#TMTnews 31.08.2020.- Empecé a escribir esta #TMTnews como diez veces, y diez veces la abandoné (para atender llamados y responder preguntas para las que no tengo y creo que no hay respuestas). Todavía estoy tratando de entender la jugada del DNU 690/2020 y cómo se fraguó. No es que me sorprenda (a mi no, porque yo ya lo venía diciendo desde las post-PASO). Del cuarto gobierno kirchnerista sólo hay que esperar retroceso: hasta 2014, 2008, 2003, o incluso hasta la era de la estatal Entel, como parece estar ocurriendo.
Desde aquel viernes 21/8 a la noche, tras el tuit revelador del presidente, traté de hablar con todos, incluidos los funcionarios que aún hablan con el mundo exterior -en el gobierno no son muchos más allá de los que sólo pasan mensajes a sus periodistas voceros o amigos-. Nadie sabía nada. Y tampoco en las empresas que creían tener buen diálogo con el Presidente, que en esto parece haber seguido una receta vicepresidencial modelo 2008 (post crisis agropecuaria). Y sorprender con un golpe duro para sentarse luego a la mesa a negociar (a este Fernández le apasiona la rosca política, esa es su propia receta).
Como sabés, el DNU crea una instancia de regulación sobre precios que hasta ahora eran libres, declara «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» -sintentizando las expresiones diversas mencionadas en el decreto- a las TIC y congela tarifas hasta fin de año.
Como tal vez estés intoxicado de dichos, dimes y diretes, como diría mi bisabuela, te dejo aquí algunas conclusiones en medio de la humareda:
-Mensaje claro a los generadores/reflejadores de agenda pública. Fernández mandó un mensaje para aleccionar a los medios de comunicación que cubren el creciente malestar social (en 2008 así comenzó la «guerra contra los medios», atribuida a la cobertura mediática de la rebelión agropecuaria, que también tuve la oportunidad de cubrir como enviado de La Nación –en 2010 vinculé ambos temas aquí-). «La entrada de Clarín a Telecom nos trajo esa guerra al sector telco», me dijo un ejecutivo de larga trayectoria con algo de resignación. Dicen que hubo llamados y mensajes de los máximos responsables del grupo Clarín -que esta semana festejó los 75 años de su nave insignia– al Presidente y que no fueron atendidos.
Algunos leyeron el DNU como una respuesta del gobierno a la supuesta especulación de Telecom con bonos para hacerse de dólares. Eso les pasa por creer lo que publica El Destape, El Cohete a la Luna o Página 12 (y de paso, ¿no estarán recibiendo demasiada pauta oficial en relación con su audiencia?). Que los lean, todo bien -hay que leer todo lo que se pueda- pero ¿creerle? La primera en recular fue la abogada de Cristina Kirchner y funcionaria del Senado, Graciana Peñafort, que primero arrojó la piedra -acusó a la empresa de haber hecho «compras gigantescas» de divisas en operaciones del «dólar contado con Liqui», y luego se vio obligada a revelar su mano y reconocer que eso era falso.
Peñafort sigue sin entender cómo funciona la economía globalizada: ninguna empresa que cotice en la bolsa -y menos en una extranjera- puede dejar que se diga cualquier cosa sin tener que salir a aclararlo. A propósito, justo el día en que el Presidente decreta el congelamiento inmediato con regulación futura de precios, Telecom Argentina anunciaba para este año una inversión de US$ 600 millones de dólares, que fue descartada al conocerse la medida (¿habrá sido un último intento?).
-Mensaje contradictorio a los inversores. El gobierno también despierta contradicciones entre empresarios e inversores que tenían derecho a sentirse cercanos a la administración Fernández. Entre ellos el líder del grupo Carso-Claro, Carlos Slim, al que el Presidente le elogió -de alguna manera- su «corazón» por decidir fabricar una vacuna contra el corona virus en Argentina; y el socio de Cablevisión Holdings/Clarín en Telecom y titular del fondo Fintech, David Martínez, que fue un aliado clave del gobierno en la renegociación de la deuda. En la lista están, por supuesto, España -aunque Telefónica tenga en venta sus negocios en la región, incluida la Argentina- y la Unión Europea en su conjunto, y Estados Unidos, cuya mayor empresa de telecomunicaciones, AT&T, también es afectada -aunque DirecTV Argentina sea en una operación menor para su magnitud y también esté en venta-. En el caso de DirecTV el DNU le congela la tarifa hasta fin de año pero no le pone obstáculos para actualizarla al final de ese plazo (lo que empieza a ser visto como un privilegio). Hace tres semanas –como te conté en la última #TMTnews y ante la pregunta de Karim Lesina de AT&T- el Presidente había dicho en el Council of Americas que la inversión privada y la competencia eran el camino para mejorar la conectividad en el país (aquí iría el emoji con las manitos y hombros levantados). Tampoco se salvó el hombre fuerte de La Matanza, Alberto Pierri, cuyo pedigree peronista suele ponerlo al margen de este tipo medidas para su compañía Telecentro. Ni pymes ni cooperativas -algunas de las cuales verán afectados sus proyectos de desarrollo en conectividad móvil- quedaron al margen, por lo menos hasta ahora. La lista de embajadas, cámaras y organismos que hicieron llegar su reclamo o queja a distintos estamentos del gobierno argentino es extensa. La lista de entidades que rechazaron el DNU incluye a IDEA y ACDE y significó la reaparición del grupo de empresarios del WhatsApp «Nuestra Voz» que esta vez pidió #noregulemoslasTICs, pero todavía no encontró un pronunciamiento de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) –como bien observó Página 12-. También llegaron misivas del exterior que parecen reproches a los supuestos garantes pro mercado del gobierno, como el diputado Sergio Massa (aquí podría sonar Pimpinela: «me engañaste, me mentiste…»)
082620-Association-Letter-Decree-690-20Y hubo cartas muy contundentes, detalladas y argumentadas, como la que la Amcham le envió al jefe de gabinete, Santiago Cafiero.
AmCham-Argentina-Santiago-Cafiero-ref.-DNU-690-Mensaje al kirchnerismo radicalizado (¿hay de otro tipo?). Alberto Fernández intentó también alinear a la tropa kirchnerista detrás de su mandato justo cuando su mentora y vicepresidenta, Cristina Kirchner, descree de su capacidad para limpiar su expediente judicial de toda mácula (aún a pesar de poner toda la billetera estatal para bancar la creación de miles de cargos y carguitos en el nuevo Servicio de Justicia -como llaman los legisladores oficialistas al Poder Judicial-). Ese alineamiento da aire al partido de la ley de medios que vuelve con todo, aunque pifie en la mitad de los argumentos que hacen públicos (como el supuesto modelo Finlandia desmentido por la embajada finlandesa -a juzgar por la metida de pata de Martín Becerra en este tema, el súperasesor gubernamental tampoco había alcanzado a estudiar el tema-)
Aún es difícil saber quién le dio la extravagante redacción final pero da la impresión de que el decreto se nutrió de proyectos que el kirchnerismo ya venía impulsando en el Congreso (y que te conté el 6 de julio, como el del diputado Pablo Garro), y que la metadata del archivo que circuló indica que fue creado por el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones-Enacom, Gustavo López. Aunque cueste creerlo dada su nula (de nulidad absoluta) falta experiencia en la materia, también podría haber afinado el lápiz la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom (a ella podríamos atribuir eso de «licenciatarias y licenciatarios», lo que a su vez merece una tesis de UBA-Sociales sobre «el sexo de las entidades jurídicas»).
A juzgar por la sobrereacción inmediata de su sector, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no tenía ni idea (o al menos no alcanzó a compartirla con su hombre en el Enacom, el presidente Claudio Ambrosini, en quien todo el sector sigue concentrando expectativas aunque ahora con menos fe). Dicen que hubo un almuerzo en Olivos días antes en la que se conversó del asunto y del que participó Massa, pero resulta difícil de creer. Hasta el miércoles anterior el massismo dialoguista que conduce el Enacom negociaba con los operadores un descongelamiento gradual de los precios con estabilidad hasta enero. El acuerdo estaba encaminado y había ejecutivos muy entusiasmados. Ambrosini quedó colgado del pincel. Y encima, tuvo que salir a explicar los alcances de la medida.
-El DNU también intentó torcer la agenda. El decretazo llega justo cuando la administración nacional empezaba a sufrir la presión interna por las dificultades para aprobar la reforma judicial que beneficia a la vicepresidenta y todo su antiguo gabinete denunciado, procesado o condenado; cuando el deterioro económico se percibe con fuerza y la cuarentena con ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) tiene agotada a la población (y acumula, dato no menor, 17 muertos por exceso de la violencia estatal). Entre todo eso, destacan las tres grandes marchas ciudadanas opositoras a las políticas oficiales: liberación de presos, estatización de Vicentín y la propia reforma de la Justicia. Tras su éxito en las primeras horas, ese efecto humareda se va perdiendo y en el horizonte de la administración vuelven las mismas nubes que se habían intentado disipar. Ni la denuncia de un posible golpe de estado alcanza para tapar el nuevo contexto. No hay humo que pueda taparlo. Por eso, a la pauta oficial arbitraria (que premia a los propios aunque aún no castiga a los ajenos) parece sumarse al regreso del estilo 6,7,8 en los medios ultra K. A López, que disfrutaba ser columnista de aquel espacio, le dio nostalgia y la plasmó en esta columna publicada en Clarín. López pidió publicar ese texto en varios diarios y portales pero no todos le dieron el gusto. Y a propósito de 6,7,8, linda reivindicación de ese programa la de un emocionado Tristán Bauer en la entrevista dominical con Jorge Fontevecchia (el de Perfil ya no es periodismo puro sino de supervivencia).
-Rechazo unánime del sector con leves fisuras. Después de la sorpresa, los grandes operadores, a través de sus voceros institucionales sectoriales, la GSMA Association y Asiet salieron a responder de manera inmediata. Se publicó una solicitada el martes y poco a poco las distintas cámaras fueron sumando su posición. Hay una coincidencia generalizada en que el DNU es una medida inadecuada, pero algunos (que ya rosquearon en el pasado, en mi opinión sin lograr ningún gran resultado) todavía apuestan a salvarse solos en la reglamentación. En esto volvimos a los tiempos de la ley de medios, cuya aplicación arbitraria (a unos sí y a otros no) ya provocó la condena del ex presidente de la ex Afsca, Martín Sabbatella, en un juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad (en el que tuve la obligación cívica de testificar). Entre las pymes, la Cámara Argentina de Internet (Cabase) evitó sumarse a la solicitada de la industria (que juntó a grandes y chicos -allí se vio a la Cacpy- y a Occidente con China, entre otras mezclas inesperadas), divulgó su propio comunicado (no menos duro), y confía en sus contactos con Julio Vitobello, secretario General de la Presidencia, para lograr una reglamentación menos perjudicial para sus asociadas. Esa expectativa me hizo acordar a las que en 2008 tenía la Federación Agraria («pequeños» productores agrícolas) cuando pedían «retenciones segmentadas» por tamaño de la explotación. La cámara de ISP más pequeños, la CAPPI, se expresó sin medias tintas.
Y las cooperativas, en tanto, quedaron divididas. Hay quienes esperan también un trato diferencial y hay otras que tienen muy presente lo sucedido en el sector eléctrico: de hecho muchas de estas organizaciones pasaron del sector energético al telco, en parte, impulsadas por el congelamiento de tarifas eléctricas. En este ámbito, la única expresión formal fue de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión-Colsecor, que justificó el DNU en el marco de la emergencia, pidió reglas claras y argumentó que ese ámbito se basa en la «autoprestación» de servicios, lo que también llevaría a pensar en un pedido de tratamiento excepcional. Otras entidades, como Catel y Fecotel, se limitaron a solicitar reuniones con las autoridades tanto del Enacom como del Inaes. El sector cooperativo supo tener su candidato a funcionario en Antonio Roncoroni, presidente de Fecosur, quien probablemente esté también tratando de mover sus contactos.
Cómo será de enorme el déjà vu que mi colega de Clarín Alejandro Alfie y yo volvimos al «primer plano» para contar y decir lo que ya decíamos y contábamos entre 2009 y 2015 desde el gran diario argentino y La Nación. A mi ya me aburre escucharme.
Lo que todo el mundo pregunta ahora es cómo sigue. Incluidos algunos funcionarios, que no saben muy bien qué decir. De allí que se suban y se bajen de eventos públicos como el organizado por mi colega mexicano Jorge Negrete, al que había confirmado su presencia Ariel Martínez, jefe de gabinete del Enacom, y del que se bajó un rato antes de comenzar. Allí sí reveló su condición de asesor de la Secretaría de Innovación Pública el ex periodista y académico Martín Becerra. Lo contrario hubiese sido embarazoso dado que el resto de los panelistas estaba al tanto o bien había tenido que entrevistarse con él en ese papel.
El DNU está dictado. El golpe de puño sobre la mesa fue dado. Ahora, ¿Habrá judicialización? ¿Empiezan las negociaciones? ¿Habrá margen para negociar?
MEDIOS
El hombre que sale en todas las fotos con los enviados del fantasma. Se saca el traje de parlamentario del Mercosur (ver foto) y se pone el de empresario de medios. Así es la vida de Víctor Santa María, el hombre que sale en todas las fotos. Y como hombre de los medios -titular del grupo Octubre- debe tomar decisiones, como salirse de Radio del Plata (emisora de los dueños de Electroingeniería que vive un conflicto laboral ingobernable) y negociar con el verdadero dueño de Canal 9 según la Justicia estadounidense, Remigio Ángel González González. Santa María gestiona hoy esa emisora privada, sobre la cual prepara además una señal de noticias -IP- que se lanzará el 17 de octubre y que tendrá algunas caras jóvenes novedosas, como la del periodista de La Nación Gabriel Sued. No debería haber inconvenientes entre el jefe de los encargados de edificios y el Fantasma González, como se lo conoce en la industria. De hecho ya hubo un acercamiento entre las partes, aceitada por las buenas relaciones de los consultores contratados por el empresario mexicano que apostó para retomar el control de su canal en la agencia que comandan el ex ministro Rogelio Frigerio y los ex diputados Nicolás Massot y Emilio Monzó. Todo al más alto nivel. ¿Y lo que dispone la ley de medios? ¡A quién le importa!
EL DATO
Que no te sorprenda si en los próximos meses varios diarios históricos del interior del país empiezan a discontinuar sus ediciones de papel para mudarse completamente a la web.
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