Según un estudio del Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata (CEFIP-UNLP), en promedio, el 41,5% del precio final de los servicios de conectividad son impuestos y tasas. La investigación fue encargada por la Cámara Argentina de Internet (Cabase) y presentada durante el Internet Day 2024, realizado el 16 y 17 de mayo pasados. La entidad, organizadora del evento, subrayó que esa alta carga tributaria limita el despliegue de redes y la universalización de la conectividad en el país.
El sector de servicios de acceso a Internet está sujeto a más de 20 impuestos y tasas de diferente índole que determinan una tributaria que varía en un rango de entre 38,6% a 44,5% (lo que deja el promedio en más de 40%) en función del tamaño de la empresa, el modelo de prestación del servicio, la estructura de costos y la localización geográfica que introduce diferencias en la imposición provincial y municipal.
Los impuestos y gravámenes nacionales explican entre el 72% y el 89% de los tributos que recaen sobre el sector; los provinciales, entre un 11% y un 14%; y los municipales, entre un 2% y un 16%. Esto pone de manifiesto los factores determinantes de la carga tributaria sectorial: la relevancia de la imposición subnacional -en particular la municipal- por las disparidades regionales que puede introducir; y la composición de la estructura de costos, el modelo de provisión del servicio, y el peso relativo de los insumos importados.
En este sentido, la imposición provincial a los ingresos brutos muestra marcadas diferencias, ya que mientras la alícuota general en La Rioja es 2,5%, en Córdoba es 4,75%. La disparidad se da también en las alícuotas específicas, donde, por ejemplo, los servicios de proveedores de acceso a Internet están sujetos a una tasa del 2,9% en Corrientes y a una del 5% en Buenos Aires, mientras que gran parte de las provincias, por ejemplo, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa y Santa Fe, entre otras, gravan por encima del nivel general y otras, como Córdoba, lo hacen con una alícuota menor a la media.
La misma disparidad se da en el ámbito municipal, por ejemplo, con la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), con casos como el de Ensenada (Buenos Aires) que cobra una TISH del 0,9% sobre el monto de facturación. También debe abonar un derecho de espacio público sobre el número de postes utilizados de $45 pesos por poste. En San Cristóbal (Santa Fe), la TISH es de 0,85% sobre el monto de facturación y se debe abonar también un derecho de espacio público sobre el monto de facturación del 6%. Finalmente, en San Francisco (Córdoba) se abona una TISH de 2,6% sobre el monto de su facturación y en Rosario (Santa Fe), la tasa local sobre las ventas brutas (Derecho de registro e inspección) es del 2%, a lo que se suma un derecho de espacio público de $28 por abonado.
Esta altísima y caótica presión fiscal se intensifica cuando se incluyen la complejidad tributaria, los costos del cumplimiento, los regímenes de retenciones y percepción -con sus costos financieros-, y las distorsiones que generan algunos impuestos, principalmente Ingresos Brutos y el impuesto PAIS (cuya derogación, junto con la salida del cepo, reclaman todos los sectores económicos).
En su discurso de apertura del encuentro, Ariel Graizer, presidente de Cabase, subrayó: “Desde el estallido de la pandemia, Internet ha demostrado claramente ser una herramienta fundamental para la producción, el trabajo, la educación y el esparcimiento de la población y como tal es una industria estratégica que requiere de condiciones que impulsen su desarrollo, en reemplazo de regulaciones excesivas y una presión tributaria que actúa como un freno para el tendido de nuevas redes y la posibilidad de llegar a la universalización de la conectividad. La simplificación regulatoria y la reducción de la carga tributaria son herramientas necesarias para que las pymes y cooperativas -que son quienes tienen el desafío de construir y mantener con sus inversiones una infraestructura de Internet robusta, escalable y sostenible-, puedan llevar Internet a todos los rincones de nuestra vasta geografía”.
El informe impositivo también arrojó luz sobre el impacto negativo en la industria del impuesto PAIS, los derechos de importación y la tasa estadística, que encarecen insumos clave que son parte de la función de producción del sector como routers, módems, fibra óptica, entre otros dispositivos que se producen únicamente en el exterior.
En ese sentido, Graizer agregó: “En el marco de una creciente digitalización de la economía, la conectividad a Internet es un recurso crítico que habilita el desarrollo de las principales industrias y mercados verticales en todo el país. La industria, el comercio y los servicios, incluso el agro, están avanzando en su proceso de tecnificación y digitalización, convirtiendo al acceso a Internet en una infraestructura crítica de su operación. Por eso el impulso y la promoción de las redes de conectividad, a través del fomento de la inversión privada, debe ser un eje central de las políticas públicas de desarrollo económico de Argentina y esto implica la revisión de los regímenes tributarios y las regulaciones que afectan al sector.”
El Internet Day de Cabase se realizó el 16 y 17 de mayo pasados en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), tuvo como lema Conectividad para una nueva Argentina y reunió a los principales actores del ecosistema de Internet para reflexionar sobre la actualidad y perspectivas de la industria en nuestro país.
De evento participaron las nuevas autoridades del gobierno nacional, que se mostraron en sintonía con los planteos de la cámara.
Alejandro Cosentino, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, destacó que a fines de febrero se permitió la operación de satélites no geoestacionarios (lo que permitió la llegada de Starlink) y que en la semana reciente se creó también un registro de facilidades para la provisión de servicios por internet de satélites geoestacionarios. “Eso facilitó la llegada de cinco empresas más, se simplificó notablemente el trámite e implicó que en las zonas donde resultaba costoso llegar con la fibra óptica, hoy se pueda llegar con una conexión”, explicó y afirmó que el Fondo de Servicio Universal debe convertirse en “una herramienta de financiación para el sector”.
Héctor Huici estrenó su cargo de subsecretario de Comunicaciones y Conectividad (que ya había ocupado durante el gobierno de Mauricio Macri) y dijo: “Nuestra expectativa es tener pocas reglas, y reglas claras. Una regulación inteligente y transparente para que sea eficiente, y eso significa que la industria tiene que encontrar los acuerdos entre partes, y que no necesiten tanto del Estado para resolver cosas que pueden resolver solos.”
Martín Ozores, interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), sostuvo: “Estamos trabajando en un marco regulatorio claro para que la industria pueda desarrollarse en la economía digital. La idea es tener un Enacom funcional, con foco en lo técnico pero, por sobre todo, dinámico y ágil, que sea una plataforma para que las empresas puedan desarrollarse. El DNU 690 -derogado por la administración Milei- es el mejor ejemplo de una intromisión innecesaria del Estado en una industria de alta competencia.”
Santiago Pordelanne, subsecretario de Economía del Conocimiento, comentó: “La economía del conocimiento tiene una potencialidad enorme. Argentina es ya el segundo exportador de la industria del conocimiento a nivel regional luego de Brasil. Estamos trabajando desde el área con foco en el sostenimiento y el impulso de la industria con un marco previsible y de reglas claras para un sector que tiene aún mucho para crecer, y en ese desarrollo la infraestructura de conectividad tiene un rol central como habilitador, dándole a las personas la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar.”
Pordelanne destacó que el país se ubica hoy como el segundo país exportador de la economía del conocimiento de Latinoamérica, después de Brasil, que tiene otra escala: “Esperamos crecer en el sector -dijo- en más de mil millones de dólares, en este año complejo en las exportaciones. Pero más allá de medirlo desde las exportaciones, es un sector que va a estar demandando unos 14.000 nuevos empleos, de alto nivel en todo el país. Y esto solo es posible si tenemos buena conectividad e infraestructura”.
En el encuentro también se destacó la palabra de los consultores:
Sonia Agnese, analista principal de Omdia para América Latina, destacó en el comienzo de su exposición que tanto la inteligencia artificial como el procesamiento en lenguaje natural son los dos aspectos “que están cambiando la forma de hacer los negocios”, mientras que la tecnología 5G y la fibra óptica “son las habilitadoras de todos estos cambios”. Señaló que se está muy cerca de los 1800 millones de suscripciones en el mundo, pero que existe alta concentración en tres países: China, India y los Estados Unidos, que tienen el 75% de las conexiones, mientras que diez países llegan al 80%. Se espera también un ecosistema con acuerdos donde habrá dispositivos por menos de 100 dólares, ya este año, como indicador para la India y el resto del mundo.
En Argentina, donde hoy por hoy el desafío más importante es la velocidad y la reducción del costo por megabit, se aspira a que en el 2028 más de la mitad de las suscripciones ya sean 5G (56%). Agnese apuntó que el país está por debajo de la mitad de la tabla de los países con fibra óptica (solo el 25% de los hogares lo tienen), y en el puesto tres en cuanto a penetración de banda ancha, por lo que “hay mucho para desarrollar”. Además, anticipó que las perspectivas de inversión para los próximos años van a reducirse, a nivel mundial de 2015 a 2020 arrojaron una reducción del 4,3%, a nivel total de los ingresos del sector, lo que está llevando a un replanteo del sector de negocios de las telecomunicaciones.
Ignacio Perrone, director de Investigación y consultoría de Frost & Sullivan, se refirió a un nuevo escenario que aun no llegó, de latencia cero, donde la conectividad va a existir “pero que debería ser invisible”, las cosas van a empezar a cambiar más rápido y el potencial de la conectividad va a estar cada vez más a disposición de la inteligencia artificial.
Marcos Orteu, economista, socio director de Dynamics, resaltó la importancia de la derogación del DNU 690, que abre ahora la discusión para una nueva agenda regulatoria, basada en dos pilares: la modernización y la simplificación de las normas. Alentó que estamos viviendo un mundo de convergencia extrema y de un alto impacto de la conectividad satelital: “Hoy tenemos al aire 6 mil satélites, hay operacionales 5.800, y aunque varios no funcionan ya hay proyectados más de 500.000 satélites de diferentes empresas y países, distintas tecnologías y tenemos que estar abiertos a un mercado cada vez más competitivo”.
Oscar González, abogado especialista en telecomunicaciones, TIC y economía digital, recordó que en la Argentina existe una maraña normativa, de sucesivas capas geológicas que van trabajando sobre la anterior, sin un orden profundo. Sostuvo que “no es posible modernizar el marco regulatorio ni profundizar la desregulación, sin una nueva práctica regulatoria, sin un regulador decidido a cambiar la cultura de trabajo”. González advirtió lo perjudicial de una idea muy arraigada de que el regulador sabe más que el conjunto del ecosistema y que puede definir las condiciones a la manera de un faraón: “no es solo definir normas en el vacío y sin conexión con la realidad sino también con esa cultura del viejo regulador prescriptivo de la década de los 70 y 80 que decía quién, cómo, dónde y de qué manera debían prestarse los servicios, cuando eso ya no existe más”.
Informe de Andrés Asato
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