La situación de la libertad de prensa en América presenta importantes diferencias entre países, aunque es posible reconocer tres modalidades recurrentes de agresión: la violencia física contra periodistas y empleados de medios; la persecución mediante acciones judiciales, fiscales, regulatorias o administrativas; y el hostigamiento verbal y digital.
La distinción resulta fundamental para dimensionar la gravedad de los hechos. Una descalificación presidencial contra un periodista no tiene las mismas consecuencias inmediatas que un asesinato, la detención de un reportero, una condena judicial o el embargo de bienes de un medio.
Los informes nacionales presentados por las disintas entidades de prensa en el marco de la 82° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizada en Bogotá no ofrecen una metodología estadística uniforme para determinar cuál de estas modalidades es la más frecuente en toda la región. Sin embargo, las tres aparecen reiteradamente y permiten organizar los principales problemas documentados por la SIP.
Violencia física: asesinatos, secuestros y ataques durante coberturas
Según las conclusiones de la SIP, durante el semestre fueron asesinados nueve periodistas en cinco países: tres en México, dos en Colombia, dos en Guatemala, uno en Perú y uno en Haití.
En México, la organización identificó tres homicidios de periodistas que requieren investigar su posible vinculación con el ejercicio profesional. El país continúa enfrentando elevados riesgos asociados al crimen organizado, las amenazas y la insuficiencia de los mecanismos de protección.
Colombia registra dos asesinatos incluidos en las conclusiones regionales, además de otros dos comunicadores asesinados cuyos móviles no habían sido esclarecidos. En distintas regiones, grupos armados amenazan a periodistas que investigan corrupción, narcotráfico y actividades ilegales.
Haití presenta una situación extrema. El periodista Joseph Willard Vancol, director de una radio comunitaria, fue secuestrado y asesinado. Su emisora dejó de transmitir, privando a la comunidad de una fuente local de información. El informe también registra periodistas desaparecidos y agresiones durante coberturas.
Guatemala informó dos asesinatos y múltiples ataques contra periodistas, mientras que Perú registró el homicidio de Susy Aponte Polo.
Las agresiones físicas no se limitan a los asesinatos. En Bolivia, equipos periodísticos fueron atacados durante protestas con piedras, explosivos y otros elementos, y también resultaron afectados por intervenciones policiales. Chile documentó ataques contra equipos de Canal 13 y Radio Bío Bío, incluido el lanzamiento de una bomba molotov.
Persecución concreta: demandas, sanciones, impuestos y controles administrativos
Los informes también relevan hechos graves que no llegan a la violencia: detenciones, procesos judiciales, restricciones efectivas al trabajo periodístico, intervenciones sobre empresas, controles regulatorios y utilización discriminatoria de recursos públicos.
Se manifiesta con especial intensidad en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela, pero también aparece, bajo formas diferentes, en Brasil, Panamá, México, Estados Unidos, Ecuador, Perú y Argentina.
La persecución judicial es una de sus expresiones más frecuentes. En Panamá, Corporación La Prensa (Corprensa) enfrenta 12 procesos con reclamaciones económicas que suman aproximadamente US$12,5 millones. La legislación permite adoptar medidas sobre bienes de medios demandados antes de una sentencia definitiva, lo que puede afectar su sostenibilidad empresarial.
Brasil registra órdenes judiciales para retirar publicaciones, modificar investigaciones y obtener información sobre fuentes confidenciales. En México, el diario Vanguardia enfrenta litigios que comprometen su patrimonio y durante el período también se documentó la detención de su director general, posteriormente liberado.
En Argentina, además de las descalificaciones políticas, hubo medidas concretas. Un juez dictó restricciones de contacto y difusión contra periodistas que investigaban asuntos vinculados con la Asociación del Fútbol Argentino, posteriormente revocadas. En Formosa, cuatro integrantes de un equipo de LN+ recibieron condenas de cinco días de arresto, sustituibles por multas, por una cobertura periodística. La sentencia cuestionó que carecieran de credenciales habilitantes para ejercer la actividad.
En Perú, una comisión del Congreso recomendó iniciar acciones penales contra Gustavo Gorriti, de IDL-Reporteros. El caso corresponde a una recomendación parlamentaria, no a una condena judicial. También se registraron fallos que ordenaron eliminar publicaciones periodísticas de archivos digitales.
La utilización de mecanismos fiscales y administrativos constituye una categoría específica. En El Salvador, la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en 2025, estableció un impuesto del 30% para los sujetos comprendidos en su régimen. Organizaciones periodísticas advirtieron que podría afectar el financiamiento internacional de medios independientes; la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) trasladó su personería jurídica fuera del país.
En Ecuador, el diario Expreso denunció hostigamiento mediante organismos de control. Su empresa editora, Granasa, había sido objeto de una intervención administrativa de la Superintendencia de Compañías. También se denunciaron represalias laborales contra familiares de un periodista que investigaba contratos públicos.
Estados Unidos presenta restricciones materiales diferentes: exclusión de periodistas de la Casa Blanca y el Pentágono, citaciones judiciales para identificar fuentes confidenciales e investigaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) sobre empresas audiovisuales.
Agresiones verbales y campañas de hostigamiento: el patrón más extendido
Las descalificaciones públicas, los insultos y las campañas de desprestigio aparecen en países con sistemas políticos muy diferentes. Se registran especialmente en Argentina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú, El Salvador y Ecuador.
En Argentina, el informe elaborado por Adepa dedica especial atención a las expresiones del presidente Javier Milei. Entre el 17 y el 23 de agosto, su cuenta en redes sociales republicó 335 mensajes contra la prensa, a los que se sumaron 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas. Fueron mencionados al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas periodísticas.
En Estados Unidos, Donald Trump también ha descalificado públicamente a medios críticos. En Colombia, el informe recoge los ataques del expresidente Gustavo Petro contra periodistas, entre ellos los dirigidos a mujeres comunicadoras a las que calificó como «muñecas de la mafia». La Corte Constitucional le ordenó retractarse.
Costa Rica presenta una situación similar: las descalificaciones oficiales conviven con un segmento de comunicación gubernamental denominado «Dato mata mentira», destinado a cuestionar informaciones publicadas por medios informativos.
En El Salvador, esta modalidad puede cuantificarse. De las 210 agresiones contabilizadas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) entre enero y el 15 de julio de 2026, 68 correspondieron a declaraciones estigmatizantes, 45 a acoso digital, 26 a difamación y 13 a insultos. Esas categorías no incluyen los otros tipos de incidentes registrados.
No obstante, las críticas, incluso duras, contra publicaciones y periodistas no deben equipararse automáticamente con actos de censura o persecución.
Clasificación por país: modalidades predominantes y particularidades
La siguiente matriz sintetiza 24 países y territorios examinados. Las categorías no son excluyentes: un mismo caso puede combinar agresiones verbales, medidas concretas y violencia física.
| País | Modalidad principal | Particularidad |
|---|---|---|
| Argentina | Verbal y judicial | Descalificaciones presidenciales reiteradas, medidas cautelares contra periodistas y condenas de arresto sustituibles por multas en Formosa. |
| Bolivia | Física y económica | Agresiones policiales y de manifestantes durante protestas. Cierre de ediciones impresas por dificultades financieras. |
| Brasil | Judicial y digital | Órdenes de retirar publicaciones, afectación de fuentes confidenciales y 7.030 ataques digitales durante el primer mes de campaña electoral. |
| Canadá | Administrativa | Restricciones de acceso a información, ampliación de plazos legales e incidentes de interferencia policial. |
| Chile | Física, legislativa y económica | Ataques a equipos periodísticos, debate sobre protección de fuentes y utilización de contenidos sin remuneración. |
| Colombia | Física y verbal | Asesinatos y amenazas de grupos armados. Descalificaciones desde sectores políticos y medidas judiciales de protección a periodistas. |
| Costa Rica | Verbal y administrativa | Hostigamiento oficial, denuncias sobre publicidad estatal discriminatoria y restricciones de acceso a información. |
| Cuba | Represión policial y judicial | Detenciones, interrogatorios, vigilancia y procesos penales contra periodistas independientes. |
| Ecuador | Física y administrativa | Amenazas del crimen organizado, exilio y denuncias de represalias laborales y controles empresariales. |
| El Salvador | Verbal y persecución legal | Acoso digital, detenciones, restricciones y una ley con un impuesto del 30% para determinadas entidades calificadas como agentes extranjeros. |
| Estados Unidos | Administrativa y judicial | Exclusión efectiva de periodistas, presión regulatoria y citaciones para identificar fuentes. También descalificaciones presidenciales. |
| Guatemala | Física y judicial | Dos asesinatos, amenazas, denuncias de criminalización y restricciones de acceso a información. |
| Guyana | Económica y administrativa | Antecedente de abril: denuncias sobre retención de pagos de publicidad estatal y dificultades de acceso a la Presidencia. |
| Haití | Física | Asesinatos, secuestros, desapariciones y cierre de medios por la violencia de pandillas. |
| Honduras | Física e intimidatoria | Agresiones, amenazas, impunidad y denuncias de interferencia estatal. |
| México | Física y judicial | Asesinatos, amenazas del crimen organizado, litigios empresariales y presiones para eliminar registros periodísticos. |
| Nicaragua | Represión estatal estructural | Persecución, cierre y confiscación de medios, exilio de más de 300 trabajadores de prensa y zonas sin información independiente. |
| Panamá | Judicial y económica | Demandas millonarias contra empresas periodísticas y denuncias de discriminación publicitaria. |
| Paraguay | Verbal, digital y judicial | Campañas de desprestigio, amenazas y procesos judiciales, aunque también hubo fallos favorables a periodistas. |
| Perú | Física y judicial | Asesinato de una comunicadora, acciones parlamentarias contra periodistas y decisiones judiciales sobre archivos digitales. |
| Puerto Rico | Administrativa y verbal | Nuevos plazos y requisitos de acceso a información, acreditaciones oficiales e insultos de autoridades legislativas. |
| República Dominicana | Restricciones puntuales | Agresiones aisladas y controversias de acceso a actos oficiales, en un escenario generalmente favorable. |
| Uruguay | Controversias verbales y regulatorias | No se registraron restricciones graves; hubo disputas públicas y propuestas legislativas que merecen seguimiento. |
| Venezuela | Represión institucional | Persistencia de censura digital, organismos de control y restricciones, pese a liberaciones y desbloqueos parciales. |
Acceso a la información, derechos de autor y sostenibilidad económica
Los informes sobre el estado de la prensa en los distintos países de América enumeran otros tres grandes problemas que enfrenta la industria: las restricciones para el acceso a la información, la afectación de los derechos de autor por parte de las plataformas de inteligencia artificial y los problemas de sostenibilidad económica de los medios.
Las dificultades para acceder a fuentes oficiales, datos y conferencias aparecen en numerosos países, pero no todas constituyen actos de persecución individualizada.
En Canadá, más del 35% de las solicitudes federales de información correspondientes al ejercicio 2024-2025 fueron respondidas fuera de término. Ontario amplió de manera significativa las exclusiones y los plazos de respuesta.
En Puerto Rico, una reforma permite extender hasta 50 días laborables la entrega de determinada información pública. También se establecieron requisitos adicionales de acreditación para ingresar a la sede del Ejecutivo.
La desaparición de publicaciones impresas y la reducción de ingresos constituyen otro problema compartido. En Bolivia, Opinión suspendió su edición en papel después de 41 años. En Puerto Rico, El Nuevo Día y Primera Hora dejaron de circular en formato impreso. También se registran dificultades financieras en medios regionales de Chile y otros países.
El antecedente de Guyana es especialmente ilustrativo: la SIP vinculó las dificultades de Stabroek News con pagos pendientes del gobierno por publicidad estatal, estimados en unos US$ 400.000.
La inteligencia artificial aparece en dos dimensiones distintas. Por un lado, facilita la manipulación de imágenes, la suplantación de identidades y determinadas campañas de hostigamiento contra periodistas. Por otro, plantea un conflicto económico sobre la utilización de contenidos periodísticos por empresas tecnológicas sin autorización o remuneración.
Chile concentra una parte importante de este debate, que también aparece en las conclusiones regionales de la SIP.
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