#TMTnews 21.09.2020.- El presidente Alberto Fernández lanzó el miércoles 16.09 el llamado Plan Conectar (37.900 millones de pesos para el tercer satélite nacional, la extensión de la fibra óptica de la Refefo, la ampliación del datancenter y la “puesta en valor de la televisión digital terrestre”, como ya lo contando en #TMTnews en marzo y abril). Fuera de eso, el anuncio dejó unas muy lindas fotos del presidente, su jefe de gabinete y la secretaria de Innovación Pública en el jardín de parabólicas de Benavidez; un montón de cifras para la «polémica» (el presidente tiró unos datos que la ONG Chequeado calificaría como Insostenible, para no tener que decir Falso; y la secretaria Sánchez Malcolm peléandose con el ex ministro Andrés Ibarra y otros cambiemitas) y el intento de cambiar el eje de la discusión que desató el DNU 690.

Del plan Conectar 20-23 la mayor parte de la inversión (después de la licuación inflacionaria) se la llevará la estatal rionegrina Invap, responsable de la fabricación del Arsat SG1 (AR$19.950 millones), que estará orientado a dar internet domiciliaria rural (tal como ya se venía planificando desde la gestión anterior). Si se repite lo ocurrido durante el anterior kirchnerismo, la puesta en valor de la TDA también se encargará a Invap. En ese caso, la inversión es más acotada: AR$ 450 millones para recuperar las 100 estaciones de transmisión.

Sobre ese tema siguieron las reuniones del presidente y vicepresidente del Enacon, Claudio Ambrosini y Gustavo López, respectivamente, con distintos actores privados: ya habían pasado las cámaras pymes , los grandes operadores -Telecom, Telefónica y Claro- y esta semana fue el turno de Telecentro, Supercanal y DirecTV. En todas esas conversaciones se habla de la reglamentación del DNU, y en todas se trata de calmar a los operadores. A los chicos, el gobierno les promete la segmentación de la que ya hablamos (y de las que se conversó en el Cuarto Encuentro Virtual Convercom 2020 -donde Cabase propuso un «dólar telco»-) y a los grandes les dice que no es para tanto, que están exagerando y que a lo sumo eso del «servicio público» será como lo de las prepagas, que pueden aumentar siempre que avisen. Eso sí, recién a partir de enero del 2021, año electoral. Algunos de los grandes operadores, ya resignados a que el DNU es irremontable tratan de llegar a esa fecha con algo bajo el brazo: hay quienes piden segmentar los servicios corporativos y premium y dejarlos fuera de la regulación de tarifas. Sería salvar la ropa hasta que pase la tormenta.

Es que tanto humo embriaga. Embriagados fueron muchos ejecutivos telco (unos presentes en la planta San Martín y otros por Zoom) al lanzamiento de un hackatón de Aysa y Arsat para desarrollar “ideas innovadoras”. El encuentro fue presenciado en primera fila por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (¿o habrá asistido en calidad de esposo de la presidenta de Aysa, Malena Galmarini?). El massismo se mueve en bloque por los organismos que consiguió liderar cuando se repartió el gobierno entre los diversos integrantes de la alianza pan-peronista (Enacom, Aysa, Transporte y poco más). Hay que reconocer que hacen muy buenos videoclips. Para algunos Massa, tercero en la línea sucesoria, puede ser una tabla de flotación (que no es lo mismo que salvación) y por eso se ponen allí algunas fichas. Pero su influencia no está tan clara. Político travieso, el ultrakirchnerismo le atribuye alguna responsabilidad en la revuelta policial bonaerense, en la que el fantasma del ex presidente Eduardo Duhalde habría tenido también alguna relevancia. A propósito, muy melosa la intervención de Ambrosini en la apertura de la Cumbre Digital 2020 de Certal, que -tras viajar por el mundo tipo Marley en el pasado- este año tuvo que ajustarse a la austeridad de los videopaneles.

En eso estábamos, cuando -aparentemente desde otro sector de la alianza gobernante- se resucitó Libre.Ar, aquel proyecto de celular nacional y popular que entusiasmó al convicto Julio de Vido cuando la ley de medios se empantanaba y Fibertel se quedaba sin licencia para dar internet. Ahora dicen que sólo será un operador móvil virtual (no hay plata ni tiempo para desplegar una cuarta red). En Argentina ya hubo intentos de OMV, entre ellos el fallido Nuestro -de Fecosur, sobre la red de Telecom antes de la fusión-, Tuenti -una segunda marca de Movistar-, Virgin Mobile -que insistió todo lo que pudo pero nunca logró desplegar- y el de Catel, que tiene la variante de usar también la red wifi local de las cooperativas. Dada la cercanía de muchas cooperativas con el peronismo en general y con el kirchnerismo en particular (la muerte de Mario Cafiero, presidente del INAES, es un duro golpe también para ellas) pensé que tal vez el OMV estatal era un up grade de ese proyecto, pero me aclaran que no. Catel ya tiene un acuerdo con Movistar para el uso de su red, tiene hecha toda la inversión tecnológica -al menos US$ 2 millones- y la semana que viene anunciará su plan de lanzamiento, empezando por la marca que usarán esas cooperativas. Mientras tanto, vuelve la idea de regionalizar frecuencias para movilidad -algo que ya había analizado Ibarra y que intentó concretar incluso después de las PASO-. El gobierno atraería el interés de algunos medianos como Telecentro o iPlan que quieren dar movilidad sólo en el AMBA, y el de muchas cooperativas y administraciones provinciales que querrían hacerlo en sus jurisdicciones -La Pampa, entre las primeras interesadas-. Sería un caso único en el mundo. Y también estaría la intención de recaudar por la venta del espectro. Pero difícil que caiga un cent en el actual contexto. Y menos si se espera de empresas nacionales, pesificadas (aunque por ahora, el súper cepo no incida en el esquema financiero de las tres grandes).

Y mientras los protagonistas del sector convergente se concentran sobre sí mismos y sus problemas urgentes (lógico, todos estamos en la misma), el contexto no ayuda: el súper cepo ya mencionado, la aceleración inflacionaria (el 4% del último mes pasó bastante inadvertido) y megadevaluación en puerta. Si el DNU le puso pausa a la inversión, ese contexto y la crisis política y económica directamente las harán invernar hasta que salga el sol. Como en otros tiempos, habrá que desarmar en un lado para mantener el funcionamiento en otro. Y pelear contra el vandalismo, que no cede. Tiene menos prensa que el tajeo de los silobolsa pero muchos más clientes afectados.



TELECOMUNICACIONES

La conectividad para villas de emergencia, con muchos interesados. El Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a Villas y Asentamientos Inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) -que destinará 1000 millones de pesos- está convocando a interesados, entre ellos algunos grandes operadores que están armando sus propuestas. Entre los adelantados está Claro, que ya tiene una cartera de clientes de FTTH en la parte nueva de la Villa 31, donde sí pueda hablarse de Barrio 31. Del otro lado de la autopista -en cuyo bajo ya se observan casillas derrumbadas- está más difícil porque la competencia es más grande: punteros, narcos y otras ilegalidades que el Estado no ha podido aún controlar impiden el despliegue. Tal vez para resolver algunos de esos inconvenientes, el presidente y el vicepresidente del Enacom, Claudio Ambrosini y Gustavo López, recibieron esta semana al director de la revista La Garganta Poderosa, Nacho Levy. El plan -anunciado en plena pandemia cuando se debieron aislar barrios como la Villa Azul, de Quilmes- prevé financiar proyectos de instalación, desarrollo y mejora de las redes de infraestructura para la prestación del servicio fijo de internet de banda ancha. La convocatoria ya fue hecha y los recursos saldrán del Fideicomiso del Fondo de Servicio Universal. El monto mínimo a financiar será de $300.000 y el máximo de $40.000.000 por barrio comprendido en un proyecto. Para aquellos proyectos que involucren a más de un barrio popular, el monto máximo será de $160.000.000. La resolución del Enacom especifica que la ejecución del proyecto no podrá exceder los 18 meses y deberá constituir alguna etapa hacia la implementación de redes de banda ancha que soporten el protocolo IP que faciliten la migración a futuras redes All-IP.

Gustavo López, Claudio Ambrosini, vicepresidente y presidente del Enacom, y Nacho Levy, director de la revista La Garganta Poderosa


TECNOLOGÍA

Cuidar, ¿respeta o no respeta los derechos humanos? Una inesperada controversia se desató entre la Secretaría de Innovación Pública y Amnistía Internacional Argentina acerca de la app de seguimiento Cuidar. Tras un nuevo posicionamiento de la entidad contra las características de la app Cuidar, Mariela Belski -directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina- consideró: “Sabemos del enorme esfuerzo que se está haciendo para contener a la pandemia y valoramos el diálogo con las autoridades así como los cambios implementados luego de escuchar nuestras preocupaciones. Sin embargo, seguimos con algunas inquietudes como el acceso a datos sensibles de salud, sumado a la falta de transparencia sobre cómo esta información es almacenada y utilizada”. 

La secretaría de Innovación Pública, a cargo de Micaela Sánchez Malcolm, respondió a través de Twitter.

De este tema hablé con Agustín Allende -que dictará un curso de introducción al Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales el mes próximo en Convercom- hace algunos meses en #TMTconversaciones. En este tema el gran ausente es Eduardo Bertoni, director de la Agencia de Acceso a la Información Pública -designado por Mauricio Macri y ratificado por Alberto Fernández-, responsable de hacer una evaluación de impacto de impacto. El antecedente del robo de información a la Dirección Nacional de Migraciones no es una buena señal.

Lo llamativo de la controversia entre el cuarto gobierno kirchnerista y Amnistía es que ambas partes gozaban de una muy buena relación. Es más, el súperasesor de Innovación Pública y titular de la cátedra en la que Sánchez Malcolm es ayudante en la UBA, Martín Becerra, fue uno de los autores de aquel recordado informe de Amnistía sobre los «supuestos trolls de Marcos Peña». Todo termina al fin, nada piuede escapar.

Hasta que no saquen a Galperín, no habrá ley. En la semana que pasó, la Cámara Argentina del Software-CESSI, difundió una vez más cifras del impacto de la derogación de la ley de economía del conocimiento, cuyo proyecto de reemplazo sigue frenado en el Senado Nacional. Las empresas de tecnología continúan esperando la media sanción pendiente y la promulgación de esa ley de promoción -que hasta ahora había sido una política de Estado a lo largo de cuatro gobiernos-. La normativa, que reemplaza a la ley 27.506 aprobada durante la gestión de Cambiemos, establece mecanismos de promoción e incentivos para la industria de economía del conocimiento. Para la CESSI, que representa a más de 1700 empresas del sector, se van a perder 11.200 puestos de trabajo y AR$ 33.400 millones en facturación en 2020. Ese impacto recae sobre todo en las pymes del sector. Nadie lo va a reconocer pero lo que pide Cristina Kirchner es que de ninguna manera la norma alcance a Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperín. Es decir, legislar para todos, menos para uno.

MEDIOS

Vuelve el Fútbol para Todos, esta vez en versión fulbito. Aunque el fútbol argentino no tiene certezas sobre su regreso -ni tampoco sobre su viabilidad económica- hay creciente interés para que se retome. Interesa a los clubes, interesa a la AFA y, sobre todo, interesa al gobierno, que necesita temas para la agenda. y el panorama en las oficinas de las cadenas televisivas está lejos de diferir. Derogada la Súperliga -y sus exigencias de transparencia y claridad financiera-, se espera el debut de la Liga Profesional. Mientras Disney consuma con rapidez las derivaciones locales de su fusión con Fox (con la migración de partidos y presentadores de Fox Sports a ESPN como principal evidencia), Turner avanza en su intención de quedarse en soledad con la totalidad de los derechos de televisación (ahora compartidos con Fox-Disney). A la AFA, como bien supo gestionar Carlos Ávila, sólo le interesa algún dinero extra. Y el gobierno también interviene en esa mesa: estaría de acuerdo si la TV Pública se queda con algunos partidos para transmitir en abierto. Dos en 2020, y tres en 2021. El fútbol quedó en medio de la absorción de Fox por parte de Disney, aprobada en todos los mercados donde impacta y aún pendiente en la Argentina, donde el fútbol quedó como prenda de negociación (aunque no implique ningún tipo de concentración).

EL DATO

El dato de la semana es el tuit borrado del Senado Nacional en el que se recogía una frase del senador Alfredo Luenzo en una audiencia de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que preside el ex director de contenidos del grupo Indalo. Fue después de escuchar al antropólogo Alejandro Grimson referise a los discursos de odio y violencia.

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Como venimos señalando aquí desde hace tiempo, la regulación de las plataformas está en la agenda del gobierno, al menos de una facción. El pleito de Cristina Kirchner contra Google está enmarcado en esa iniciativa. Y por ahora, va ganando la vicepresidenta de la Nación.


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