El 29 de septiembre de 2004, mediante el decreto 1321, el entonces presidente Néstor Kirchner designó como director general de Administración, Finanzas y Recursos Humanos del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) a Alberto Raúl Baduan. El decreto también llevaba las firmas de Aníbal Fernández y Alberto Fernández, entonces amigo personal de Baduan.
En esa época, Julio Bárbaro era interventor en el Comfer, organismo que en 2009 fue reemplazado por la Afsca, que en 2015 fue fusionada con la Aftic en el actual Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Tras algunos pases en comisión a otras áreas de la Administración Pública Nacional, Baduán se convirtió en director de Recursos Humanos del Enacom durante la gestión del massismo en ese organismo -que presidió Claudio Ambrosini-, y siguió siéndolo tras el cambio de gobierno, con el actual interventor, Juan Martín Ozores.
La historia es larga. Tiene casi dos décadas y resurgió luego de que Convercom.info publicara una nota sobre la planta de empleados del Enacom.
El 17 de diciembre de 2009, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas inició una causa penal respecto a presuntas irregularidades detectadas en diferentes contrataciones llevadas a cabo por el Comfer entre los años 2004/2006, cuyo objeto guardaba relación con las obras de refacción y reacondicionamiento de la sede del Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión (ISER), ubicado en la calle Ramos Mejía 1398.
En esa causa se le imputó a Baduán, en tanto administrador del entonces Comfer, el haberse interesado en forma particular en la adjudicación al arquitecto Miguel Ángel Maruca de las contrataciones vinculadas con las obras de remodelación y refacción de la sede del ISER. En simultáneo, según el expediente, el mismo arquitecto había sido contratado por el funcionario para la construcción de una vivienda familiar en el club de campo Haras del Sur, de La Plata, provincia de Buenos Aires. Ese hecho habría constituido el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (Art. 265 Código Penal). Hasta ese momento, Maruca no había prestado servicios al Estado.
El 7 de septiembre de 2022 el Tribunal Oral Federal N° 3 (TOF 3) de la Ciudad de Buenos Aires dictó una sentencia condenatoria contra Baduán a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos; y absolvió a Miguel Ángel Maruca.
«Todo esto tiene origen en un conflicto político en 2007 después de una pelea muy fuerte que tuve con Julio Bárbaro, que siguió con un sumario administrativo y terminó en esta causa, que ya tiene casi 20 años y está en la Corte porque la cámara aceptó un recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Yo no firmé ninguno de los expedientes e incluso se demostró que se falsificó mi firma», dijo Baduán a Convercom.info al ser consultado para esta nota el lunes 11 de noviembre pasado. El funcionario, que se mostró predispuesto al diálogo, no quiso entrar en detalles de la causa. «Hasta por una cuestión de bienestar personal eso se lo dejo a los abogados», se justificó.
En la Argentina las sentencias no se consideran firmes hasta que no quedan instancias de apelación, algo que recién ocurre cuando llegan a la Corte Suprema de Justicia. Por eso, aunque la condena por inhabilitación haya sido ratificada por un tribunal de apelación, aún no se considera firme.
Tras la sentencia del TOF 3, la fiscalía presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal solicitando se revise la absolución de Maruca y se lo condene a la pena de tres años de prisión en suspenso, según detalla el Ministerio Público Fiscal. La defensa particular de Baduan también apeló el fallo. Entre los argumentos esgrimidos contra la sentencia se planteó una interesante discusión en torno del concepto de funcionario o empleado público, dando a entender que sólo lo son aquellos electos o que ocupan cargos de máxima jerarquía. Los jueces descartaron esa interpretación.
Sobre el argumento de Baduan de que no firmó nada, Bárbaro -testigo en el juicio- dijo que la labor del condenado durante su gestión «fue positiva». Sostuvo que «el equipo formado por Baduan, [José Antonio] Caamaño y [Ignacio Martín] Cingolani resolvía y él firmaba». Caamaño, ya fallecido, era director de Asuntos Jurídicos. Cingolani, de fugaz paso reciente por el gabinete de Milei, era en aquella época director de adjudicaciones y licencias.
El 11 de septiembre de 2023, la sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, rechazó la apelación de Baduan y confirmó su condena, y aceptó la apelación de la fiscalía y ordenó dictar una nueva sentencia en el caso de Maruca, que había sido absuelto. El fallo completo puede leerse al final de esta nota.
El 30 de noviembre de 2023, la misma sala 4 concedió el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Baduán -que argumentó, como ya se dijo, arbitrariedad de la sentencia- y elevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se encuentra pendiente de resolución.
En el fallo de segunda instancia uno de los jueces ya había anticipado que «la doctrina sobre la arbitrariedad de sentencia posee un carácter estrictamente excepcional y exige, por tanto, que medie un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos: 295:140, 329:2206, 330:133 y sus citas, entre otros); defectos que, vale aclarar, no se advierten en el caso”.
En términos simples, el tribunal que lo juzgó dio por probado que Baduan mantuvo contacto estrecho con Maruca mientras este último realizaba a la vez obras en el ISER y en la casa del funcionario. Como suele ocurrir, la relación entre dueño y arquitecto no terminó bien y Maruca, a su vez, inició un juicio contra Baduan por incumplimiento de contrato (causa 52.022/08 caratulada Maruca, Miguel Ángel c/ Baduan, Alberto Raúl s/ cumplimiento de contrato).
Baduan fue apoderado nacional del partido RIO, que en 2020 cambió su nombre a Partido del Trabajo y la Equidad (Parte), cuyo liderazgo encabezó el ex presidente Alberto Fernández. Consultado sobre esa relación, Baduán dijo a Convercom.info que hace muchos años que no habla con Fernández, a quien conoció en la Facultad de Derecho de la UBA cuando fue alumno del ex presidente). Y sobre su participación en Parte, sostuvo que se trató de un «trabajo profesional» que duró algunos pocos meses.
El director de Recursos Humanos del Enacom expresó cansancio por el tiempo transcurrido y da a entender que, tras «casi 30 años en la administración pública», espera el tiempo de la jubilación. En el mientras tanto, desarrolló una actividad empresarial como integrante o director de varias sociedades dedicadas a la comercialización de combustibles (Delta Urbano SA, Complejo Tala del Monte SA, Ecodinamicas SA, Proyectos Urbanísticos SA y Proyectos Sustentables SA) y otra dedicada a la gastronomía (Sinsebas SA), de los cuales afirma haberse desprendido años atrás.
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