#TMTnews 26.05.2020. ¡Y que viva la Patrea! Aunque el Dr. Pedro Cahn se enoje con Cristina Pérez o el mismísmo presidente Alberto Fernández con Silvia Mercado, la Argentina tendrá la cuarentena más larga del mundo. Ahora vamos hasta el Día del Periodista, el 7 de junio, y con vuelta atrás en el área metropolitana de Buenos Aires como la que ya hubo en la ciudad de Córdoba. Es una cuarentena con creciente malestar social, absoluta parálisis económica y ahora mismo también en default, el tercero del siglo XXI (ya habíamos tenido dos en el XIX y cuatro en el XX). En ese contexto, con la máquina de fabricar dinero a toda marcha y de «cortar boludos» -gracias Tato- entrando en calor, vuelve a ser temporada alta de herramientas populistas (les iba a decir «ideas», pero me arrepentí).
En telecomunicaciones, todo congelado. Por decisión del Poder Ejecutivo, las tarifas no se tocan hasta el 31 de agosto y los operadores tendrán que ofrecer servicios básicos a precios cuidados. Imposible cortar, ni reclamar pagos y seguramente no habrá punitorios. Un sacrificio «menor» si se consideran «mayores» las amenazas de ingresar en el accionariado de las empresas a las que el Estado ayuda con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que alienta el kirchnerismo en el Congreso y o directamente de la estatización directa de servicios públicos que volvió de la mano del amigo del papa Francisco y ex presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) Gabriel Mariotto.
Al partido de la ley de medios ya no le preocupa que el Enacom sea un «ente gubernamentalizado» en el que las minorías parlamentarias que lo integran no salgan en la foto (algo que sucedía hasta en tiempos del condenado Martín Sabbatella, ahora encargado de limpiar el Riachuelo). Bah, en este caso no sólo no aparecen en la foto sino que, además, ni siquiera están designadas.
Corrido por izquierda por el kirchnerismo, el presidente del ente gubernamentalizado (mientras lo describo así no puedo hacer otra cosa que reírme), el massista Claudio Ambrosini, subrayó: «Después de haber tenido una reunión con el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo resolvió con el acuerdo de las partes suspender los aumentos de telefonía celular, fija, Internet y TV paga hasta el 31 de agosto de este año. Es una medida que va a aliviar a todos los argentinos, ya que en estos momentos de pandemia la comunicación se ha vuelto un servicio esencial. Para quienes no puedan seguir pagando, hemos implementado servicios complementarios, que suplen con una prestación muy similar a la que tenían, tanto para planes pospagos, prepagos e Internet al hogar, con lo cual el paquete de medidas cubren todas las necesidades para estos momentos. En relación con ello, se extenderá el beneficio servicio reducido que garantiza la conectividad de usuarios con sistema prepago de telefonía móvil e Internet, y mantenimiento del precio hasta el 31 de octubre de 2020 (hoy vigente hasta el 31 de mayo por DNU Nº 426/2020)». En rigor, no hubo mucho margen para negociar nada, y el «acuerdo» fue anunciado antes de acordar. Al viejo estilo (2005-2015) pero con buenos modales y en un escenario en el que no queda claro si Ambrosini es un aliado de las telco o las telco las aliadas de Ambrosini. Espaldas con espaldas, cada uno tratando de salvar lo suyo. Y con un subsecretario TIC, Martín Olmos, por ahora sin mostrarse mucho y con una agenda completamente congelada por la pandemia y por la renegociación de la deuda.
Mientras tanto, se amontonan todos los que quieren conectividad gratuita por distintos fines, como la iniciativa Argentinos por la Educación, que acompañan figuras muy prestigiosas de ese ámbito y que reclama «conectividad libre y gratuita en todo el país para el uso de plataformas educativas». La petición tiene casi 70.000 firmas, entre ellas las de Mariano Narodowski -uno de sus impulsores-, Pedro Luis Barcia, Juan José Llach, Gustavo Iaies, Alieto Guadagni y Guillermo Jaim Etcheverry, pero también las de Juan Grabois, Martín Becerra y Margarita Stolbizer, entre otros. «Queremos solicitarles que -con el fin de reducir la brecha digital y educativa- se garantice, por un lado, la conectividad libre y gratuita en todo el país para el uso de plataformas educativas y, por el otro, el uso gratuito de mensajes de texto y audios de Whatsapp en los asentamientos populares geo-localizados por el RENABAP, hasta la fecha en que las clases regresen a las aulas», dice la carta, que incluye como destinatarios al Ministerio de Educación, el Enacom, Telefónica, Telecom y Claro.
Como hemos dicho muchas veces y hemos tratado de ayudar a resolver desde Convercom, el desarrollo de las comunicaciones requiere interdisciplinariedad, estudio y conversaciones transversales. Saber de educación, como conocer de periodismo o de ingeniería de redes, no alcanza. Esta iniciativa, de intenciones aparentemente buenas, lo confirma. Y también muestra hasta dónde puede llegar el pensamiento mágico -profundamente arraigado en nuestra cultura- que alimenta el populismo tecnológico, que puede surgir de orígenes insospechados y generar alianzas inesperadas. De hecho, queriendo o no los académicos de la educación confluyeron esta semana con Barrios de Pie en el hashtag #LiberenWhatsapp. En la fila esperan los médicos (o los que dicen pensar en ellos), para los cuales también se pide conectividad segura y gratuita.
¿Quién puede estar en contra del acceso universal? Nadie, como tampoco nadie podía estar honestamente en contra de la democratización de voces en 2009. La única discusión relevante es cómo se llega a ese objetivo y el único riesgo es caer en la trampa del camino al paraíso que termina llevando al infierno (espero sepas disculpar pero este fin de semana largo terminé de ver la serie sueca Kalifat y estoy sensible). Además, ¿Cómo está funcionando el acuerdo ya vigente por el cual los estudiantes de universidades nacionales que ingresen a los portales de esas casas de estudios no consumen datos móviles? Te lo adelanto: se usa poco y nada, lo cual confirmaría que no son las herramientas el tema sino cómo se las usa.
Cuadernillo adoctrinador 
El aviso de la «polémica»
Así y todo, en el sector telco las cosas están mejor que en el de medios, absolutamente dependiente de los fondos públicos: pauta oficial (con más flexibilizaciones) y ATP (a mi la suma me da por lo menos 800 millones en poco más de dos meses). Aquí no hablamos de conectividad, sino de contenidos y de la construcción social de la realidad sobre la base de información de interés público verificada. Ese fenómeno, que nunca fue lineal (tipo «aguja hipodérmica»), hoy está en plena transformación por el auge de la comunicación interpersonal masiva que permiten las redes digitales. En términos simples: la gente no se cree todo lo que lee, escucha o ve. Pero en esa producción de sentido para la toma de decisiones, los medios tradicionales siguen teniendo (y tendrán siempre) un lugar destacado. Por eso es relevante conocer cómo se financian esas productoras de sentido (algo que me apasiona personalmente desde ates de saber qué era una productora de sentido).
Básicamente, casi todo el sistema de medios, con excepción de Agea -la editora del diario Clarín- y Artear -licenciataria de Canal 13- recibe ATP. Todos reciben sí publicidad oficial, que en marzo y abril sumó sólo del gobierno nacional unos 600 millones de pesos según lo dicho por Francisco Meritello en el Congreso, único dato disponible (a eso hay que sumar los fondos provinciales, municipales, de organismos descentralizados y de empresas de propiedad mayoritaria estatal). Pero además, hay quienes facturaron por la impresión de cuadernillos educativos (a falta de la pauta educativa a la que el presidente Fernández se refirió varias veces en lo que va de su corto mandato). Veamos.
La lista no exhaustiva de empresas de medios que recibieron ATP es la siguiente. En diarios y revistas: La Nación, Perfil, Página 12, Diario Popular, Ámbito Financiero y Editorial Atlántida; en televisión, Telefe, Crónica, Torneos, Canal 26 y C5N; en radio, Mitre, Radio 10, AM 750, Rivadavia y Del Plata. A diferencia de lo que puede ocurrir en una metalúrgica o un hotel, los ATP al personal periodístico tienen una cuestión simbólica: el dinero llega directo desde la Anses a la cuenta sueldo del periodista, que sabe que está siendo remunerado de manera directa por la administración nacional El caso del diario La Nación me parece interesante que la empresa enviara un mail para explicar que el ATP para el salario de abril haya llegado cuando ya se hubiera pagado la remuneración, así que en el sueldo de mayo habrá un ajuste en favor de la compañía.
También ha significado una fuerte inyección de dinero para algunas empresas periodísticas la impresión de los cuadernillos encargados por el Ministerio de Educación (para la campaña #SeguimosEducando), que generaron algún revuelo por su tufillo adoctrinador. Un revuelo similar al del aviso oficial que adjudica al «gobierno nacional» el pago de los ATP, en lugar de hacerlo al Estado o directamente a los contribuyentes, que en los próximos meses lo pagarán con el impuesto inflacionario (60% de inflación para todo 2020 según los más optimistas, que por ahora descartan una híper). Esos avisos serán corregidos prometió el Gobierno nacional, que ya envió el nuevo banner a los medios digitales.
Según las cifras conseguidas por Poder Ciudadano y difundidas por La Nación, el grupo que más trabajo de impresión de cuadernillos recibió fue Kollor Press Impresora de Publicaciones y Ediciones SA, con AR$ 109 millones (imprenta fuertemente defendida por Adepa en 2017 cuando fue atacada por ex empleados de AGR que la acusaban de imprimir trabajos provenientes de esa planta, cerrada en los días previos). Luego le siguen Oportunidades S.A., empresa del grupo Clarín, con AR$ 92,5 millones; IPESA, la imprenta fallida del grupo Lerner, con AR$ 64,2 millones, y Perfil, con AR$ 49,8 millones. El resto de las empresas son tradicionales imprentas familiares o nuevas cooperativas (como Madygraf, la ex Donnelly expropiada y entregada a sus trabajadores por el tercer gobierno kirchnerista). Alguna de esas empresas familiares ya tuvo problemas judiciales por trabajar con el Estado (o con el gobierno, no me queda claro). Paréntesis: no deja de ser una ironía que la empresa con la que el grupo Clarín participó de la impresión en el cuarto gobierno kirchnerista haya sido uno de los blancos de aquella legendaria y masiva invasión de inspectores de la AFIP de 2009, durante el segundo gobierno kirchnerista.
| Grupo Impresor | Monto del contrato (AR$) |
| Kollor Press | 109.368.950 |
| Clarín | 92.540.500 |
| Lerner | 64.230.000 |
| Fontevecchia | 49.866.530 |
| Jazan | 23.577.060 |
| Casano | 20.370.850 |
| Balbi | 18.000.000 |
| Mohr | 4.272.246 |
| Coop Madygraf | 3.078.000 |
| Coop Impresiones Barracas | 2.903.425 |
| 388.207.561 |
Finalmente, el mundo de la tecnología -que esta semana y gracias a la pandemia vio avanzar en Diputados la prescripción electrónica y la consulta médica virtual- va camino de recuperar su ley de fomento. En la reunión del plenario de las comisiones de Presupuesto y Comunicaciones e Informática de la misma cámara baja fue aprobado por unanimidad el dictamen de comisión del proyecto oficial de reforma de la ley de economía del conocimiento, que la administración Fernández suspendió en enero pasado cuando inició su restauración analógica (luego vendrían el expediente electrónico, la limitación de las billeteras virtuales, la demolición de las SAS y demás).
La ley de economía del conocimiento vigente hasta ahora también había sido sancionada con amplio apoyo de los distintos partidos. De la reunión de la semana pasada participó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien destacó que la nueva norma prevé medidas que «generan mayor certidumbre, incluye a más pymes, incorpora aspectos sociales y sobre todo la perspectiva de género».
Muy interesante fue la reflexión al cierre del encuentro del diputado Pablo Carro, presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática: «Este es un proyecto puente que busca saltar la grieta. Con esta ley vamos a definir una política de Estado para los próximos 10 años y tal como dice nuestro presidente, la mayoría de los argentinos opinamos lo mismo y este proyecto así lo demuestra».
Diputado Carro, déjeme decirle que, a juzgar por las expresiones públicas del presidente Alberto Fernández, algunos de sus funcionarios y asesores, y la actividad de los cibermilitantes en torno de la cuarentena, a mi me estaría dando la impresión de que la mayoría no opina lo mismo.
TELECOMUNICACIONES
Carlos Moltini nuevo presidente de Telecom Argentina. El ex CEO de Multicanal, Cablevisión y Telecom, veterano de la «guerra contra los medios» (¿ya habrá vuelto de África el autor de esa frase, Marcos Peña?) fue designado presidente del directorio de Telecom Argentina en reemplazo de Alejandro Urricelqui, que seguirá como director. El CEO Roberto Nobile sigue al frente del management de la compañía, que en breve tendrá su asamblea de accionistas (Cablevisión Holding, Fintech Advisory y el Estado argentino, los principales).
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