La piratería audiovisual dejó de ser un problema marginal para convertirse en uno de los principales desafíos económicos de la industria del entretenimiento en América Latina. Un estudio elaborado por la Alianza contra la Piratería Audiovisual junto con la consultora Fabric estima que el mercado ilegal genera pérdidas superiores a US$ 12.360 millones anuales, considerando tanto el robo de señales de televisión paga como el consumo ilegal de contenidos mediante plataformas digitales.
Los resultados fueron presentados por Pedro Betancourt, vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de Waiken ILW (grupo Whertein, titular en la region de los derechos de televisación del Mundial 2026, entre otras competencias), durante el seminario «Brasil contra la Piratería», organizado por Amcham Brasil. Allí advirtió que «hoy, sin duda, el principal competidor de la cadena audiovisual es la piratería. Esta actividad representa una transferencia directa de riqueza de la economía formal hacia un mercado ilegal».
El informe muestra que el impacto ya alcanza una escala regional. En la televisión por suscripción, 14,4 millones de hogares acceden ilegalmente al servicio, lo que representa el 22,1% del mercado de TV paga en América Latina y el Caribe. En el ecosistema digital, la situación es aún más crítica: 46,3 millones de hogares consumen contenidos pirateados mediante IPTV, aplicaciones ilegales, sitios de streaming o redes sociales, equivalentes al 42,6% de los hogares con banda ancha de los ocho principales mercados analizados.
El negocio ilegal ya se concentra en Internet
El estudio revela que la mayor parte del impacto económico ya no proviene del robo tradicional de señales, sino de la distribución ilegal de contenidos a través de Internet.
Mientras que la piratería de televisión paga representa pérdidas estimadas en US$ 2390 millones anuales, la piratería online alcanza US$ 9.970 millones, es decir, cerca del 81% del daño económico total ocasionado a la industria audiovisual.
Los investigadores identifican como principales modalidades el streaming ilegal, IPTV pirata, aplicaciones no autorizadas, sitios de descarga, redes BitTorrent, plataformas sociales y servicios que capturan contenidos desde sitios legítimos para redistribuirlos sin autorización.
Más allá de las pérdidas directas para operadores y plataformas, el informe calcula un fuerte impacto sobre toda la economía audiovisual.
La investigación estima que el fenómeno provoca la desaparición potencial de 75.103 empleos formales en la región. De ese total, unos 28.831 puestos corresponden al mercado de televisión paga y 46.272 al ecosistema digital.
También afecta la recaudación tributaria. Considerando únicamente impuestos al consumo (IVA y equivalentes), los gobiernos latinoamericanos dejan de percibir aproximadamente US$ 2.545 millones por año: alrededor de US$ 751 millones por la piratería de TV paga y otros US$ 1.795 millones derivados de la distribución ilegal online. El estudio aclara que la cifra sería considerablemente mayor si se incluyeran impuestos corporativos, tasas regulatorias, cánones de espectro y otros tributos asociados.
Argentina figura entre los mercados más afectados
Entre los ocho países analizados para el segmento online, Argentina presenta uno de los mayores niveles de penetración.
Según Fabric, el país cuenta con 12,2 millones de hogares con banda ancha, de los cuales 6,66 millones consumen contenidos pirateados, equivalente al 54,4% del total. Solo Colombia (58,1%) y Ecuador (64,8%) exhiben niveles superiores, mientras que Brasil registra una penetración del 34,6% y México del 39,8%.
En televisión paga, el informe estima que existen 2,1 millones de hogares que acceden al servicio mediante conexiones ilegales o por subdeclaración de abonados, aproximadamente el 21% del mercado argentino.
Para estimar la magnitud del fenómeno, Fabric combinó distintas metodologías. En televisión paga realizó encuestas telefónicas mediante sistemas CATI e IVR en 22 países de América Latina y el Caribe, comparando luego esos resultados con la cantidad de abonados declarados por los operadores a reguladores y programadores.
En el caso de la piratería online, la consultora utilizó paneles digitales sobre hogares con acceso a banda ancha en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, complementados con información propia sobre penetración de Internet y consumo audiovisual. Los resultados corresponden al cuarto trimestre de 2025.
Un problema cada vez más transnacional
El informe sostiene que la piratería audiovisual moderna funciona mediante estructuras internacionales que utilizan servidores distribuidos, aplicaciones, redes sociales y sistemas de pago radicados en distintos países, dificultando la actuación aislada de las autoridades nacionales.
En ese contexto, Betancourt sostuvo que resulta indispensable fortalecer la cooperación entre gobiernos, organismos regulatorios, autoridades judiciales y empresas para actualizar los marcos regulatorios y combatir un fenómeno que, además de afectar a la industria cultural, también expone a los usuarios a riesgos de ciberseguridad mediante malware, robo de datos personales y fraudes asociados al consumo de servicios ilegales.
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