Siete años después del comienzo de la causa D’Alessio, la Justicia cerró definitivamente el capítulo que involucró al periodista de investigación de Clarín Daniel Santoro. El 3 de septiembre de 2026, el juez federal Julián Ercolini dispuso su sobreseimiento definitivo de las acusaciones por asociación ilícita y por su supuesta participación en maniobras de coacción y extorsión contra el empresario Mario Cifuentes y el exdirectivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat, a partir de un requerimiento de la fiscal federal Alejandra Mángano.
El fallo puso fin a un expediente en el que Santoro había sido procesado en Dolores y en el que la Cámara Federal de Mar del Plata había revocado en distintas oportunidades las decisiones que mantenían abierta la acusación en su contra. En una causa conexa, vinculada con la extorsión a Gabriel Traficante, Santoro ya había sido sobreseído en 2021 y ese sobreseimiento fue confirmado por la Cámara Federal porteña.
Ercolini dejó además asentado, para cada una de las imputaciones, que la formación de la causa “en nada afecta el buen nombre y honor” de Santoro, la fórmula prevista por el Código Procesal Penal para los sobreseimientos. El cierre llega después de un recorrido en el que distintos jueces procesaron al periodista y dos cámaras terminaron descartando que las pruebas permitieran atribuirle participación consciente en las maniobras de Marcelo D’Alessio.
El caso excedió desde el comienzo la discusión sobre una conducta individual. Santoro era uno de los periodistas que investigaban desde hacía años casos de corrupción vinculados al kirchnerismo y había publicado información surgida de fuentes judiciales, policiales y de inteligencia. La ofensiva contra él se produjo, además, mientras avanzaba la causa de los Cuadernos –originada en la revelación de otro periodista, Diego Cabot-, que tenía como fiscal a Carlos Stornelli y entre sus principales imputados a exfuncionarios y empresarios vinculados con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
De una denuncia por extorsión a la imputación de un periodista
La causa comenzó en enero de 2019 a partir de la denuncia del empresario agropecuario Pedro Etchebest contra Marcelo D’Alessio. Etchebest sostuvo que el falso abogado le había reclamado US$ 300.000 con el argumento de que podía evitar que quedara involucrado en la causa de los Cuadernos. D’Alessio decía tener llegada al fiscal Carlos Stornelli. La denuncia quedó radicada ante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.
El allanamiento de la casa de D’Alessio permitió encontrar documentación, dispositivos electrónicos y material que abrió investigaciones sobre extorsiones y actividades de inteligencia ilegal. Entre sus numerosos contactos figuraban periodistas. D’Alessio había actuado como fuente de Santoro y también mantenía relaciones con otros profesionales de medios.
Sin embargo, el expediente avanzó particularmente sobre Santoro. El 10 de junio de 2019 Ramos Padilla lo llamó a declaración indagatoria. El juez sostuvo entonces que se había acreditado prima facie no sólo una relación de conocimiento y confianza entre ambos sino un supuesto aporte del periodista a actividades ilegales. Santoro rechazó esa interpretación desde el comienzo: sostuvo que D’Alessio había sido una de sus numerosas fuentes y que había utilizado su nombre sin autorización para presionar a terceros.
El periodista finalmente declaró el 17 de julio de 2019 durante casi seis horas ante Ramos Padilla. “Usó mi nombre sin mi conocimiento y autorización para extorsionar personas”, afirmó al salir del juzgado.
Menos de un mes después, el 6 de agosto, Ramos Padilla lo procesó como supuesto partícipe necesario de los delitos de coacción y tentativa de extorsión contra Brusa Dovat y Cifuentes. Le impuso un embargo de AR$ 3 millones y restricciones para salir del país y ausentarse de su domicilio. Al mismo tiempo, le dictó inicialmente falta de mérito respecto de la asociación ilícita. El fallo de Dolores sostenía que Santoro conocía que sus publicaciones podían contribuir a las maniobras que realizaba D’Alessio.
La resolución colocó en discusión un punto especialmente sensible para el periodismo de investigación: hasta dónde puede responsabilizarse penalmente a un periodista por las conductas ilícitas de una fuente.
El riesgo de criminalizar el vínculo con las fuentes
Adepa advirtió entonces que involucrar penalmente a un periodista porque una de sus fuentes estaba imputada podía producir un efecto de autocensura sobre toda la profesión. Al conocerse el procesamiento sostuvo que debía evitarse confundir “las conductas o antecedentes” de una fuente con el trabajo que realiza un periodista para obtener y publicar información.
El expediente incluso avanzó sobre las comunicaciones de Santoro. Años más tarde, al analizar otra de las imputaciones relacionadas con D’Alessio, la Cámara Federal porteña ordenó eliminar el listado de llamadas entrantes y salientes del teléfono del periodista por considerar que su obtención había atravesado las barreras constitucionales que protegen el secreto profesional.
La causa se desarrolló además en un contexto de fuerte confrontación política. Conversaciones telefónicas conocidas como “Operativo Puf” mostraron que dirigentes y exfuncionarios kirchneristas detenidos hablaban antes de la denuncia sobre movimientos destinados a complicar a Stornelli y a la investigación de los Cuadernos. TN informó entonces sobre diálogos en los que aparecían Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi, Claudio Minnicelli y Eduardo Valdés y referencias a que “Ramos Padilla agarró viaje en Dolores” y a que se venía el denominado “operativo puf”.
Ese contexto llevó a Santoro, sus defensores y distintos medios y organizaciones periodísticas a caracterizar el expediente como una persecución impulsada por sectores del kirchnerismo contra un periodista crítico y contra la causa de los Cuadernos. La resolución final de Ercolini no formula una declaración judicial sobre esa motivación política, pero el derrotero posterior del expediente terminó descartando las imputaciones penales formuladas contra Santoro.
El 25 de junio de 2019, en el mismo diario, el periodista José Crettaz firmó una columna de opinión titulada «Santoro es el mensaje» en la que argumentó que la imputación contra no debía leerse solamente como un expediente individual, sino como una señal disciplinadora dirigida al conjunto del periodismo de investigación.
La Cámara comenzó a desarmar la acusación
El primer giro decisivo llegó el 11 de diciembre de 2020. La Cámara Federal de Mar del Plata revocó el procesamiento de Santoro y le dictó falta de mérito.
El razonamiento del tribunal fue central para la discusión sobre libertad de prensa. Los camaristas señalaron que los hechos atribuidos al periodista podían encuadrarse dentro de un “neutral ejercicio de su actividad profesional” y que, con aciertos o errores, sus acciones no permitían considerarlo parte directa de un plan criminal.
Pese a esa decisión, la investigación no terminó. En junio de 2021, el juez federal Martín Bava, que había quedado subrogando el juzgado de Dolores después de la salida de Ramos Padilla, volvió a procesar a Santoro, esta vez apoyándose, entre otros elementos, en correos electrónicos incorporados al expediente. El procesamiento volvió a atribuirle participación en la tentativa de extorsión contra Mario Cifuentes.
Cinco meses después, el 25 de noviembre de 2021, la Cámara Federal de Mar del Plata volvió a revocar el procesamiento y nuevamente dictó falta de mérito. Además, ordenó al juzgado producir rápidamente las pruebas pendientes y terminar con el “estado de incertidumbre” provocado por la prolongación del proceso.
En diciembre de ese año, la misma Cámara revocó también la ampliación del procesamiento que había pretendido incorporar a Santoro como integrante de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal.
Otra acusación por D’Alessio ya había terminado en sobreseimiento
Paralelamente existía otro expediente contra Santoro, tramitado en Comodoro Py, vinculado con la extorsión de D’Alessio al empresario Gabriel Traficante.
En abril de 2021, el juez federal Luis Rodríguez había procesado al periodista como supuesto partícipe necesario de esa tentativa de extorsión. Pero el 24 de junio de 2021 la Cámara Federal porteña revocó por unanimidad el procesamiento. El juez Martín Irurzun directamente votó por el sobreseimiento, mientras Eduardo Farah y Roberto Boico se inclinaron inicialmente por la falta de mérito.
Luego de producirse nuevas medidas, Rodríguez sobreseyó a Santoro el 13 de agosto de 2021. Determinó que no existían elementos que permitieran probar que conociera la extorsión y que, por lo tanto, no podía atribuírsele una conducta dolosa. En octubre, la Cámara Federal confirmó ese sobreseimiento.
Farah dejó entonces una definición que trascendía el caso particular: que algunas publicaciones contuvieran afirmaciones equivocadas o contradictorias con un expediente “no basta para sustentar una imputación criminal”. Irurzun, por su parte, advirtió que no era lógico inferir responsabilidad penal de un periodista a partir de la evaluación del contenido de sus notas si no existían pruebas objetivas de un acuerdo delictivo.
El apoyo del periodismo no fue unánime
Uno de los momentos más delicados ocurrió en 2019, cuando Santoro fue llamado a indagatoria. Adepa advirtió expresamente que una indagatoria podía continuar con “procesamiento, embargo de bienes y hasta la detención del procesado”. La posibilidad de que el expediente avanzara hacia una prisión preventiva, aunque finalmente Ramos Padilla lo procesó sin detenerlo, convirtió el caso en una prueba para las organizaciones dedicadas a la libertad de expresión.
No sería exacto afirmar que Santoro estuvo solo. Más de 400 periodistas firmaron una solicitada en su apoyo, y se pronunciaron Adepa, Fopea, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Academia Nacional de Periodismo, el Comité para la Protección de los Periodistas y posteriormente integrantes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, entre otras organizaciones.
Pero el apoyo tampoco fue unánime. Una parte significativa del periodismo evitó involucrarse públicamente en un caso atravesado por la polarización entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín. El hecho resultó particularmente relevante porque la discusión excedía la figura de Santoro: lo que estaba en juego era si el contacto habitual entre un periodista de investigación y una fuente que posteriormente resulta involucrada en delitos podía utilizarse como base para atribuir al periodista responsabilidad penal por las acciones de esa fuente.
Siete años para cerrar el expediente
La resolución de Ercolini, dictada el 3 de septiembre de 2026, termina de cerrar esa discusión respecto de Santoro. Después de siete años, dos procesamientos revocados por la Cámara de Mar del Plata, embargos, restricciones para viajar, el análisis de sus comunicaciones y otro expediente en el que también fue finalmente sobreseído, la Justicia concluyó que el periodista no debe enfrentar juicio por las maniobras criminales realizadas por D’Alessio.
El desenlace no convierte en lícitas las actividades de Marcelo D’Alessio ni invalida el resto de las investigaciones derivadas de ellas. Sí establece una diferencia que el expediente tardó años en delimitar: tener como fuente a una persona que comete delitos no convierte al periodista en socio de esos delitos.
Ese principio es el que vuelve al caso Santoro relevante más allá de sus protagonistas y de la disputa política que lo rodeó. Durante años, una investigación nacida en el contexto de la ofensiva kirchnerista contra la causa de los Cuadernos colocó bajo sospecha penal procedimientos habituales del periodismo de investigación. La Justicia terminó descartando las acusaciones contra Santoro, pero necesitó siete años para hacerlo.
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