La detención de Facundo Leal, empleado y ex presidente de la empresa satelital argentina Arsat, abrió una de las crisis más sensibles que haya atravesado el sector argentino de las telecomunicaciones en los últimos años. Robo de equipamiento de la red de fibra óptica, drogas de distinto tipo, unos US$ 2,4 millones en efectivo y sofisticado equipamiento de inteligencia aparecieron en dos propiedades del ex funcionario de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Javier Milei.
Más allá de las derivaciones penales, el caso expone una pregunta institucional de mayor alcance: cómo un funcionario logró ocupar posiciones estratégicas dentro del Estado durante casi dos décadas, atravesando administraciones kirchneristas, massistas y libertarias sin que ningún sector político parezca dispuesto hoy a asumir responsabilidades por su ascenso, permanencia o continuidad. Es muy curioso que nadie enrosetre el caso a su contrincante, como ocurre habitualmente en la arena política.
Leal se volvió un tema tabú en la conversación pública política y empresarial. El gobierno del presidente Milei parece no considerar como propio al ex funcionario ni tampoco el kirchnerismo -Leal aprendió con un experto, el ex ministro de Planificación Julio de Vido, en su primera experiencia en Arsat-, y ambos sectores políticos miran hacia Sergio Massa -el detenido tiene un muy completo álbum de fotos oficiales con el ex ministro de Economía-, a quien las denuncias judiciales lo siguen esquivando.
La profusión de cuestiones de privilegio, pedidos de informes, auditorías especiales o investigaciones parlamentarias que se plantean semanalmente en el Congreso no alcanzó todavía al caso Arsat. Tal vez los posibles interesados en indagar esperen a que se sepa cuánto puede surgir de los celulares y dispositivos secuestrados a los investigados.
También es destacable que sectores empresariales, de grandes compañías hasta pymes y cooperativas, que en el pasado celebraban los aportes de la empresa mayorista estatal, reclamaban que diera más o pedían su privatización, hoy eviten el tema como si fuera una mancha de aceite que pugna por expandirse. La reacción de las cámaras empresarias del sector ha sido prácticamente inexistente.
La trama política detrás del caso
La semana que pasó, columnistas de los diarios Clarín y La Nación, Ricardo Roa y Carlos Pagni, respectivamente, se enfocaron en el tema y coincidieron en subrayar que Leal no fue un funcionario periférico sino un actor con capacidad para construir vínculos transversales con dirigentes políticos, empresarios, sindicatos y organismos públicos.
Tanto Roa como Pagni -que parecen haber hablado con las mismas fuentes- ubican a Leal dentro de una red de relaciones que excede a Arsat y atraviesa distintos sectores del poder político y empresarial. En ese entramado aparecen especialmente los nombres de José Luis Manzano y Daniel Vila, empresarios mendocinos con larga presencia en los negocios de medios, energía e infraestructura, a quienes ambos columnistas vinculan con la trayectoria del ex funcionario.
No hay que olvidar también que, aunque remotos, Manzano tiene antecedentes en la política nacional: fue legislador y súper ministro del Interior del presidente Carlos Menem en la primera parte de la década de los 90. Manzano y Vila, junto a otros socios, controlan el grupo América y Telefe en el ámbito de los medios.
Roa define a Manzano como el «principal padrino político» de Leal y sostiene que su ascenso dentro de Arsat estuvo asociado a ese vínculo, mientras que Pagni también lo ubica dentro del círculo de influencia conformado por Manzano, Vila y Massa. Ambos periodistas mencionan además al empresario Leonardo Scatturice, propietario de compañías vinculadas a tecnología, conectividad y aviación, cuyo nombre aparece asociado a negocios con organismos estatales y a su relación con el asesor presidencial Santiago Caputo.
En cuanto a Caputo, Roa y Pagni difieren levemente. Para el primero, el asesor forma parte del entorno de relaciones que rodeaba a Leal, pero sin ser considerado responsable de su ascenso o permanencia en la administración pública.
Pagni, en cambio, le otorga un papel mucho más central y sostiene que la continuidad de Leal tras el cambio de gobierno en 2023 respondió a una estrategia impulsada por Caputo de conservar o incorporar cuadros provenientes de la gestión anterior, particularmente vinculados al massismo, y presenta al ex presidente de Arsat como uno de los ejemplos más visibles de esa política.
El fantasma del Servicio Universal
Por lo bajo, entre mensajes de WhatsApp y conversaciones reservadas por donde suelen circular la indignación y la curiosidad, muchos profesionales del sector telco y tech vuelven a preguntarse por los recursos del ex Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), que el actual gobierno mantuvo aunque con modificaciones.
Creado con el argumento de financiar proyectos de conectividad en zonas donde las inversiones privadas resultan insuficientes o económicamente inviables, el fondo sigue existiendo y se nutre de aportes obligatorios realizados por los prestadores de servicios de telecomunicaciones.
En su columna, Pagni se hace eco de «versiones que circulan desde tiempo» dentro de la industria acerca de transferencias multimillonarias realizadas desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) hacia Arsat para financiar despliegues de infraestructura y proyectos vinculados al Servicio Universal. De hecho, contra la prédica libertaria de no privilegiar a nadie y menos a una empresa estatal, el actual Enacom ya exceptuó a la estatal de sus obligaciones en varias ocasiones. Arsat ha sido un incumplidor serial.
El columnista no tuvo buena información. No son «habladurías», como suele decir, sino actos administrativos debidamente registrados durante los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. De hecho, varias auditorías –internas del Enacom y externas de la AGN– se centraron en esas y otras transferencias del FFSU. Lo curioso es que no haya investigaciones ni denuncias sobre las irregularidades detectadas. Quien debe responder sobre estos temas, tanto del presente como del pasado, es el interventor del Enacom, Juan Martín Ozores.
Del escándalo que la involucra tampoco se hizo cargo la propia empresa Arsat, que en el organigrama estatal -al igual que el Enacom- depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Darío Genua -ex secretario de Hacienda de la administración peronista en el partido de Pilar-. No se conocen anuncios de auditorías internas, revisiones administrativas o investigaciones institucionales relacionadas con el caso.
Mientras la Justicia avanza sobre los aspectos penales del caso Leal y parece haber abierto una caja de Pandora que no se esperaba, sigue pendiente una pregunta de fondo para el sector de las telecomunicaciones: si la investigación terminará concentrándose exclusivamente en la conducta de un funcionario o si abrirá finalmente una revisión más amplia sobre el destino de los recursos públicos supuestamente destinados a cerrar la brecha digital en la Argentina.
Y, aún mejor dado el contexto político del país y el mundo, si finalmente se avanzará con la privatización de la empresa, fundada por Néstor Kirchner -que de no haber fallecido estaría condenado en la causa Vialidad y en pleno juicio en la de los Cuadernos- a instancias de Guillermo Moreno cuando fue secretario de Comunicaciones, poco tiempo antes de hacerse famoso en su paso por el área de Comercio.
En la primera versión de la ley Bases, que no logró aprobación del Congreso, la administración Milei incluyó a Arsat entre las empresas a privatizar. Para que se aprobara el segundo intento debió quitarla de la lista. ¿Volverá a estar incluida?
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