La reciente implementación en Australia de la Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024, que prohíbe a menores de 16 años mantener cuentas en redes como Instagram, TikTok, Snapchat o Facebook, generó un efecto no previsto: el desplazamiento del consumo digital infantil hacia otras plataformas que no están formalmente alcanzadas por la norma.
Según un informe citado por el diario australiano The Australian, basado en datos de la firma de control parental Qustodio, los niños australianos incrementaron de manera significativa el uso de entornos como Roblox y herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT.
El estudio, que releva datos de miles de familias australianas, señala que los menores del país lideran a nivel global el tiempo promedio dedicado a Roblox: alrededor de 87 minutos diarios en dispositivos móviles y más de dos horas en computadoras de escritorio.
En paralelo, el uso de ChatGPT entre menores de 18 años habría crecido más de 400% interanual desde 2024. Si bien muchos padres asocian la herramienta principalmente a tareas escolares, el informe sugiere que también se utiliza para consultas personales y apoyo emocional.
La migración no se limita a estas dos plataformas. Servicios como Discord, Steam y WhatsApp -clasificados por la ley como mensajería o gaming y no como redes sociales- también registraron aumentos en el tiempo de uso.
El caso australiano introduce una discusión central para reguladores y operadores: ¿la categoría jurídica “red social” sigue siendo útil en un ecosistema convergente donde el gaming, la mensajería, el streaming y la IA incorporan capas sociales? De hecho, al otro lado del mundo en Los Ángeles, California, en un juicio contra Google y Meta por provocar adicción con sus servicios de redes sociales, los abogados de YouTube -propiedad de Google- afirmaron taxativamente que esa plataforma «no es una red social» y dijeron que se parecen más a Netflix que a Facebook.
En el contexto convergente digital las fronteras se desdibujan. Roblox, por ejemplo, combina videojuego, economía virtual, chat en tiempo real y creación de contenidos generados por usuarios. ChatGPT, aunque no es una red social, funciona como interfaz conversacional permanente, con capacidades de personalización y memoria contextual. Ambas plataformas, en la práctica, ocupan parte del espacio que antes estaba dominado por TikTok o Instagram.
El gobierno australiano pidió una reunión a Roblox para conversar sobre la protección de los menores en la plataforma, que a priori fue considerada insuficiente. La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, y la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, exigieron explicaciones y acciones concretas de seguirdad y pidieron que se revise si su clasificación “PG” sigue siendo apropiada.
Aunque el gobierno destaca que estos problemas persistentes son “inaceptables” y podría aplicar multas de hasta AU$ 49,5 millones (unos US$ 32 millones) bajo la Online Safety Act si se comprueba incumplimiento, la empresa respondió defendiendo sus prácticas de seguridad, señalando que cuenta con “políticas y procesos de seguridad robustos” que incluyen filtros para bloquear el intercambio de información personal, herramientas que limitan el chat entre menores y adultos y colaboración activa con las fuerzas del orden australianas.
El informe citado por The Australian señaló que aproximadamente una de cada 24 búsquedas realizadas por menores activó alertas vinculadas a contenido sensible o potencialmente riesgoso. Aunque la norma logró restringir el acceso formal a determinadas redes, la conducta digital no desapareció: se redistribuyó.
Australia viene adoptando políticas de fuerte intervención en el mercado digital con diferentes objetivos, como la protección de los niños y jóvenes en el caso de las redes sociales, y la obligación de las plataformas de pagar a los editores de noticias por medio de la News Media Bargaining Code de 2021.
Otro país que intervino en el mercado digital de redes sociales es Francia, que estableció en 2024 la prohibición para menores de 15 años, salvo que exista autorización parental verificable. En paralelo, varios países están estudiando medidas similares o debaten proyectos legislativos en esa dirección. España y Nueva Zelanda analizan esquemas que fijan la edad mínima en 16 años, mientras que Grecia evalúa establecer el límite en 15 años. Portugal avanzó con un sistema que exige consentimiento parental reforzado y mecanismos de verificación de edad, aunque sin una prohibición absoluta.
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