El encuentro virtual organizado por Convercom.info bajo el título La guerra de los postes: el nuevo panorama de la compartición de infraestructura pasiva reunió a referentes del sector privado, jurídico y académico para debatir sobre un tema sensible y cada vez más relevante en el ecosistema digital: la compartición de infraestructura pasiva, con foco en el uso de postes para el tendido de redes de telecomunicaciones. Lo que comenzó como una metáfora bélica terminó revelando conflictos reales que atraviesan los frentes internacional, administrativo y judicial, destacó José Crettaz, editor general de Convercom.info.
Desde hace años, empresas de telecomunicaciones enfrentan barreras para utilizar postes -habitualmente propiedad de cooperativas, empresas eléctricas o municipios- que resultan indispensables para el despliegue de redes de fibra óptica. La negativa a compartir esta infraestructura, muchas veces con argumentos regulatorios o jurisdiccionales, obstaculiza el acceso competitivo y frena las inversiones.
El frente internacional: consensos, no imposiciones
En el primer panel, moderado por Paula Bertolini (DPL News), referentes de Brasil, Uruguay y América Latina coincidieron en que la compartición de infraestructura pasiva es fundamental para acelerar la conectividad y reducir costos. Mercedes Aramendía, abogada, directora de la Alianza por una Internet Abierta para América Latina y el Caribe y presidenta del regulador uruguayo Ursec entre 2020 y 2025, defendió los acuerdos voluntarios basados en consensos como el modelo más eficiente y sostenible, mientras que José Otero, flamante director ejecutivo de la Alianza Latinoamericana de Telecomunicaciones (ALT), alertó sobre la necesidad de regulaciones asimétricas en mercados con operadores dominantes.
Desde Brasil, Agostinho Linahres, del Instituto de Pesquisa para la Economia Digital (IPE Digital), de Brasil, repasó la compleja experiencia de su país, donde existen más de 50 millones de postes -muchos en estado crítico- y una ocupación desordenada. Advirtió que el decreto federal y el proyecto de ley actualmente en discusión podrían favorecer a las eléctricas y desincentivar a los pequeños ISP.
El frente administrativo: la experiencia de Pehuajó
El segundo panel, coordinado por Andrea Catalano (Telesemana.com), puso el foco en el reciente decisión del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que obligó a la cooperativa eléctrica de Pehuajó a compartir sus postes con operadores TIC. Para Patricio Seoane, propietario de Internet Services y vicepresidente de Cabase, el caso ejemplifica una práctica extendida: acuerdos entre prestadores dominantes y autoridades municipales que bloquean el ingreso de nuevos competidores (recordó el caso de San Francisco, Córdoba).
Sergio Rossi, de Fibra Óptica Pehuajó (FOPSA), empresa beneficiada por la normativa municipal en la localidad, defendió “el modelo de red neutral” impulsado en esa ciudad a través de una licitación pública, aunque reconoció que el sistema es perfectible.
Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios de Claro para Argentina, Paraguay y Uruguay, sostuvo que la discusión de fondo en torno a la compartición de infraestructura pasiva es, en realidad, una discusión sobre competencia. Cuestionó duramente los modelos que permiten el cierre de ciudades mediante acuerdos entre actores locales y autoridades, como el caso de Pehuajó, y afirmó que este tipo de esquemas perjudican directamente a los usuarios al limitar la calidad del servicio y restringir las opciones. Destacó que los postes son facilidades esenciales y recordó que la normativa vigente -tanto la Ley Argentina Digital como su reglamentación- ya obliga a compartirlos.
Quiroga López valoró las resoluciones recientes del Enacom como un paso positivo, aunque tardío, para hacer cumplir esas obligaciones y avanzar hacia un entorno más competitivo. Señaló que en países como Estados Unidos se aplica un criterio similar, donde la normativa local no puede impedir el despliegue de servicios federales. Asimismo, defendió la implementación de modelos más exigentes, como la compartición de infraestructura activa, con el objetivo de generar más beneficios para los usuarios, no solo para los operadores. Además, celebró que en paralelo a la decisión de Pehuajó, el Enacom también dictó resoluciones que obligan a compartir infraestructura a Telefónica, Telecom y Telecentro en la ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, Diego Penna, de la consultora DPyA, propuso avanzar hacia una regulación más técnica y específica sobre compartición de redes, evitando ordenanzas municipales que muchas veces imponen requisitos desproporcionados o mal definidos. Advirtió que en algunos distritos se bonifican tasas a ciertos operadores, distorsionando el mercado, y reclamó una actualización del marco normativo para garantizar condiciones de competencia equitativas. También planteó que la infraestructura urbana es limitada y que no se puede seguir acumulando cables y redes sin coordinación, por lo que abogó por mecanismos regulatorios claros, parámetros técnicos definidos y un rol más activo del Enacom frente a los conflictos locales.
El frente judicial: jurisprudencia que empieza a aplicarse
Leticia Pautasio (BNAméricas) moderó el bloque dedicado al frente judicial, centrado en los fallos de la Corte Suprema (como el caso Güemes de 2021) y su impacto sobre las competencias municipales. Los abogados Agustín Garzón y Agustín Siboldi, socio del estudio O’Farrell, coincidieron en que, si bien la jurisprudencia es clara, la litigiosidad persiste por la creatividad normativa de los municipios y la falta de una ley nacional que lo unifique (hubo referencias al reciente caso de Esteban Echeverría).
En tanto, Emanuel Gainza, secretario de Modernización de Entre Ríos, presentó la nueva ley provincial de telecomunicaciones que redujo drásticamente los trámites y creó una ventanilla digital para simplificar el despliegue.
Gainza detalló que la nueva ley, aprobada en diciembre de 2024, redujo de 19 a 5 los requisitos para desplegar antenas, eliminó trámites presenciales y estableció una ventanilla digital única. La norma también clarifica las competencias entre Nación, provincia y municipios, y apunta a promover inversiones mediante reglas claras y actualizadas. “La conectividad ya no es un lujo; es parte de la infraestructura indispensable para el desarrollo”, afirmó el funcionario.
El encuentro dejó al descubierto la urgencia de resolver un problema estructural. La conectividad digital no puede depender de conflictos burocráticos, interpretaciones cruzadas o acuerdos discrecionales. Una regulación clara y una mayor cooperación público-privada aparecen como caminos posibles.
Lo que está en juego no son solo postes: es el derecho a la conectividad en condiciones justas para usuarios y prestadores por igual.
Este texto fue elaborado con herramientas de Inteligencia Artificial, desgrabador de Chequeado y ChatGPT 4.o Plus, con supervisión humana
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