5G en Latam: cuando se encienden las redes, los usuarios las usan; lecciones de Chile y R. Dominicana

El lunes 1° de agosto se realizó la tercera reunión del primer ciclo de Encuentros Convercom 2022 5G en Argentina, tan cerca, tan lejos, que, en cuatro citas, recorrió las condiciones para la adopción de la quinta generación de tecnología de conectividad móvil en el país.

El tercer encuentro, que se realizó por videoconferencia y se centró en el contexto regulatorio, contó con la participación de Rodrigo Ramírez Pino, director del programa de Políticas Públicas para el Desarrollo Digital en Flacso Chile y ex subsecretario de Telecomunicaciones; Julissa Cruz Abreu, directora ejecutiva del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) y Sonia Agnese, Senior Principal Analyst para América Latina de la consultora Omdia. A continuación, un resumen de esa conversación.

Sonia Agnese: Creo que el nombre del encuentro pone muy bien de manifiesto la situación que hoy se siente en Argentina con una agenda política y económica muy preocupante y con muchas variables en movimiento. En ese contexto, nos encontramos viendo -tal vez un poco lejos- el desarrollo de 5G, esta nueva tecnología que viene a cambiar la forma en que la que trabajamos y se hacen los negocios.

Hoy vamos a hablar con representantes de dos países de la región que ya han dado sus primeros pasos, que ya tienen redes implementadas y que nos van a contar cómo es esa experiencia, el ecosistema que genera y el desarrollo económico alrededor. Este es un primer punto, 5G es una tecnología de tecnologías porque va a permitir un desarrollo hacia una mayor productividad, mayor crecimiento para los países y esto es algo que Argentina necesita con urgencia. Así que aprender de quienes ya hicieron sus primeros pasos siempre nos va a permitir avanzar, evitar errores y hacerlo de la mejor forma posible. Y eso va más allá del contexto macroeconómico en el que estamos.

Siempre es un gusto hablar con Julissa y el caso de República Dominicana demuestra que un país pequeño también puede plantearse el desafío de 5G y llevarlo adelante. Así que no es solamente para grandes economías, sino para todos. Igualmente con Ramiro, muy conocedor del caso de su país, con quien vamos a comenzar. Rodrigo, desde tu lugar, ¿cómo viste el lanzamiento de 5G en Chile? ¿Cuáles son esos aprendizajes que mencionábamos?

Rodrigo Ramírez Pino: Hay varios aprendizajes, pero no quisiera pasar por alto la introducción que hacían vos y José [Crettaz, editor de Convercom.info] al principio, relativas a las crisis, que no es exclusiva de un país. Ya la Cepal ha dicho que en América Latina y el Caribe vamos a entrar quizás en la contracción económica más importante de los últimos 40 o 50 años. Y en Chile el Banco Central redujo las posibilidades de crecimiento para la próxima temporada. Eso sin duda va a impactar tanto en los ingresos de las familias, los ciudadanos y consumidores como también de la industria de telecomunicaciones y, obviamente en la economía de los países.

Ustedes bien conocen el modelo chileno en materia de telecomunicaciones, de cómo se ha ido desplegando la red y la infraestructura por años. Ya en 2004, prácticamente desde los primeros concursos de 2G y 3G, y sin duda se consolidó con la red de 4G, la gestión de este bien público. Y lo digo en alto: es un bien nacional público.

Recordamos que estamos en un proceso constituyente en Chile. El 5 de septiembre se vota, apruebo o rechazo, a una propuesta de Constitución que tiene 27 artículos relacionados al desarrollo digital, la sociedad del conocimiento, etc [NdE: el plebiscito fue ganado por el rechazo]. Ahí hay una reinterpretación, en general, de los recursos y el espectro está también dentro de la noción de bien común. Nosotros siempre lo hemos utilizado como bien nacional de uso público. Pero también a propósito de otras interpretaciones medio ambientales del uso de los recursos naturales, el espectro también ha de interpretarse como un bien común.

Entonces en estos despliegues de infraestructura de redes móviles a través del uso del espectro con proyectos de convocatoria permanente y como contraprestación, el Estado le ha dicho al operador que tiene que ir a cubrir zonas de bajo atractivo comercial y así Chile ha podido desplegar una red 4G prácticamente entre 12 y 18 meses.

Ese modelo varió modularmente en el caso de la licitación de 5G. ¿Por qué? Porque se hizo el proyecto técnico pero además el Estado recaudó. Por ejemplo, Wom cuando se adjudica parte del espectro en la banda 700 su proyecto técnico fue de 60 millones de dólares. Y así lo mismo Entel y Movistar, que son los adjudicatarios.

En el contexto de esta licitación hubo una convergencia entre distintas bandas. Son cuatro concursos por separado y el Estado recaudó un poco más de 450 millones de dólares, algo inédito en términos de tener una arista en recaudación. Y esos proyectos técnicos tienen un itinerario. En esta etapa se contempló, por ejemplo, para el oferente Wom, que ustedes saben que operaba sobre las redes 4G de las otras compañías, la posibilidad de desplegar su propia red 4G y hacer su propia red 5G.

Ustedes pueden seguir la mayoría de los proyectos de despliegues en Chile en las webs de las empresas dónde están las zonas de cobertura de los proyectos técnicos. Hoy estamos teniendo una suerte de upgrade de las redes 4G. Hoy día se están desplegando cerca de 1900 antenas de un total de 9000 en esta primera fase, que contemplaba en los primeros 12 meses de los proyectos técnicos que las actuales estructuras en las principales redes se estén haciendo un upgrade y como contraprestación la empresa Wom tiene que ir a cubrir cerca de 399 localidades con redes 4G.

Entonces se mantiene el core del uso del espectro, cierto, para proyectos técnicos, se mantiene la contraprestación y en este modelo del gobierno anterior se introduce este proceso de recaudación de más de 450 millones de dólares.

Agnese: Está la biblioteca y se está cumpliendo, digamos, con los cronogramas que se habían establecido hasta el momento.

Ramírez Pino: Sí, las empresas ya han hecho los anuncios. Chile tiene su complejidad, con unas 346 comunas, de las cuales 230 son rurales, y ahí radica la complejidad técnica. Una de las principales lecciones en cualquier proceso de este tipo tiene que ver que falta un diseño institucional o gubernamental y eso quizás es sumamente relevante como proceso de aprendizaje, porque cuando tú le dices a una oferente y adjudicatario, mire, usted tiene que desplegar una red en tres fases -en Chile son generalmente tres fases: 12 meses, 18 meses, 24 meses- todo ese diseño corre a cargo suyo, del propio operador, que tiene que hacer su diseño. El proyecto técnico no va acompañado de un diseño institucional, es decir, no está el Estado detrás para facilitar el timing ni el despliegue.

Entonces es el operador el que tiene que ir municipio por municipio, institución por institución, arrendando sitio por sitio. Para mi ese es uno de los principales aprendizajes en materia de despliegue de infraestructura, sobre todo de redes móviles. Ustedes saben mejor que yo que esta convergencia, este híbrido va a implicar una gran cantidad de redes de 5G acompañadas con redes de fibra óptica. Creo que ese diseño individual ha hecho perder tiempo, que no se llegue en las localidades que debieran estar cubiertas y que aún no existe por parte de la institucionalidad lo que significa que un territorio aumente la penetración de Internet.

Las empresas ya están dando ciertos reportes sobre 5G. Por ejemplo, Entel -que es uno de los que se adjudicó- dijo que ya está prácticamente en el 70% de la localidades comprometidas. Es decir, para septiembre u octubre, podría estar prácticamente el 98% de la red de Entel ya desplegada en las comunas del diseño original. Lo mismo Movistar Telefónica que anunció la semana pasada que ya llegó al 75% del proyecto comprometido y Wom que ya está en todas las regiones del país, más todas las contraprestaciones en una fase entre un 41% y 50%.

Entonces estamos en un momento de pleno despliegue, pero todavía los usuarios de esos polígonos con ese upgrade de la red 4G no han experimentado un alza en los planes. Ustedes saben mejor que yo que el modelo de negocio, el algún momento, va a tener que ir apalancado esta inversión. Por de pronto, no se está haciendo uso de más gigas y se mantiene el consumo per cápita. El consumo per cápita de la red móvil en Chile es de 15 gigas per cápita de la red móvil y de 455 gigas por hogar de la red fija al mes. Eso se ha mantenido constante y no se ha visto ostensiblemente un uso mayor de datos donde se hubo upgrade. Por tanto, tanto en términos de precio del plan de datos móviles, se ha visto estabilidad.

Agnese: Gracias Ramiro por esta presentación del status de Chile. Vamos con Julissa, ¿Cómo está cómo está evolucionando República Dominicana? ¿Qué aprendizajes tuvieron?

Julissa Cruz Abreu: Primero voy a hablar del contexto en el que todo esto se lanzó. El contexto en el que el Estado dominicano decide lanzar la subasta y comenzar la implementación y el despliegue de redes 5G era tan complicado como ahora. Fue justo en agosto del 2020, en medio de la pandemia cuando se necesitaba implementar una política pública súper agresiva para poder acelerar el proceso de conectividad para atender la demanda creciente de servicios digitales producto de la misma pandemia.
Obviamente, acelerar el tema de que la gente pobre que vive en zonas apartadas pueda contar con la conectividad que le permita acceder a la teleeducación, la telemedicina y el acceso a la información.

Entonces, en octubre del 2020, muy al principio de la actual gestión de gobierno, se lanza el decreto 539/20, que fue el detonante y habilitador a toda la política pública que se implementó con posterioridad. Ese decreto declaró de alto nivel de interés nacional el derecho esencial el acceso a Internet de banda ancha de última generación y el uso productivo de las tecnologías para el desarrollo humano.

En ese momento comenzamos a preparar la licitación de espectro que lanzamos en febrero de 2021. Previo a esa licitación liberamos la banda de 700 megahertz que en ese momento estaba asignada a canales de UHF. La liberamos a costo cero para el Estado a través de un diálogo con los usuarios de esa banda. También lanzamos 160 megahertz en la banda de 3.5.

Fue una licitación en la que se esperaba que fuera atractiva para la entrada de un nuevo operador. Y establecimos unos criterios para que la hicieran atractiva. Por ejemplo, que un nuevo operador que entrara al mercado dominicano iba a tener un período de gracia para para hacer el primer pago en efectivo de lo que resultara de la subasta. Y también que tenía derecho a acceder a roaming nacional que tenía que ser ofrecido por aquellas empresas que también ganaran.

Voy a poner un poco en contexto de cómo es República Dominicana, porque no sólo somos los chiquitos que tenemos 5G ya disponible al público en el Caribe y en toda Centroamérica. Somos 10 millones de habitantes en República Dominicana, y ya casi tenemos el 100% de penetración del servicio. Hay tres operadores, dos de ellos tienen el 97% del mercado, por lo que hace falta un tercer operador o un cuarto fuerte. Entendíamos que había oportunidades en este mercado para la entrada de un operador que tenga una visión de largo plazo y con intenciones de inversión en Dominicana.

Por eso, establecimos como valor los 190.000 dólares por megahertz por año para la banda de 700 megas y 21.000 dólares por megahertz por año para la banda de 3.5. Establecimos un porcentaje que es pago en efectivo y otro porcentaje en obligaciones de hacer despliegue, sobre todo para la banda de 700, aunque para la banda de 3.5, como las empresas tenían que hacer modificaciones, tenía que haber un reordenamiento para que pudieran disfrutar de sus 100 megas corridos, se establecieron unas condiciones para hacer el cambio de atribución y migrarlos de forma tal que puedan disfrutar de su espectro en esa forma. Así que también se establecieron unas obligaciones de cobertura por ese mecanismo.

¿Cuál fue el incentivo adoptado para los que ya están? Que el pago no se hizo de un solo tiro, sino que fue dividido en cuatro pagos de 25% por año, tomando en consideración el contexto de crisis en el que estamos y que no hay manera de ver la salida porque primero era la pandemia y ahora la guerra y la recesión que trae ella. Entonces se dividió en cuatro pagos y el resto es asegurado a través de garantías.

Esto permitió que las empresas realizaran un despliegue, que realmente al Indotel nos ha sorprendido, porque las obligaciones de despliegues eran más suaves que lo que lo que se ha dado en la realidad. O sea, las empresas van más rápido en el despliegue de sus redes 5G de lo que esperábamos.

Al final, el resultado fue el siguiente: las dos empresas adjudicatarias solamente apostaron a adquirir el espectro en 3.5 y no participaron en la banda de 700 mega. Ya mirando y viendo en forma crítica el proceso, nosotros entendemos que no era atractivo para los operadores que están establecidos en Dominicana acceder a ofrecer roaming nacional a un entrante.

Agnese: No hubo interés en la banda de 700 -que todos sabemos lo valiosa que es- por las obligaciones que tenían de darle roaming al operador entrante.

Cruz Abreu: Así es. Entonces, bueno, este es un tema que el regulador lo está abordando de otra manera en nuestra agenda regulatoria de este año. Y bueno, pero queda queda de lección para la próxima subasta, porque obviamente este es un espectro muy bueno que debe estar puesto a la disposición de del sector para el rápido despliegue sobre todo en zonas algo más complicadas. Y bueno, yo creo que con esto sentí un resumen rapidísimo de cómo nosotros hemos hemos implementado el proyecto.

Lo que sí Sonia, me gustaría un poner solamente una sola notita respecto de los usos. Honestamente, no esperamos que los usuarios asuman de manera violenta y rápida los servicios 5G. El Estado tiene que aprovechar esta ventaja competitiva de contar con la red de última generación para todos los usos que tiene la red, que no solamente son las velocidades o la experiencia del usuario final, sino agregar esta tecnología a los diferentes procesos productivos que hagan que República Dominicana pueda diferenciarse de los demás países de la región.

Agnese: Me parecen muy importante estos dos takeways. Por un lado, el tema de la obligación del roaming obligatorio como una inhabilitador de posibles participantes a adquirir el espectro como para considerar en las condiciones. Y por otro lado, el tema del pago del espectro que no sea únicamente un único pago inicial previo sino que estén justamente más acoplados a los ingresos futuros que van a tener operadores. Creo que habría que considerar estos elementos cuando la Argentina arme su plan de desarrollo de 5G. Me gustaría también que me cuentes cómo está siendo la adopción por parte de los consumidores y si los planes que ya ofrecen las empresas incluyen licencias 5G o hay que sacar un plan con costo adicional.

Cruz Abreu: Todavía no tenemos datos de cuántos usuarios han adquirido los planes, pero si las empresas están promoviendo un cambio de planes de los usuarios para moverlos a disfrutar los servicios. Hay que tomar en cuenta que los dispositivos, los terminales para acceder al servicio son los de los últimos modelos de cada marca. Y efectivamente, hay una restricción en términos de costos de estos equipos. Entonces esto es algo totalmente natural. Esto en la medida de que los dispositivos bajen de precio se van a masificar. Los propios usuarios van a ir adoptando el servicio.

En nuestro caso, la licitación establecía un plazo obligatorio de cuatro años para cubrir el 70% de la población con servicios 5G. Una de las empresas ganadoras lanzó el servicio el 5 de diciembre, hoy estamos a 1° de agosto y esta empresa ya tiene despliegues en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, que sería equivalente a la provincia de Buenos Aires. Un alto porcentaje de esa zona, está Santiago de los Caballeros, que es la segunda ciudad más importante del país; Punta Cana, y la Romana tienen cobertura. Actualmente, alrededor del 14% de la población de la República Dominicana está cubierta y no ha pasado el primer año del lanzamiento de los equipos. Eso nos tiene con muchas esperanzas, explorando usos desde el gobierno, haciendo proyectos piloto para ver cómo aprovechamos para la medicina y la educación, buscando la manera de aprovechar esta ventaja competitiva con relación a los demás países de la región.

Agnese: Además, República Dominicana es un centro importante de turismo y los extranjeros que van pueden utilizar el roming 5G, estar conectados y a veces, incluso, hasta trabajar en forma remota. Rodrigo, vos tocaste un tema que me parece súper interesante, que tiene que ver con cómo estos planes de despliegue y de obligaciones de cobertura que se incluyeron dentro de la licitación, luego no son acompañados desde los organismos del Estado para que los municipios habiliten los sitios y den los permisos necesarios. Y hay una pregunta acá en el chat respecto del tema de la compartición de infraestructura, si la regulación facilita esa compartición tanto activa como pasiva.

Ramírez Pino: A propósito de tu última pregunta, en Chile, el regulador, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y el nuevo subsecretario, Claudio Araya, informaron hace pocos días que en los primeros cuatro meses de la red 5G en su despliegue ya cuenta con 545.000 nuevos usuarios. Y el dato comparativo es que, mientras la red 4G alcanzó el medio millón de clientes en 12 meses, la red 5G está logrando la misma cantidad, pero sólo en cuatro meses. Ese es un poco el optimismo que hay en la adopción de la tecnología 5G en Chile. Igualmente, representa recién el 0,7% del tráfico móvil.

Agnese: El año pasado, en 2021 cuando apenas tenía habilitada la red 5G, Brasil ya tenía un millón de suscriptores. Esto quiere decir que una vez que se encienden las redes y los usuarios van actualizando sus dispositivos, cada vez son más los que empiezan a utilizarlo. Y la verdad que también para el mismo operador es una ventaja importante porque optimiza muchísimo el uso de la red respecto a la cantidad de datos que se transporta y que evidentemente es un es un avance muy importante en cuanto a la eficiencia de las redes.

Ramírez Pino: En cuanto a los modelos de compartición, ustedes saben que existen distintas categorías de concesionarios y permisionarios en Chile. Hay concesionarios de servicios de telecomunicaciones, a quienes se entrega una concesión de uso; hay operadores de infraestructura que también tienen una concesión; están los permisionarios y cada uno ocupa un papel en toda lo que ha permitido la desagregación de las redes de servicios y de infraestructura.

Entonces tenemos operadores de infraestructura que son integrantes de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, que son los que despliegan la infraestructura, fibra, antenas y torres, en fin, y le prestan servicio a los proveedores del cliente final. Esa lógica de compartición se está dada desde el punto de vista de la co-localización. Se comparte todo lo que hay en la torre para colocar más de alguna antena y también el operador infraestructura da capacidad: puede dar pelos, gigas o megas de capacidad.

El problema de la compartición está en el proyecto de ley de Internet como servicio público, que lo presentamos con la presidenta Bachelet hace cinco años y todavía está en trámite el Parlamento, tiene que ver con cómo generamos un ecosistema de compartición de infraestructura. Es decir, cómo se compatibiliza el mundo de la energía, el de la obra pública, las carreteras, los caminos, y la faja fiscal. En fin, cómo el ecosistema te permite facilitar el despegue y eso aún es compartimentado. Y por eso seguimos con la negociación uno a uno, con la autoridad de turno. Entonces no hay un marco de compartición en términos de las infraestructuras, la incertidumbre como interés público.

A veces uno se asusta frente a ese concepto, concepto de la infraestructura de interés público, pero no es nada bolivariano ni mucho menos, sino que es una concepción de que las infraestructuras, además cuando son concesionadas, por ejemplo en Chile, todas las carreteras en Chile son concesionadas. Pero ¿Quién es el dueño? El dueño es el Estado, que lo entrega en concesión a un privado para que la opere por 10 o 20 años. Pero las infraestructuras de interés público y entender que la esencialidad del servicio y de la conectividad permitiría mayor convergencia de otras redes (de carreteras, de caminos, viales, etc). Entonces, me refiero que no hay un diseño de eso. Por ejemplo, ¿quién puede desplegar infraestructura en la Patagonia chilena? Bueno, el Estado chileno que tiene los parques nacionales, tiene las carreteras y una serie de cosas que facilitarían mucho el despliegue y el tiempo adecuado.

En Chile, en promedio, se demora un año y cuatro meses establecer un macro sitio nuevo, aunque la ley de servicio público dice otra cosa. Ahora Brasil, por ejemplo, hizo operativo el concepto de silencio positivo administrativo. Es decir, si no se contesta en tanto tiempo, en dos semanas, en 15 días, 60 días, opere. En nuestra región está el concepto pero no está la bajada para hacer operativa esa definición. En Chile, como se demora un año y cuatro meses, el operador tanto de infraestructura como de servicio en su ecuación lo introduce en su modelo de inversión y de despliegue porque es similar en todos los municipios del país.

Cuando hacía referencia a esa falta de convergencia o de diseño, cuando la autoridad te dice vaya y despliegue, es el operador el que tiene que hacer todos los pedidos de permisos para el despliegue y eso, desafortunadamente, y lo digo así, desafortunadamente, porque siempre son los que los más desposeídos o los más pobres los que reciben más tarde el servicio.

Agnese: Sí, creo que en este tema de los permisos, aunque se ha trabajado mucho, los avances son lentos en todos los países. Acá justamente hay una pregunta en el chat que consulta si es posible encontrar, en el marco de alguna transversalidad de la agenda digital y la disparidad de criterios de los marcos regulatorios en la región, tener algunos puntos en común que aceleren este proceso de transformación digital. Y la verdad es que es súper interesante porque ni siquiera dentro de un mismo país logramos tener los mismos criterios para la habilitación de antenas, ductos y permisos. Tenemos todas estas dificultades pero hay que seguir trabajando para ver si se modifica a futuro. Tenemos casos de referencia como Brasil, que mencionabas, y también el caso de Perú, de este silencio positivo, que parece muy promisorio. Y en ese sentido, Julissa, me gustaría que me cuentes cómo ustedes están abordando el tema del despliegue y permisos. ¿Tienen este mismo tipo de problemáticas, han encontrado alguna forma de solucionarlos?

Cruz Abreu: Tristemente esto es un dolor de cabeza en todas partes. Si hay algo que es común en nuestro países son los problemas de permisos. Nosotros, además de todo esto que ya les conté del 5G y lanzamiento de la licitación, también, por primera vez en la historia de la República Dominicana, el Estado hace una inversión en infraestructura de telecomunicaciones.

En este país el sector nació privado, nunca las telecomunicaciones fueron de control estatal. Y por eso, siempre las inversiones estaban atadas a algún tipo de rentabilidad y República Dominicana tiene un rezago muy fuerte en términos de despliegues de fibra óptica. Eso nos llevó a tomar una operación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar estas condiciones de conectividad. Estamos próximos a lanzar una licitación para lograr que el 100% de los municipios de la República Dominicana estén conectados con redes fijas de de fibra óptica. Pero hemos puesto como condición a los alcaldes que tienen que dar los permisos, emitir una ordenanza, una declaratoria de otorgamiento previo del permiso y a costo cero para el que vaya a desplegar. De forma tal que si el Estado está haciendo esta inversión, que será ejecutada por un privado, usted alcalde no va a cobrar. A usted le va a convenir que en su demarcación se haga este despliegue para que su localidad esté más conectada y todo lo que venga con traiga consigo todo lo bueno que trae la tecnología.

Esto es algo que nosotros hemos hecho con apoyo desde la más alta instancia del Estado, del propio Presidente de la República, y hemos tenido un diálogo fluido y constante con los alcaldes. Realmente sería muy penoso que tanto esfuerzo y tanto remar para que un alcalde en una población muy pequeñita tranque un proyecto que tiene tanto impacto en la vida de la gente.

Agnese: En este sentido acá Eliseo Segura comentaba que no terminaba de entender la política de espectro porque no se agota por su uso y en definitiva, si este se cobra por este espectro un precio accesible, evidentemente el que termina pagando ese precio termina siendo el usuario. Y acá lo mismo con el tema de la fibra. Pero me interesa mucho este caso que mencionas, de este proyecto en el Estado se involucra para llevar la fibra, pero decís que va a haber un operador privado que va a gestionar esta fibra ¿Cómo será ese proyecto?

Cruz Abreu: Sí, efectivamente nosotros hemos lanzado una preconsulta. Todavía los pliegos no son públicos, pero les puedo ir contando. El Estado va a hacer una inversión en el CAPEX para que una empresa privada que gane la licitación haga el despliegue y la operación de esta de esta red.

Lo que se espera es que este operador establezca una tarifa social con unas características que vamos a definir en los pliegos de la licitación, de forma tal que esas familias de bajos recursos que viven en esas zonas deprimidas que al sector privado no les ha interesado invertir por todo lo que conlleva desde los permisos al lento retorno de esa de esa inversión; bueno, pues que familias pobres puedan acceder, al menos, a este plan social básico que se va a establecer a través de los pliegos en la licitación.

Agnese: Entonces este proyecto de plan social no es solamente un backbone que conecta ciudades sino que va a llegar hasta el usuario final a bajo costo.

Cruz Abreu: Así es.

Agnese: Y en este sentido, Rodrigo, hemos leído que también en Chile se está pensando la opción de una empresa pública que conoce algo. ¿Qué se está hablando sobre este tema?

Ramírez Pino: Así es, se ha discutido públicamente. Me imagino que el gobierno ya tendrá un diseño, pero en términos generales lo que uno conoce es que en el programa de gobierno del presidente Boric está la creación de una empresa estatal que sería fundamentalmente un operador de infraestructura en zonas apartadas de difícil acceso, insulares y demás. Eso es lo que uno lee del programa de gobierno.

Ahora yo tengo la tesis de que ya existe en Chile una empresa estatal como arquitectura que es la Televisión Nacional de Chile (TVN). Cuando nosotros éramos autoridad con la presidenta Bachelet hicimos una modificación en la ley para facultarla a ser un concesionario de servicio de telecomunicaciones. Es decir, TVN como cualquier televisión pública tiene antenas de su propiedad, torres, servicios satelitales que arrienda capacidad, etc. Por qué digo esto, porque la arquitectura de un proyecto de ley en su tramitación lleva mucho tiempo. Imagínense que en Chile llevamos diez años discutiendo el acceso a Internet como derecho diez años e Internet como servicio público cinco años. Entonces uno tiene que sopesar la agenda legislativa del Gobierno, que tiene la reforma de pensiones, la reforma de la salud, etc.

Entonces ¿hay espacio legislativo a las puertas de una nueva Constitución? En fin, sería muy petulante de mi parte aventurar en qué podría suceder. Sabemos el titular, pero va muy aparejado del tamaño de la agenda, porque cualquier tipo de proyecto de esta naturaleza tiene que pasar por el Parlamento chileno. Es una ley. Por lo tanto, el timing excede los cuatro años de una gestión de gobierno.

Entonces creo que que existe la arquitectura para hacerlo. Chile tiene el fondo Fondo de Infraestructura, que también se creó en administración de la presidenta Bachelet y que el presidente Piñera lo re-bautizó como Desarrollo País. Ese fondo hoy día tiene ciertos proyecto en cartera, entre ellos el cable Humboldt, que es el proyecto hacia Oceanía, el cable de fibra óptica que ustedes saben que originalmente era hacia China, hacia el Asia, y hoy va hacia Oceanía. Ese fondo, como estructura, como arquitectura de Estado, es una empresa pública. Entonces más que proseguir con una agenda legislativa que incluya crear una empresa como tal, quizás mejor sea ocupar lo que ya existe. Esto es como, como lo que uno puede observar en materia.

Y quiero responderle a nuestro amigo Horacio que hacía una pregunta en el chat, porque yo siento que todavía en América Latina suceden varias cosas y las hemos hablado en reiteradas oportunidades. El sector de las telecomunicaciones no habla con otros sectores y eso ya es redundante y hasta tóxico. Poco y nada habla con el mundo de la agricultura, la minería, etc. Seguimos haciendo reuniones bilaterales, sin tener conversaciones transversales. Y como Estado no vemos la convergencia de nuestro pivote de telecomunicaciones. Por ejemplo, si nuestro gran problema en América Latina es la ruralidad, ¿en qué minuto nos juntamos con el Ministerio de Agricultura?

No acostumbrado a la cultura del piloto y yo creo que el piloto es cada vez más decepcionante que aglutinante. Vemos la trayectoria del piloto, la foto de la autoridad, el abrazo y la continuidad de los pilotos no se ve. No se ve la sistematicidad, la robustez o el músculo para el desarrollo. Entonces a propósito de lo que decía Horacio yo siento que la transformación digital no está en el ethos transformador de los gobiernos. No está dentro del discurso ese ethos transformador de la economía. Lo digital sigue siendo marginal.

Agnese: En Dominicana, Julissa, y viéndolo de afuera y por lo que comentaste, me parece que están tomando a las telecomunicaciones como una de las herramientas clave para el desarrollo económico ¿Es así?

Cruz Abreu: Sí. De hecho, esta administración del Estado ha creado lo que se llama el Gabinete de Transformación Digital que dirige directamente el propio Presidente de la República. Entonces, en este gabinete de transformación digital están todos los funcionarios y las entidades que, de alguna manera, van a promover que esto funcione. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria y Comercio, el Indotel, la Oficina Gubernamental de Tecnología para todo lo que es gobierno electrónico y transparente, la entidad que tiene que ver con la ética gubernamental, el Ministerio de Administración Pública, en fin.

Entonces, nosotros diseñamos una agenda digital para 2030, que establece una serie de proyectos que ya tiene sus dolientes y que, obviamente, cada cierto tiempo -este gabinete se reúne una vez al mes- rinde cuentas al propio Presidente de la República sobre los avances que tiene cada uno de los proyectos. Por ejemplo, Indotel es el el encargado del eje de acceso. Hay un eje de educación, hay un eje de pymes, hay un eje de innovación, un eje de ciberseguridad, y en fin, todo el engranaje estatal empuja el cumplimiento de la agenda digital que nos hemos planteado.

Ese es el plan que aquí en Dominicana estamos ejecutando. Y, humildemente, espero en unos años, pueda contarles lo que ya hayamos hecho, los resultados de todos estos esfuerzos.

Agnese: Qué bueno, y ojalá que, más allá de los cambios políticos, esto se convierta en políticas de Estado que continúen en el tiempo, con las adecuaciones y ajustes necesarios. Que sea realmente una agenda pública de continuidad para el desarrollo del país. Me parece que eso es algo que en América Latina falta porque cada nuevo gobierno viene con su librito y empezamos de cero. Así se pierde muchísimo tiempo. Rodrigo, para ir terminando, ¿Cuáles son los puntos centrales para la continuidad del desarrollo de 5G?

Ramírez Pino: Nosotros con la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado chileno también presentamos un upgrade de la Agenda Digital 2020, que permitió parar robustamente en distintas dimensiones a Chile. Ahora hicimos una agenda de cara el 2035. Desde el Congreso, es decir, de manera transversal, con todos los partidos que ahí están representados, también para evitar que en cada ciclo político se parta de cero. Así que es el Parlamento el que presenta esta agenda con harta ciudadanía. Porque tú dices, vamos a ir a conectar a los no conectados en el mundo rural montañoso de la región agrícola. ¿De qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de tecnología o vamos a hablar de territorio?

En nuestra experiencia, ese tipo de preguntas deberíamos hacernos hoy día a propósito de 5G y su despliegue por los polígonos. En esta primera fase de despliegue, el operador hace el upgrade en un polígono y si tu te pasas de ese polígono quedas fuera del 5G, vuelves a 4G o 3G. Creo que hay que ser cautos y dejar al marketing lo que es el marketing y a la política pública lo que es la política pública. Hemos sido sensatos en la relación de estos nuevos servicios con la comunidad. Quiero decir, no generar falsas expectativas, no generar ofertas donde no lo hay. Yo creo que ahí hay una lección también.

Y esta estrategia digital que está hoy día en pleno proceso de comunicación, tiene distintas bajadas. Está bastante bien diseñada en términos de aquellos lugares que en nuestro país todavía están muy atrasados, en términos de Internet productivo e Internet asociado con alguna industria estratégica, logística, minera, pesquera, en fin, ahí hay un diseño bastante bien elaborado y eso va apalancado con ese proyecto estratégico que tiene que ver con el proyecto de la fibra óptica nacional, que también son los proyectos de última milla.

Ahí también hemos tratado de ser bastante cautelosos en que el concepto de última milla es un concepto del mundo telco no del mundo ciudadano, por tanto todos estos proyectos van a llegar al menos a una milla del hogar del ciudadano por lo que vamos a tener que generar ofertas en esos tramos. Por tanto, vamos a tener que generar la capacidad de generar oferta en esas últimas, para que efectivamente llegue un operador a esa localidad, para cubrir prácticamente las comunas del país y por tanto en tanto del backbone, tanto de aporte, de capilaridad, de soporte, de resiliencia de la red Chile va a aumentar casi 100% la inversión en despliegue de fibra.

En Chile, del 100% de la inversión del sector, 99% es privada, 1% participa al Estado con un proyecto de subsidio a la oferta. Pero, dicho eso, existen todas estas potencialidades que pueden garantizar que a corto plazo, por lo menos en términos gruesos, Chile pueda reducir la brecha de acceso al hogar que llega a los 3 millones. Nuestro país tiene 7.000.800 hogares, de ellos 4.800.000 tiene algún tipo de conectividad. Creo que el actual gobierno va a incentivar las asociaciones público-privadas, como el gran argumento apalancador para seguir avanzando.

Agnese: Me parece súper interesante terminar con esta temática de las alianzas público-privadas como parte del desarrollo. Como hemos visto hoy, el sector privado no puede llegar a todos lados, con lo cual se necesita la actuación del Estado a través de diferentes mecanismos. Julissa comentaba sobre la importancia estratégica que tiene este sector y esa mesa de trabajo que se ha creado, donde participan las diferentes áreas de gobierno y donde no se puede ver esta industria en forma aislada, con lo cual trabajar para llevar la conectividad también con una mirada social a través de los planes que aseguren que todos puedan estar conectadas. Con esto vamos llegando al cierre después de haber visto temas muy interesantes, espectro, infraestructura, permisos, agenda digital y participación del gobierno, en un contexto de dificultades pero claramente prioritarios.