En su habitual conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorno, anunció hoy varias medidas en el ámbito de las telecomunicaciones. Se espera que en los próximos días se conozcan detalles de cada una de ellas, algunas de las cuales requieren la reforma o derogación de leyes.
Según indicó Adorni, las medidas buscan “alentar una mayor competencia entre las empresas del sector apuntando a más competencia, mejor servicio y menor precio”.
El gobierno licitará 150 mhz de espectro para conectividad móvil. De esas frecuencias, 100 mhz procederán de lo que el Estado nacional le reservó a Arsat para comunicaciones móviles a través de la ley 27.208, aprobada el 5 de noviembre de 2015, y bautizada pomposamente por el kirchnerismo como ley de soberanía satelital. También se licitarán unos 50 mhz que se encuentran en manos del Enacom.
La ley de soberanía satelital fue reformada por el DNU 58/2019, que habilitó la licitación de ese espectro: las bandas de 700 mhz y de 1700 y 2100 mhz para asignación nacional, y de 1800 y 1900 mhz para asignación regional. El gobierno de Macri proyectó licitarlas pero la debacle electoral lo impidió.
Según Adorni, “estas bandas de frecuencia se van a utilizar para el servicio de 5G”, algo que estaría por verse dada la atribución que actualmente tienen esas frecuencias.
El funcionario también indicó que el Estado nacional va a impulsar la relicitación para el contrato de provisión del servicio de conectividad en 16.000 escuelas de todo el país, lo que implicaría una inversión anual de 60.000 millones que presumiblemente saldrán del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU). Actualmente ese servicio es prestado por la estatal Arsat pero el ex Ministerio de Educación (ahora secretaría) no lo estaba pagando. Según puso saber Convercom.info, el servicio es actualmente muy deficiente.
Adorni también dijo, muy escuetamente, que “la AGN [Auditoría General de la Nación] realizó una auditoría sobre la gestión del Enacom vinculada a la administración de los recursos provenientes del Fondo Fiduciario de Servicio Universal, el conocido como FFSU. El período auditado comprende del 1° de enero del 2019 al 31 de agosto del 2020”.
Según el vocero, “la auditoría arrojó como resultado que las empresas Telecom y Telefónica debían más de AR$ 3000 millones en conceptos de aportes de inversión al FFSU. Telecom abonó los intereses moratorios dos años después de su liquidación original. Este trabajo dejó en evidencia que el Enacom omitió intimar a las empresas, falló en el control e incurrió en una demora en la resolución de recursos interpuestos por las empresas ante el propio Enacom”. Se trataría de dineros comprometidos hace más de diez años en programas propuestos por las compañías antes de la sanción de la ley Argentina Digital, que en 2014 estableció la actual configuración del fondo.
Por eso, dijo Adorni, “el Estado nacional iniciará un relevamiento de todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones para analizar su cumplimiento, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciará un proceso de exhaustivas investigaciones en todo el territorio de la Nación para analizar si existen conductas anticompetitivas en la industria”.
EL 23/10/2024 se agregó el dato del DNU 54/2019 que reformó la ley de soberanía satelital para permitir la licitación del espectro asignado a la empresa estatal Arsat
Ayudanos a seguir pensando, buscando y elaborando información para conectar a la sociedad. Si valoras lo que hacemos....
Hacé tu comentario