La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó y publicó finalmente el informe de la auditoría realizada sobre la gestión del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en la administración de los recursos del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), disuelto recientemente por la administración Milei.
El informe, que se centró en el período comprendido entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2021, estaba incluido dentro del plan de acción anual de la AGN, fue finalizado el 6 de noviembre y aprobado el 18 de diciembre por el colegio de auditores en sesión pública. El 6 de enero, el gobierno hizo mención a sus conclusiones en el decreto 6/25 de disolución (indicó «la existencia de programas anteriores al año 2021 que se encuentran en ejecución durante 2024, no constando un instrumento que haya previsto su prórroga»). Aunque la primera referencia del Poder Ejecutivo a esta auditoría se había hecho en octubre pasado.
El examen de auditoría abarcó el control sobre los aportes de inversión al fondo; la planificación de los programas y su ejecución, y entre sus hallazgos se destacan demoras en la resolución de solicitudes de las licenciatarias, retraso en el seguimiento de las obras y entregas de dispositivos, no inicio de procedimientos sancionatorios por incumplimientos de plazos, falta de evaluaciones integrales y falta de documentación respaldatoria.
A continuación se resumen las principales conclusiones de la auditoría:
1.- El agente fiduciario, BICE Fideicomisos SA, empresa del estatal Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), incumplió los términos del contrato con Enacom y el manual de procedimientos establecidos. «El 69% de los aportes al FFSU informados en las rendiciones de cuenta del período auditado, que ascienden a AR$ 300,6 millones, no se encuentran identificados por BICE Fideicomisos SA; por consiguiente el Enacom debe efectuar procedimientos de control supletorios», sostiene el texto.
Según la AGN los aportantes al FFSU son 2733 licenciatarios de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones. Durante el período auditado, el ente estuvo a cargo de dos gestiones distintas.
Hasta el 10 de diciembre de 2019 fue conducido por Silvana Giudici, actual diputada nacional del PRO, y a partir de esa fecha pasó a manos de Claudio Ambrosini, quien ya fungía como director por la oposición con anterioridad. Durante 2019, último año de la administración Macri, el BICE fue presidido por Francisco Cabrera. A partir de diciembre de ese año el cargo quedó en manos del industrial José Ignacio de Mendiguren, perteneciente al sector referenciado en Sergia Massa, al igual que Ambrosini, entonces presidente del Enacom. Durante la gestión de este último, Giudici continuó como directora en representación de la oposición.
2.- El procedimiento de verificación de la determinación del aporte es acotado o no es oportuno. La AGN sostiene que el Enacom concentró el control de los aportes en menos del 1% de los aportantes («el 0,07% y el 0,11% de los licenciatarios obligados»), que sumados representaron el 47% de lo recaudado, pero que dichos controles «no alcanzaron a la empresa Telecom Argentina SA, cuyo aporte representó más del 30% de la recaudación». La versión breve del informe -que se adjunta al final de esta nota- subraya que «esta auditoría constató que la empresa realizó deducciones no admitidas por la normativa en las liquidaciones presentadas».
3.- Los recursos de reconsideración de Telecom y Telefónica presentados en reclamo de descuentos en la determinación del aporte de inversión no previstos en la normativa aplicable -anteriores a la instrumentación del sistema- fueron resueltos por el Enacom luego de 7 años (en noviembre de 2019, durante la administración Macri). El Enacom omitió intimar a las empresas al pago de las sumas adeudadas en concepto de aporte de inversión, que asciende a AR$ 1470 millones nominales sin contar intereses (Telecom, AR$ 640.520.391; Telefónica A$ 829.464.970).
La deuda de las empresas incumbentes ya había sido mencionada en octubre pasado por el vocero presidencial Manuel Adorni al anunciar medidas en materia de conectividad -que en su mayor parte aún no se concretaron-. En esa ocasión, Adorni había mencionado, muy escuetamente, el informe de la AGN. “La auditoría arrojó como resultado que las empresas Telecom y Telefónica debían más de AR$ 3000 millones en conceptos de aportes de inversión al FFSU. Telecom abonó los intereses moratorios dos años después de su liquidación original. Este trabajo dejó en evidencia que el Enacom omitió intimar a las empresas, falló en el control e incurrió en una demora en la resolución de recursos interpuestos por las empresas ante el propio Enacom”, dijo el vocero en aquella oportunidad.
Convercom.info consultó con las empresas respecto de estas referencias en el informe de la AGN. En Telefónica indicaron que no tienen nada que comentar. En tanto, fuentes bien informadas sobre Telecom dijeron que no depende de la empresa que el ente audite o no sus aportes. Y respecto del FFSU confirmaron que hay un expediente abierto porque se mantiene la discusión acerca de los montos sobre los que se debe calcular el aporte del 1%, y si tienen que calcularse luego de descontar los derechos por uso de espectro radioeléctrico (DER) o no. Eso aún no fue resuelto por el gobierno (algo que el informe de la AGN destaca como pendiente en la Secretaría de Innovación -ex Secretaría de Modernización-, órgano administrativo al que se apelan las decisiones del Enacom). Considerar o no los DER implicaría un cambio sustancial en los montos a pagar al ahora ex FFSU.
4.- El 73% de los beneficiarios de Aportes No Reintegrables (ANR) incluidos en la muestra incumplieron los plazos de ejecución de obra convenidos. En esos casos, Enacom efectuó el seguimiento tres años después de la fecha de suscripción de los convenios; no consta en los expedientes administrativos el inicio de los procedimientos sancionatorios estipulados. El 33% de los beneficiarios de ANR incluidos en la muestra solicitó adecuación económica del presupuesto, para esos casos las resoluciones demoraron en promedio 448 días para su dictado
5.- En la muestra analizada por la AGN, se constató que el 92% de los proyectos que percibieron el 100% del ANR no contaron con la verificación técnica y el acta de cierre correspondiente previo al desembolso final. Se verificaron desvíos en las ejecuciones de obras respecto a lo planificado. Esto ya había sido determinado por la auditoría interna encargada por el presidente Javier Milei al intervenir el ente apenas comenzó su gobierno.
6.- El reporte destaca que el 8 de julio de 2024, como hecho posterior al período auditado, se publicó en el Boletín Oficial la ley 27.742 (Ley Bases) que autorizó al Poder Ejecutivo a disolver los fondos fiduciarios y subraya que “en caso de que se resolviera liquidar o disolver el FFSU y discontinuar el programa o la finalidad para la cual fue creado, tanto la asignación como los aportes se considerarán eliminados”.
Esa afirmación -previa al decreto de disolución- parece darle la razón a las empresas que, como Telefónica, presentaron recursos administrativos contra el pago del aporte y obligaron al Enacom a dictar una resolución para mantener la vigencia del tributo. Según pudo establecer Convercom.info, se estaría registrando una incipiente rebelión fiscal de parte de los licenciatarios pyme que, aconsejados por sus abogados, se estarían resistiendo a seguir pagando.
7.- Según el informe de la AGN, las intimaciones cursadas por incumplimiento al pago del aporte al FFSU fueron erróneas en el 40% de los casos analizados. El 44% de los pagos ingresados tendientes a regularizar la deuda no incorporó los intereses moratorios devengados sobre el importe adeudado, y las intimaciones a su efectivo pago fueron tramitadas 2 años más tarde. El control sobre las transferencias de los licenciatarios correspondientes al pago de intereses adeudados no es eficaz. Se corroboró que Telecom Argentina SA ingresó el pago de intereses moratorios dos años más tarde desde su liquidación (algo que había anticipado Adorni meses antes).
8.- El actual interventor del Enacom, Juan Martín Ozores, fue intimado a brindar información tras vencerse dos veces los plazos otorgados por la AGN. Según el reporte de ese organismo, el informe de auditoría fue enviado en vista al Enacom el 18 de septiembre de 2024, según disposición de la Comisión de Supervisión de la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos de la AGN, para que formule las observaciones y comentarios que considerara pertinentes. Con posterioridad se le otorgó al ente una prórroga de 15 días corridos y, finalmente, se lo intimó a dar respuesta a lo solicitado en los términos de la Resolución AGN 77/2002.
El 25 de octubre de 2024, el interventor del Enacom remitió una contestación a la AGN en la que sostuvo que la mayoría de las cuestiones vertidas en los hallazgos resultan coincidentes con observaciones efectuadas en el marco de los proyectos de la unidad de auditoría interna. Asimismo, comunicó la permanencia de debilidades y la necesidad de fortalecer la trazabilidad y transparencia del proceso auditado.
Convercom.info consultó con el Enacom sobre las razones de esa demora. Desde el ente se negó primero la intimación y luego -cuando se citó la expresado en el informe- se valoró que «en definitiva, se respondió».
9.- De los 15 programas y proyectos aprobados durante el período auditado, sólo dos programas tienen fundamento en estudios previos que identifican las necesidades de los sectores que requieren prioridad respecto al servicio universal: los programas aprobados en virtud de la situación de emergencia social y sanitaria dispuesta ante la pandemia por el Covid-19.
10.- De los datos revelados por la auditoría se desprende que la actividad del FFSU fue básicamente financiera. Los ingresos del fondo provinieron de tres fuentes: 84,5% de inversiones e intereses, y 14,8% del aporte de los licenciatarios, el 0,7% de otros ingresos. En cuanto al destino de los fondos, el 88% fue a la suscripción de inversiones, el 9% a la ejecución de programas y el 3% a otros gastos.
11.- No constan análisis diagnósticos ni criterios definidos que den fundamento a la selección de localidades beneficiadas con el programa de reparto de tablets. «El seguimiento efectuado sobre el destino de los dispositivos entregados en el marco de ese programa es deficiente» y «Enacom carece de documentación que permita evidenciar el cumplimiento de las cláusulas de los convenios suscriptos», sostiene el reporte.
La audiencia de presentación del informe
Estos hallazgos forman parte del informe de auditoría aprobado en la sesión pública del colegio de auditores del 18 de diciembre pasado y recogido en la resolución 182/2024 del organismo, que lleva la firma de su presidente, Juan Manuel Olmos (PJ); y tres auditores, Francisco Javier Fernández (PJ), María Graciela de la Rosa (PJ) y Alejandro Nieva (UCR). Actualmente, el organismo funciona con sólo cuatro de sus siete integrantes por la falta de designación de los miembros que deben representar a la Cámara de Diputados.
El trabajo técnico fue realizado por Ana Cecilia Puppo y Gabriela Irene Bernazza, que firman el reporte. El informe completo tiene 118 páginas pero se presentó también una versión abreviada, de 20 páginas. Todos los documentos están disponibles en la página web de la AGN.
El auditor encargado de presentar el informe fue Fernández, que siempre merece un párrafo aparte. Designado en 2001, Javier Fernández (que prefiere no usar su primer nombre) fue asesor de la Convención Constituyente de 1994, prosecretario letrado de la Corte Suprema con el ministro Adolfo Vázquez, secretario privado de Rodolfo Barra cuando fue ministro de Justicia, y asesor de la AGN también con Barra hasta convertirse en auditor, puesto desde el que gestiona su influencia en el Poder Judicial. Durante el kirchnerismo, estuvo involucrado en el control del grupo de medios encabezado por Sergio Szpolski, aunque lo negó.
El auditor delegó la presentación del informe a un video que fue proyectado durante la audiencia y está disponible en el canal de YouTube de la AGN.
«Muchos de estos hallazgos son coincidentes con los de un informe anterior de esta casa aprobado en el año 2016. Ya en esa oportunidad observamos debilidades en los registros de información, controles insuficientes por parte de la autoridad de aplicación, tanto respecto de los aportes como de la ejecución de los programas aprobados, falta de acciones oportunas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los licenciatarios, entre otros», sostuvo Fernández al comentar las conclusiones.
2024-182-Informe-Breve
El 28/01/2025 se corrigió y amplió la información sobre los presidentes de Enacom y del BICE en el período analizado por la AGN. Se agregaron y/o aclararon los titulares de esos entes durante 2019.
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