Otra vez estamos en esos días. Esos momentos en los que es difícil decir algo coherente, novedoso y/o certero porque lo que reina es la confusión y la incertidumbre. La macroeconomía manda. Y no hay quien la controle (la emisión monetaria sin límite y los mensajes desalentadores hacia el sector privado interno y externo, no ayudan). Los múltiples tipos de cambio, la abrupta devaluación (porque la devaluación ya ocurrió y sigue ocurriendo ¿o vos creés que el dólar libre o el dólar cable irán a la baja para confluir con el dólar oficial?). En este contexto, y por lo que pude conversar estos días con algunos funcionarios, el plan tiene dos pasos: 1) aguantar «el porrazo» hasta la próxima cosecha (de dólares), y 2) apostar todo al «rebote», como en 2001/2002 (cuando se deje de caer, rebotar -mucho o poco- se sentirá como un alivio).
En el gobierno insisten en que el DNU 690 -de cuya reglamentación charlé en #TMTconversaciones con la secretaria Micaela Sánchez Malcolm- fue para frenar un aumento de precios descomunal. La realidad: encarecimiento de los costos por la devaluación, las paritarias y el aumento de los combustibles; congelamiento de precios de los servicios prestados y burocratización de las eventuales actualizaciones; ralentización de la importación de equipos por falta de dólares y… ¿nuevas limitaciones para el giro de dividendos? Íbamos a volver y volvimos más rápido que lo previsto a aquellos tiempos. Hay gente que sigue confiando en que la reglamentación puede corregir los desvaríos del DNU 690. Debe ser la misma gente que ahora confía en que puedan también mejorarse por decreto reglamentario las leyes de teletrabajo o de economía del conocimiento (ver en la sección Tecnología). O la que creía que Fernández (Alberto) iba a ser el nuevo Menem (apertura e integración al mundo).
Es curioso pero ese plan, aguantar-los-trapos-hasta-que-amaine, no prevé ajuste de cinturones (ni ajustes de ningún tipo, no vaya a ser que se enoje Joseph Stiglitz). En esa línea no me sorprendió que muy suelto de cuerpo un funcionario me hablara de la posibilidad de que Arsat empiece a ofrecer servicios minoristas. Realmente creen que te salva el Estado y que funcionarios que siempre trabajaron de políticos pueden jugar a ser empresarios con el dinero de los ciudadanos. Por lo pronto, antes de ir hacia una capilaridad con redes propias, Arsat tendrá que ampliar su capacidad troncal, que en la zona Norte está saturada.
Mientras tanto, los grandes operadores no prevén inversiones para 2021. Nada. Cero. Tal vez sea una manera de negociar de cara a diciembre el aumento de tarifas. Tampoco los ISP y las cooperativas prevén inversiones. Algo así es difícil de sostener en una actividad que requiere fuertes inversiones sólo para mantenimiento, sin contar nuevos despliegues. ¿Y qué pasa en el mediano y largo plazo? Pasa Venezuela (no, no sólo deterioro institucional, también por la profunda destrucción del sistema de comunicaciones).
Claro, una Arsat minorista -idea que ya había sonado en boca de Raúl Martínez, el último y no muy bien recordado presidente y gerente general de la empresa durante el macrismo- saldría a competir en un mercado que el presidente Alberto Fernández sigue considerando concentrado. ¿De dónde saldrían los recursos? Bueno, si las telecomunicaciones bajo la batuta oficial fueran un sistema cerrado, podría salir de la licitación de espectro en la que empiezan a pensar en el gobierno. Recuerdan los dólares que entraron en plena sequía (de verdes) de 2014 y se entusiasman. Pero esta vez la sequía pareciera más generalizada. Y difícil invertir en un activo caro sin un caso de negocios que lo justifique. Casi imposible que eso suceda con tarifas reguladas.
Al abrir el coloquio de IDEA el 14.10, el Presidente defendió el DNU 690 con afirmaciones y datos sin verificar: “En Argentina hay 65 millones de celulares y 44 millones de habitantes. El 80% de los hogares reciben su televisión por cable. El internet y el desarrollo de la banda ancha son una necesidad absoluta para el desarrollo argentino y el conocimiento de nuestros chicos. ¿A ustedes les parece que estos no son servicios públicos?”, sostuvo. En relación al DNU 690, el Presidente manifestó: “Lo hicimos pensando en promover la competencia en un sector que hace muchos años la perdió…no hablo tanto de los celulares, sí hablo de internet y de la televisión por cable”. Y agregó: “No tengo ningún interés en que en la reglamentación fijemos normas que desalienten el desarrollo tecnológico. Lo único que queremos garantizar es que lleguen los servicios mínimos a precios accesibles y que, de ahí en más, compitan los que tengan que competir en un mercado abierto. Un capitalismo sin mercado sólo sirve a unos pocos y perjudica mucho… y yo no creo en ese capitalismo”, concluyó.
Creo que con todo esto es suficiente, ¿no? Para qué te voy a amargar hablando de NODIO, el observatorio de la Defensoría del Público -organismo que costará el año próximo 270 millones de pesos y que financia la «intelectualidad» que luego da letra a iniciativas como la ley de medios o el propio DNU 690- o del caso del periodista Daniel Santoro, una persecución lisa y llana contra el periodismo profesional.
Eso sí, no vayas a creer que una cosa no tiene que ver con la otra porque todo está vinculado. La economía y la justicia, la propiedad privada y la libertad de expresión, las comunicaciones y la política. Y ahora mismo estamos en un laberinto y cada vez más perdidos.
MEDIOS
Luego de su “renuncia”, el vicepresidente de RTA su suma al consejo asesor de la TV digital. Luego de que el directorio de Radio y TV Argentinas-RTA SE descubriese irregularidades financieras por las que se lo señala, la salida de Gonzalo Carbajal -hasta entonces vicepresidente de la empresa- se confirmó a través del decreto 791/2020 y se presentó como una renuncia. Días después, Carbajal asumió como coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre -un organismo muy potente cuando estuvo en la órbita de Julio de Vido y algo depreciado cuando funcionó en el área de Hernán Lombardi-. En RTA, Carbajal fue señalado por las ausencias y desmanejos financieros y administrativos. Entre otras cosas, se le atribuye haber contratado personal y servicios empresariales sin el acuerdo del directorio. A pesar de esto, mediante la resolución 4428/2020, publicada en la edición del Boletín Oficial del 5 de octubre pasado, se designó a Carbajal como coordinador general de la TV digital, el sistema con el que el kirchnerismo cristinista intentó reducir la penetración de la TV por cable en el país y para lo cual invirtió más de 1000 millones de dólares.
El Gobierno amaga con no aprobar la fusión Disney-Fox. Como sabés, trascendió un proyecto de dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC) que considera que hay una excesiva concentración en canales deportivos. El texto explica que la autoridad de aplicación de la norma tiene tres opciones: autorizar la operación; subordinar el acto al cumplimiento de las condiciones que la misma autoridad establezca, o denegar la autorización. Sin embargo, el proyecto de marzo fue devuelto en julio a la comisión por la Secretaría de Comercio Interior porque contaba con «información antigua» y estaba suscrito por mayoría de miembros que integraban la gestión anterior. Por lo tanto, aún no hay dictamen. En el escrito se observan los planteos desde la competencia como Tele Red Imagen (TRISA), titular de la señal de deportes TyC Sports (Grupo Clarín y AT&T), que apuntaron a que la empresa fusionada pasaría a controlar una cantidad significativa de señales de televisión paga. Además, recordaron que la competencia para hacerle frente a Disney-ESPN quedaría a un grupo reducido de tres empresas como TyC Sports, Turner y DeporTV. Mientras Disney muda a las figuras de su adquirida Fox Sports a ESPN, y pierde la «nueva» Liga Profesional de Fútbol que compartía con Turner (la excusa es que no avisó sobre la fusión), el gobierno prevé exigir la venta de los canales deportivos de Fox para aprobar la operación, que ya fue autorizada en la mayoría de los países. Esos remedies ya se aplicaron en otros mercados para el mismo caso aunque parecen algo absurdos en tiempos de plartaformas. ¿Qué valor tiene hoy un canal deportivo más allá de sus contenidos, sus figuras y los derechos de transmisión adquiridos? Eso es apenas una posición en la grilla, algo que en tiempos digitales no se le niega a nadie (y si se le niega, hay alternativas). La circulación del borrador de dictamen de la CNDC coincidió con la decisión de la AFA de rescindir el contrato con Fox-Disney, en lo que el Gobierno dice no tener nada que ver (aunque la TV Pública se quedará con algunos partidos, como ya sucedió en su momento años antes del lanzamiento del Fútbol Para Todos). Ahora sólo TNT Sports (Warner Media-AT&T), que ya anticipó un extra, emitirá la liga que encabeza Marcelo Tinelli.
TECNOLOGÍA
Las plataformas, bajo presión regulatoria en América Latina y en Estados Unidos. Este martes 27/10 se presentará una propuesta de regulación de las plataformas en América Latina elaborada por promotores de las leyes de medios en la región como Gustavo Gómez, Andrés Piazza, Guillermo Mastrini, Martín Becerra, Javier Pallero, Juan Ortiz Freuler y Joan Barata (curioso que aquí no haya perspectiva de género). La iniciativa, promovida por el Observatorio de Regulación de Medios y Convergencia (Observacom), será presentada por el flamante relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), el colombiano Pedro Vaca (su antecesor, Edison Lanza, tal como se esperaba ya entró de lleno en la política de su Uruguay natal en el opositor Frente Amplio). La propuesta de Observacom se presenta como una tercera posición «entre la autorregulación corporativa o iniciativas de regulación estatal abusiva» y promete «una regulación pública, pero inteligente, equilibrada y democrática, elaborada con una perspectiva de derechos humanos». La presentación se produce en el contexto del profundo debate que se da en los Estados Unidos, a partir de la investigación de la Cámara de Representantes contra cuatro plataformas y de la demanda del Departamento de Justicia por monopolio contra Google. Los tiempos parecen estar acelerándose. En un informe de 449 páginas, presentado por los líderes demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, los legisladores dijeron que las cuatro empresas habían pasado a ser «el tipo de monopolios que vimos por última vez en la era de los magnates del petróleo y los ferrocarriles». Los funcionarios dijeron que las empresas habían abusado de sus posiciones dominantes, estableciendo y a menudo dictando precios y reglas para el comercio, la búsqueda, la publicidad, las redes sociales y la publicación. Para enmendar las inequidades, los legisladores recomendaron restaurar la competencia reestructurando muchas de las empresas. A lo largo del reporte, se detallan una serie de recomendaciones que tienen como objetivo servir “como complemento, no como un sustituto de las leyes antimonopolio”. Para restaurar la competencia en la economía digital, algunos de los apartados que se proponen son: reducir los conflictos de intereses mediante separaciones estructurales y restricciones de línea de negocio; implementar reglas para prevenir la discriminación, el favoritismo y las preferencias personales; promover la innovación a través de la interoperabilidad y el acceso abierto; y crear un campo de juego parejo para la prensa libre y diversa. Sobre este último punto, sostuvieron que el aumento del poder de mercado en línea se ha correspondido con una disminución significativa en la disponibilidad de fuentes confiables de noticias. Al dominar tanto la publicidad digital como las plataformas de comunicación clave, Google y Facebook tienen un poder enorme sobre la distribución y monetización de fuentes confiables de noticias en línea, creando un campo de juego desigual en el que los editores de noticias están en deuda con sus decisiones. Para abordar este desequilibrio de poder de negociación, sugieren que se considere una legislación que proporcione a los editores “un puerto seguro temporal y estrictamente adaptado” para negociar colectivamente con las plataformas dominantes. En esa lectura estábamos cuando irrumpió la demanda contra Google por presunto monopolio en los mercados de la búsqueda y la publicidad.
La respuesta de Google fue inmediata y contundente, y con referencias a los competidores. «La queja del Departamento de Justicia se basa en dudosos argumentos antimonopolio para criticar nuestros esfuerzos por hacer que la Búsqueda de Google esté fácilmente disponible para las personas», sostuvo la empresa.
Los puntos claves de la nueva ley de Economía del Conocimiento (o cuánto peor es la norma respecto de sus antecesoras). La norma, sancionada el 8 de octubre en la Cámara de Diputados, modifica la anterior ley 27.506. El régimen de promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2029 y buscará promover los emprendimientos vinculados a los servicios basados en el conocimiento y las actividades TIC, con incentivos fiscales a las empresas que inviertan en mejoras de servicios y productos, en capacitación e investigación y desarrollo, procurando a la vez impulsar las exportaciones. Podrán adherirse las empresas constituidas en la Argentina o habilitadas a trabajar en el país y deberán acreditar que el 70% de su facturación del último año esté vinculada a las actividades promovidas. La nueva normativa ofrece ciertas ventajas para las pymes, sobre todo en lo que refiere a los requisitos de acceso. Sin embargo, se genera una mayor carga burocrática para la inscripción -se deben presentar certificados de libre deuda de obligaciones fiscales, laborales, previsionales y gremiales (esto último resulta una novedad)-. Por otro lado, se han eliminado o limitado beneficios que redundan en un perjuicio para los exportadores. Se vuelve al esquema que existía en la Ley de Promoción de Software de obtener un bono de crédito fiscal equivalente al 70% de las contribuciones efectivamente pagadas por el personal promovido, que puede ser utilizado para pagar IVA, es intransferible y vence a los 24 meses. Además, se elimina la estabilidad fiscal prevista originalmente en la ley 27.506, que implicaba que el beneficiario no podía ver incrementada su carga fiscal total mientras dure el régimen promocional. Asimismo, la reducción de la tasa de impuesto a las ganancias será solo sobre los ingresos promovidos, y en escala. En cuanto a las empresas beneficiarias de la Ley de Promoción de Software (LPS), el texto elimina el beneficio que otorgaba la redacción original de la ley al no permitirles gozar de la reducción de la tasa de impuesto a las ganancias para los ejercicios iniciados a partir del 01/01/2020. Esto implica que habrá un año fiscal que no gozará de beneficio alguno. Adicionalmente, el nuevo texto les prohíbe transferir el stock de bonos de crédito fiscal acumulados que podrían acarrear desde el fin de la vigencia de la LPS.
EL DATO
Karim Lesina, hasta ahora vicepresidente senior de Asuntos Externos y Regulatorios Internacionales de AT&T, anunció que deja esa empresa luego de 13 años intensos. Si bien no trascendió dónde continuará su carrera, Lesina, de contacto muy estrecho con la Argentina, seguiría en Estados Unidos -se mudó a Washington hace pocos años desde Bruselas- y en la industria convergente latinoamericana.
Ayudanos a seguir pensando, buscando y elaborando información para conectar a la sociedad. Si valoras lo que hacemos....
Hacé tu comentario