La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) colocó a la inteligencia artificial, la apropiación de contenidos periodísticos y el deterioro del debate público entre los principales desafíos actuales para la libertad de prensa. Así lo planteó el informe de la Comisión de Libertad de Prensa, presidida por Daniel Dessein, presentado durante la 64ª Asamblea de la entidad, realizada en Tucumán entre el 9 y el 11 de septiembre.
El documento amplía la concepción tradicional de la libertad de expresión al vincularla con las condiciones económicas que hacen posible la producción periodística. Adepa sostuvo que el uso de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda sin compensación para sus creadores amenaza la viabilidad económica de la prensa. Al mismo tiempo, señaló que las grandes plataformas concentran buena parte de los recursos de un mercado publicitario fragmentado y reclamó un ecosistema competitivo y transparente.
IA, plataformas y propiedad intelectual
Para Adepa, la transformación tecnológica y la IA dejaron de ser cuestiones exclusivamente tecnológicas para convertirse en un problema estructural del periodismo. La entidad reclamó proteger la propiedad intelectual y establecer nuevas reglas de equilibrio con las plataformas y las grandes compañías tecnológicas que utilizan contenidos periodísticos. Frente a la desinformación y la polarización, reivindicó además las funciones de verificar, investigar, contextualizar y construir confianza.
El informe termina incluso vinculando ambos fenómenos -el deterioro del debate público y la utilización de contenidos por los sistemas de IA- bajo una misma preocupación: la pérdida de valor de la información profesional. Según Adepa, mientras el hostigamiento desde posiciones de poder erosiona la confianza social en las fuentes periodísticas, el aprovechamiento de sus contenidos sin reconocimiento ni compensación debilita las bases económicas que permiten producirlos.
Los agravios del Presidente y una semana con 335 mensajes contra la prensa
Otro eje central fue la relación del gobierno del presidente Javier Milei con el periodismo. Adepa reiteró una advertencia formulada en su informe anterior: la crítica a los medios y periodistas es legítima, pero el agravio y la estigmatización adquieren otra dimensión cuando provienen de funcionarios con altas responsabilidades y se convierten en una práctica sistemática.
El documento cuantificó esa dinámica. Entre el 17 y el 23 de agosto registró 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, además de 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo durante intervenciones públicas. En esos siete días fueron mencionados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación. ADEPA consignó expresiones como “periodistas corruptos”, “ensobrados”, “sicarios del micrófono” y “simios con micrófono”, además de la amplificación de la consigna “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
La entidad aclaró que la libertad de prensa no supone que periodistas y medios estén exentos de críticas ni de responsabilidades legales. Pero estableció una diferencia entre refutar una información y promover la degradación personal de quienes la producen, especialmente por la asimetría que existe cuando los ataques provienen de la máxima autoridad del Estado.
Rechazo a una ley para “castigar” publicaciones
El informe también cuestionó la propuesta formulada el 25 de agosto por el ministro de Economía -y respaldada posteriormente por el Presidente- de avanzar con una ley que castigue determinadas publicaciones consideradas falsas.
Adepa recordó que funcionarios y particulares ya cuentan con herramientas para desmentir información, solicitar rectificaciones o recurrir a la Justicia cuando consideran afectados sus derechos. Pero advirtió que una legislación específicamente destinada a castigar publicaciones que el propio poder considere falsas podría otorgar a las autoridades facultades incompatibles con los estándares democráticos y provocar un efecto inhibitorio sobre la investigación periodística y la difusión de asuntos de interés público.
El documento incorporó además el episodio ocurrido tres días después en la Escuela ORT, cuando Milei afirmó ante estudiantes, al referirse al mandamiento “no robarás”, que “esto le vendría bien a los periodistas” y alentó posteriormente un abucheo contra ellos. Para Adepa, el Presidente no se limitó en esa oportunidad a cuestionar una cobertura, sino que incentivó a menores a manifestar hostilidad hacia la actividad periodística.
Restricciones en la Casa Rosada y otras fuentes oficiales
Un cuarto eje estuvo relacionado con las dificultades para acceder a fuentes públicas. Adepa recordó sus pronunciamientos de abril frente a las limitaciones impuestas a periodistas acreditados en la Casa Rosada y señaló que también se habían registrado restricciones en la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía.
Para la entidad, el acceso físico a los lugares donde se produce la información no constituye un privilegio de los periodistas: permite preguntar, observar, contrastar versiones y producir información propia. Reemplazarlo por comunicaciones oficiales, transmisiones institucionales o contenidos producidos por el Gobierno reduce la diversidad de información disponible para la sociedad.
Adepa extendió la advertencia a San Juan, donde cuestionó una resolución del Ministerio Público provincial que restringió el contacto de funcionarios con periodistas y concentró las consultas en una única autoridad. La asociación consideró que ese esquema podía generar un efecto inhibitorio y conducir a un “monopolio oficial de la información”.
El balance incluyó, sin embargo, decisiones judiciales que Adepa consideró positivas. Entre ellas destacó la revocación de restricciones contra periodistas en una causa promovida por Claudio Tapia y Pablo Toviggino; el sobreseimiento definitivo de Daniel Santoro en el expediente relacionado con Marcelo D’Alessio, con una reafirmación de la protección del secreto de las fuentes; y el rechazo de la Justicia a desindexar publicaciones relacionadas con denuncias contra un director teatral posteriormente absuelto.
Un reclamo de responsabilidades para medios, Gobierno y Justicia
El documento evitó presentar todos los episodios como parte de un único fenómeno y reconoció que las redes sociales también democratizaron la posibilidad de cuestionar informaciones y exponer errores de los medios. Pero trazó un límite entre esa mayor capacidad de crítica y la legitimación del hostigamiento.
En sus conclusiones, Adepa distribuyó responsabilidades: reclamó profesionalismo, rigor y transparencia a los medios; tolerancia frente a la crítica a los poderes públicos; y prudencia a la Justicia ante decisiones que puedan provocar censura previa o autocensura. También sostuvo que los funcionarios deben poder expresarse libremente, pero responder por las consecuencias que sus palabras, pronunciadas desde posiciones de poder, producen sobre el debate público.
La definición que atraviesa el informe es que la defensa de la libertad de prensa ya no pasa solamente por impedir la censura o garantizar que los periodistas puedan publicar. Para Adepa, también supone preservar el acceso a las fuentes, evitar la estigmatización desde el poder y asegurar que los medios puedan sostener económicamente la producción de información frente al avance de las plataformas y la inteligencia artificial.
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