Sinceramente, no se qué decirte. No hay mucho margen para hablar de una parte (el sector convergente) cuando el todo (el país completo) está en riesgo. Una vez más, podría empezar por “te lo dije” (de hecho, no sería la primera vez).
No había que ser adivino ni muy inteligente para anticiparlo, sólo había que revisar el pasado y no dejarse seducir por la noticia deseada. El 28 de agosto de 2019 te dije: se viene «aceleración del proceso inflacionario, cierre de la economía, eventual default, altísimo riesgo de crisis institucional en el corto plazo -por la nueva interna del peronismo que en el mejor de los casos se dirimirá en las legislativas de 2021-, impunidad para la corrupción histórica con posible liberación de los considerados ‘presos políticos’, y restricciones a la libertad de expresión y persecución del periodismo profesional». Y finalmente, cumplida casi al pie de la letra esa agenda, estalló la crisis y sus cimbronazos seguirán durante la campaña electoral de cara a las legislativas de noviembre. Recién allí sabremos cuál será el desenlace.
Mientras, olvidate del 5G (tema del que se hablará en las 31° Jornadas Internacionales de ATVC y CAPPSA que comienzan este martes) más allá del llamado a consultas de la Secretaría de Innovación Pública -que vence en unos días- sobre las Premisas para la Elaboración de un Reglamente de Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico (¡recién vamos por las premisas!). Lo bueno, las premisas abren la discusión sobre el mercado secundario de frecuencias.
Los números reflejan que la macroeconomía en crisis y las políticas soviéticas para el sector ya impactaron en el ritmo de despliegue de la fibra óptica (datos y gráfico de Carrier y Asoc).
Será interesante saber cómo impactará el resultado de las PASO en la composición de las autoridades regulatorias. Por lo pronto, el nombre de Claudio Ambrosini, presidente del Enacom -que hoy estará en la inauguración de las jornadas- circuló por un momento entre los posibles reemplazantes del incinerado Juan Pablo Biondi. También se escuchó sobre el eventual regreso de un antiguo vocero del actual presidente, Eduardo Roust (ahora con un pie en el sector privado y otro en el sindicalismo, de hecho tiene como cliente al Suterh, del empresario, sindicalista y dirigente deportivo Víctor Santa María). Finalmente, el puesto de secretario de Comunicación y Prensa fue el hasta ahora director nacional de publicidad oficial, Juan José Ross, señalado como hombre de Enrique Pepe Albistur de largo recorrido en los anteriores gobiernos kirchneristas (siempre en pauta, medios y comunicación). Es que para el kirchnerismo, comunicar es pautar. De hecho, Ross podría llevarse con él ese reparto, hasta ahora supervisado por Francisco Meritello, secretario de Comunicación y Medios Públicos, que sigue sin informar la distribución en este año. La estrategia electoral de repartir dinero para recuperar votos podría terminar beneficiando a algunas empresas de medios en el cortísimo plazo.
El que no levantó mucho la cabeza durante el tiroteo del presidente y la vicepresidenta fue el segundo del Enacom, Gustavo López. En tanto, la derrota aplastante del radical José Corral en Santa Fe (quedó cuarto en la interna de Juntos por el Cambio en senadores nacionales) podría finalmente confirmarlo como integrante del directorio -para el que ya fue postulado- en representación del radicalismo (para completar finalmente la mesa del organismo, por ahora dedicado a repartir tarjetas de telefonía móvil prepagas en los municipios oficialistas). La que sí debe estar contenta es Silvana Giudici, ex titular del ente y actual directora por el PRO, que como interventora de su partido en Santa Cruz festejó el triunfo de Juntos por el Cambio en esa provincia (donde la oposición suele ganar las legislativas para, dos años después, perder la gobernación por efectos de la ley de lemas).
Queda por saber si el saliente senador kirchnerista Alfredo González Luenzo (cuyos ex empleadores, Cristóbal López y Fabián de Sousa, lograron un conveniente plan de pagos de la AFIP para regularizar la situación del grupo Indalo), logrará adhesiones a su proyecto de ley para ratificar el DNU 690 que declaró servicio público a los productos convergentes (a propósito, interesante comparación de mismo término en Argentina y Colombia). Por lo pronto, entre las primeras reacciones de la militancia kirchnerista postPASO fue el reclamo de una nueva ley de medios, como la de 2009, aún parcialmente vigente. Los medios siempre están entre los culpables para el kirchnerismo, que defiende/financia a los propios y persigue a los que no controla. De hecho, la foto que encabeza esta edición de #TMTnews fue un logro de ese periodismo profesional no controlado: el reportero Franco Fafasuli, autor de la foto, contó aquí las peripecias que atravesó en esa tarea.
TELECOMUNICACIONES
Ahora dicen que Telefónica no vende. Por primera vez, el CEO de Telefónica de Argentina, Marcelo Tarakdjian, participará de la “misa del cable” presidida por el Grupo Clarín desde que esa empresa empezó a pisar fuerte en lo que conocimos como TV paga. Una novedad que confirma tácitamente el lento acercamiento de la telco hispana al conjunto de la industria (en la ATVC o sus inmediaciones ya estaban Telecentro, Supercanal y DirecTV). Esta semana, tras una publicación del sitio Hispanidad -que dirige el dirigente católico Eulogio López-, se consolidó la versión de que Telefónica Movistar ya no tiene en venta sus filiales latinoamericanas (las que aún no vendió, claro) al lograr cerrar sus números en positivo. La era de la reducción de deuda se aca´bó y empieza una nueva de reinversión, dicen. Por eso, se habrían puesto en pausa todas las negociaciones abiertas, entre ellas las de Uruguay -que te vengo contando desde hace meses- y la de Argentina -que presenta un pésimo momento para vender y que a mediano/largo plazo podría revalorizarse-. Y habría una nueva renovación del organigrama. Mientras tanto, hace diez días, la jueza María Alejandra Biotti, titular del juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, rechazó el pedido de una medida cutelar de Telefónica contra el DNU 690 por no haber podido demostrar el perjuicio invocado. El fallo, de primera instancia, seguramente será apelado por la empresa. Hasta ahora, la industria logró varias sentencias favorables en distintas jurisdicciones y para la mayor parte de las empresas aquel decreto está suspendido.
MEDIOS
Dragon Ball Súper, víctima de la cancelación. Inconstitucional, ilegal, paternalista, pacata y, sobre todo, inadvertida, fue la censura a la nueva entrega de la saga japonesa Dragon Ball (que se estrenó en 2015 y ya se vio en todo el mundo) por parte del gobierno bonaerense y la Defensoría del Público que conduce Miriam Lewin. En América latina, Dragon Ball Súper es emitida por Cartoon Network LA, señal audiovisual de Warner Media/Discovery, grupo que en Argentina es titular de los derechos de transmisión del fútbol (TNT Sports) y produce contenidos periodísticos (CNN Argentina). La censura (aunque ahora queda mejor decirle cancelación) se inició por una nota enviada por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires a la Defensoría respecto de los contenidos de un capítulo de la nueva temporada de la saga japonesa (cuyo lanzamiento original como manga data de 1986). El organismo provincial sostuvo que el episodio incluía un “ejercicio de violencia sexual por parte de un mayor hacia una menor, en un contexto de aceptación social, en el que se naturalizaba la vulneración de una niña” y que eso configuró “un acontecimiento que las y los expone a la violencia simbólica”. El escrito llevó las firmas de la subsecretaria de Políticas contra las Violencias, Flavia Delmas, y de la directora provincial de Comunicación, Lucía García Itzigsohn. La Defensoría del Público recibió la nota y encargó a su Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo que viera el capítulo objetado, tras lo cual inició conversaciones con WarnerMedia Argentina, propietaria de Cartoon Network. Según el ministerio, en la empresa “reconocieron el error en la secuencia de programación”, decidieron “sacar la tira completa del aire”, “manifestaron que se procederá a editar no sólo el capítulo objetado sino la totalidad de la serie, por si en un futuro se decidiera volver a ponerla al aire” y aceptaron “coordinar una instancia de capacitación con integrantes de la Defensoría en términos de reparación simbólica por lo sucedido”. Esta medida, consentida por la empresa, es inconstitucional por ser una presión estatal indebida a un medio de comunicación; ilegal además por ser aplicada por un organismo incompetente por no tener potestad de sanción; paternalista porque el Estado se inmiscuye en el ámbito de decisión de los padres y fija criterios estéticos; y pacata porque, sin conocer las características de la historia de Dragon Ball (que en total ocupa varios volúmenes y casi 300 episodios audiovisuales), la recorta, edita y distorsiona en función del gusto de burócratas de turno. Y es gravísimo que haya pasado tan inadvertida. Si querés tener una lectura estética sobre este tema, tu sugiero leer esta columna de Leonardo D’Espósito.
Nuevos académicos de periodismo. La Academia Nacional de Periodismo, que preside Joaquín Morales Solá, eligió a seis nuevos integrantes: Norma Morandini, Santo Biasatti, Beatriz Sarlo, Fernán Saguier, Eduardo Van der Kooy y Fernando Bravo. Algunos de ellos pasaron por el mínimo de votos requeridos y otros -cuyos nombres no trascienden, obviamente- directamente quedaron al margen. Atrás quedaron los tiempos en los que los nuevos miembros ingresaban con amplio consenso de sus colegas (luego de pasar por la comisión de nombramientos integrada por Ricardo Kirschbaum y José Claudio Escribano). Ya las incorporaciones anteriores fueron muy reñidas (cuando ingresaron Hugo Alconada Mon, Daniel Dessein, María O’Donnell, Gustavo González. Héctor Guyot, Marcelo Longobardi, Hinde Pomeraniec y Ernesto Tenembaum).
EL DATO
Un fallo generalizado del sistema habría sido el responsable del caos en el examen de residencia médica realizado hace diez días y que originó miles de quejas y una marcha de profesionales al Ministerio de Salud. ¿De quién fue la culpa? Según ese ministerio, fue «el Arsat». ¿Habrá sido?
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