El gobierno de Javier Milei retiró de la Televisión Digital Abierta (TDA) las señales internacionales Telesur y Russia Today (RT), dos canales incorporados a la plataforma estatal durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y vinculados, respectivamente, con los gobiernos de Venezuela y Rusia.
La decisión, conocida el 9 de octubre de 2026, fue explicada por fuentes oficiales como consecuencia de la falta de renovación de los contratos de transmisión. Según publicó Clarín, la administración nacional instruyó a Arsat para que dejara de transportar ambas señales, cuyo costo de distribución continuaba siendo asumido por el Estado argentino.
Según la información periodística, la salida de ambas señales se debió a que no se renovaron los contratos de transmisión. «Le notificamos a Arsat que ya no suba más Telesur ni Russia Today al satélite, ya que era un costo que asumíamos nosotros, sin tener los contratos renovados con ambas señales», explicó una fuente oficial a Clarín. Además, agregó: «Hubo trámites administrativos que se vienen haciendo, porque había que articular con Radio y Televisión Argentina (RTA), el Consejo Asesor de la TV Digital y la empresa tecnológica estatal Arsat, que se hicieron durante todo este tiempo».
La exclusión pone fin a una sucesión de incorporaciones, retiros y restituciones atravesada por los cambios de orientación diplomática de los últimos cuatro gobiernos argentinos. Sin embargo, también revela una particularidad menos visible: las señales extranjeras participaron durante años de una plataforma pública cuya organización jurídica y transición hacia un régimen definitivo siguen sin completarse (técnicamente, a casi dos décadas de su lanzamiento, la TDA sigue siendo una plataforma de tecnología experimental).
La TDA es una plataforma pública y gratuita de televisión terrestre, creada por el Estado argentino en 2009 para reemplazar progresivamente las transmisiones analógicas por tecnología digital. Permite recibir señales de televisión abierta, públicas y privadas, sin necesidad de contratar servicios de cable o satélite, mediante una antena y un televisor compatible o un decodificador. Su infraestructura de transmisión, administrada por Arsat, cuenta con unas 90 estaciones distribuidas en el país y fue diseñada para alcanzar a más del 80% de la población.
De Cristina Kirchner a Milei: doce años de incorporaciones y exclusiones
Telesur fue creada en 2005 por iniciativa del gobierno venezolano de Hugo Chávez como una televisora multiestatal latinoamericana (impulsada por los gobiernos de izquierda de la época). Argentina participó como accionista de la empresa junto con otros países de la región y la señal comenzó a distribuirse mediante la televisión digital estatal en 2010.
La relación con RT tuvo un origen diferente. En octubre de 2014, Cristina Kirchner y Vladimir Putin participaron mediante una videoconferencia del lanzamiento de la versión en español del canal ruso en la TDA. La incorporación fue presentada como una herramienta para ampliar las fuentes de información y fortalecer la cooperación bilateral.
En 2016, el gobierno de Mauricio Macri decidió revisar la presencia de las dos señales. En marzo anunció su salida de la sociedad propietaria de Telesur y en junio dispuso retirar el canal de la grilla de la TDA. También comunicó la intención de suspender la transmisión de RT, aunque esa segunda medida no llegó a concretarse (las amenazas del régimen ruso de suspender el comercio bilateral pesaron fuerte).
La administración de Alberto Fernández revirtió parcialmente las decisiones de Macri. El 20 de noviembre de 2020 restituyó Telesur a la plataforma estatal mediante un convenio de colaboración con Radio y Televisión Argentina (RTA). RT, por su parte, había continuado emitiendo durante todo ese período.
La llegada de Milei dio lugar a una nueva revisión. En mayo de 2024, el interventor de RTA, Diego Chaher, notificó la decisión de finalizar el convenio con Telesur a partir del 1° de julio de ese año. No obstante, la señal permaneció en la plataforma hasta este octubre de 2026, cuando fue retirada junto con RT.
La situación del canal ruso presentaba otra particularidad: el contrato original había vencido en 2022 y sus transmisiones continuaron durante aproximadamente cuatro años sin que se hubiera formalizado su renovación, de acuerdo con las explicaciones oficiales difundidas tras la baja. Aunque las precisiones sobre estos acuerdos y contratos nunca fueron debidamente informados.
Por qué Macri no pudo retirar RT en 2016
El intento de excluir a Russia Today de la TDA durante el gobierno de Mauricio Macri derivó en un conflicto diplomático con Rusia que terminó obligando a la administración argentina a revisar su decisión.
El 9 de junio de 2016, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, conducido por Hernán Lombardi, envió una carta documento a RT para comunicarle que dejaría de distribuir su programación en los meses siguientes. El argumento oficial era la necesidad de liberar capacidad de la TDA para incorporar señales de gobiernos provinciales.
La reacción rusa fue particularmente intensa. Alexey Pushkov, entonces presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Duma, criticó al gobierno argentino y planteó la posibilidad de interrumpir las importaciones de carne del país. Posteriormente, el canciller ruso Serguéi Lavrov advirtió públicamente que la exclusión de RT sería considerada un gesto contrario a las relaciones amistosas entre ambos Estados.
El conflicto también alcanzó las negociaciones económicas. Según una reconstrucción realizada por el periodisa José Crettaz en por el diario La Nación en marzo de 2022, el gobierno ruso amenazó en conversaciones reservadas con retirar el financiamiento de US$ 1500 millones que el banco estatal Vnesheconombank había comprometido para la construcción de la represa Chihuido, en Neuquén, y frenar las importaciones de carne argentina.
Macri finalmente retrocedió. Lombardi viajó a Moscú, mantuvo reuniones con autoridades rusas y directivos del canal y se ratificó la continuidad de la señal en la TDA. En 2016, durante la gestión de Miguel Pereyra al frente de Radio y Televisión Argentina, se firmó un nuevo acuerdo de colaboración. Los fondos rusos para Chihuido, sin embargo, nunca se concretaron.
Telesur: la salida de la sociedad que nunca terminó de aclararse
La historia de Telesur también presenta una cuestión jurídica y patrimonial pendiente. En marzo de 2016, la administración Macri anunció que Argentina abandonaría La Nueva Televisión del Sur C.A., la sociedad con sede en Caracas y responsable del canal venezolano. Para entonces, el Estado argentino había sido uno de sus accionistas fundadores, aunque con una participación minoritaria.
Sin embargo, una investigación de La Nación publicada en mayo de 2024 reveló, a partir de un pedido de acceso a la información pública, que el Estado argentino todavía registraba una participación accionaria del 14,17% en Telesur. La información contrastaba con la salida societaria anunciada ocho años antes y con las declaraciones posteriores que dieron por completada esa desvinculación.
El trabajo también señaló que no se encontraron registros sobre ingresos o gastos derivados de esa participación accionaria. Hernán Lombardi reconoció entonces que su gestión había iniciado el análisis de cómo devolver las acciones, pero el proceso aparentemente no había culminado.
Existe, por lo tanto, una diferencia entre tres decisiones que suelen confundirse: dejar de distribuir la señal, cancelar los acuerdos de colaboración y abandonar formalmente la sociedad propietaria del canal.
La primera fue ejecutada por Macri en 2016, revertida por Alberto Fernández en 2020 y nuevamente aplicada por Milei en 2026. La situación patrimonial, en cambio, no hay precisiones aunque se supone que el Estado argentino ya no tiene participación.
TDA, una irregularidad jurídica que se prolonga desde 2010
Más allá de los conflictos diplomáticos, la salida de ambas señales vuelve a exponer la singular arquitectura jurídica de la Televisión Digital Abierta.
El Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre fue creado por el decreto 1148/2009, que adoptó el estándar japonés-brasileño ISDB-T y estableció un plazo de diez años para completar la transición desde la televisión analógica.
En 2010, el decreto 1010 creó el denominado Sistema Experimental de Televisión Abierta Digital, habilitando a Radio y Televisión Argentina (RTA) para transmitir señales propias y de terceros utilizando las frecuencias de los canales UHF 22, 23, 24 y 25 previamente asignadas por el Comfer.
La norma autorizó esas transmisiones mediante un régimen experimental, inicialmente concebido para acompañar la transición tecnológica y al margen de la controvertida ley de medios audiovisuales de 2008. También estableció que los contenidos de terceros debían ser facilitados gratuitamente por sus titulares.
El problema es que el mecanismo experimental se convirtió en una modalidad permanente de distribución de señales sin licencia, mientras que su selección y permanencia estuvieron sujetas durante años a decisiones políticas y acuerdos particulares, sin que se aplicase el mecanismo de concurso previsto en la ley de medios, dictada casi en paralelo al decreto de la TDA.
La administración Macri intentó modificar ese esquema al final de su mandato. El decreto 173/2019 incorporó al régimen experimental la obligación de realizar procesos de selección de señales con criterios objetivos, publicidad y participación técnica del Enacom. Posteriormente, la Resolución Conjunta 1/2019, firmada por Lombardi y Silvana Giudici, convocó al Consejo Asesor de la TDA para avanzar en la instrumentación de esos procedimientos. Pero Macri no fue reelecto.
La distinción jurídica resulta relevante: una cosa son las frecuencias radioeléctricas asignadas a emisoras con licencias o autorizaciones, y otra las señales de terceros que RTA incorpora en los múltiples canales digitales que administra. El Estado puede operar infraestructura de transmisión, pero eso no elimina la necesidad de establecer criterios transparentes para determinar qué contenidos reciben capacidad pública de distribución.
El caso de RT ilustra esa particularidad. De acuerdo con la información oficial disponible en 2022, las señales incluidas en el sistema experimental no abonaban por el servicio de transporte y transmisión. La contraprestación prevista en el acuerdo con Rusia incluía colaboración e intercambio de contenidos, profesionales y tecnología, aunque no existía una evaluación pública sistemática de su cumplimiento.
El apagón analógico, nuevamente postergado por Milei
La situación regulatoria de la TDA también está vinculada con las sucesivas postergaciones del apagón analógico.
El plazo original de transición, fijado en 2009, debía culminar en 2019. Macri lo extendió hasta agosto de 2021 mediante el decreto 173/2019. Luego, Alberto Fernández aprobó nuevos cronogramas mediante los decretos 156/2022 y 333/2023, que establecieron etapas diferenciadas según regiones, estaciones de origen y repetidoras.
Finalmente, el 28 de junio de 2024, Milei firmó el decreto 555/2024, que suspendió por dos años los plazos del cronograma anterior. La disposición entró en vigencia el 1° de julio de 2024.
La medida implicó una nueva postergación general del proceso y dejó a la Argentina sin haber completado, diecisiete años después de la creación del sistema, la transición integral hacia la televisión digital terrestre.
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