Más de cien días de cuarentena. ¿Qué esperás que te cuente? ¿Inversiones? ¿Despliegue? ¿5G? ¿Una legislación que impulse algo de eso? ¿Algún plan gubernamental relevante? Poco y nada hay para decir de nuevo. La gestión oficial de la pandemia -todos en casa- y de la negociación de la deuda -larguísima e interminable negociación- mantiene congelada en hidrógeno líquido a la macroeconomía mientras la política se enrarece con el asesinato del ex secretario privado de la vicepresidenta, aparecen serias amenazas contra el periodismo profesional (amenazas de cárcel) y crecen los condicionamientos económicos a los medios. De fondo, banderas argentinas y bocinazos de protesta y el creciente vandalismo contra el sector agropecuario, que además es inédito en su magnitud. Otra vez el campo y los medios.
En eso estábamos cuando la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (Ssadc) -la sigla me hace acordar a la CMAPCP de Les Luthiers- imputó a Telecom, Telefónica y Telecentro por incumplimientos en el servicio técnico, faltas administrativas y demoras en la entrega de productos (como si la cuarentena, los permisos efímeros, el cierre de sucursales, el bloqueo de límites provinciales y el pésimo servicio del Correo, fueran cosa de otro país). La CMAP… digo la Ssadc está a cargo de Laura Goldberg y depende de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, ambas funcionarias que se referencian en el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Es decir, en Cristina Kirchner. La imputación fue rechazada de manera pública por Telecom (sobre la forma y sobre el fondo, y con detalle de lo realizado hasta ahora), y en privado por Movistar y Telecentro. Otra vez hostigamiento administrativo.
En ese contexto y con ánimo de tirarte algún dato novedoso me puse manos a la obra: fui la Llama que llama, meta llamado y llamadito. Los directores del Ente Nacional de Comunicaciones-Enacom se dedican mayormente a hacer política partidaria territorial (con Salta -patria chica de Gonzalo Quilodrán- y el conurbano, en especial la Zona Norte -territorio de Claudio Ambrosini-, como zonas privilegiadas) y sectorial (con promesas de fondos para cooperativas que desplieguen en barrios populares -como les decimos ahora a las villas miseria para no estigmatizarlas-) Y en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-Subsetic dicen estar avanzando en lo anunciado a principios de año: un plan de espectro (sobre la base del que dejó Héctor Huici, ahora consultor del BID y flamante senior advisor de Access Partnership) y un digesto normativo (que emprolije el Frankenstein regulatorio que arrastra décadas). Con la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, enredada en las funcionalidades de la app Cuidar, el sector privado mira cada vez con más cariño al subsecretario Martín Olmos, que estuvo en los últimos días en el encuentro de la Cámara Americana de Comercio-Amcham y debutará próximamente en una reunión virtual de la UIT. Lo que está más confundido que en el gobierno anterior son las competencias de Enacom y de Subsetic ¿O me parece a mi?
En cambio, donde sí empiezan a circular ideas «nuevas» es en el Congreso, donde legisladores del oficialismo impulsan proyectos para intervenir de diversas maneras en el mercado de las telecomunicaciones. La preocupación del sector telco es creciente porque no se trata de marginales sino de legisladores con relevancia institucional, como el presidente de la Comisión de Informática y Comunicaciones, Pablo Garro, o con respaldo político muy fuerte, como el de la diputada Fernanda Vallejos, del riñón de la vicepresidenta Kirchner. Tal vez no haya una mega-ley de medios, pero podría haber pequeñas «innovaciones» legislativas. Otra vez.
La embestida de los últimos días, el aparente intento de detener a periodistas y llamativos tuits del jefe de gabinete, Santiago Cafiero tras las noticia del asesinato de Fabián Gutiérrez, ya son muchos indicios que llevan a pensar en el comienzo de una II Guerra contra los Medios (tras la primera 2009-2015).
Esta vez, la guerra encuentra al sistema de medios (a todos los medios) completamente dependientes de los fondos gubernamentales, como ya lo hemos contado aquí (sea por la pauta oficial, la impresión de «folletos educativos» o el pago de sueldos mediante los ATP).
En las organizaciones empresariales y profesionales de prensa todavía creen -o quieren creer- que los Fernández son distintos. Eso explica declaraciones como las del presidente del Foro de Periodismo Argentino-Fopea, Fernando Ruiz: «Le están pidiendo a Alberto Fernandez una nueva fase de comunicación oficial. Veo que hay sectores que le están pidiendo pasar a una comunicación militante desde el Estado. Esto es bastante parecido a lo que pasó también en 2008 cuando hubo un cambio en el equipo de comunicación del gobierno de Cristina [Kirchner] en el que se pasó de una etapa de diálogo y negociación, a veces dura pero dentro del marco democrático, a una fase de comunicación militante». No soy el único que ve el futuro repetir el pasado.
Como dijimos aquí alguna vez, Alberto Fernández llegó a la presidencia con la fama de llevarse mal con los periodistas pero bien con los dueños de los medios. En esa línea, y antes de desmentir todo tipo de informaciones periodísticas, días atrás se volvió a reunir con un grupo de editores, esta vez sin fotos. Allí, Jorge Fontevecchia propuso replicar las tapas de The New York Times y O Globo, que listaron los nombres de los fallecidos por Covid-19 en dos de los países con mayor cantidad de muertos por la pandemia. La idea, que buscaba replicar las tapas simultáneas de comienzo de la cuarentena, tres meses atrás, no tuvo eco y sólo Perfil cumplió con la iniciativa. No fue un editorial crítico como los de los diarios extranjeros sino un alineamiento militante que, además, pasó sin pena ni gloria.
La presión económica y hostigamiento público sobre los medios no sólo alcanza al periodismo, sino también a los productores de entretenimiento (por más fotos que se saquen Adrián Suar y Marcelo Tinelli con Cafiero y el ministro de Salud, Ginés González García). Y no hace falta demasiada inside information para saberlo. Es suficiente con stalkear el Twitter de algunos diputados.
En definitiva, llevamos la mitad del mandato del presidente Fernández encerrados en casa, en medio de una debacle económica histórica -que ya venía de antes de su asunción pero que es definitivamente peor que la de 2001 en la velocidad del deterioro- y con la reparación de las peores prácticas políticas del pasado. Todo igual, pero muchísimo más berreta.
TELECOMUNICACIONES
Claro empapeló el Enacom de denuncias. Claro denunció a sus competidores Telefónica y Telecom ante el Ente Nacional de Comunicaciones-Enacom. A la cuestión de los postes, se sumó ahora otro tema: la portabilidad. Respecto de los postes, Enacom reclama poder usar esas facilidades esenciales en Capital Federal, donde está prohibido plantar nuevos postes (allí, señala a todos sus competidores en el territorio). Pero además, la empresa denunció a Movistar por frenar la portabilidad de sus clientes de manera «irregular» (al 26 de junio habría más de 50.000 portabilidades frenadas de una empresa a otra, me dicen). Según Claro, Movistar argumentaría que los clientes tienen deuda y por ese motivo no pueden portar su número. Como el decreto 311/2020 prohíbe el corte de servicios por falta de pago durante la pandemia, la celco de origen mexicano también acudió con su reclamo al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, autoridad de aplicación de ese decreto. La denuncia ante el Enacom fue presentada el 15 de abril y ampliada dos veces, el 20 de mayo y el 15 de junio. El ente regulador aún no se ha expedido sobre esas denuncias. Y yo me pregunto ¿No se habla de estos temas en la Mesa Empresaria de la Industria TIC? Aparentemente, no. Por otro lado, Claro también viene denunciado desmantelamientos parciales de su red de fibra en distintos lugares del conurbano. En Lanús, ese robo de fibra fue del tamaño de 10.000 hogares pasados. Y no es la primera vez que la empresa enfrenta un robo de esas características: en los últimos tiempos ya ocurrieron hechos similares en el partido de 3 de Febrero (Claro presentó dos denuncias, una el 23 de enero y otra el 26 de junio). Curiosamente, los robos ocurren en municipios gobernados por Juntos por el Cambio, o lo que es parecido: que no son gobernador por el peronismo. Al parecer, la competencia se está poniendo intensa.
TECNOLOGÍA
Teletrabajo y Economía del Conocimiento, a contramano. Tuvo media sanción en Diputados la ley de teletrabajo, que de aprobarse en el Senado, se aplicará después de la cuarentena. ¿Qué querés que te diga? Aunque con barniz de modernidad (como el derecho a la desconexión, por ejemplo), la norma consagra el esquema laboral vigente, arcaico y pétreo, que ofrece escasa flexibilidad y no genera empleo al desalentar la contratación de personal (por ejemplo, hace reversible en cualquier momento el trabajo digital a presencial para el trabajador, que podría considerarse despedido y reclamar indemnización si la empresa no lo acepta). Por eso, y otros motivos, el proyecto de ley de teletrabajo se lleva a las trompadas con la ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, que también obtuvo media sanción en Diputados. Aunque es una política de Estado desde que se aprobó la primera ley del software, en 2004, este régimen de promoción ha tenido idas y vueltas, y no quedó exento de la pelea política chiquita (por ejemplo, los cuestionamientos a Mercado Libre y a su fundador, Marcos Galperín). Una vez más, la norma tuvo amplio apoyo de todas las bancadas, como la anterior, sancionada y reglamentada durante la administración Macri y suspendida apenas asumió el nuevo gobierno.
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