El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, dejó bien claras las prioridades del gobierno argentino en materia de libertad de expresión: law fare, fake news, concentración, algoritmos, publicidad privada y poderes fácticos. Es decir, dejó claro que lo que le preocupa es precisamente la libertad de expresión.
Raimundi planteó esas prioridades en un encuentro con el flamante relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el colombiano Pedro Vaca. Lo hizo primero en una reunión privada que ambos mantuvieron por Zoom y luego de manera pública a través de las cuentas de Twitter de la delegación argentina (de manera más diplomática) y de la suya propia (donde quedó todo bien clarito).
Los dichos de Raimundi son de una enorme gravedad: insiste en el disparatado invento jurídico-político del law fare (te recomiendo el libro de Fopea sobre el tema), parece arrepentirse de la derogación de la figura penal de calumnias e injurias para el periodismo, al que le atribuye el fenómeno de las llamadas fake news (cuando sobra evidencia de que las verdaderas usinas de fakes son la política y los políticos). Además, vuelve a la carga con la supuesta «concentración cuasi-monopólica de las grandes empresas de medios» -hay que volver a escuchar a Eliseo Verón en aquella tristísima audiencia pública en la Corte Suprema- y, al advertir sobre la incidencia de la pauta privada en las líneas editoriales, pareciera revindicar el cepo publicitario impuesto en su momento por el gobierno de Cristina Kirchner para asfixiar a los medios privados. También se suma a una creciente movida de la «Internacional de la Ley de Medios» para regular los algoritmos (es decir, a las plataformas tecnológicas) y recupera el discurso kirchnerista de que «los poderes fácticos» tienen más relevancia que los Estados, argumento que impulsó en 2008, la resolución 125; en 2009 la ley de medios audiovisuales y, de allí en adelante, varias legislaciones contra la Justicia y la actividad empresarial privada.
Vaca acaba de asumir y parece andar asegurándose las fuentes de financiamiento de la relatoría -que está tironeada por la polarización ideológica del continente-. Pero aún así, quedó tan incómodo tras los mensajes de Raimundi que debió publicar un mensaje críptico en el que, aparentemente, quiso decir: «Yo, argentino. No tengo nada que ver». Pero Vaca es colombiano y aunque habla mucho, por ahora, viene diciendo poco.
En eso estábamos cuando, mientras llorábamos por la muerte de Diego Maradona o por la manera en la que se lo despidió, el presidente Alberto Fernández envió al Senado el premio al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla: lo propuso para el cargo de juez federal a cargo del juzgado N° 1 de La Plata, con competencia electoral. Así, de aprobarse el pliego, el magistrado que lleva adelante la gelatinosa causa del falso abogado Marcelo D’Alessio (por la que están procesados el fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro) podría terminar controlando los procesos electorales en el distrito clave de la provincia de Buenos Aires.
Ahí nomás se sumó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que hizo lugar parcialmente al pedido de pruebas realizado por el empresario Néstor Emilio Otero en una de las causas sobre los cuadernos de las coimas de la corrupción (la causa que no sólo involucra a lo máximo del poder político sino también al poder empresarial), caso que salió a la luz gracias al trabajo del periodista Diego Cabot. La orden judicial dispone que se entregue una copia de las cámaras de seguridad de la zona en la que dicho periodista se habría reunido con la fuente que le entregó los originales de los famosos Gloria y Éxito en los que el chofer Oscar Centeno anotaba todo. Martínez de Giorgi no hizo lugar al pedido de una pericia sobre las celdas utilizadas por el móvil de Cabot en aquel momento. Ya era mucho.
A pesar de la gravedad de estos hechos, ni la agenda planteada por Raimundi ni el pliego de Ramos Padilla y menos la decisión de Martínez de Giorgi tuvieron mayor repercusión que el rechazo de Adepa o Fopea. Después no digamos que esta gente no avisa. Y que comparar el actual proceso argentino con lo ocurrido en Nicaragua, Venezuela o Cuba es una exageración. Para no exagerar, del «debate» sobre «¿Qué hacemos con los discursos de odio?» y del nuevo Sistema Municipal de Seguimiento y Prevención de la Violencia Simbólica en la Comunicación de Rosario, mejor no te cuento.
TELECOMUNICACIONES
Llega diciembre y la reglamentación del DNU 690 sigue in pectore. La fórmula sigue siendo la misma: delimitar la frontera entre los servicios que serán exigidos como «públicos» -con tarifa regulada- y aquellos que podrán ser considerados premium -con tarifa desregulada o semidesregulada-. También se explora alguna idea para dejar fuera de la regulación como «servicio público» a la TV paga (algo difícil porque la reglamentación debería contradecir un decreto-ley). Pero la cosa sigue sin avanzar y en breve comenzará la cuenta regresiva (vence el congelamiento previsto en el mismo decreto sin que haya aún una fórmula para actualizar los precios). La industria telco sigue apostando a la cintura política de Claudio Ambrosini, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones-Enacom, pero esa habilidad massista (que en eso de acomodarse tiene prestigio) estaría chocando con uno de los otros dos pilotes de la alianza gobernante, en especial con el vice del ente, Gustavo López, que representa a la vice de la entente, Cristina Fernández de Kirchner. A propósito: está llamando la atención la demora que tienen trámites básicos y la inquietud de cooperativas y pymes por pedidos que hacía tiempo no se escuchaban y que sorprenden. Mientras, Salta y Tigre son el foco de atención del Enacom con anuncios de fondos y planes específicos. Wi Fi tiene que haber en todos lados, pero en algunos lugares se traducen en votos para directores del ente (a propósito, ya está a pleno la directora por el PRO, Silvana Giudici).
Las cooperativas lanzaron su marca móvil: Imowi. La Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones-Catel presentó la semana pasada la esperada marca de su proyecto de operador móvil virtual, Imowi, y anunció que la propuesta comercial (que arranca las cooperativas Colsecor, Monte, Gálvez, Del Viso y Pinamar) se empezará a promocionar en junio próximo. La visión del cooperativismo de Catel (hay varios cooperativismos) de apostar a la movilidad es muy antigua. Escribí la primera nota sobre el tema en La Nación en febrero de 2012. Casi una década la llevó a Catel poder concretar su proyecto. Y no lo habría podido hacer si no se hubiese modificado en 2016 el reglamento de operadores móviles virtuales. Esa normativa facilitó la firma , en 2017, de un acuerdo con el proveedor de red mayorista, Movistar. En 2018, el Ente Nacional de Comunicaciones-Enacom le otorgó la licencia y en 2019 la numeración. Esas efemérides -que ubican los mayores hitos del proyecto durante el mandato del presidente Mauricio Macri- hacen incomprensible el kirchnerismo militante de muchos cooperativistas. Imowi permitirá a las cooperativas ser operadores convergentes cuáduples (su telefonía fija original, la banda ancha, la TV paga -que pueden ofrecer desde 2005, antes de la ley de medios- y ahora la movilidad) y defender sus plazas locales. Ariel Fernández Alvarado, actual presidente de Catel, ya me lo decía en 2018 en #TMTconversaciones: «Las cooperativas de telecomunicaciones también nos tenemos que concentrar». Un antecedente más lejano de este desembarco es el proyecto Nuestro, la marca que usó la Federación de Cooperativas del Sur (Fecosur) para un proto-OMV que funcionó sobre la red de Telecom Argentina, cuando esa empresa aún era controlada por Telecom Italia. Al cierre de la presentación de Imowi, en el momento del diálogo con periodistas, pregunté cómo incidirá el DNU 690 en el futuro del servicio, pero justo no hubo tiempo para responder. La historia indica que muchas cooperativas eléctricas se volcaron a las telecomunicaciones por el congelamiento de tarifas de la energía; y que muchas cooperativas telefónicas se volcaron a Internet por el congelamiento de las tarifas del teléfono fijo, y así… todo.
Unas jornadas que anticiparon tiempos movidos para las plataformas. Tal como te anticipamos, las XXX Jornadas Internacionales de la TV por Cable reflejaron el agotamiento de esa denominación -que ya no refleja la dimensión y alcance del ecosistema digital actual-. Ya son las jornadas de las plataformas digitales de contenidos (entretenimiento e información) y servicios (de conectividad, financieros, etc). Precisamente, me tocó moderar el panel de plataformas de streaming justo a una semana del lanzamiento de Disney Plus. Unas horas antes se bajó de la mesa el representante de Netflix (la empresa prohibió a sus ejecutivos intervenir públicamente antes del lanzamiento de su principal competidor) y en la mesa tuve justo a los ejecutivos de Disney y Flow… ¡que estaban negociando el contrato y aún no lo tenían cerrado! Creo que la conversación salió muy interesante, a pesar de todos esos condimentos. Esta trastienda refleja los movimientos de placas que caracterizan a este ecosistema emergente. En el blog, publicamos los resúmenes de las tres jornadas, por si te perdiste algo: día uno (la situación de la industria), día dos (la relevancia del sector en la economía) y día tres (lo que viene, 5G y plataformas). Mientras, crece el lobby del viejo partido de la ley de medios para regular el mundo de las plataformas con la mirada ochentosa que lo caracteriza. La novedad que está mostrando esa militancia está en el entusiasmo que le generan los movimientos que se observan en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en otros países desarrollados (donde no hay «leyes de medios»). Si tenés ganas de ver de qué tratan esas ideas, acá tenés la «propuesta» del Sindicato de Prensa de Buenos Aires-Sipreba, con aporte de los docentes Santiago Marino y Agustín Espada (te lo resumo: cobrarle un impuesto a las plataformas extranjeras para sostener «el trabajo periodístico»). Es interesante notar que el mayor sindicato antiempresa periodística (Sipreba) y la cámara empresaria de la industria periodística (Adepa), acerquen posiciones de manera misteriosamente tácita y sin proponérselo. Una agenda para mirar de cerca también en el Congreso, más allá del lobby que las propias plataformas también realizan allí. Como te vengo avisando en este newsletter.
MEDIOS
Una interna macrista, en el medio de la pelea kirchnerista por Canal 9. El Grupo Octubre, conglomerado de empresas de comunicación, cultura, educación y deportes del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (Suterh) que conduce Víctor Santa María -el hombre que sale en todas las fotos-, oficializó la semana pasada la compra de Telearte SA, empresa licenciataria de LS83 TV Canal 9. En rigor, es un blanqueo de la situación de facto existente desde hace tiempo. El grupo Octubre es la mayor anomalía del sistema de medios de comunicación del país detrás del conglomerado de Cristóbal López -cuya construcción se financió con recursos de la evasión de impuestos- y después del implosionado grupo Szpolski -que perteneció a los servicios de inteligencia al servicio del kirchnerismo-. Es una anomalía porque la principal actividad del sindicato ya no es ni la defensa de sus empleados ni los servicios que ellos reciben sino la gestión de un extenso grupo empresarial que abarca diarios, revistas, teatros, cine, videojuegos, radios, televisión abierta y una señal de noticias. Dado el revoleo de trapitos al sol que ocurre en tribunales estadounidenses entre el declarado dueño de la emisora, el mexicano estadounidense Ángel Remigio González González, y su testaferro argentino Carlos Loréfice Lynch, la licencia del 9 ya debería haber caducado. Claro, eso si se cumpliera la ley de medios vigente, que ya sabemos se hizo para aplicarse discrecionalmente (algo que, por otro lado, fue probado en la Justicia en el juicio contra Martín Sabbatella, entre otros procesos). Lo interesante de la puja por el 9 -que además, como ya te conté aquí en #TMTnews confirma la inviabilidad de las prohibiciones que Damián Loreti y equipo escribieron en aquella norma- es que allí también se disputa la interna del PRO: del lado de González operan Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y Nicolás Massot -en lo relativo al lobby-, y del lado de Lorefice/Santa María, le venía haciendo Miguel de Godoy, que al dejar la presidencia del Enacom volvió a la actividad privada. Lo que se supo ahora: el proceso de compra se inició en junio de 2020 e incluyó FM Aspen y estuvo condicionado a estrictas medidas de confidencialidad. Se dice que Santa María, que también es presidente del PJ porteño, dirigente de la AFA y secretario de Prensa de la CGT, tiene dos hombres fuertes en el gobierno, el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, y el ministro de Educación, Nicolás Trotta, pero poco se lo vincula con el ahora devaluado súpersecretario estratégico Gustavo Beliz, cuyas campañas electorales de principios de siglo fueron financiadas en gran medida por el Suterh, por entonces conducido por el padre de Víctor, José Pepe Santa María. Cuatro días después del anuncio de la venta, el juez comercial Eduardo Malde dictó la intervención de la empresa y designó a Laura Filippi como responsable, aunque en la operación cotidiana seguirá Octubre. Malde falló así en favor de González y tomó en cuenta el fallo de la jueza Morgan Zurn, del estado de Delaware, Estados Unidos, que ya le había dado la razón al Fantasma en su puja con su ex abogado y hombre de confianza, Lorécife. Divertidísimo.
Página 12 versus El Destape, por truchar cifras de audiencia. El chief digital officer del grupo Octubre, Mariano Blejman, se enojó mucho. Blejman es el responsable del crecimiento de audiencia de las propiedades digitales del grupo de medios de Víctor Santa María, en especial Página 12 (el cuarto de mayor audiencia del país) y también es la mano digital detrás de ip.digital, la web de la nueva señal de noticias de la empresa/gremio/fundación. El hombre, que es bastante pacífico, vio los números de Comscore y le saltó la térmica. Agarró el Whatsapp y empezó a alertar a sus contactos: «El Destape Web tergiversa los datos de su audiencia. Esta semana se conocieron los datos de audiencia digital del mes de octubre de Comscore que es la empresa que funciona como el Ibope de Internet. En ese ranking sorprende el crecimiento de 354% de tráfico de escritorio de El Destape Web de un mes a otro, que lo posiciona en un supuesto cuarto lugar en el ranking de medio digital ‘más leído de Internet’ en Argentina. Es una curiosidad estadística que no ocurrió jamás en la historia de los medios periodísticos digitales y que tiene forma de fraude. Esta es una de las estrategias que llevó a El Destape Web a crecer. Lo que se puede ver en el video es lo que se llama una fábrica de tráfico. Lo usan algunos sitios para adquirir tráfico falso sin valor comercial, sin lectores reales. Este sistema funciona así: una persona entra a un sitio de descargas hace click para recuperar su password o en cualquier lado, el sitio abre una ventana oculta y le genera a quien contrata el servicio una visita que el usuario final no vio, ni le interesó, ni era lo que estaba buscando. Esta es una estrategia que sirve para inflar números, tergiversar el mercado, engañar a Comscore pero que tiene poca vida útil sobre la credibilidad del medio, y en su relación con los lectores». Por las dudas, mandó un video con la explicación. Igual, ya sabíamos que El Destape es una truchada de principio a fin, una usina de fakes y una aspiradora de publicidad oficial.
A propósito, si querés tener un panorama claro del mercado de medios digitales de noticias, mirá la presentación que dio en UADE Juan Pablo de Santis. Algunas pistas: la cantidad de visitas a sitios de noticias creció, pero son cada más breves; se ven noticias puntuales por lapsos de tiempo cada vez menores; el 70% de las visitas se generan en 700 medios, y tres medios generan el 30% de todas las visitas (Clarín, Infobae y La Nación, que son los únicos tres que logran tener más de 10 millones de usuarios).
EL DATO
Fabiana Segovia, antigua productora de Víctor Hugo Morales y militante mediática del ultrakirchnerismo, es la nueva responsable de LS10 AM 1030 Radio del Plata, la emisora que hasta ahora perteneció a los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta (aquellos que, en 2009, como primera medida luego de comprarle la radio a Marcelo Tinelli, despidieron al periodista Nelson Castro). Al mejor estilo de la «década ganada», se desconoce con claridad quién compró la radio (una productora ignota de nombre Barboza SRL), pero lo que sí se sabe es que la operación ya fue informada al juzgado que tramita el concurso y que apareció la plata para pagar los sueldos. Segovia -cuya biografía tiene condimentos de historias de espías como las de Remil, el personaje creado por Jorge Fernández Díaz; y también tiene un capítulo exclusivo en la biografía non fiction que Pablo Sirvén escribió sobre Víctor Hugo- estará acompañada por Antonio Fernández Llorente.
EL DATO II
En 2019, los gobiernos del Reino Unido y Canadá organizaron en Londres la primera Conferencia Global sobre la Libertad de Prensa (#DefendMediaFreedom), anunciaron un fondo de apoyo a los periodistas en riesgo y le dieron gran visibilidad a Amal Clooney, abogada especializada en la defensa de periodistas perseguidos alrededor del mundo, representante de Julian Assange y enviada especial del Foreign Office para la liberad de expresión. Este año, la organización le tocó a Canadá que asoció para ese fin al gobierno de Botswana, e intentó replicar virtualmente una experiencia que debió tener lugar en Toronto. En 2019 la Argentina había enviado una delegación oficial de cierto perfil, con la entonces presidenta del Enacom, Silvana Giudici, al frente (en reemplazo de Hernán Lombardi, que a último momento debió volver a Buenos Aires por el fallecimiento de su mamá). Pero este 2020, la participación del país fue más accidentada: confirmó a último momento la participación, y que aunque se trataba de una conferencia de nivel ministerial, el país sólo mandó al encargado de negocios de la embajada argentina en Canadá (menos que un embajador). Tal vez por eso, el país no salió en la foto. Habrá revancha en Estonia 2021.
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