Reforma laboral: discreto acompañamiento de la industria de las noticias a la derogación de los estatutos laborales de las redacciones

A través de las entidades que tradicionalmente intervinieron en las negociaciones laborales, la industria periodística le acercó a los legisladores que desde esta semana tratarán el proyecto de reforma laboral enviado al Congreso por el presidente Javier Milei su posición sobre la derogación de los estatutos del periodista y del empleado administrativo de redacciones, ambos originados en el gobierno de facto de 1944 y refrendados por ley en 1946.

Según el diagnóstico empresarial, estos estatutos ya no reflejan las dinámicas productivas, tecnológicas ni económicas del ecosistema de medios del siglo XXI. Desde esta perspectiva, mantener un régimen rígido y desalineado con el mercado laboral contemporáneo no sólo no protege el trabajo periodístico, sino que termina expulsándolo hacia la informalidad o hacia otros esquemas sin regulación efectiva.

El punto de partida del planteo es histórico y estructural: estos estatutos fueron concebidos para una industria gráfica, con rutinas diarias, redacciones uniplataforma y distribución física. Hoy, en cambio, el periodismo opera de manera continua, digital y multiplataforma, con audiencias fragmentadas y modelos de negocio en constante ajuste. En ese contexto, la industria sostiene que las rigideces normativas encarecen la contratación y reducen el empleo formal, especialmente en medios pequeños y medianos del interior del país.

Uno de los argumentos centrales es que el régimen vigente desincentiva la generación de puestos de trabajo. Períodos de prueba muy cortos, indemnizaciones agravadas y sin topes, y la activación automática de relaciones laborales en esquemas colaborativos generan -según esta perspectiva- un riesgo económico difícil de asumir. Esto se traduce en un mercado laboral más chico, con menos oportunidades para jóvenes profesionales y perfiles digitales, y una mayor tendencia a la tercerización o a la reducción de planteles.

Además, la industria de las noticias subraya que no busca privilegios sectoriales, sino igualdad de reglas respecto del resto de las actividades productivas. En ese sentido, propone que el trabajo periodístico se encuadre en la Ley de Contrato de Trabajo, que establece un piso general de derechos y previsibilidad jurídica. El énfasis está puesto en reemplazar un esquema de protecciones automáticas por uno basado en negociación colectiva moderna, directa y adaptable a las distintas realidades del país.

Otro eje relevante es la competencia desigual con las plataformas digitales. Mientras estas monetizan contenidos periodísticos sin asumir vínculos laborales, los medios tradicionales enfrentan obligaciones más estrictas por colaboraciones, periodicidad o volumen de publicaciones. Desde la óptica empresaria, esta asimetría no protege al periodista, sino que debilita a los principales generadores de empleo profesional del sector.

La industria periodística también cuestiona la regulación actual de las colaboraciones, que fija un número limitado de aportes antes de activar una relación laboral automática. Para el sector, esta definición no refleja el trabajo freelance, hiperlocal o digital, y termina reduciendo oportunidades, contenidos profesionales e incentivos a la formalización. A ello se suma una crítica a categorías laborales pensadas para redacciones impresas, que no contemplan la polifunción propia del periodismo contemporáneo.

El planteo empresario remarca que la libertad de expresión y de prensa no dependen de un estatuto laboral especial, sino que están ampliamente garantizadas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. En ese marco, los cambios que impulsa la administración Milei son leídos como pro-empleo, pro-federalismo y pro-sustentabilidad del periodismo, orientada a reducir la brecha entre la norma escrita y las prácticas reales del sector.

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