El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) protagonizó un sketch de los Tres Chiflados este viernes al anunciar un nuevo esquema tarifario con pretensiones de previsibilidad -aumento del 3% en junio y del 5% en julio- un rato antes de dar marcha atrás, presuntamente por orden del presidente, Alberto Fernández.
Sí, esta vez no fue la vicepresidenta Cristina Fernández a través del Instituto Patria (vía mensaje del senador Oscar Parrilli al segundo del ente, Gustavo López) la que fulminó una medida de la autoridad de aplicación. Habría sido el mismísimo primer mandatario el que pidió dar marcha atrás. ¿De quién fue entonces la luz verde para anunciar aquel esquema? Presuntamente de la mayoría mínima que responde al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
De todas formas, mientras sigan vigentes las cautelares -una de ellas de segunda instancia- que impiden la aplicación del DNU 690, la mayor parte de la industria (Telecom, DirecTV, Telecentro y el sector pyme) seguirá actualizando los precios de manera autónoma, como si la declaración de servicio público dispuesta por aquel decreto no existiese (Enacom ya presentó un recurso judicial extraordinario para revertir esa situación).
Claro Telmex -que no acudió a la Justicia- y Movistar -que no ha tenido la misma suerte que sus competidores en los tribunales- también podrían quedar cubiertos por la protección judicial por un paso que acaban de dar y no es muy conocido: la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra) se convirtió en socio adherente de la Asociación Argentina de la TV por Cable (ATVC) que, inesperadamente se convierte así en la súper-cámara empresarial del sector convergente (ni el mismísimo presidente de la entidad, el entusiasta Walter Burzaco, creía que eso fuese posible).
Movistar y Claro, que no estaban en la ATVC, ahora la integran de manera indirecta. Pero, además, los vendors de tecnología -hardware-, los proveedores de infraestructura -torreras- y las empresas de software y consultoría, se sientan a la misma mesa que los dueños de las redes y generadores de contenidos y servicios. El intento de sumar a todos a la ATVC ya se había sido pensado poco después de la fusión Telecom-Cablevisión (con Cablevisión Holdings-Clarín como principal impulsor) pero encontró la resistencia de las telefónicas. Luego, antes del cambio de gobierno, se creó la Mesa Empresarial del sector, que no trascendió más allá de un espacio de conversación. Ahora, la necesidad de tener un respaldo jurídico –“cara de hereje”– para actualizar los precios, fue el estímulo definitorio.
ATVC tiene socios empresas individuales y socios que son otras asociaciones -como las cámaras provinciales de cableoperadores-, tiene socios plenos y socios adherentes. Cicomra -que antes de la fusión Telecom-Cablevisión era principalmente la cámara de las telefónicas- rivalizaba con ATVC pero tenía una vida institucional mucho menos activa que la de los cableoperadores, que además tienen un vínculo estrecho con los programadores internacionales de contenidos (Disney, Warner Media-Discovery, Viacom-CBS) a través su socia en las Jornadas Internacionales, la Cámara Argentina de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (Cappsa).
Sea por la evolución tecnológica, los hábitos de las audiencias y el sólo hecho de poder actualizar los precios para pelearle a la inflación, el fenómeno de la convergencia sigue vivo. Ahora los socios directos de Cicomra que sean licenciatarios TIC podrán considerarse amparados por la medida cautelar lograda por un socio de ATVC en Córdoba y extendida por el juez federal de esa ciudad, Ricardo Bustos Fierro, a todos los asociados.
¿Y cómo es ese tema de los precios? Acá lo explicó bien Enrique Carrier en su blog Comentarios.
TELECOMUNICACIONES
Los ISP pyme alertan sobre las dificultades que enfrentan por el DNU 690. La Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (Cappi) afirmó que los emprendimientos y pymes proveedoras de servicios de Internet “se encuentran en una difícil situación económica luego de meses en los que debieron solventar con sus ahorros el subsidio a los precios que las autoridades han impuesto sin contemplar la estructura de costos que deben afrontar”. Desde Cappi señalaron que, con una inflación que en 2020 superó el 36%, los pequeños proveedores no tuvieron posibilidad de adecuar los precios de sus servicios durante todo el año pasado. Ya corriendo 2021, la inflación acumulada de los cuatro primeros meses se ubicó en el 17,6%. “Con esta pesada mochila que supera ampliamente el 50%, sin criterio conocido, el Enacom ha autorizado solamente aumentos por un máximo del 22% (8% en enero, 7% en febrero y 7% en marzo) aplicables sobre valores que en la mayoría de los casos no se ajustaban desde fines de 2019”, agregaron. “Este es el combo explosivo que se combina con costos que no paran de crecer, en principio por la mera evolución de la inflación, del tipo de cambio, de los costos laborales y hasta del precio de la nafta, pero también por un consumo mucho mayor de ancho de banda por parte de los usuarios del servicio, que dispara una mayor erogación en conectividad mayorista, haciendo imposible cualquier intento de equilibrar la ecuación económica”, sostuvo Rodolfo Bianchi, vicepresidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI).
Fermín Sodini, gerente de operaciones de Amecom, contó su caso: el proyecto de su empresa en el Barrio Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez. Allí Amecom comenzó en 2020 un tendido de FTTH para dar servicio a 2000 hogares, entre ellos los del barrio vulnerable “La Tablita”, y que debió suspender a partir del impacto del DNU en el negocio de su empresa familiar. “Hoy la fibra está tirada, pero el proyecto lo paramos porque no tenemos certidumbre de cómo podríamos recuperar esa inversión”, concluyó.
Jesús Gil, director Netix, agregó: “En nuestro caso estuvimos cerca de dos años esperando poder conectarnos a la fibra de Arsat y finalmente desistimos. Fue imposible”. Y agregó: “No hay dudas que proveemos un servicio que es esencial, pero eso implica para nosotros hacernos cargo y asumir costos de tener estructura y atención 7×24”. “Estamos en la línea de lo mínimamente rentable, por eso la ecuación económica no da para hacer inversiones en la mantenimiento y ampliación de red y eso en un negocio como el nuestro, donde el cliente requiere cada vez más ancho de banda, significa que estamos hipotecando nuestro futuro”, declaró Gil.
El reclamo de los pyme ya había sonado durante el Internet Virtual Day 2021 organizado por la Cámara Argentina de Internet (Cabase). En ese contexto, la entidad hizo un llamado a todos los actores de la industria para generar las condiciones que permitan una mayor velocidad para desplegar redes y servicios que puedan alcanzar al 32% de los hogares de Argentina que hoy no cuentan con conectividad fija a internet. Ariel Graizer, presidente de Cabase, hizo una cuenta simple: “La tasa de crecimiento de la penetración resulta demasiado baja pensando en el objetivo de lograr la universalización de la conectividad para llegar con accesos de banda ancha fija a la totalidad de los hogares del país. Con este ritmo de crecimiento, que en los últimos 5 años fue del 2,8% promedio por año, hacen falta más de 12 años para lograr conectar al 32% de los hogares de Argentina que hoy no tienen conectividad”. Y agregó: «No podemos trabajar y dirigir una empresa o cooperativa sin saber si podremos recuperar el costo de operar y aún menos decidir si invertiremos o no en la expansión de nuestras redes para llegar a los que aún no llegamos sin tener la previsibilidad necesaria. Estamos convencidos que la libertad de precios y el fomento de la competencia es el mecanismo más eficiente para el desarrollo de la industria de internet», finalizó Graizer.
MEDIOS
Canal 9 es una bomba y sigue sumando presión: por segunda vez la Justicia de EE.UU. reconoce a Remigio González como dueño. Me habían dicho que el único país de la región en el que Remigio Ángel González no había hecho firmar a sus testaferros un contradocumento era la Argentina, donde esa función fue ocupada por Carlos Loréfice Lynch desde que Daniel Hadad acordó en Miami la venta de la emisora que había sido de Alejandro Romay al misterioso empresario mexicano apodado El Fantasma. En esa doble flojera de papeles (una trampa de palabra sobre una trampa a la ley) confiaba Loréfice, su entorno y el nuevo dueño de Canal 9, el sindicalista y empresario Víctor Santa María, para superar el episodio y seguir adelante. Además, apuestan a la debilidad de su rival.
En efecto, González -que este 14 de junio cumplirá 77 años- no pasa por un buen momento: congresistas demócratas y republicanos pidieron en 2018 al presidente Trump que lo investigue, y su esposa Alba Elvira Lorenzana Cardona de González, tiene vigente un pedido de captura internacional por el pago de presuntas coimas en su país, Guatemala. El grupo de medios de González se llama Albavisión (por Alba, claro). En ese contexto, la Corte de Delaware respaldó la semana pasada el fallo de agosto de 2020 en el que la jueza Morgan Zurn ordenó a Loréfice devolverle a González las empresas que gestionaba. La magistrada señaló a Loréfice como testaferro del mexicano y lo acusó de elaborar “un esquema de estafa más sofisticado (…) Actuó de mala fe, con alevosía y ventaja fabricando un entramado (de sociedades) con el objeto de despojar de forma ilegal al Grupo Albavisión de sus activos en Argentina”, sostuvo el fallo ratificado por la Corte, y ordenó a Lorefice Lynch a “pagar los abogados y gastos legales incurridos” por González, que le reclama al argentino la propiedad de la empresa americana Bellville, controlante indirecta de Telearte, licenciataria de Canal 9 y otras empresas de medios.
Canal 9 es gestionado por el denominado Grupo Octubre -en los papeles una fundación- vinculada al Suterh, el sindicato de encargados de edificios del que Santa María es secretario general. Octubre es una anomalía profunda en el sistema de medios argentino por su estructura jurídica, su financiamiento y su management: Santa María es presidente de Congreso del Partido Justicialista porteño, secretario de prensa de la Confederación General del Trabajo (CGT), integrante de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y amigo del presidente Alberto Fernández, en cuyo gobierno colocó al ex CEO de su grupo empresarial, Francisco Meritello, y al rector de la universidad del sindicato, la UMET, Nicolás Trotta, entre otros funcionarios.
El entuerto en Estados Unidos es seguido en Argentina, entre otros, por el juez comercial Eduardo Malde, que en noviembre pasado designó una interventora judicial y dispuso que cualquier transferencia de licencias debe tener su aprobación. La interventora es Laura Lydia Filippi y tiene una tesis premiada sobre “la gestión de hecho de sociedades anónimas”. Filippi figura en la carpeta pública que Telearte incluye en la web del canal como presidenta/interventora de la sociedad licenciataria. Allí también está indicado que en el expediente EX-2020-80637791-APN-DNSA#ENACOM (iniciado el 20/11/20) se tramita al transferencia de la titularidad de la empresa a Mepadip SA (90% de las acciones), empresa presidida por Walter Esteban González, tesorero de la federación de porteros.
Según informó Alejandro Alfie en Clarín, “la única operación que quedó fuera de esa restricción fue la venta de los 17.000 metros cuadrados que ocupan el terreno y los bienes inmuebles de Canal 9 en Colegiales, que se hizo el año pasado en 30,6 millones de dólares, según surge del juicio por la titularidad de las emisoras porteñas que llevaba adelante el juez Malde”. En ese terreno, Octubre está construyendo un polo gastronómico sobre la calle Dorrego, que planea inaugurar dentro de tres meses. Según Alfie, los terrenos figuraban a nombre de la empresa Sebrumax, controlada por Belleville, firma que para la Justicia de Estados Unidos pertenece a González. Sebrumax era la empresa que alquilaba a terceras productoras las históricas instalaciones del 9 en Conde 50. Sobre ese predio había una historia de donaciones que alguna vez me contaron y que impedían la venta. Parece que algo cambió.
El empresario mexicano es representado en Argentina por la consultora Symfonia que formaron Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y Nicolás Massot. En tanto, del lado de Loréfice -y Santa María- están, entre otros, su socio en TotalNet y ex director del Enacom, Heber Martínez (que acumuló enorme experiencia en la gestión de canales con papeles complejos cuando fue director jurídico de Telefé, en los tiempos en los que se juraba que esa señal “no era de Telefónica”). Monzó-Frigerio-Massot creen que tarde o temprano lo que se tramita en Estados Unidos terminará repercutiendo en las causas judiciales argentinas (el propio Loréfice denunció a González en una causa que tramita la jueza María Servini de Cubría).
Del lado de Loréfice/Santa María se aferran ahora al hecho de que en Delaware se confirma que “González estafó al Estado argentino a través de maniobras fraudulentas que constituyen un delito. Será una ardua batalla legal, ya que González pretenderá que los tribunales argentinos reconozcan una sentencia de la que surge que cometió delitos contra el Estado argentino”. Lo que no subrayan es que el que saldría más complicado de ese juicio sería el ciudadano argentino Loréfice, al que también se le cerrarían las puertas del primer mundo.
El Periódico de Guatemala -donde Alba de González es requerida por la Justicia- reveló en marzo pasado que Loréfice tuvo un papel importante en la huida de la esposa de González desde Italia vía Nicaragua hasta Florida y dejó entrever que el pago por esa gestión fue la propiedad del 9 (a la que el argentino accedería tras la eliminación de aquellos mentados contradocumentos). “’En particular, Lynch reclama que ayudó a cubrir el uso de fondos de la compañía para adquirir un inmueble en Florida para una ‘amiga’ de González; además, ayudó a resolver los problemas que Lynch y González estaban teniendo con el Gobierno argentino, mediante la identificación y contratación de empresarios aliados. Además de hacer pagos en nombre de González en los cuales él no quería figurar directamente’, señala el documento», indicó el medio guatemalteco citando el documento judicial.
La bomba de Canal 9 sigue acumulando presión y por el momento sólo el gobierno peronista y la aceitada relación de Santa María con el ecosistema mediático mainstream la mantienen estable. Resta saber si en el Enacom asumirán el riesgo político y legal de aprobar la transferencia de la licencia a Santa María en lo inmediato o si preferirán que esa indefinición se extienda en el tiempo.
Confirmaron la condena contra Martín Sabbatella por abuso de autoridad. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos a Martín Sabbatella por “abuso de autoridad” en su gestión al frente de lo que fue la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), durante el gobierno de Cristina Kirchner cuando intentó aplicar «de oficio» lo dispuesto por la ley de medios para el grupo Clarín.
Sabbatella es actualmente presidente de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), organismo encargado del saneamiento de ese curso de agua. El también ex intendente de Morón, que seguirá en su actual cargo hasta que la condena esté firme, anunció que apelará a la última instancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a donde acudirá con la representación de sus abogados, la dupla Graciana Peñafort -directora legal del Senado- y Alejandro Rúa (en el juicio también lo representó la actual ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, en ese momento socia del estudio de Damián Loreti, pluma del proyecto original de la ley de medios).
En una entrevista con la FM La Tribu, la radio comunitaria que fundó y conduce un sector de la carrera de Comunicación Social de la UBA donde se cocinó a lo largo de los años dicha iniciativa, Sabbatella cargó contra todos los jueces que participaron en el proceso que derivó en su condena: “Me denunció Magnetto, instruyó Bonadío, me juzgó Lijo, y ahora fue ratificada por Borinsky, el juez que jugaba al paddle con Macri en Olivos”, sintetizó. Y filosofó en la línea del llamado lawfare: “Me condena Magnetto a través de la Justicia que tienen colonizada los grupos económicos concentrados de la Argentina, sótanos oscuros de la democracia (…) Lo que logra el poder económico colonizando la justicia es frenar los avances democratizadores de los gobiernos populares”. Nostálgicos, entrevistado y entrevistadores recordaron los años de la pelea por aquella norma, que se enmarcó en una estrategia regional que comenzó en Venezuela y se extendió por Ecuador, Argentina, Uruguay y otros países (y que ahora retrocede, como podrás leer más abajo).
El ciberkirchnerismo sí pudo celebrar en las redes esta semana una derrota judicial de Héctor Magnetto: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó un recurso del CEO del Grupo Clarín por el cual pedía ir en queja a la Corte Suprema para que ésta revise el rechazo de una demanda por daños y perjuicios presentada contra Lidia y Osvaldo Papaleo por sus dichos referidos a la empresa dedicada a la producción de papel.
Ecuador y Uruguay derogan sus leyes de medios «venezolanas». Entre sus primeras medidas, el nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, Ecuador, decretó la derogación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) dictada durante el gobierno de Rafael Correa en 2013 y reformada por su sucesor, Lenín Moreno. Además, se comprometió a enviar una nueva propuesta de normativa a la Asamblea para su aprobación.
La nueva ley derogará todos los artículos de la LOC excepto los que fomentan la producción nacional en publicidad, regulación de propaganda estatal, y el régimen del espectro radioeléctrico. Desde la Presidencia se informó que se buscará garantizar la libertad de expresión, comunicación y prensa, la cláusula de conciencia y la reserva de sus fuentes y secretos profesionales. Además, busca la protección de la inviolabilidad de comunicaciones personales y deroga el delito de calumnia y la contravención de actos lesivos al honor.
Durante el mandato de Rafael Correa se utilizó la LOC para sancionar a medios de comunicación y periodistas opositores a su gobierno. Por eso, la LOC fue denominada Ley Mordaza. Según Fundamedios, una organización de la sociedad civil que vela por la libertad de expresión y de prensa, se han registrado 510 sanciones a medios y periodistas bajo las normas de la Ley de Comunicación vigente.
“La Ley de Comunicación fue creada para arrinconar y acosar a medios y periodistas. Al ser un símbolo, una herramienta sofisticada para lesionar la libertad de expresión del gobierno autoritario y populista de (Rafael) Correa, entendemos que al derogar esta ley el presidente electo quiere dar el mensaje de apoyar el respeto a las libertades y un reconocimiento que esta ley ha sido perniciosa para el trabajo de la prensa”, indicó César Ricaurte, director de Fundamedios.
En tanto, en Uruguay, la Cámara de Representantes se aprestan a votar los artículos de la nueva ley de medios en los cuales ya tienen acuerdo dentro de la coalición de gobierno y, luego, abordarán aquellos en los que aún no reúnen consenso. De esta manera, se concreta la propuesta que desde el gobierno le hicieron a Cabildo Abierto, partido oficialista que todavía mantiene algunas diferencias con la iniciativa, y el texto comenzará a ser votado en la Comisión de Industria de la cámara baja.
El gobierno insistió en distintos momentos para avanzar con el texto sobre los medios, pero las diferencias internas en la coalición se lo habían impedido. La disputa se encuentra entre, al menos, cuatro artículos. El principal desacuerdo está en la cantidad de licencias que puede tener una persona física o jurídica. La ley actual establece un máximo de tres, mientras que el nuevo proyecto lo eleva a cinco. De avanzar la nueva norma, también dejará en el pasado la ley de medios aprobada durante la presidencia de Pepe Mujica y que pudo aplicarse escasamente dada la larga y trabajosa batalla judicial que desató y en la que la Suprema Corte terminó derogando numerosos artículos.
En Argentina, los políticos son percibidos como los mayores productores de información falsa sobre el Covid- 9. De acuerdo con un informe publicado por Reuters Institute, realizado en base a encuestas para documentar y comprender cómo las personas accedieron a noticias e información sobre la pandemia, el 43% de los consultados señaló a los políticos como los principales encargados de distribuir información falsa o engañosa. Con el 36% le sigue el gobierno nacional y, contrariamente a lo indicado por las autoridades, recién en tercer lugar lo ocupan las organizaciones de noticias (34%).
En Argentina, y en casi todos los países que forman parte del estudio, las organizaciones de noticias son la fuente de información sobre el coronavirus más utilizada (62%), lo que ilustra el importante papel que desempeñan en la pandemia.
Mirando exclusivamente a los seis países relevados de donde se obtuvieron datos tanto en 2020 como en 2021 (Argentina, Corea del Sur, España, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido), la confianza tanto en las organizaciones de noticias como en los gobiernos nacionales cayó en los últimos 12 meses.
En promedio, la confianza en las organizaciones de noticias se redujo 8 puntos, mientras que la confianza en el gobierno disminuyó en 13 puntos.
FIFAgate: los 30 millones de don Julio y la «reivindicación» de Vila. El banco Julius Baer (BJB) admitió haber pagado al fallecido ex presidente de la AFA y vicepresidente senior de la FIFA, Julio Grondona, 30 millones de dólares provenientes de sobornos. Por ese reconocimiento, deberá pagar una multa de US$ 79 millones a la Justicia de Nueva York tras firmar un “acuerdo de procesamiento diferido”.
El esquema de sobornos pasaba por el argentino Jorge Luis Arzuaga, un ex gerente de relaciones del BJB que trabajaba en las oficinas del banco en Montevideo y en Zurich, y que se declaró culpable en junio de 2017 y por esta razón fue sentenciado a tres años de libertad condicional en noviembre de 2020. Arzuaga admitió haber recibido pagos en subcuentas del BJB por parte de empresas mediáticas sudamericanas desde febrero de 2013 hasta mayo de 2015 –cuando se produjo la redada del FBI que detuvo a varios de los dirigentes sudamericanos en el hotel Baur Au Lac de Zurich, donde se alojaban con motivo del congreso de la FIFA que iba a reelegir como presidente de la entidad a Joseph Blatter.
Tras la difusión de la noticia, el empresario Daniel Vila fue reivindicado en un posteo sin firma en el sitio Infobae. La nota destacó que el ex presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza había señalado los hechos en 2015 luego de que el programa El Show del Fútbol, entonces conducido por Alejandro Fantino, difundiera una cámara oculta en donde se podía observar a Grondona hablando de valijas, cuentas y dólares. “En lo que yo pude investigar, encontré 5 cuentas a nombre de Julio Grondona, sus hijos, su esposa y algunas sociedades que tenían ellos en distintos bancos del exterior con casi 17 millones de dólares. Lo dije y lo denuncié hace cuatro años, pero la Justicia hasta acá no se movió”, reconstruyó Vila en una entrevista que le concedió a Luis Novaresio en 2015.
TECNOLOGÍA
American Tower suma los sitios de Telefónica en Latinoamérica y se hace fuerte también en Argentina. El 3 de junio pasado la empresa de infraestructura American Tower anunció que se quedó con el tramo latinoamericano de su adquisición a Telefónica de Telxius Torres, compuesto por más de 7000 sitios de comunicaciones en Brasil, Perú, Chile y Argentina. La empresa española, que está realizando una profunda reestructuración para aliviar el peso de su deuda, recibirá 900 millones de euros (unos 1100 millones de dólares). Mientras en Argentina la novedad tuvo escasísima difusión en las publicaciones económicas especializadas, sí tuvo gran repercusión en España.
Tom Bartlett, CEO de American Tower, declaró: «Nos complace añadir más de 7.000 sitios a nuestra amplia cartera de infraestructura de comunicaciones en toda América Latina. Con Telefónica como nuestro socio inquilino ancla y las atractivas oportunidades de colocación a medida que se aceleran los despliegues de 4G y 5G, esperamos impulsar un crecimiento fuerte y sustentable a largo plazo y atractivos retornos en la región mientras ayudamos a mejorar la conectividad de banda ancha móvil para cientos de millones de personas». American Tower ya se había quedado con el tramo europeo de Telxius por 6200 millones de euros.
La empresa, que a la Argentina llegó durante el gobierno de Mauricio Macri y viene desplegando acuerdos muy agresivos de ingreso a municipios mediante tendidos de fibra, espera que los nuevos activos generen unos 70 millones de dólares en ingresos inmobiliarios y 40 millones de dólares en margen bruto para el balance de 2021.
Al anunciar esta venta, en Telefónica subrayaron en que esta transacción en América, más la concreción en agosto del tramo alemán de la misma operación y la el joint venture Oi-Virgin Media, son pruebas «del intenso nivel de ejecución del plan estratégico presentado por la compañía en noviembre de 2019, y ejemplo del compromiso con la gestión activa de los negocios, la creación de valor y la aceleración de la reducción orgánica de la deuda». Ese plan estratégico incluye la venta de las filiales de Movistar en la región, con la sola excepción de Brasil.
Vaca Narvaja: «Argentina debe aceptar la tecnología 5G china”. En una entrevista con El Cronista, hizo énfasis en los proyectos de energía en marcha, el plan de desarrollo de granjas porcinas y el despliegue de la tecnología 5G de China de la mano de Huawei o ZTE. El embajador destacó que el Partido Comunista Chino “se encuentra liderando el campo de las tecnologías de la comunicación como el 5G, ha mostrado grandes avances en inteligencia artificial, el desarrollo de centro de datos y la computación en la Nube, por citar algunos otros ejemplos”. Cuando fue consultado sobre los motivos de por qué la Argentina no debería la tecnología de 5G proveniente de China, ya que las principales democracias occidentales plantean a menudo los peligros de dejar en manos del régimen centralizado de Beijing información sensible de usuarios y gobiernos, Vaca Narvaja optó por responder los motivos por los cuales sostiene que el país “debe aceptar la tecnología 5G propuesta por China”.
“En primer lugar, porque China es una potencia global e innovadora. Esto le ha permitido reducir la dependencia tecnológica en particular en algunas industrias definidas como estratégicas como las energías renovables, las tecnologías de la comunicación y la biotecnología, entre otras. En solo tres décadas Shenzhen -sede actual del gigante tecnológico Huawei- pasó de ser una aldea de pescadores a convertirse en la capital tecnológica del país. El despliegue del 5G posiciona a China al frente del liderazgo tecnológico mundial a la vez que le confiere un lugar de supremacía dentro del tablero geopolítico mundial”, justificó Vaca Narvaja. “En China la tecnología 5G ya es una realidad y no solo una promesa: se la está usando tanto en edificios, como hogares y ciudades inteligentes, pero también en vídeo 3D, trabajo y juegos en la nube, cirugía a distancia, realidad virtual y aumentada, y comunicaciones masivas de máquina a máquina para la industria de la automoción y vehículos sin conductor, etc. Por otra parte, un dato que no podemos obviar es que este tipo de tecnologías mostró una enorme eficacia en la lucha contra la COVID-19. Por otro lado, la cooperación entre Argentina y China para traer el 5G no debiera ser ningún escollo”, manifestó el diplomático.
EL DATO
Y no se habló más del plagio de la tesis de la primera dama Fabiola Yáñez en la tesina con la que obtuve su licenciatura en Periodismo en la Universidad de Palermo. Una lástima porque si se hubiera seguido indagando tal vez se hubiera detectado que, más allá de las 20 páginas copiadas de Wikipedia y la literatura académica leída en holandés y francés, también hay un «homenaje» a Felipe Pigna. En la página 31 de la tesis, donde arranca «El nacimiento de la Casa Baring coincidió con el inicio de la gran política…» está tomado de un texto del historiador. El dato me lo pasó un colega pero me tenté y seguí buscando párrafo por párrafo, y las coincidencias con el material disponible en Internet se repite.
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