El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) modificó el régimen de bloqueo de teléfonos móviles para cárceles federales (creado por resolución 2459/2016 y modificado por la resolución 1360/2023) y agregó una segunda capa de inhabilitación sobre las líneas móviles. A partir de la resolución 300/2026, las operadoras deberán bloquear no sólo el equipo celular mediante el IMEI, sino también la tarjeta SIM y la línea asociada a través del IMSI.
La medida incorpora formalmente al IMSI (International Mobile Subscriber Identity) dentro del procedimiento aprobado originalmente en 2016 para combatir el uso irregular de terminales móviles. El Enacom definió al IMSI como “un código numérico internacional y único de hasta 15 dígitos almacenado en la tarjeta SIM” que permite identificar a cada abonado en redes móviles GSM, UMTS y LTE.
Con el nuevo esquema, los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles (PSCM) deberán bloquear simultáneamente IMEI, IMSI y línea telefónica cuando exista un requerimiento expreso del Ministerio de Seguridad Nacional vinculado a establecimientos penitenciarios federales.
Hasta ahora, el bloqueo estaba concentrado principalmente sobre el IMEI, el identificador del equipo físico. La incorporación del IMSI suma una restricción sobre la identidad del abonado móvil asociada a la SIM, lo que impide que la línea pueda autenticarse en cualquier red móvil. Según la Dirección Nacional de Ingeniería del Espectro Radioeléctrico y Servicios TIC del Enacom, el bloqueo de un IMSI implica que el usuario “no podrá registrarse ni acceder a ningún tipo de servicio en ninguna red móvil, ya sea dentro o fuera del país”.
La resolución se apoya en la resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar sistemas de detección y bloqueo de IMEI e IMSI para impedir el uso indebido de dispositivos móviles dentro de cárceles federales.
El texto oficial señala que distintos operadores móviles habían solicitado un marco regulatorio específico para implementar el intercambio automatizado de información y delimitar responsabilidades operativas. Entre las compañías mencionadas en el expediente aparecen AMX Argentina (Claro) y Telecom Argentina (Personal).
La norma establece además que las operadoras deberán registrar y conservar todas las gestiones vinculadas a estos bloqueos, garantizando la trazabilidad e integridad de la información.
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