El 25 de febrero, a las 17, se realizó el primer Encuentro Convercom 2025, titulado «La regulación de la convergencia ¿es necesario el ente regulador?, que convocó a unos 60 profesionales del sector de la conectividad.
La disruptiva innovación tecnológica que dinamiza en la actualidad al sector telco se despliega en favorable sintonía con un nuevo tiempo político. Las medidas desreguladoras y transformadoras impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei desencadenan profundos cuestionamientos sobre la naturaleza del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Incluso el reciente anuncio sobre la adquisición de Telefónica de Argentina por parte de Telecom (Grupo Clarín) puso el acento en la actualidad de la discusión.
Organizado en cuatro paneles y clausurado por Hector Huici, subsecretario de Desregulación y Simplificación del Estado, el debate presentó miradas desde distintos puntos de vista, pero alcanzó acuerdos sobre los pilares que deberían sostener al renovado organismo.
Luego de la apertura e introducción presentadas por José Crettaz, editor de Convercom.info, fue el momento del inicio de las exposiciones:
Panel: La visión de los expertos y consultores
Contó con la participación de Henoch Aguiar, abogado, exsecretario de Comunicaciones y exdirector de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT); Agustín Siboldi, abogado, socio en Estudio O’Farrell y Sonia Agnese, contadora, analista senior para América Latina en Omdia.
Agnese abrió el panel y puso el tema en perspectiva global al enumerar las principales tendencias que modelan el paisaje regulatorio a partir de un estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que explican por qué se necesita un ente regulador y cuáles son sus objetivos.
“La regulación de los mercados permite que no exista la regulación ex ante —esto es, el conjunto de normas que se implementan antes de que ocurran ciertos eventos, por ejemplo las conductas anticompetitivas—”, explicó Agnese. La propia convergencia de tecnologías, la transformación digital, la privacidad y seguridad en línea, los crecientes desafíos en materia de seguridad digital y las consideraciones sobre la sustentabilidad del ambiente definen, según el trabajo mencionado por Agnese, las aristas sobre las que todo ente regulador debe accionar para que el mercado pueda desenvolverse de la mejor manera.
“Promover competencia en los mercados y asegurar la existencia de una diversidad de opciones para los consumidores a los mejores precios es resorte de la regulación”, afirmó Agnese, que subrayó que normas como la de la portabilidad numérica, emanada desde el ente regulatorio, fue “importantísima” para los consumidores.
Luego fue el turno de Siboldi. “Sí, necesitamos un ente regulatorio”, aseguró, y agregó: “todos los derechos del usuario, desde el acceso a información veraz y el trato digno hasta la defensa contra los monopolios naturales y contra toda distorsión de mercado están consagradas constitucionalmente, y en la actualidad son resorte del Enacom y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)”
“La estandarización de tecnologías, el tratamiento ambiental de residuos y la discusión sobre las radiaciones no ionizantes son desafíos que han sido abordados por las pautas indicadas por la autoridad nacional”, agregó Siboldi para completar su argumentación del porqué sí es necesario contar con un ente regulatorio, y cerró: “jurídicamente, es necesario”.
Aguiar cerró el primer panel y definió sintéticamente al sector: “Las comunicaciones, en la actualidad, son una mezcla extraña entre comunicaciones, informática, desarrollo digital, plataformas, software in the cloud y software as a service (SaaS), elementos que coexisten en un componente altamente dinámico. Aún teniendo reglas medianamente fijas que respondan a lo conocido y que intentan formularse de manera general para que no se agoten con el primer cambio tecnológico, el rol del regulador es clave”, sostuvo, y completó: “La regla no basta. Aplicada a cada caso, no es lo mismo una posición dominante que otra, un conflicto de interconexión que otro ni el impacto social de una regulación que de otra”.
“En la actualidad, el rol del regulador cambia”, dijo Aguiar. “Ya no debe atender únicamente a poder transformar una regla general en una aplicación específica que acontece en una infinidad de entornos y ser capaz de modular esas reglas sino que, además y especialmente, debe estar en diálogo permanente con la industria y la peri-industria, porque lo que viene en materia tecnológica nunca puede predecirse”, explicó el experto, poniendo énfasis en el carácter dinámico que todo ente regulador de las comunicaciones debe tener en el siglo XXI.
“Si el regulador se queda en su función y no se convierte en el espacio en donde se mira el presente al mismo tiempo en que analiza hacia dónde se dirige la sociedad, se pueden cometer graves errores en el futuro”, aseguró Aguiar, y resaltó que el ente regulador debe ser capaz de advertir cuándo una norma existente ya no funciona como corresponde para proponer nuevas reglas, pero siempre en concierto con otros actores involucrados de la sociedad.
“Debe existir un regulador no del pasado sino del futuro. El principal rol del regulador en la actualidad es el del capitán del Titanic: no debe hacer funcionar la maquinaria sino saber dónde está el iceberg. Debe mirar tanto perspectivamente como prospectivamente, y hacerlo de modo estratégico para generar propuestas de cambio a futuro”, graficó Aguiar como cierre, sin dejar de resaltar que el diálogo permanente del regulador con todos los actores del ecosistema y la horizontalidad que ello supone debe reemplazar al antiguo rol de mero dador de leyes.
Panel: La mirada de las empresas I
Contó con la participación de Franco Cecchini, presidente de la Cámara Argentina de Telefonía IP y Comunicaciones Convergentes (Catip); Rubén Chelini, miembro de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (Cappi) y Carlos Fulio, miembro de la Unión Argentina de Proveedores de Internet (Uapi).
Cecchini arrancó con un rotundo “sí” en cuanto a que debe existir un ente regulador, y definió cuáles deberían ser sus atribuciones: “Debe defender a los usuarios y a la existencia de un esquema de competencia donde las reglas sean iguales para todos y que eso permita que haya precios justos”, expresó, y agregó: “Debe estar a favor de la inversión y del desarrollo, pero sin la necesidad de reglamentar en demasía en cuanto al sector privado, velando porque no existan excesos derivados de las posiciones oligopólicas y monopólicas que existiesen”.
El empresario puso el acento en el usuario del servicio. “El tipo de ente regulador que ha existido durante los últimos 20 años no sirve para nada. Casi se ha limitado a entorpecer incluso hasta las relaciones entre compañías”, lanzó Cecchini, y completó: “Quiero la utopía de un ente regulador pequeño, activo, justo y a favor de la inversión, la competencia y de todos los nacidos en esta patria”.
Luego fue el turno de Chelini, quien fue lacónico: “Valoramos el rol fundamental del Enacom y compartimos la idea de que debería ser más flexible hacia el futuro. Su continuidad es esencial para garantizar las reglas claras, equitativas y transparentes que fomenten la competencia, la inversión y el desarrollo sostenible de todos los actores del mercado”.
Por último, Fulio cerró el segundo panel, y se diferenció del resto de expositores que lo antecedió: “Nos pronunciamos a favor de la eliminación del Enacom. Si sopesamos al actual organismo contra que no exista, prefiero no tenerlo”, dijo Fulio y agregó que “sufrimos el hecho de que las empresas grandes inundan permanentemente el mercado con ofertas imposibles de igualar. En ese aspecto necesitamos un actor de verdad, no sé si debería ser el Enacom o la CNDC. El especialista criticó el rol que el Enacom cumplió en el pasado reciente caracterizado por sus funciones políticas.
“Si su existencia continuase, el Enacom debería tener un rol fundamentalmente técnico. Velar por el uso correcto de las frecuencias del espectro, por las radiaciones y en lo concerniente a los desechos electrónicos que produce la actividad”, enumeró Fulio y mencionó que su postura respeto del ente contempla la idea de que sea un espacio donde la iniciativa privada esté representada, una suerte de gran mesa de diálogo del sector que funcione de forma horizontal, democrática y participativa.
“El regulador debería tener una función estadística que le permita brindar información sobre el sector a los privados en cuanto a precios de referencia y en relación con qué zonas del país demandan mayor conectividad”, dijo.
Para cerrar, Fulio apuntó contra el uso que desde el Estado se hizo de los Aportes No Reembolsables (ANR): “En lugar de darle un uso político, ese fondo podría servir para otorgar créditos a tasas preferenciales”.
Panel: La mirada de las empresas II
Contó con la participación de Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), Ariel Fernandez Alvarado, presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel) y Leticia Vázquez, presidente de lnfraestructura Digital Argentina (Ida).
Vázquez apuntó contra la poca transparencia y el uso político que el Enacom ha desempeñado en el pasado reciente. “Una decisión como fue el Decreto 690/2020 emanó desde la política y bastardeó, atrasó y judicializó la industria, complejizando innecesariamente”, sostuvo Vázquez, y resumió: “Sí es necesario un ente, pero que sea técnico y que no se constituya en un impedimento”.
Fernández Alvarado la siguió en el uso de la palabra, quien se pronunció sintéticamente en favor de la existencia de un regulador, pero problematizó lo concerniente a sus funciones. “No queremos un regulador cooptado por las grandes empresas, ni uno paralizado y poco transparente en la utilización de los recursos ni tampoco que ejerza funciones políticas. El regulador que queremos debe requerir la participación de todos”.
Por último, Graizer cerró el panel. También se pronunció en favor de la existencia del ente regulador y explicitó las características que deberían definirlo: “Debe impulsar la industria, beneficiarla y propiciar la innovación y la competencia en favor de los usuarios finales”.
“Hay regulaciones que deberían ser asimétricas en función de los tamaños, mercados y condiciones”, lanzó Graizer, y completó: “necesitamos un regulador inteligente, y coincido con que debe ser capaz, ágilmente, de promover la innovación y el crecimiento del sector por medio de incentivos”.
Panel: La visión internacional
Participaron José Felipe Otero Muñoz, instructor adjunto en New York University y Mario Bossolasco Akay, director del Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones (CERTAL)
Otero Muñoz coincidió con la idea de la existencia de un regulador inteligente y enfocado en las necesidades de la pequeña iniciativa privada. “El ente será tan eficiente como lo sean las personas que desempeñen sus funciones en éste”, resumió el catedrático. “Considerando el plano internacional, podemos decir que sí necesitamos un regulador para evitar ‘la ley del oeste’ que demuestra la teoría económica”, dijo Otero Muñoz, y cargó contra los funcionarios que hacen un usufructo personal de las responsabilidades que les competen.
Por su parte, Bossolasco Akay puso el acento en el tipo específico de regulación que requiere el país en el presente, y que debería estar signada por una “fuerte, muy fuerte participación público-privada”. “El regulador debe ser un facilitador de equilibrios, y su clave deberá ser la capacidad de adaptación que sepa mostrar en términos de flexibilidad y adaptación a la acelerada innovación tecnológica que gobierna la actualidad”, resumió.
El cierre del encuentro estuvo a cargo de Alejandro Fargosi, abogado asesor de empresas de comunicaciones. Desde un punto de vista conceptual, histórico y centrado en la política, apuntó: “Guillermo Moreno pulverizó la cultura del sector”, retrotrayéndose a la gestión del otrora funcionario cuyo desempeño tuvo lugar entre 2003 y 2006 en el cargo de Secretario de Comunicaciones de la Nación Argentina.
“La única manera de concretar soluciones es ejerciendo una gran presión sobre el poder Ejecutivo. En ese sentido, todos tenemos las redes sociales como arma”, apuntó Fargosi, y resaltó que “hay que actuar ahora para que este gobierno, que está tomando medidas revolucionarias en varios aspectos de la mano de Federico Sturzenegger, meta mano en el sistema de regulación y control de las telecomunicaciones, especialmente teniendo en cuenta que la venta de Telefónica Argentina podría ser una bomba neutrónica. Es un tema que se las trae porque la convergencia hace que la posición del gobierno de cara a las empresas reguladas sea más débil, mucho más débil que en el pasado”.
“Más allá de algún detalle, estamos todos de acuerdo en cuanto a las atribuciones que debería tener el regulador, y pienso que sería bueno incluso institucionalizar este tipo de reunión, este encuentro, en el seno del organismo, por ejemplo, dos veces al mes, no para escuchar sino para ser escuchado con mucha frontalidad”, dijo Fargosi, y subrayó que el ente debe estar encabezado por alguien que conozca al sector en profundidad. “Es un tema demasiado complicado y cambiante para alguien que venga de afuera”, resumió.
Por último, el subsecretario de Desregulación y Simplificación del Estado, Hector Huici, clausuró el encuentro. La presencia misma del funcionario evidencia que soplan vientos de cambio en materia regulatoria en la Argentina. Y no es una excepción. Tanto los responsables del Enacom como los del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado suelen participar de encuentros sectoriales y muestran una inédita apertura al diálogo.
Huici afirmó: “El Enacom va a seguir existiendo, y no tenemos planes de desconcentrarlo ni de fusionarlo. Cuando salga el nuevo mega decreto no va a existir ninguna novedad en cuanto al regulador de las telecomunicaciones”, dijo Huici y agregó que “debemos interrogarnos si tiene que existir regulación y de qué hablamos cuando nos referimos a ella. Hablamos de intensidades. Desde el gobierno sabemos qué actividades el Gobierno no tiene que hacer”, dijo.
El funcionario retomó aspectos mencionados en el encuentro por Sonia Agnese como por ejemplo la ciberseguridad y la privacidad. “Además de preguntarnos qué debe regularse debemos pensar quién debería hacerlo”, problematizó el funcionario.
“¿La íntima vinculación que existe actualmente en la industria en cuanto a la infraestructura, los contenidos y la privacidad obligan a tener un único ente que regule todo eso o no?”, dijo Huici, y continuó con la defensa de la competencia: “Sin dudas es, en los tiempos modernos, la razón de la regulación. El regulador genera condiciones para la competencia cuando el desempeño natural del mercado hace prever que si no se adoptan determinadas regulaciones esa competencia no va a existir o va a ser muy difícil que exista. Si no existiera portabilidad numérica, por ejemplo, sería un problema”, afirmó.
Huici amplió el debate al sostener que “hay aspectos que le atañen al Congreso, y no a un funcionario en particular”, y expresó que si bien plantear la existencia de un ente aséptico, apolítico y compuesto por personal libre de cualquier sospecha es “un poco utópico, tanto como la no existencia de regulación”, sí debe haber una serie de reglas de procedimiento que permitan morigerar que todo sea política y nada técnica. “Una de ellas podría ser que previo al dictado de cualquier regulación se ordene un estudio de impacto regulatorio, esto es, justificar la decisión a implementar”, explicó el funcionario.
“No es lo mismo un Estado chico y eficiente que un Estado grande y eficiente, y además qué búsqueda de la eficiencia debe proseguirse”, expresó Huici para marcar su punto de vista en cuanto a las características sobre el rol del regulador, remarcando que la discusión, a su juicio, se sintetiza en qué tiene que estar regulado y qué no, y para lo primero quién debe ocuparse de ello. “Yo creo que, en lo central, eso debe provenir de políticas emanadas del Congreso de la Nación”, ratificó.
“Según sé, el único país que alguna vez no tuvo ente regulador de las telecomunicaciones fue Nueva Zelanda, nación donde las diferencias del sector se resolvían por medio de políticas de la Comisión de Defensa de la Competencia —para la estructura de mercado y la competencia— y la Comisión de Defensa del Consumidor —para lo concerniente a la relación empresa-consumidor—. Sin embargo, con el tiempo fueron corrigiendo ese sistema hasta abandonarlo. Hasta dónde el Estado debe intervenir es la pregunta”. cerró Huici.
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