por los gremios de la TV Pública (donde co-mandan el peronista Jorge Batata Rodríguez y el trosco-kirchnerista Agustín Lecchi) y Radio Nacional. En RTA ya fue designada -mediante el decreto 608/20– Cynthia Ottaviano, ex defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. Para no incluir a Lafferriere, hijo del histórico senador radical entrerriano y estrecho colaborador desde hace años de Hernán Lombardi, el gobierno se basó en un supuesto dictamen del área jurídica de RTA (llamativo que un gerente cuestione a un accionista). En soledad, Lafferriere viene reclamando su asiento en la sociedad que controla los medios públicos federales y que es presidida por la periodista Rosario Lufrano. A juzgar por el tenor de sus mensajes en redes podría estar perdiendo la batalla.
TELECOMUNICACIONES
Se aprobó la ley de teletrabajo, en la que hubo letra de la Foetra (con rima). Para el olvido, la resignación o la revolución, según el estado de ánimo, es la ley de teletrabajo que tuvo sanción definitiva del Senado en los últimos días. Los cuestionamientos y sugerencias del sector empresarial no fueron escuchados y primó la visión sindical. Según pude saber en el texto definitivo actuó la pluma del abogado del sindicato telefónico Foetra, Guillermo Schor?Landman, que además funge como uno de los tres principales asesores del subsecretario de Tecnologías de la Información y las Telecomunicación, Martín Olmos (los otros dos son Martín Becerra y Edmundo Poggio). Mientras esa norma, que contó con ayuda opositora en el Congreso, espera ahora ser reglamentada, la que no logra la media sanción que le falta es la de la economía del conocimiento, que provocó la semana pasada un reclamo llamativo de la Cámara Argentina del Software-CESSI (hasta ahora de muy buena relación con el gobierno). La suspensión de la ley vigente en diciembre de 2020, reglamentada meses antes por el presidente Mauricio Macri, y el envío al Congreso de un nuevo proyecto, ya acumula ocho meses sin novedades reales. Para la CESSI esa demora costó 11.200 puestos de trabajo, 33.400 millones de pesos menos de facturación y una disminución de entre 3 y 5 puntos porcentuales en exportaciones. Y por si no se entiende, aquí lo explicó con un infográfico.
2020-07-28-Cessi-Infografi?a-Ley-de-Economi?a-del-Conocimiento
EL DATO
El dato es esta vez una sensación: a 21 años de su creación en un «garage» de Saavedra, Mercado Libre podría estar ganando la batalla de la opinión pública en su país de origen (tal vez una pelea más difícil que la que podría presentar Amazon si desembarca en la región).
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