La empresa Ultrafibra, proveedora de servicios de conectividad en varias localidades del Gran Rosario, en Santa Fe, denunció la clausura arbitraria de su sucursal en Capitán Bermúdez por parte del Ejecutivo municipal. Según la firma, la medida -ejecutada sin intervención judicial- constituye un «grave atropello institucional» y pone en riesgo la continuidad del servicio para al menos 2.300 abonados en la ciudad.
La decisión del municipio, que encabeza el peronista Daniel Cinalli se habría basado en la negativa de Ultrafibra a pagar una Tasa de Ocupación del Dominio Público, establecida por una ordenanza local, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a abonar el 7% de su facturación bruta en concepto de uso del espacio público. La firma, que tiene su casa central en la localidad de Oliveros, considera que dicha tasa es ilegal por contradecir la legislación nacional vigente, en particular la Ley Argentina Digital (Ley 27.078) y la Ley Bases (Ley 27.742), que prohíben a los municipios gravar servicios de competencia federal.
«Es un acto discrecional y lesivo, que viola el marco legal», señaló el comunicado institucional de Ultrafibra, en el que se detalla que la empresa cumple “de forma cabal” con todas sus obligaciones impositivas y regulatorias ante los organismos nacionales y provinciales. Además, la compañía afirma que el cierre afecta directamente la atención al público, la gestión administrativa y la capacidad de pago de sueldos y proveedores, lo que podría derivar en cortes de servicio.
Vínculos familiares y acusación de discriminación
Uno de los elementos más sensibles de la denuncia de Ultrafibra apunta a un presunto conflicto de intereses. Según el comunicado oficial, en Capitán Bermúdez la empresa compite con otra compañía ligada familiarmente al intendente, y -afirman- es la única firma sancionada por rechazar el pago de la tasa. “Esta situación configura una clara desigualdad de condiciones y evidencia un uso abusivo del poder local”, sostienen desde Ultrafibra.
Las ciudades cerradas a la competencia en telecomunicaciones fue el eje del reciente Encuentro Convercom.info, que se enfocó en la disputa por los postes, con foco en los casos de las localidades de Pehuajó y Esteban Echeverría en la provincia de Buenos Aires. La alta carga impositiva que pesa sobre el sector en las provincias y municipios fue eje de un estudio reciente encargado por la Cámara Argentina de Internet (Cabase).
En un comunicado de la empresa, su gerente general, Andrés Gentil, calificó la situación como “una maniobra injustificable que lesiona el derecho de nuestros usuarios y atenta contra la libre competencia”. Y agregó: “Ultrafibra nació en esta región, genera empleo formal en Capitán Bermúdez y cumple con todas sus obligaciones. No vamos a ceder ante una imposición ilegal que perjudica a la comunidad”.
Convercom.info intentó obtener la opinión de la municipalidad y el intendente pero al momento de la publicación de esta nota aún no había recibido respuesta.
Tensión legal y defensa institucional
Desde la empresa afirman que la mencionada tasa finalmente impactaría en los consumidores, ya que se trasladaría al precio del servicio. “Con voracidad desmedida, la ordenanza atenta directamente contra los usuarios/consumidores”, explicaron en el comunicado, y sostuvieron que las leyes nacionales prohíben expresamente este tipo de cargas locales debido a la finalidad social del servicio de telecomunicaciones.
La firma ya anticipó que recurrirá a la Justicia y exigió la reapertura inmediata de su local. “Solicitamos que prime el respeto por el orden institucional y legal”, expresaron, al tiempo que agradecieron el respaldo recibido por parte de la comunidad local.
“Vamos a seguir trabajando con seriedad y responsabilidad para sostener nuestros servicios y defender los derechos de nuestros clientes. Este no es un reclamo corporativo: es una defensa del derecho ciudadano a la comunicación”, concluyó Gentil.
Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales del municipio de Capitán Bermúdez sobre la clausura ni sobre las acusaciones de Ultrafibra. La controversia podría escalar a niveles judiciales y políticos porque el caso está siendo amplificado por las cámaras empresariales del sector, dado que no se trata de una situación aislada.
Este texto fue elaborado con la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT Plus 4o sobre la base de comunicados de la empresa Ultrafibra y verificado por Grok 3 con supervisión humana
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