En la era de la autocomunicación de masas los periodistas ya no ocupamos un lugar central en el intercambio de información pública. Aunque seguimos siendo actores relevantes de un ecosistema crecientemente complejo debemos asumir que son cada vez menos los que dependen de nosotros para conocer lo que pasa.
La audiencia también cambió. Hace tiempo que los ciudadanos, de manera individual o en grupos de interés, se volvieron masivamente productores de información, interpretación y opinión. Los termómetros que usábamos para medir ese público nos muestran hoy números bajísimos y los nuevos indicadores digitales aún no son muy útiles (no nos engañemos con toneladas de usuarios únicos cuyas visitas duran apenas segundos).
Las fuentes de información, que dependían del periodismo para participar de la conversación pública, descubrieron que es posible llegar con sus mensajes o datos de manera directa y con formatos atractivos a sus públicos objetivos. Asumamos también esa realidad: se están independizando.
Pero en ese ecosistema aparentemente libre de intermediación hay un medio nuevo, a veces invisible, algorítmico y central en la distribución de información (entre otros productos y servicios): las plataformas tecnológicas. Su extraordinaria eficiencia para conectar intereses (los que ofrecen con los que buscan, y viceversa) las hizo tan exitosas que hay quienes definen a la actual fase de la economía global como capitalismo de plataformas. Esas infraestructuras programables son hoy el soporte de múltiples conversaciones, similares a las que hay en la vida off line, aunque a una escala nunca vista.
Todo este diagnóstico, ya lo sabemos, puso patas para arriba el mapa de medios del siglo XX. En la transformación actual, digital, global y reintermediada, el periodismo y sus empresas editoras redujeron dramáticamente los ingresos que los sostenían: publicidad, clasificados y venta de ejemplares. Y las nuevas fuentes de recursos, la publicidad y las suscripciones digitales, no lograron reemplazarlos. Todo eso, que ocurrió en el mundo, en la Argentina sumó una dosis local (o letal) de crisis económica permanente y de populismo político creciente.
Ese contexto nos encontró a los periodistas, acostumbrados a ser reconocidos como fuentes de conocimiento confiable, con una profunda crisis de identidad y una credibilidad en caída. En ese aspecto, nos empezamos a parecer a otras instituciones, como los poderes del Estado o los sindicatos.
El periodismo argentino es hoy una industria débil y urgida de recursos, imprescindibles para sostener su producción y fundamentales para financiar su transformación. Lejos de acceder a esos ingresos, la profesión (y los emprendimientos que le dan forma) viven una pauperización dramática que en las últimas dos décadas la hizo dependiente de la propaganda gubernamental. Y ya no se trata de un solo partido o coalición porque casi todos los gobiernos -con orgullo o vergüenza, al ataque o a la defensiva, en mayor o menor medida- cayeron en la tentación de transar comercialmente la descripción de las cosas o, al menos, intentarlo.
Entre 2000 y 2017, sólo el Estado nacional -en las cuentas rastreables- gastó más de 2500 millones de dólares. En los últimos años, las provincias más ricas (Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Santa Fe) incrementaron su gasto en publicidad y muchos municipios, con el disfraz de cuentas de ceremonial, institucional, cultura o difusión, inflaron presupuestos de pauta que no tienen lógica en un país con más del 40% de su población bajo la línea de la pobreza. La pandemia de Covid 19 (extensa y llena de abusos en Argentina) hizo de esa propaganda la principal fuente de ingresos para la mayoría de los medios (este año, en algunos sitios de noticias políticas la denominada pauta oficial supera largamente el 80% de los avisos observables en su página principal). Ya está claro que ninguna ley de reparto resolverá el problema de fondo. Esa mítica norma, que nunca llega, es apenas otra excusa para no hacer lo que hay que hacer.
Para volver a ser sustentables (encontrar nuevos modelos de financiamiento basados principalmente en el valor aportado a la sociedad), encontrar nuevas formas de llegar a las audiencias (estimulando la imaginación y aprendiendo a programar) y, sobre todo, recuperar la credibilidad (dejando atrás los condicionamientos explícitos o implícitos), los periodistas, las empresas y los nuevos emprendimientos informativos tenemos un viejo pecado que purgar: debemos renunciar públicamente a la publicidad gubernamental. Y sí, siempre fue difícil abandonar los vicios.
Esa imprescindible renuncia podría tener, además, un beneficio adicional: será más fácil distinguir qué es periodismo y qué no lo es.
Este texto fue publicado originalmente en el Anuario del Monitoreo de la Libertad de Expresión 2021 del Foro de Periodismo Argentino (Fopea)
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