#TMTnews 11.05.2020.- El viernes 1° de mayo pasado fue un feriado de cuarentena muy atípico. Con pocas noticias, la aristocracia gremial que gobierna el noticiero de la TV Pública desde tiempos inmemoriales (como graficó el periodista y ex funcionario Jorge Sigal en una valiente columna) quiso congraciarse con el kirchnerismo más duro y entrevistó al vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones-Enacom, Gustavo López. En la calle, con barbijo a media asta y cabeceando los centros muy bien puestos de la veterana movilera Laura Mayochi (una historia en sí misma), el funcionario desarrolló un proyecto del que ya había hablado con Radio Universidad de Tierra del Fuego, donde gobierna su aliado/cliente, Gustavo Melella (ambos integran el partido cristinista Forja, fundado por López sobre una de las vertientes de la transversalidad de principios del nestorismo). López fue el operador que acercó al entonces intendente de Río Grande a Cristina Kirchner y la convenció de que podía ganar la elección provincial.
De manera explícita (para nada inocente), López propuso en aquella entrevista una regulación de los portales de noticias con el argumento de combatir las fake news y equiparando erróneamente el trabajo periodístico (protegido, entre otras cosas, con la inversión de la carga de la prueba a partir de la doctrina de la real malicia) con los comentarios de los demás usuarios de redes. Ante la falta de competencia por la agenda en un día flojo de noticias, y por el graph que sintetizó la posición del funcionario (“Regularán el funcionamiento de los portales de Internet”), López se convirtió inesperadamente en el hombre de la jornada. Y eso, aunque ya había dicho lo mismo en su patria adoptiva política, Tierra del Fuego (“donde más noticias falsas hay en todo el país”, dijo aquella vez). Tal vez se haya querido referir a esa fuerte investigación de Mariel Fitz Patrick sobre el gobernador fueguino que nunca más se profundizó.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que la noticia falsa es la real malicia, cuando se sabe que es falso y a pesar de que se sabe que es falso igual se mete como una noticia verdadera”, definió erróneamente López. E insistió: “El problema de la real malicia o fakes news es que en los portales no tienen responsables. Pero en un momento de pandemia pueden poner en riesgo la vida de la población”. Tal vez haya querido referirse a plataformas (Google y Facebook) y no a portales (palabra con la que nos referimos en Argentina a sitios informativos). La verdad es que estamos sobreinformados de desinformación y aún así tenemos que insistir una y otra vez en que las fake news no tienen nada que ver con mala praxis u operaciones periodísticas, que han existido, existen y existirán. La desinformación como estrategia es anterior al periodismo y la novedad este tiempo es la infraestructura tecnológica sobre la que se monta para confundir a la sociedad con fines políticos o económicos (aunque su efectividad está en duda). A mi me parece lógico que el partido de la ley de medios encuentre en las fake news una nueva razón para proponer las mismas ideas que en su momento justificó sobre la supuesta concentración de las empresas.
Aquel Día del Trabajador, el barbijeo matutino de López fue liquidado por un rápido comunicado del presidente del Enacom, Claudio Ambrosini -que ya no está disponible o al menos no es fácil de hallar en la página web el organismo- en el que se desmintió “categóricamente” que el ente esté trabajando en «ninguna regulación vinculada a los contenidos que circulan por las redes o plataformas, tal como se informó en la cuenta de la red social Twitter de un medio y en un zócalo televisivo durante una entrevista a uno de los directores del ente, Gustavo López, quien sí se refirió a la preocupación por la proliferación de campañas de noticias falsas que circulan últimamente por Internet». Por supuesto, el ente de las comunicaciones atribuyó el malentendido a un error…. ¡de comunicación! Y de interpretación por parte del medio, que es ni más ni menos que la TV Pública (que, además, borró el video de sus redes y canales digitales dando una muy mala impresión respecto de su calidad periodística y también confirmando un profundo desconocimiento del mundo digital). Por todo eso es todavía más risueño que el comunicado del Enacom termine recordando que para no caer en las garras de las mitológicas fake news ese ente “recomienda informarse por sitios oficiales, portales provinciales o municipales e instituciones reconocidas”.
Enacom-desmiente-categóricamente-ejercer-una-regulación-de-contenidosLa del día proletario no fue la única diferencia pública entre Ambrosini -hombre leal a Sergio Massa- y el sector que representa López -que abreva en el cristinismo-. Unos días después, el 4 de mayo, hubo que volver a reescribir un comunicado, esta vez sobre un tema urticante: el congelamiento de tarifas de los servicios regulados por el Enacom. Enojado por tener que escribir y reescribir la historia varias veces, el periodista Fernando Krakowiak dio los detalles en Twitter.
Básicamente, durante una telereunión con entidades defensoras de consumidores (dejamos para otra oportunidad referirnos en detalle a esa categoría resbalosa de ONGs que mezcla la biblia y el calefón) y ante un Ambrosini en silencio, López dijo que el Enacom respaldaba un proyecto de ley de diputados del Frente de Todos para congelar los precios de los servicios TIC por 180 días -algo que no estaba incluido en el proyecto, que por único plazo pone “mientras dure el aislamiento social preventivo obligatorio”-. El comentario, que fue celebrado por varias de las organizaciones, fue incluido en un comunicado que luego debió ser desmentido, reescrito y modificado para omitir cualquier tipo de congelamiento. En paralelo, y en el diálogo habitual que Ambrosini tiene con los responsables regulatorios de las telco -a quienes destaca como sus contrapartes-, el funcionario había prometido que no se avanzaría con esa idea. A propósito, si querés saber cómo anduvieron en el pasado los congelamientos de tarifas, mirá el último post ad hoc de Enrique Carrier.
Mientras tanto, cabe preguntarse: Ante los medios y servicios convergentes, ¿Quién es el gobierno? ¿Dr. Jeckill or Mr. Hide? Y, de paso, ¿Dónde está la Subsetic cuando se la necesita?
TELECOMUNICACIONES
Telefónica se consolida en Europa y desconsolida en Latam. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, celebró esta última semana el acuerdo de fusión entre su filial británica O2 y Virgin Media, por que la telco hispana ingresará además 5700 millones de libras esterlinas. La nueva empresa fusionada no será controlada por ninguno de los dos accionistas, tendrá un management al 50% y presidencia rotativa, suma 46 millones de clientes, tiene un valor de 43.500 millones de euros y le disputará el liderazgo a BT, según contó El País. La fusión tiene condiciones naturales dado que O2 es básicamente un operador móvil y Virgin Media se centra en TV paga y banda ancha fija.
Los diarios españoles recordaron que este es el tercer intento de Telefónica por rentabilizar la operación británica tras una fallida venta a Hutchison Three -vetada por las autoridades antitrust- y de otra fallida salida a bolsa de la compañía -impedida por la incertidumbre generada por el Brexit-. Sin embargo, Telefónica presentó en noviembre pasado un nuevo plan estratégico que definió al mercado británico como estratégico (al igual que los de España, Alemania y Brasil -donde también espera avanzar en la adquisición de los activos de Oi-). Virgin Media es una filial de la estadounidense Liberty Global -empresa controlada por John Malone-, que en la región tiene al operador convergente chileno VTR y las señales de Discovery Communications. Mientras tanto, según el propio Álvarez Pallete, el plan de escindir las operaciones en la América hispana siguen en marcha a pesar de un traspié inesperado: Millicom-Tigo anunció que retira su oferta para comprar la operación en Costa Rica alegando demoras regulatorias. “En Costa Rica, nuestra lectura legal es que se han cumplido todas las condiciones que eran necesarias para el cierre de la transacción y, por tanto, estamos tomando acciones legales contra Millicom, que tendrán lugar en los tribunales de Nueva York”, indicó en la directora general de finanzas y control de Telefónica y responsable de América Latina, Laura Abasolo, durante la conferencia de prensa en la que los directivos dieron detalles de la fusión O2-Virgin Media. Buen momento para repasar Telefónica, el largo viaje de regreso de América a Europa.
MEDIOS
Víctor Santa María aparece en todas las fotos. Sin dejar de ser un encargado de edificios, el hijo de José Pepe Santa María ya era un multifacético hombre de la política, la cultura, los deportes y los medios antes del triunfo del Frente de Todos en las elecciones presidenciales de octubre pasado. Ahora, se consolida en todos esos frentes, suma, sigue y aparece en todas las fotos. Sea con el traje de líder gremial, sea con el de empresario de medios o como referente político del PJ porteño. Su gente (propia o viejos amigos) ocupan cargos centrales en la actual administración: Gustavo Beliz, Nicolás Trotta, Francisco Meritello y muchos otros funcionarios con rangos de subsecretarios y directores salieron del grupo Octubre. El dirigente, presente en los principales acontecimientos de la industria periodística -como la última cena de Adepa-, supo generar buenas alianzas con sus pares del sector -su diario Página 12 se imprime desde hace años en la Editorial Perfil, de la que es un cliente clave- y es hoy un valioso puente de ida y vuelta entre el gobierno y el mundo de los contenidos. El grupo Octubre ya era un consolidado y diversificado conglomerado de medios, entretenimiento y cultura durante la administración Macri -con la que tuvo roces fuertes que no pasaron a mayores- pero a pocos meses de asumida la nueva administración Fernández-Fernández comenzó a dar pasos claros para sumar mayor volumen en el ámbito audiovisual. Al acuerdo de cooperación con el grupo Telearte (ex Albavisión, Canal 9 y FM Aspen) anunciado en diciembre pasado, se sumó ahora la toma de control de la programación de AM 1030 Radio del Plata, la emisora de los empresarios kirchneristas Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra que agoniza desde el final del segundo mandato de Cristina Kirchner.
Con el apoyo de Verbitsky, Loreti va de nuevo por la relatoría de la OEA. Escribió el proyecto original de la ley de medios de 2009, es secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -que preside Horacio Verbitsky- y forma parte de la agrupación kirchnerista que gobierna la licenciatura en Comunicación Social de la UBA, donde es docente de libertad de expresión desde 1988. Conoce el sistema interamericano de derechos humanos como estudioso y también como protagonista de audiencias y denuncias. Es Damián Loreti y ya intentó convertirse en relator de la libertad de expresión e la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en otra oportunidad. Perdió con su alumno (como te conté alguna vez en #TMTnews, Loreti fue tutor de tesis de doctorado de Lanza) y actual relator, Edison Lanza, uruguayo de extracción ideológica similar que logró abrirse a tiempo del discurso de las leyes de medios populistas que dominaron la región. Loreti -dos de cuyos socios en el estudio de abogados ya fungen como ministra o viceministro del gobierno de Fernández- es nuevamente finalista para el cargo al que aspira desde hace años. El 29 de abril pasado, la CIDH seleccionó diez finalistas (entre 81 postulaciones) , además de Loreti, quedaron preseleccionados: Renata Ávila Pinto (Guatemala, integrante de la defensa que el ex juez Baltazar Garzón hace de Julian Assange); Andrés Cañizález (Venezuela, periodista e investigador); Mauricio Herrera Ulloa (Costa Rica), periodista, político y diplomático); Paula Ligia Martins (Brasil, abogada y editora regional de la red IFEX); Clara Beatriz Quiñones Cely (Colombia); Ana Cristina Ruelas Serna (México, abogada, directora regional de Artículo 19); Pedro Vaca Villarreal (Colombia, abogado, director ejecutivo de FLIP); Andrea L. M Wilson (Jamaica, comunicadora y política) y Carlos Martín Lauría, un argentino que se postula con su nacionalidad estadounidense. Lauría integró durante muchos años el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y desde hace algún tiempo reside en Londres donde está al frente del programa de Periodismo Independiente de Open Society Foundation. Loreti enfrentará una fuerte competencia en la que, además, tiene algunos antecedentes que no lo favorecen: ya hubo dos argentinos al frente de la relatoría (Santiago Cantón y Eduardo Bertoni) y otros sudamericanos, sus antecedentes filobolivarianos podrían no gustar a buena parte de los integrantes de la organización, y podría haber una apuesta por una mujer para equilibrar la ecuación de género (hasta ahora hubo una sola relatora, Catalina Botero). El apoyo de Verbitsky, cuya voz desde el CELS ha sido históricamente escuchada en la relatoría, y el lobby del juez de la Corte Interamericana Eugenio Zaffaroni podrían no ser suficientes. El proceso anunciado por la CIDH pevé que el 13 de julio se anuncien los cinco finalistas, que serán entrevistados por los comisionados, y el 15 de septiembre se defina el nuevo o la nueva relator/a de la libertad de expresión de la OEA, que tendrá un mandato de tres años renovable por un período idéntico. En 2015 entrevisté a Lauría y esto decía sobre la gestión kirchnerista de la publicidad oficial.
La pandemia profundiza (más y más) la crisis de los medios tradicionales, grandes y chicos. AGEA, el buque insignia del grupo Clarín, está pagando los sueldos de los diarios Clarín y Olé en dos cuotas este mayo y con esa decisión asumió el papel de representante de la industria -algo que viene haciendo de manera consistente a través de las cámaras Adepa, ATA y ARPA-. Fue una señal clarísima para el gobierno y los sindicatos. Si el primus inter pares paga en cuotas, los demás podrán tomar medidas aún más drásticas. A su estilo, Jorge Fontevecchia también prometió cambios acelerados para los próximos meses e incluso dijo que sacrificará su imponente oficina-biblioteca para convertirla en un estudio de TV. Allí se hará desde el 1° de junio un envío diario del programa Puro Periodismo -las entrevistas de Fontevecchia- que se emite por Net TV, la señal de Perfil producida por Kurazo, productora de Martín Kweller. Además, Perfil se hará cargo de otras dos horas de programación diaria de ese canal. “El coronavirus es un acelerador de cambios que se iban a producir de todos modos en la sociedad pero en un período de tiempo más largo y que también iban a afectar al mundo del trabajo. Y obligan a determinadas actividades a hacer en cinco meses los cambios que se iban a hacer en cinco años”, aseguró Fontevecchia en un mensaje grabado y distribuido entre sus empleados. Allí explica que en “los últimos años Internet generó el 10% de nuestros ingresos y de nuestros empleos y las revistas y el diario el 90% restante. Esto ya no será posible porque la venta de ejemplares será un cuarto de la de hace una década y la venta de publicidad en revistas es un décimo de lo que era, y en el diario un cuarto, lo que nos obliga a volver a reinventarnos”. Perfil, que aún no logró poner al aire la AM 1190 de la ex Radio América pero sí tiene una FM de noticias, Radio Perfil, y mantiene al aire uno de los dos canales que concursó durante el cristinismo y logró durante el macrismo, se apresta a cerrar publicaciones por falta de circulación, ve reducida la demanda de servicios de su planta rotativa -allí se imprimió hasta fin de año la edición local de El País- y basa de manera cada vez más nítida su sustentabilidad en los ingresos provenientes de la publicidad oficial, aquella que Néstor Kirchner (con Alberto Fernández) le negó desde el primer día de su mandato en 2003. La operación en Brasil, que durante algún tiempo permitió financiar el déficit operativo del diario ya no aporta lo suficiente.
Aunque no se ven de manera agregada en ningún lado, novedades como las de AGEA y Perfil son cada vez más frecuentes. Son conocidas las dificultades de Editorial Atlántida -prácticamente extinta-, Diario Popular -en concurso de acreedores- y el cierre de IPESA y Publiexpress. En TV, América y A24, y C5N pagan sueldos en cuotas (aunque en este último caso no hay novedad respecto de lo que sucede desde hace cinco años). Pero hay mucho más: la televisora santafecina 5RTV que el socialismo le heredó a la administración del peronista Omar Perotti (para tener aquel canal el partido de Hermes Binner aportó en su momento los votos que permitieron aprobar la ley de medios de 2009) no está pagando los sueldos; el diario La Mañana, de las localidades bonaerenses de 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez, se convirtió en una cooperativa -limitado un portal y un semanario- y reduce su planta a 10 socios; en Rafaela, el diario La Opinión -Buffelli y Actis SA- tiene atrasos en el pago de salarios desde diciembre y la radio LT28 -operada por Fundación Rafaela XXI, vinculada al PJ local– también adeuda salarios a sus empleados; según fuentes sindicales, el grupo Aldrey Iglesias está pagando en cuotas los sueldos en La Capital (Mar del Plata), La Voz de Tandil y La Prensa; y lo mismo pasa con El Litoral de Corrientes, histórico periódico de la familia Romero Feris. Mientras tanto, todos piden pauta oficial y subsidios públicos: Fopea, Adepa, la Fundación Gabo, Dypra, los medios recuperados, los cooperativos y comunitarios.
WarnerMedia anunció el control de las operaciones de HBO en América Latina. Mediante un comunicado, el 4 de mayo pasado WarnerMedia -la filial de contenidos de AT&T- anunció que terminó el proceso de adquisición de los servicios de HBO en los países de habla hispana de América Latina y Brasil. Eso ocurrió tras la adquisición de la participación minoritaria de Ole Communications en HBO Ole Partners y HBO Brasil Partners, joint ventures entre WarnerMedia y Ole Communications, y ahora es titular del 100% de todos los servicios de HBO, Cinemax y HBO Go. Los servicios de HBO en América Latina pasarán a estar bajo la responsabilidad de Gerhard Zeiler, chief revenue officer de WarnerMedia y presidente de WarnerMedia International Networks. Las empresas antecesoras de la actual WarnerMedia y Ole Communications habían traído a la región la programación de HBO cuando fundaron el joint venture HBO Ole Partners en 1991 y lanzaron un canal premium en español bajo la marca HBO (el recordado HBO Olé) ese mismo año y otro en portugués en 1994.
RedCom apoyó a Lewin y Sabbatella y denunció el lawfare. La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo-RedCom «expresó formalmente su adhesión» a la candidatura de la periodista Miriam Lewin para dirigir la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en un mensaje a la Comisió Bicameral que debe nombrarla. Poco a poco, todos los brazos del partido de la ley de medios van recuperando protagonismo. Antes del comienzo del aislamiento obligatorio, durante su asamblea anual, la RedCom, una de las federaciones académicas más relevantes del país junto con la Fadeccos, también hizo importantes pronunciamientos sobre la actualidad comunicacional. Allí criticó la condena a Martín Sabbatella con el argumento de que «una vez más, el poder de los grupos mediáticos dicta la letra de los fallos». Además, recuerda aquella columna de Carlos Pagni sobre una tapa de La Nación que impulsó a varios jueces a dictar prisiones preventivas. Y puso ambos casos como ejemplo de lawfare, «esto es un uso arbitrario de la justicia para la persecución política. Algo imposible sin la connivencia entre una parte del poder judicial, el poder político y los medios de comunicación concentrados». La RedCom reclamó la reforma del Consejo Federal de Comunicaciones para que las carreras por esa entidad representadas puedan volver a tener un asiento en dicho organismo, creado por la ley de medios de 2009 y modificado por el DNU 267 de 2015. Celebraron la intervención de la Defensoría del Público a cargo de Rodrigo Rodríguez y la eventual creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo -proyecto presentado por el senador Oscar Parrili-. La RedCom es presidida por Diego de Charras, director de la carrera de Comunicación Social de la UBA y está integrada por 23 universidades nacionales, entre ellas las de Córdoba, Rosario, La Plata, La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes; y las privadas Del Salvador, de Morón y Católica de Santiago del Estero. Como siempre digo, después, cuando el discurso académico circula en las cámaras del congreso o en los mensajes de los comunicadores flamantes, no hay que sorprenderse. De paso: no hay mucho escrito sobre lawfare y menos desde la perspectiva de la libertad de expresión así que si tenés ganas y tiempo, acá tenes algunos interesantes artículos en el reciente libro editado por Fopea.
TECNOLOGÍA
CuidAR: los predicadores de la privacidad gritan en el desierto. En su última conferencia de prensa el presidente, Alberto Fernández, anunció que la app CuidAR será de uso obligatorio para quienes empiecen a trabajar en el levantamiento gradual de la cuarentena, que llevará varios meses. «Todo el que vuelva a trabajar tiene la obligación de bajar una aplicación del Gobierno nacional que se llama CuidAR. En esa aplicación uno se somete a un autocontrol y eso nos permite hacer un seguimiento de la persona en lo que hace a su calidad sanitaria», dijo el presidente Fernández. Se trata de una app de seguimiento cuyo desarrollo original fue atribuido a las cooperativas Nayra, Gcoop, Fiqus y Cambá pero que ahora capitalizan algunas de las mayores empresas nacionales del software (agrupadas en la Cessi) y varios organismos públicos.
La app fue encargada por la Secretaría de Innovación Pública, que lidera Micaela Sánchez Malcolm, en el ámbito de la jefatura de gabinete. Se trata de una aplicación de seguimiento para identificar contagiados -parecidas a las que se usaron en otros países, no especialmente democráticos-.
Ante las críticas, que enunciaremos a continuación, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, salió a aclarar algunas cuestiones: «La aplicación CuidAR es un desarrollo público-privado, que llevamos adelante desde jefatura de gabinete junto a la Cessi, Arsat, el Conicet y la Fundación Sadosky, entre otros. Todas las personas que vuelven a trabajar con las actividades que se reanudan están obligadas a tener el certificado de circulación, que es el que está vigente desde el principio. Lo que nosotros promovemos es que se gestione desde la app, porque lo tiene ahí integrado con un código QR, pero además la app integra un sistema de monitoreo de salud. Los datos son anónimos, únicamente los puede ver el sistema de salud, y sólo en los casos en que presente síntomas de Covid. Esto es para que puedan contactarse con la persona, cuidarla y asistirla. Y activar la geolocalización es opcional y voluntario».
Cafiero debió hacer estas aclaraciones debido a las críticas técnicas y legales sobre la app, que parece infringir disposiciones de la ley de Protección de Datos Personales vigente -que el macrismo quiso pero no llegó a actualizar-. Desde lo técnico, aparecen problemas típicos del software (incompatibilidades y de seguridad, por ejemplo es relativamente fácil hacerse pasar por otra persona). En este sentido te recomiendo leer este hijo de Maximiliano Firtman:
Pero también hay cuestiones constitucionales en juego y no pasarían ese umbral el uso obligatorio, la geolocalización permanente, la falta de evidencia para la utilidad de la salud pública y la falta de ToS (¿paradójico, no? ToS, Terms of Service o Términos y Condiciones (todas cuestiones relativizadas por Cafiero, que difundió también la web en la que se encuentran esas condiciones). En ese aspecto, te recomiendo seguir a Agustín Allende:
Facebook creó su propio tribunal global y superior de contenidos. Mark Zuckerberg sorprendió esta semana con el lanzamiento de una suerte de tribunal de alzada internacional de 20 integrantes -por ahora- que decidirá sobre la remoción de contenido dentro de su red. Y no se quedó corto de prestigio: una premio Nobel de la Paz (la yemení Tawakul Kerman), una ex primera ministra danesa (Helle Thorning-Schmidt), un exdirector de The Guardian (Alan Rusbridger) y una ex relatora de la libertad de expresión de la OEA (la colombiana Carolina Botero, que además es una de las cuatro copresidentes) integran ese consejo asesor (Junta de Supervisión), al que Facebook le asegura 130 millones de dólares de financiamiento e independencia. “La mejor manera de mantener la arquitectura actual de Internet y evitar la regulación de estados es que las compañías que se autorregulen. Este es un buen ejemplo porque incluye independencia, transparencia y diversidad», dijo Botero en la presentación. Aquí, la carta publicada en el New York Times para presentar el dream team: ¿Quién decide cuáles publicaciones se eliminan de Facebook? A partir de ahora, nosotros
EL DATO
Empezó el 2021 político. El ala liberal de la oposición que tuitea participó de un muy interesante seminario organizado por un pull de fundaciones liberales, entre ellas la Fundación Libertad, de Rosario, y fue financiado por la alemana Friedrich Naumann. Es un video largo que refleja algunos problemas de organización, pero si querés olfatear lo que viene por el lado del 41% andá directo a lo que dicen Ricardo López Murphy, Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto.
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