El Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (Copitec) se sumó a los cuestionamientos contra la disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad, que establece nuevos requisitos de seguridad para la cadena de suministro del equipamiento utilizado en infraestructuras críticas de telecomunicaciones.

El 17 de noviembre, el Consejo presentó ante el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), con copia al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), una nota en la que propuso reconocer certificaciones alternativas a la estadounidense TIA SCS 9001, incorporar la participación de especialistas en la definición de los niveles de criticidad y realizar un análisis de impacto antes de extender las exigencias a los operadores privados.

La presentación se suma a los reclamos de la Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC), que el 6 de noviembre pidió una consulta pública y neutralidad tecnológica; la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (FECOSUR), que advirtió sobre las consecuencias para las cooperativas y pymes del interior; y la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), que cuestionó la utilización de una certificación de escasa adopción regional. A estos pronunciamientos se agregó la Mesa de Industria TIC, que reúne a operadores, cámaras empresariales y cooperativas, y solicitó una audiencia con el interventor del Enacom, Andrés Michelazzo, mediante una carta fechada el 13 de noviembre.

Tres cuestionamientos a la norma

El primer planteo del Copitec se concentra en la exigencia de la certificación TIA SCS 9001, desarrollada por la Telecommunications Industry Association de Estados Unidos, para los fabricantes de equipamiento clasificado con criticidad elevada o crítica.

La norma establece un período transitorio de 36 meses durante el cual se acepta, en reemplazo de la certificación completa, una constancia emitida por la propia TIA que acredite el inicio del proceso, acompañada por una declaración jurada y un plan de certificación. Sin embargo, no admite otros esquemas como equivalentes.

El Consejo propone revisar esa exclusividad, reconocer mecanismos de certificación comparables y ampliar el período de transición. La controversia no gira únicamente alrededor de la seguridad de los productos, sino también de los requisitos exigidos a las organizaciones que los fabrican.

El segundo cuestionamiento se refiere a la clasificación del equipamiento. La disposición contempla cuatro niveles: crítico, elevado, moderado y reducido, definidos según la función del dispositivo, su exposición a redes externas, las posibilidades de administración remota, los servicios que soporta y las consecuencias de una eventual falla o vulneración.

El Copitec considera que esta clasificación determinará el alcance efectivo de las obligaciones y propone que su elaboración incorpore a representantes de los sectores técnicos, académicos y productivos.

Finalmente, solicita que cualquier extensión de los requisitos al mercado privado esté precedida por una evaluación de sus consecuencias técnicas, económicas y competitivas, considerando el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio y la normativa del Mercosur.

La diferencia entre las obligaciones actuales y una posible extensión

La Disposición 7/2026, firmada por Walter Fabián Agüero, director ejecutivo del CNC, fue publicada el 6 de noviembre y entró en vigencia al día siguiente.

Actualmente, las exigencias son obligatorias para el Sector Público Nacional, incluidas las empresas y sociedades estatales, cuando adquieren, contratan, instalan u operan equipamiento destinado a infraestructuras críticas de telecomunicaciones. Los organismos deberán incorporar los nuevos requisitos a las contrataciones iniciadas a partir de los 90 días de vigencia de la disposición.

Sin embargo, el artículo 9 encomienda al Enacom evaluar su incorporación a los procedimientos de homologación de equipos y a las obligaciones de los licenciatarios de servicios TIC.

Esta posibilidad concentra buena parte de las preocupaciones empresariales: una eventual modificación de las condiciones de homologación podría afectar la disponibilidad de dispositivos, los costos de abastecimiento y las inversiones en expansión o modernización de redes.

El CNC también deberá identificar las infraestructuras críticas y clasificar las categorías de equipamiento dentro de los primeros 90 días. El plazo conduce al 5 de febrero de 2027.

Para el equipamiento ya instalado, la disposición contempla medidas de adecuación proporcionales al riesgo, mientras que su reemplazo requerirá una decisión fundada.

La certificación estadounidense y el conflicto con los fabricantes chinos

La controversia también tiene una dimensión geopolítica. La TIA es una asociación privada estadounidense cuya política de certificación establece que las organizaciones deben superar controles de elegibilidad vinculados con listas de restricciones del Gobierno de Estados Unidos.

Según explica la propia TIA en su procedimiento de registro, las organizaciones incluidas en esas listas no pueden avanzar con la certificación. Entre los fabricantes afectados por restricciones estadounidenses se encuentran Huawei y ZTE.

Esto significa que la regulación argentina no establece expresamente una prohibición por nacionalidad, pero la utilización exclusiva de ese esquema puede impedir la participación de determinados proveedores por motivos ajenos a la evaluación técnica individual de sus equipos.

El Gobierno fundamentó la elección de la SCS 9001 en que permite evaluar la gestión de seguridad de toda la cadena de suministro, mientras que otros estándares, como Common Criteria o NESAS/SCAS, se concentran en la evaluación de productos específicos.

La discusión adquirió una dimensión diplomática cuando el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, celebró públicamente la disposición. El funcionario ya había formulado cuestionamientos contra Huawei, rechazados por la empresa y por la Embajada de China.

En agosto, la representación diplomática china había acusado al embajador estadounidense de exagerar los riesgos de seguridad y utilizar argumentos de protección tecnológica para restringir la competencia.

La elección de la SCS 9001 tiene antecedentes regionales en Paraguay y Costa Rica, donde su utilización también generó controversias por el acceso de proveedores a los mercados de infraestructura digital.

La nueva conducción del Copitec

La intervención en el debate sobre ciberseguridad se produce pocas semanas después de la renovación de la Mesa Ejecutiva del Consejo.

El 30 de septiembre de 2026, la Comisión Directiva designó por unanimidad al ingeniero Roberto Osvaldo Mayer como presidente, al ingeniero Juan Manuel Beltrán como vicepresidente, al ingeniero Luis Alberto Bibini como secretario y al técnico Javier Bernardo Gratz como tesorero, para el período 2026-2027.

Los cuatro habían resultado elegidos como consejeros en las elecciones de septiembre de 2025. La Comisión Directiva también está integrada por los ingenieros Luis Alberto Chavarría, Enrique Luciano Larrieu-Let -presidente durante el período anterior- y Fabián Salvador Piscitelli.

El Consejo cuenta además con cinco consejeros suplentes y una Comisión Revisora de Cuentas integrada por tres miembros. Los cargos directivos son ad honorem.

Una característica relevante de la nueva conducción es la trayectoria del vicepresidente, Juan Manuel Beltrán, quien también se desempeña como comisario general de la Policía Federal Argentina y superintendente del área de comunicaciones de esa fuerza.

Beltrán es ingeniero en Telecomunicaciones, magíster en Seguridad Informática por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ha ejercido funciones académicas en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Antes de acceder a la vicepresidencia del Copitec, ya coordinaba su Comisión Interna de Ciberseguridad.


Integrantes de la comisión directiva del Copitec 2026-2027

La renovación de autoridades de 2025 estuvo precedida por cuestionamientos sobre las reglas de participación electoral. En junio de ese año, Convergencia informó sobre denuncias de matriculados que objetaban modificaciones del reglamento electoral y advertían sobre posibles restricciones a la participación de determinados profesionales.

Uno de los puntos controvertidos fue el tratamiento de los matriculados vitalicios. La Resolución Copitec 6/2025 limitó a un representante de ese padrón la integración de cada lista de ingenieros.

La misma resolución modificó la representación de licenciados y analistas en informática dentro del gobierno de la institución. El Consejo fundamentó los cambios en la necesidad de adecuar su reglamento a las disposiciones legales que regulan su funcionamiento.

Tras la publicación de las denuncias, el COPITEC ejerció su derecho a réplica, rechazó la caracterización de crisis institucional y defendió la legalidad y transparencia del proceso electoral. Las elecciones se realizaron durante septiembre de 2025 y posteriormente se constituyó la nueva Comisión Directiva.

El Copitec también ha intervenido en debates políticos sobre la regulación de las profesiones. En enero de 2023 rechazó públicamente la propuesta del ingeniero Javier Iguacel, entonces dirigente del PRO y precandidato a gobernador bonaerense, de eliminar la obligatoriedad de la matriculación profesional.

En aquella oportunidad, el Consejo defendió la función de los colegios profesionales como organismos de control del ejercicio de actividades técnicas y de protección del interés público.

El otro conflicto abierto con el Enacom

La presentación sobre ciberseguridad no constituye el único frente de discusión entre el Copitec y el regulador de las telecomunicaciones.

En 2026, el Consejo inició acciones judiciales contra la Resolución Enacom 57/2026, publicada en el Boletín Oficial el 26 de febrero, que aprobó un nuevo Reglamento del Registro de Actividades y Materiales de Telecomunicaciones (Ramatel).

La reforma reorganizó el proceso de certificación y homologación de equipos mediante la participación de agencias de certificación privadas.

El Copitec cuestionó particularmente la eliminación de la figura del representante técnico, que había formado parte del procedimiento durante décadas, y advirtió que la modificación podría afectar las incumbencias de sus matriculados.

En mayo presentó una medida cautelar y, posteriormente, informó que había promovido una demanda contencioso-administrativa de nulidad. El Consejo sostuvo que el Enacom no había respondido satisfactoriamente a sus pedidos de diálogo y cuestionó la transferencia de responsabilidades hacia entidades privadas sin mecanismos equivalentes de control profesional.

El Enacom, en cambio, fundamentó la reforma en la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos, modernizar la homologación, reducir costos y favorecer la competitividad. La entrada en vigencia del nuevo reglamento fue postergada hasta el 1° de diciembre de 2026 mediante la Resolución Enacom 843/2026.

En su presentación más reciente, el Copitec indicó que mantiene solicitado un encuentro institucional con Michelazzo para discutir, entre otros temas, la participación de profesionales matriculados en los trámites técnicos, la homologación y las posibilidades de colaboración con el regulador.

Ahora propone incorporar también la implementación de la Disposición 7/2026 a esa agenda.

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