En su habitual columna de los domingos en el diario Página 12 -ahora propiedad de la Fundación Octubre vinculada al gremio de encargados de edificios-, Horacio Verbitsky advirtió sobre el presunto interés oficial en la detención de líder de los porteros, presidente del Partido Justicialista porteño y dueño de Página 12, Víctor Santa María.
El periodista y presidente del CELS -que en los últimos meses se defiende de las acusaciones de otro periodista, Gabriel Levinas, respecto de su presunto vínculo con sectores militares durante la última dictadura- señaló:
«El viernes, el relator de fútbol que distribuye por televisión las informaciones y opiniones que le suministran los servicios oficiales anticipó posibles consecuencias de la furia presidencial. Con una pantalla divida entre el detenido dirigente marítimo Caballo Suárez y el secretario general del sindicato y la Federación de Empleados de Edificios, Víctor Santa María, el operador dijo que es intención oficial que el próximo sindicalista privado de su libertad sea el director del Grupo Octubre, al que pertenece este diario.
«La comparación [de Santa María] con [el caballo] Suárez es un desborde de rencor sin asidero y constituye una amenaza abierta a la libertad de buscar y difundir información de interés público por parte de un medio fundado hace tres décadas y en cuya redacción Santa María no tiene injerencia», escribió Verbitsky
«Además de invertir los excedentes en emprendimientos culturales y educativos (medios de comunicación, una universidad, teatros) Santa María es parlamentario del Mercosur y preside el Partido Justicialista de la Capital, de modo que la comparación con Suárez es un desborde de rencor sin asidero y constituye una amenaza abierta a la libertad de buscar y difundir información de interés público por parte de un medio fundado hace tres décadas y en cuya redacción Santa María no tiene injerencia.
«En el tratamiento parlamentario el presidente Maurizio Macrì [sic] debió sacrificar el artículo que castigaba con pena de prisión y multa igual al valor de los bienes exteriorizados a los medios y periodistas que publicaran datos sobre el blanqueo. Por eso la intimidación no es al periodista ni al medio sino a Santa María en su carácter de dirigente sindical».
Santa María está en alerta desde hace algunos meses luego de que la Unidad de Información Financiera (UIF) presentara una denuncia en su contra ante el juzgado de Claudio Bonadio para que se lo investigue por «actividades financieras en Suiza» a través de las firmas Alto Trust Ltd. y Vica Trust. Fue a raíz de la aparición de «operaciones sospechosas» que involucran fondos cercanos a los cuatro millones de dólares, según publicó Damián Nabot en La Nación. Exactamente un año antes de esa denuncia, y como contó en su momento Francisco Olivera, la administración Macri también había denunciado al sindicato de Santa María por unos 203 millones de pesos «sin respaldo técnico-contable», entre otras presuntas irregularidades.
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