El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) aprobó hoy nuevos requisitos de seguridad para las infraestructuras críticas de telecomunicaciones del Estado argentino, entre ellos una certificación estadounidense que podría excluir a fabricantes chinos como Huawei y ZTE de futuras contrataciones públicas. La medida se inscribe en el acercamiento tecnológico y estratégico del Gobierno de Javier Milei con los Estados Unidos y provocó preocupación en las empresas de telecomunicaciones, que advirtieron sobre posibles restricciones a la competencia, las inversiones y el despliegue de redes.
La disposición 7/2026, publicada este viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial, incorpora la certificación SCS 9001 de la Telecommunications Industry Association (TIA), una organización estadounidense, para determinadas categorías de equipamiento crítico. Aunque la norma no menciona a China ni prohíbe expresamente la participación de Huawei o ZTE, el procedimiento de certificación de la TIA incluye controles de elegibilidad basados en listas de restricciones del Gobierno estadounidense. Las empresas alcanzadas por esas restricciones no pueden avanzar en el proceso.
Por ahora, las exigencias son obligatorias para las infraestructuras críticas de telecomunicaciones a cargo del Sector Público Nacional, incluidas las empresas y sociedades estatales (entre las cuales debe contarse la mayorista Arsat). No implican una exclusión general de fabricantes chinos de las redes privadas ni del mercado argentino. Sin embargo, el artículo 9 encomienda al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) evaluar su incorporación a los procedimientos de homologación de equipos y a las obligaciones de los operadores privados, lo que podría ampliar considerablemente su alcance.
Una decisión en el marco del acercamiento con Estados Unidos
La disposición aparece en un contexto de creciente cooperación entre Buenos Aires y Washington en materia de infraestructura tecnológica, ciberseguridad y reducción de la dependencia de proveedores chinos.
En octubre, el Gobierno argentino avanzó en conversaciones con Estados Unidos para revisar las redes informáticas estatales, identificar equipamiento considerado sensible y desarrollar capacidades nacionales de ciberseguridad. Según informó TN, la iniciativa estadounidense contempla asistencia para evaluar las infraestructuras públicas y sustituir progresivamente tecnología china, especialmente en sistemas críticos.
El acercamiento se inscribe en la política estadounidense de promover proveedores considerados confiables en países aliados y reducir la presencia de fabricantes chinos en infraestructuras estratégicas.
Aunque no existen pruebas públicas de que Washington haya intervenido directamente en la redacción de la Disposición 7/2026, la incorporación de SCS 9001 coincide con uno de los instrumentos que Estados Unidos ya promovió en otros países latinoamericanos.
Una certificación que excluyó a los proveedores chinos de Paraguay
El antecedente más significativo surge de un documento oficial del Departamento de Estado presentado al Congreso estadounidense, titulado Report to Congress on Securing Digital Infrastructure in Developing Countries.
En su página 6, el informe describe cómo Estados Unidos promovió la incorporación de la certificación SCS 9001 a una licitación de espectro para redes 5G lanzada por Paraguay en junio de 2025. El documento reconoce expresamente que ese requisito impediría efectivamente la participación de empresas chinas sin necesidad de excluirlas de manera explícita.
La declaración confirma que Washington considera esta certificación una herramienta para restringir el acceso de determinados fabricantes a los mercados de infraestructura de telecomunicaciones.
El Departamento de Estado también reconoce que la medida paraguaya fue precedida por meses de negociaciones diplomáticas, respaldadas por un proyecto de US$ 6 millones del Counter PRC Influence Fund, un programa destinado a contrarrestar la influencia de la República Popular China. Además, señala que Nokia y Ericsson garantizaron a los representantes estadounidenses que cumplirían las condiciones de proveedores confiables previstas en la licitación.
El informe describe una estrategia más amplia, con actuaciones en Costa Rica, República Dominicana y las islas del Pacífico. En el caso dominicano identifica expresamente a Huawei y ZTE entre las compañías cuya participación Estados Unidos procura restringir por motivos de seguridad.
La certificación SCS 9001 evalúa los procesos que utilizan fabricantes y proveedores para gestionar riesgos en la cadena de suministro, desde el diseño y la fabricación hasta las actualizaciones y el mantenimiento. No constituye, por sí sola, una certificación de seguridad técnica de cada equipo.
El embajador Peter Lamelas destacó la decisión argentina
El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, celebró la decisión del Centro Nacional de Ciberseguridad de incorporar nuevos requisitos para el equipamiento de las redes estatales de telecomunicaciones. A través de su cuenta oficial en X, el diplomático afirmó: «Es alentador ver a la Argentina dar un paso firme y técnico para proteger su infraestructura crítica de telecomunicaciones».
Y agregó: «Un mercado libre no debe ser un mercado ciego: la seguridad de las cadenas de suministro y la adopción de estándares internacionales brindan la certidumbre que el capital privado necesita para invertir a largo plazo». El respaldo de Lamelas se produce en el marco del acercamiento tecnológico entre ambos países y de la política estadounidense para promover proveedores considerados confiables en las redes de telecomunicaciones.
Hasta el momento no se conoció una reacción pública de la Embajada de China en Buenos Aires específicamente referida a esta disposición. Sin embargo, la representación diplomática cuestionó en reiteradas oportunidades las presiones estadounidenses para limitar la participación de fabricantes chinos en las redes argentinas.
En agosto denunció que Washington obstaculizaba acuerdos comerciales con Huawei mediante restricciones de visas y acusó a Estados Unidos de actuar con una «mentalidad de guerra fría». En septiembre volvió a responder al embajador estadounidense Peter Lamelas, quien había advertido sobre los riesgos de Huawei y ZTE, y calificó esas acusaciones como una «pura invención». Beijing defendió el derecho de la Argentina a elegir autónomamente sus proveedores tecnológicos y cuestionó la utilización de argumentos de seguridad nacional para restringir la competencia.
Las empresas reclaman neutralidad tecnológica y consulta pública
La Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) difundió un comunicado este mismo viernes 6 en el que expresó su preocupación por la eventual extensión de los requisitos a las redes privadas.
La entidad sostuvo que comparte el objetivo de fortalecer la seguridad y resiliencia de las infraestructuras, pero cuestionó la posibilidad de condicionar las exigencias regulatorias a un único esquema privado de certificación, como SCS 9001, sin admitir mecanismos alternativos basados en otros estándares internacionales reconocidos.
ATVC recordó que las redes argentinas integran equipamiento de múltiples fabricantes y tecnologías, sujeto a procedimientos de homologación y controles regulatorios. Según la organización, la protección de las redes requiere mecanismos complementarios de evaluación y no puede limitarse a certificar los procesos internos de los proveedores.
Por ese motivo, solicitó al Enacom y a las autoridades competentes abrir una instancia de diálogo y consulta pública antes de avanzar con nuevas obligaciones, respetar la neutralidad tecnológica y evitar barreras innecesarias para la inversión, la competencia, la expansión de la conectividad y la competitividad digital.
El planteo cobra relevancia ante la posibilidad de que la certificación se incorpore a los procedimientos de homologación del Enacom, en un mercado donde operadores y proveedores utilizan equipamiento de distintos orígenes, incluidos fabricantes chinos, europeos y estadounidenses.
Un organismo creado hace diez meses y con nuevo director
El Centro Nacional de Ciberseguridad fue creado el 31 de diciembre de 2025 mediante el DNU 941/2025, publicado el 2 de enero de 2026, como parte de la reorganización del sistema de inteligencia nacional. Es un organismo descentralizado que funciona en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, encabezada por Adriana Baravalle, dentro de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Su función es planificar, ejecutar y supervisar políticas de ciberseguridad, proteger las infraestructuras críticas de información y establecer lineamientos para los organismos estatales.
Desde el 2 de noviembre, su director ejecutivo es Walter Fabián Agüero, designado mediante el decreto 1313/2026, en reemplazo de Ariel Waissbein, quien había asumido en febrero. La disposición 7/2026, firmada por Agüero, constituye una de las primeras medidas regulatorias de relevancia para el sector de telecomunicaciones adoptadas durante su gestión.
Plazos de aplicación y alcance sobre los equipos instalados
La nueva regulación entrará en vigencia el 7 de noviembre de 2026, pero será exigible para los procedimientos de adquisición y contratación del Estado que comiencen 90 días después.
En ese plazo, el CNC deberá identificar las infraestructuras críticas de información y clasificar el equipamiento según cuatro niveles de criticidad: crítico, elevado, moderado y reducido. La certificación SCS 9001 se exigirá para las categorías superiores, con un período transitorio de 36 meses que permite acreditar avances en el proceso de certificación.
La normativa también incorpora controles sobre componentes y software, gestión de vulnerabilidades, actualizaciones, accesos remotos y continuidad del soporte técnico.
Los equipos actualmente instalados no deberán ser reemplazados automáticamente. Cualquier adecuación deberá considerar su criticidad, exposición a riesgos, ciclo de vida, soporte disponible y disponibilidad presupuestaria. La sustitución de equipamiento requerirá una decisión fundada.
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