«Artículo 1°: Derógase el decreto N° 736 del 8 de diciembre de 2023», sostiene el decreto 1036 del 22 de noviembre de 2024 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y ampliamente difundido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Los otros dos artículos de la norma son sólo de forma. De esta manera finalizó el monopolio del Centro de Administración de Derechos Reprográficos (Cadra) sobre la recaudación de derechos de fotocopias y copias digitales de textos y fotografías, que había despertado fuerte rechazo en el ámbito de la educación y algunas adhesiones entre autores y editores. La exclusividad duró menos de un año y prácticamente no llegó a implementarse.
El Cadra se creó en 2000 pero recién en 2002 fue inscripto en la Inspección General de Justicia (IGJ). En 2004, se unió a la International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFFRO), federación internacional que agrupa a las sociedades de gestión de derechos reprográficos de todo el mundo.
Cadra agrupa a autores, fotógrafos, editoriales de libros y, más recientemente -desde 2019-, a editores de noticias. Una veintena de diarios, revistas y portales informativos se asociaron a la entidad, que en total, suma alrededor de 2000 integrantes. En los últimos años, Cadra y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) -la histórica cámara de los diarios- realizaron varias actividades públicas y capacitaciones conjuntas.
Los editores periodísticos sostienen que su participación en Cadra tenía la expectativa de emular al Cedro español para recaudar derechos por clipping -recortes de diarios y portales que agencias especializadas centralizan y venden a empresas y políticos-.
El Cadra es presidido actualmente por el abogado Federico Polak, reelecto este año y con mandato hasta 2027, y recordado -entre otras cosas- por su amistad con el fallecido ex presidente de la Nación Raúl Alfonsín, de quien fue vocero. Polak ya había sido presidente de Cadra anteriormente, cargo en el que lo sucedió el sociólogo especialista en medios de comunicación Luis Alberto Quevedo, y volvió a serlo tras el mandato de éste último, que actualmente ocupa el cargo de tesorero.
Más de dos décadas después de su fundación, el 8 de diciembre de 2023, el presidente Alberto Fernández y sus ministros Martín Soria -Justicia- y Tristán Bauer -Cultura- firmaron el decreto 736 que le otorgó a Cadra el monopolio de la recaudación y distribución de los llamados derechos reprográficos (básicamente, una compensación económica por fotocopiar o enviar copias digitales en pdf). El mismo decreto creó la estructura del sistema de recaudación pero dejó los valores sujetos a confirmación del entonces Ministerio de Cultura a propuesta de la propia entidad (algo que finalmente no ocurrió).
El artículo 4° del decreto original establecía que Cadra debía distribuir lo recaudado «entre los/las titulares de derechos de acuerdo al régimen de distribución contemplado en sus Estatutos, mediante la aplicación de criterios objetivos».
Aunque Fernández firmó el decreto el último día hábil de su mandato, la decisión estaba tomada desde hacía meses. En septiembre del mismo 2023 circuló la invitación a un acto de anuncio del decreto que terminó suspendiéndose por la controversia que se generó apenas comenzó a divulgarse. Y ya desde junio circulaba entre las entidades de gestión colectiva de derecho un borrador de la norma.
En aquel momento, Quevedo, entonces presidente del entidad y titular de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba), dijo a Infobae: “Cadra es un puente entre los contenidos y sus titulares. Se vuelve fundamental porque un autor o una editorial no pueden, por sus propios medios, controlar la utilización de sus obras a nivel masivo. Cada vez que se copia un libro, o se sube un pdf a Internet, se crean ediciones piratas y se termina perjudicando a la industria editorial y el trabajo de los autores. Cadra, además, permite que instituciones públicas y privadas, empresas y cualquier entidad que necesita un texto pueda obtenerlo en forma simple y legal”.
Quevedo y el presidente Fernández habían liderado, el primero como vocero y el segundo como referente y principal impulsor, la candidatura de Daniel Filmus a jefe de gobierno porteño por el kirchnerismo en 2007. Eudeba es propiedad de la Universidad de Buenos Aires (UBA), casa de estudios que firmó su primer acuerdo voluntario con Cadra en 2009.
Para la época de ese primer acuerdo, el bibliotecario documentalista Federico Reggiani analizó el cálculo previsto en el reglamento de distribución y argumentó con cifras sobre el nulo impacto que el cobro de derechos tenía sobre la promoción de autores, según citó la Fundación Vía Libre, una de las organizaciones que más férreamente se opusieron al decreto de Fernández.
Reggiani volvió a hacer números en una nota de la Revista Seúl de 2023 (Un Sadaic para las fotocopias) cuando parecía que la exclusividad de Cadra se caía y que a Fernández ya no le quedaba más tiempo de mandato para resolverlo: «Basta leer el minimalista ‘tarifario‘ de Cadra para calcular que una universidad con más de 100.000 alumnos, como la Universidad Nacional de La Plata, tendría que desembolsar 758 millones de pesos anuales por ‘reprografía’ y 1515 millones de pesos por ‘digital'».
La mayor novedad del decreto de Fernández había sido la creación de un mecanismo de «licencias, convenios de colaboración y cooperación con las instituciones públicas de enseñanza, ciencia, tecnología y educación» para asegurarse la percepción de los derechos. Tras la publicación de aquel decreto, algunas universidades llegaron a acuerdos costosos, otras impusieron a sus docentes la prohibición de utilizar copias digitales con sus estudiantes y algunas fueron a los tribunales con su reclamo.
“Hubo una acción judicial que se instauró en Mendoza por cuatro universidades privadas (Universidad del Aconcagua, Universidad de Mendoza, Universidad Juan Agustín Maza y Fundación Universidad del Congreso), que decían que era inconstitucional el decreto de Cadra, y este mismo Estado nacional que acaba de derogarlo hizo una defensa muy encendida, y con muy buenos argumentos”, detalló a Infobae Polak.
En 2024, el pago declarado por Cadra a sus asociados ascendió a $ 20.271.114,78 (veinte millones), más del doble que el año anterior pero en montos que resultan poco relevantes. No obstante, esos recursos podrían haber escalado fuertemente de haberse mantenido vigente el decreto de Fernández.
Además de los números presentados por Reggiani, según otra cuenta realizada por Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, aplicando el tarifario de 2023, una universidad como la UBA, con más de 300.000 estudiantes, debía abonar unos 680 millones de pesos -de aquel año- para contar con una licencia que le permitiese a los alumnos fotocopiar y reproducir digitalmente hasta el 20% de los libros que se utilizan en las diferentes carreras. Actualizados por inflación a diciembre de 2024 esa cifra treparía hasta superar los 2400 millones de pesos (considerando una inflación anualizada del 180%).
El derecho reprográfico refiere a la potestad de autores y editores a recibir una compensación económica cuando sus obras escritas (libros, artículos o textos) son fotocopiadas o reproducidas por medios similares (por ejemplo, circulan digitalmente en formato pdf). Entre quienes usan esos contenidos están los centros de fotocopiado, universidades, empresas y otras instituciones para la distribución de material de estudio, ya sea en formato analógico o digital, dirigido a usuarios y alumnos. El decreto original de Fernández había dejado fuera del cobro del canon a las bibliotecas públicas y populares, archivos y museos, y, de manera más vaga, había establecido que «las universidades públicas y/o instituciones representativas de colectivos económicamente desfavorecidos» podrían solicitar al Ministerio de Cultura «la reducción o eximición del pago de la tarifa exigible cuando estas demuestren que, por su onerosidad, su cumplimiento pone en riesgo el acceso al material educativo y/o con fines de investigación».
Entre los autores que forman parte de Cadra están Martín Kohan, Claudia Piñeiro, Dora Barrancos, Adriana Puiggrós, Adrián Paenza, Cristian Alarcón, Pablo Alabarces, Márgara Averbach, María Rosa Lojo, Ana María Shua, Camila Sosa Villada, Ana Jaramillo, Vicente Battista, Delia Lipszyc, Juano Villafañe, Mempo Giardinelli, Eugenio Zaffaroni, Juan Sasturain y Felipe Pigna.
Entre las editoriales, están Planeta, Penguin, Corregidor, Paidós, Marea, Capital Intelectual, Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, La Crujía, Biblos, Libros del Zorzal, Eterna Cadencia, Eudeba y Unsam, entre otras.
Y entre los editores de noticias, según la lista de socios publicada en la web de la organización, están Arte Grafico Editorial Argentino SA (diarios Clarín y Olé) y La Voz del Interior, todos del grupo Clarín; El Litoral y Mirador Provincial (del grupo Nahuel Caputto); La Gaceta de Tucumán (grupo García Hamilton-Dessein), SA La Nación (grupo Saguier), Letra P y 0221.com.ar (Carlos Marino, experto en pauta oficial digital), entre otros.
El 22 de noviembre de 2024, Milei y Cúneo Libarona -paradójicamente, socio del Cadra- firmaron la derogación del sistema arguyendo varios motivos:
- se trata de una «regulación irrazonable, engorrosa, de difícil aplicación, que no garantiza el cumplimiento de su finalidad, que genera manifiestas inequidades injustificadas, distorsiones en la actividad comercial de quienes proveen el servicio de fotocopias y un perjuicio económico a estos comercios y a sus clientes».
- la retribución se basaría «en elementos tan difíciles de determinar como los datos de mercado, del producto final, y el costo de los equipamientos e insumos de los centros de copiado terminaría siendo fijado sobre una base presunta, sin ninguna relación con los ingresos que esos comercios minoristas obtienen del servicio de fotocopiado».
- «resulta imposible establecer un método medianamente fidedigno y objetivo de trazabilidad que permita identificar qué textos han sido fotocopiados y asignar así a sus autores y editores, en función de la utilización de sus obras, lo recaudado por la retribución establecida en el decreto referido».
- por todo eso «el método de cálculo y fijación del canon por reproducción reprográfica que establece el decreto 736/23 no posee base cierta alguna, con lo cual esa determinación no puede arrojar ningún resultado que guarde una relación proporcionada con los ingresos que obtienen quienes ofrecen el servicio de fotocopiado, además de no garantizar que lo recaudado llegue efectivamente a quienes son titulares del derecho de propiedad sobre las publicaciones que se reproducen».
- además, no se especifican «los recaudos que se adoptarán para identificar el grado de utilización de las obras extranjeras» -que el decreto autoriza a Cadra a recaudar- ni se garantiza «que los montos percibidos por esta causa se paguen realmente a los autores y editores extranjeros».
- así, «la exclusividad otorgada a Cadra constituye una medida contraria a la libre concurrencia, por cuanto impide que otras asociaciones de autores que puedan, libremente constituirse, representen los derechos de los autores y editores, sus derechohabientes y sucesores».
El gobierno de Milei tiene en la mira el modelo monopólico de gestión colectiva de derechos de autor desde que asumió. En la primera versión de la ley Bases, que incluía amplias reformas en el fomento de la cultura y finalmente no fue aprobada por el Congreso, ya se habían propuesto cambios profundos: se hacía optativo delegar la recaudación en sociedades de gestión colectiva, se abría la competencia entre entidades existentes y se podían crear libremente nuevas organizaciones.
“Nadie discutió a Sadaic, Argentores o Sagai: todas de gestión colectiva. Mi temor es que esto sea el primer peón, la primera movida de apertura que está haciendo el gobierno sobre las entidades de gestión. Por los fundamentos que tiene, el decreto no habla solo de Cabra, está hablando de monopolio de consorcio, cosa que es totalmente al revés, porque en el mundo las entidades de gestión son monopólicas. Y lo son porque no podés abrir al juego del mercado, que cada uno defienda lo que quiera defender. Así no defiende nada a nadie”, dijo Polak a Infobae.
Los argumentos planteados en el decreto derogador, centrados en la libertad económica, no mencionan en ningún momento el derecho a la educación, que aparece claramente en disputa con la propiedad intelectual en este caso, en especial en la manera en que pretenden monetizarse los derechos.
Al responder al anuncio de la derogación realizado en X por el ministro Sturzenegger más que la derogación misma, Cadra difundió un comunicado de tres páginas cuya parte central está en el primer párrafo. «El nuevo decreto 1036/24 estimula la apropiación indebida de material ajeno por parte de los grandes conglomerados y prestadores de servicio de Internet, que no sólo no tributan a los autores, sino que cobran como si fueran los creadores del material que distribuyen. Lo mismo sucede con las redes de piratería que lucran con las obras creadas por otros. Esto atenta contra la generación de contenidos y el crecimiento de las industrias culturales», sostuvo la entidad.
En ese punto coinciden Cadra y Adepa -además de otras entidades de medios tradicionales-: en buscar que las plataformas digitales hagan su aporte económico al ecosistema que representan.
En un mensaje por la red social X, el ministro había anunciado la derogación y explicado sus argumentos. Entre otras cosas, ejemplificó: «Lo triste del decreto 736/23 es que trata igual a quienes respetan los derechos autorales de quienes no lo respetan. Lo mejor es explicarlo con un ejemplo propio. En la Universidad de San Andrés (Udesa) escribimos un libro de Economía 1 para que nuestros alumnos tuvieran un texto respetando los derechos autorales (cero en este caso, porque el libro lo ofrecíamos gratuito). Pero Cadra igual le exigía a la universidad un pago, asumiendo que se manejaba de manera ilegal. Para peor lo recaudado no iba a los autores sino a los socios de Cadra. En este esquema era lo mismo respetar los derechos autorales que no respetarlos».
El episodio de Cadra es sólo un capítulo de lo que podría venir en Argentina en materia de gestión de derechos de autor, un ámbito que está transformándose en todo el mundo a partir de la consolidación de un ecosistema digital que permite una circulación veloz y universal de los contenidos.
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