En #TMTnews ya te contamos el proceso interno por el que Movistar analiza la venta de su filial en Uruguay (con tres candidatos, Supercanal/Carval; Olmos y un grupo de ex ejecutivos de Telefónica detrás de Carlos Newbery). Ahora, a ese grupo dicen que se sumaron José Luis Manzano y Daniel Vila, a los que se les adjudica interés en Movistar Argentina (sin que del otro lado del charco lo confirmen). La compañía española -que esta semana sumó otra operación a su retirada de la región al completar la venta de su empresa de infraestructura en Chile– busca un comprador con rostro presentable en Europa.
También se informó el viernes sobre el posible ingreso de los mendocinos -y su socio en América, Claudio Belocopitt- al accionariado de El Observador, el diario que empresarios del Opus Dei lograron instalar en el país vecino como competencia del tradicional El País de Montevideo (que estuvo -sin éxito- en la mira de una sociedad liderada por el santafecino Nahuel Caputto e integrada por el tucumano Daniel Dessein).
Todo lo que gira en torno de Manzano-Vila (flamantes dueños de la distribuidora Edenor) requiere un escrutinio detenido que a esta altura merece un buen libro que lo explique y que nadie escribirá (por ahora). Para empezar, ¿alguien sinceramente cree que se pagaron 6 millones de dólares por el diario El Cronista, como se publica en todos lados? Si las empresas valen por su capacidad para generar flujos de fondos, como aprendimos en el MBA, entonces aquello no puede ser cierto. A menos que haya un flujo de fondos comprometido para luego de la transferencia del medio que, hasta en las peores épocas el grupo De Narváez (ahora dueño de Walmart) conservó en sus manos. El viernes se lo consulté a un colega de los que no pierden pista y me respondió: «¡Ah, yo pensé que era una cifra ya validada!». ¡¿Pero cómo les vas a creer a…?! Un dato novedoso: Gabriel Hochbaum, hasta ahora ejecutivo-ejecutor de los negocios de Manzano, comienza a aparecer como socio en los negocios mediáticos.
Otro grupo argentino que desembarca en Uruguay -entre otros muchos mercados- es la familia Werthein, que sorprendió la semana pasada al anunciar la adquisición de Vrio, la subsidiaria de AT&T que controlaba DirecTV Latam y Sky Brasil. Propios y extraños quedaron con la boca abierta por el paso, que libera a AT&T de un activo del que venía tratando de desprenderse y significa el regreso de los hermanos al negocio telco del que se fueron cuando vendieron sus acciones en Telecom a David Martínez. No se difundió oficialmente la cifra pagada por los Werthein (Bloomberg la estimó en US$ 500 millones) ni tampoco el plan de negocios en un sector aparentemente condenado en tiempos de plataformas, como el de la TV satelital. Lo de Werthein va más allá de Uruguay y abarca los mercados de Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Barbados. La transferencia del control de Torneos y Competencias -la productora que lideró el convicto por el #FIFAgate Alejandro Burzaco- quedará para el final de la transacción. Aquí, un interesante análisis de Enrique Carrier. El que volvió al grupo familiar tras su paso por el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires es Marcelo Villegas, que había sido director de Recursos Humanos de Telecom Argentina puesto por los Werthein cuando fueron accionistas la telco (ya nadie se acuerda pero ese grupo intentó quedarse con el control de la empresa cuando el presidente Néstor Kirchner impulsaba la «argentinización»).
Otro que quiso entrar en Uruguay portando doble ciudadanía fue Daniel Hadad cuando en 2015 intentó adquirir Radio Colonia, que -mediante facilitadores, también llamados testaferros- había sido del dueño de LAPA, Gustavo Andrés Deutsch, y ahora es operada por otro argentino, Marcelo Fígoli (un hombre que siempre encuentra sponsors para su negocio de adquirir radios AM y FM al borde de la quiebra).
Ni Olmos ni Manzano-Vila son vistos con buenos ojos por la política uruguaya, ni por el liberalismo multicolor gobernante (genéricamente afín a la inversión extranjera) ni por el Frente Amplio, donde en ese aspecto prima el nacionalismo (expresado en la ley de medios de Pepe Mujica, cuya modificación está ahora en análisis por la administración Lacalle Pou).
De todas formas, habrá que ver si algo de (todo) lo que se dice se concreta. Y además, hay una pregunta necesaria a esta altura: ¿Qué tiene el Uruguay que gusta tanto?
En fin, en un mes muy movido, así nos dejó la semana pasada: despeinados por las operaciones (es decir, las compras y ventas) y por las operaciones (es decir, las acciones de desinformación). Y así estábamos cuando nos terminó de despeinar el cierre de listas, que parece haber dejado fuera del Congreso Nacional a tres legisladores que han sido protagonistas de las conversaciones sobre tecnología, medios y telecomunicaciones: los oficialistas Alfredo Luenzo, Gabriela Cerrutti -ambos fuera de las listas- y Pablo Carro -va tercero en el frente Todos de Córdoba, con expectativas ajustadas por la competencia fuerte que se prevé entre el cordobecismo del PJ local y Juntos por el Cambio-.
TELECOMUNICACIONES
El relato del Enacom, el atraso de los precios y el futuro del 5G. Pasado el fugaz Mobile World Congress 2021, en el que el host José María Álvarez Pallete reclamó un nuevo marco des-regulador en Europa y al que asistió una muy generosa delegación argentina, el Ente Nacional de Comunicaciones-Enacom autorizó un 5% de aumento en los precios de la conectividad retroactivo al 1° de julio. La información corrió como si fuera palabra sagrada sin que -en mi opinión- se le diera suficiente contexto: que la aplicación del DNU 690 en el que se basan esas autorizaciones de aumento está suspendido para la mayor parte de la industria por decisiones judiciales varias. Es decir, todo eso es relato puro, cero realidad. Los operadores están siguiendo sus propias políticas de incremento de precios. Y tanto lo «autorizado» como lo ejecutado efectivamente, sigue lejos de la inflación.
Los precios de las comunicaciones están al menos 15 puntos por debajo de la inflación interanual a junio, muy desacoplados del resto de los precios de la economía (según Inveq, muchísimo más que en el salto inflacionario de 2019 post PASO).
Con este panorama, la crisis macroeconómica y las elecciones dominando la agenda (más allá de la pandemia, que se ha naturalizado), el propio Ambrosini volvió a desalentar las expectativas sobre el despliegue del 5G en el país y lo supeditó a terminar el plan de espectro, que en sí mismo ya es un homenaje al general Alais (si no entendés, googleá). Mientras, Gustavo López, vicepresidente del organismo atribuye a la gestión del Enacom el «boom» de conexiones durante la pandemia. López también fue noticia por ser uno de los 40 funcionarios vacunados con las dosis en tiempo y forma.
En el lugar en el mundo de la vicepresidenta, hay lugar para un solo operador. En El Calafate, el decreto 327/2021 sobre “Tarifa de habilitación de empresas de servicios de internet”, firmado por el intendente Javier Belloni (Frente Todos), fue ratificado en 24 horas con cuatro votos de los concejales oficialistas de la ciudad. La norma ya vigente, elevó de 13.000 a 10 millones de pesos la habilitación municipal para nuevas empresas de telecomunicaciones y transferencias de datos que pretendan instalarse en la localidad, y delegó en la Cooperativa Telefónica de El Calafate Ltda -prestadora monopólica del servicio de telefonía e internet- la evaluación técnica de los postulantes y potenciales competidores. Así, como suena. El artículo 3° establece que “a efectos de la habilitación técnica de la empresa solicitante, deberá presentar la documentación que respalde su capacidad para prestar el servicio, que deberá contener un dictamen de la Cooperativa Telefónica de El Calafate Ltda, en el cual se defina la factibilidad técnica necesaria para un servicio eficiente”. El kirchnerismo y la cooperativa intentan frenar el desembarco de nuevos operadores, como SSServicios, un ISP que anda rondando la zona con con un servicio de 100 megas.
MEDIOS
Grupo Clarín vendió sus medios de Bariloche a Scaglione-Daminato. Sin demasiado ruido, aunque con un anuncio claro en Rosario, el grupo Televisión Litoral, la antigua empresa de los Gollán ahora controlada por el matrimonio de Gustavo Scaglione y Josefina Daminato, adquirió el Canal 6 y la dos radios (Radio 6 y FM 103.1) que Artear tenía en Bariloche. La adquisición también incluye tres importantes portales de noticias de Río Negro: www.bariloche2000.com, www.gnrnoticias.com (de General Roca) y www.vdmnoticias.com (Viedma). Scaglione también es accionista, junto con Nahuel Caputto, del grupo La Capital, con sitios de noticias y emisoras de radio en Rosario y Entre Ríos. Los medios barilochenses que cede voluntariamente Clarín a un tradicional aliado estaban entre los que la ley de medios de 2009 lo obligaban a vender.
La otra competencia entre Página 12 y El Destape que favorece a Google. El grupo Octubre, de Víctor Santa María, y El Destape, de Roberto Navarro, ya vienen rivalizando por el favor del kirchnerismo (que también se mide en cantidad de pauta oficial). De hecho, fue el diario de Octubre el que denunció al sitio de Navarro cuando éste truchó las cifras de circulación digital. Ahora también compiten en otro segmento: el de combatir malas noticias con buenas. ¿Cómo? En los temas en los que la agenda asedia al gobierno del Frente de Todos, ambos diarios producen artículos aclaratorios o de tono positivos y los publiciten en Google. ¡Cómo no se les ocurrió antes!
Sancionada y promulgada: qué dice la ley de equidad en los medios. El 11 de junio pasado, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto para promover la paridad de género desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada. La iniciativa fue una propuesta del grupo Periodistas Argentinas -que tiene a María O’Donnell, Maju Lozano, Luciana Geuna, Nancy Pazos y Claudia Acuña como caras más reconocibles-. La norma, promulgada el 8 de julio pasado, alcanza a todos los servicios de comunicación -estatales o privados, con o sin fines de lucro-. Los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal quedan sujetos al régimen obligatorio y los prestadores de gestión privada, con o sin fines de lucro, al régimen de promoción establecidos.
Qué dice la ley : Se considera equidad como “la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual a la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión”. En caso de incumplir las medidas dispuestas, los responsables de los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal podrán recibir sanciones, tales como llamado de atención o apercibimiento. En primera instancia, en todos los casos, se debe garantizar una representación de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex en una proporción no inferior al uno por ciento (1 %) de la totalidad de su personal.
Además, se establece que la autoridad de aplicación creará un registro de servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada y expedirá un certificado de equidad. Para lograr obtener el certificado, que supondrá una preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el sector público nacional, los medios privados deberán elaborar un informe en el que se detalle el cumplimiento de al menos cuatro de los siguientes requisitos:
- Procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros.
- Políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual.
- Implementación de capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria.
- Acciones para apoyar la distribución equitativa de las tareas de cuidado de las personas trabajadoras.
- Disposición de salas de lactancia y/o de centros de cuidado infantil.
- Promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación.
- Protocolo para la prevención de la violencia laboral y de género.
Críticas a la ley de equidad: Aunque de manera discreta, la norma recibió el rechazo de entidades de medios, que la consideran restrictiva de sus libertades. La única voz clara y alta de rechazo provino de Silvana Giudici, en su traje de presidenta de la Fundación LED (también es director del Enacom por el PRO e interventora de ese partido en Santa Cruz), que sostuvo que la iniciativa “se dicta contraviniendo las leyes 26.522, 23.316 y todos sus decretos reglamentarios. Contraviene en sus artículos 1, 14, 19, 28 y 75 a la Constitución Nacional”. Además, enumeró los efectos que surgirán a partir de su aprobación. “Enacom, único regulador en materia de telecomunicaciones y medios audiovisuales, será anulado en sus competencias de fiscalización. La ley 26.522 fija un régimen de sanciones. Cualquier figura sancionatoria nueva aplicada por autoridad ajena será de nulidad absoluta”, declaró.
Además, sostuvo que “la ley 24.515 [la cual tiene como objeto elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo] será contravenida cuando el empleador indague sobre orientación sexual a un periodista, camarógrafo, o actriz, al contratar personal para cualquier función artística o administrativa dentro de un medio de comunicación. Los derechos personalísimos serán vulnerados”.
“La policía de la paridad y del ‘lenguaje inclusivo’ que crea esta ley para los medios es inconstitucional porque la libertad de expresión no admite regulación, el art. 32 de la Constitución Nacional prevé libertad de imprenta, la prensa gráfica no puede estar sujeta a regulación editorial”, enfatizó. Y agregó: “En su artículo 1° la ley define su alcance a los ‘servicios de comunicación’ cualquiera sea la plataforma utilizada. La policía de la paridad alcanzará así a los portales digitales, las redes sociales, a los radioaficionados, los celulares y hasta los walkie-talkie”, afirmó en su cuenta de Twitter.
“Los contenidos digitales y la expresión de ideas a través de internet no admite regulación en las naciones democráticas. Esta ley de paridad persigue objetivos loables de inclusión y equidad, pero vulnera tantas garantías constitucionales que debe ser anulada”, concluyó Giudici.
TECNOLOGÍA
El Senado convocó a Whatsapp para conversar sobre sus nuevas políticas de privacidad. En uno de sus últimas acciones al frente de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, el senador Alfredo Luenzo convocó a Whatsapp a exponer sobre las nuevas políticas de privacidad de la empresa, que estuvo representada Pablo Bello, director de Políticas Públicas de Facebook para WhatsApp en América Latina, y por Paloma Szerman, gerente de Políticas Públicas de Facebook para WhatsApp en Argentina. Además, fueron invitados: Rodrigo Luchinsky, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y Martín Becerra, que se presenta como investigador del Conicet sin hacer mención a su condición de asesor de la Secretaría de Innovación del Poder Ejecutivo (y coautor junto a Guillermo Mastrini y Ana Bizberge, del flamante libro Grupo Clarín: from Argentine Newspaper to Convergent Media Conglomerate, editado por Routeldge).
El senador Luenzo recordó la medida gubernamental que obliga a WhatsApp a suspender (en Argentina) sus nuevas políticas de privacidad. “Frente a estas circunstancias, la idea es poder debatir cuáles son los fundamentos que tiene la plataforma para avanzar en este tipo de condiciones”, explicó. Bello, que fue subsecretario de Telecomunicaciones de Chile durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, planteó que «la política de privacidad se refiere principalmente y exclusivamente a los chatbots; no es para las conversaciones personales ni para las interacciones que tenemos las personas regularmente (…). Evidentemente no hemos logrado informar adecuadamente a la ciudadanía sobre este tema. Esto no cambia cómo funciona Whatsapp, no afecta ni tiene implicancias en el funcionamiento habitual de la plataforma», subrayó. El eecutivo justificó que «está en el usuario decidir si quiere tener interacción con chatbots o no y este es un servicio optativo. Y completó: «Whatsapp es una aplicación gratuita, no le cobra a los usuarios, no usa publicidad. El modelo de negocios de Whatsapp es cobrarle a las empresas para brindar estos servicios para gestionar comunicaciones». Además, aclaró: «Whatsapp tomó una decisión que es no bloquear ni limitar funcionalidades de los usuarios que no hayan aceptado la actualización. Les vamos a dar todo el tiempo que sea necesario para que los usuarios terminen de aceptarla»
Rodrigo Luchinsky, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, hizo énfasis en que a partir del comunicado sobre las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp surgieron “legítimamente algunas preocupaciones que hicieron recomendarle a la Secretaría el dictado de una medida cautelar buscando limitar la puesta en vigor de esas condiciones hasta que finalice la investigación”. Agregó: “En forma preliminar nosotros determinamos que las empresas del grupo Facebook tendrían una posición dominante en los mercados afectados. Esa posición de dominio y la potencial recopilación de información excesiva, y el hecho de compartirla con otras empresas del grupo o terceros, merece una investigación más profunda dado que habría una hipótesis de abuso de posición dominante explotativa y exclusoria”.
Pablo Bello respondió: «WhatsApp colecta muy pocos datos de los usuarios. El único dato real duro que existe es el número telefónico. Los otros datos que se intercambian, los metadatos, nos permiten detectar comportamientos inadecuados, se colectan con un propósito de indemnidad». «En cuanto a los chatbots, WhatsApp no puede ver los contenidos en ningún caso, el tercero sí y esa empresa puede decidir sobre esa información hacer publicidad o marketing. Es lo mismo que ocurre con un call center«, sostuvo.
Martín Becerra, por su parte, afirmó: “Estamos ante una empresa que, en tiempos de pandemia, tiene una posición dominante en las plataformas y servicios de mensajería. Los usuarios no pueden elegir las condiciones en las que el servicio es prestado y el tratamiento que se les da a sus datos, así como tampoco pueden optar por otros servicios de mensajería que sí consumen datos y que podrían ser competencia de Facebook en otras condiciones, pero que hoy están en una desventaja competitiva en relación con Whatsapp».
El encuentro virtual se llevó a cabo el miércoles 10 de junio pasado.
El que también anda preocupado por lo que pasa en las redes es el desdibujado secretario de Asuntos Estratégicos y responsable del Consejo Económico y Social (CES), Gustavo Beliz. Tan preocupado que organizó un seminario sobre el tema al que no asistieron representantes de la oposición, que desconfían de las buenas intenciones del oficialismo en la materia. Aún cuando la actividad esté a cargo de «zapatitos blancos», como apodó el menemismo a Beliz luego de su portazo (tras descubrir el nido de víboras).
EL DATO
Fontevecchia insiste con «el rumor» sobre LN+. Jorge Fontevecchia lo hizo de nuevo. Esta vez fue en una pregunta a Mariano Macri, hermano del ex presidente, al que consultó sobre la posibilidad de que empresarios amigos de su hermano hayan invertido «millones para relanzar La Nación Más».
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