Enacom propone una desinversión amplia para habilitar la compra de Movistar por parte de Telecom

A través del diario La Nación, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a cargo del interventor Juan Martín Ozores, dejó trascender algunos puntos del informe elevado a la Autoridad de Defensa de la Competencia (ANC) sobre la compra de Movistar por parte de Telecom Argentina. Según indicó la periodista María Julieta Rumi, para aprobar la operación, el Enacom exigirá que Telecom trasnfiera 6 millones de clientes móviles con su infraestructura asociada, devuelva parte del espectro radioeléctrico, se desprenda de clientes de Internet fija en mercados donde supere determinados umbrales de participación, pague deudas y multas vinculadas al sistema TIC y desista de todas sus acciones judiciales contra el Estado.

El informe, fechado el 9 de marzo y elaborado a pedido de la ANC -organismo creado en noviembre por el decreto 810/2025 para reemplazar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)-, fue presentado como una enumeración de “condiciones mínimas y requisitos indispensables” para «reequilibrar» el mercado de las telecomunicaciones en caso de que avance la adquisición de Telefónica de Argentina por parte de Telecom. Según las referencias al texto que se difundieron, las exigencias deberían cumplirse en un plazo máximo de 24 meses.

Entre los puntos centrales figura la transferencia de 6 millones de clientes de telefonía móvil con la infraestructura asociada: 4 millones en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 1 millón en la región norte y 1 millón en la región sur. A eso se sumaría la devolución de 130 MHz de espectro por tramos, con 60 MHz de alcance nacional en forma inmediata y bloques adicionales de 10 MHz en las regiones norte y sur para mercado secundario. También se plantea la devolución de clientes de acceso fijo a internet en localidades donde la empresa resultante supere el 50% de participación minorista, además de la cesión de clientes de acceso fijo para ingreso a la ciudad de Buenos Aires, tanto en el segmento minorista como en B2B.

El dictamen también incluiría dos condiciones adicionales de carácter económico y judicial. Por un lado, el pago de deudas vinculadas al ex Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) y de infracciones al sistema TIC. Por otro, el desistimiento del 100% de las acciones judiciales contra el Estado por parte del grupo Telecom. En el texto aportado como contexto se aclara que parte de esas deudas no eran exigibles por prescripción y por acuerdos existentes en los contratos originales de privatización.

Según la nota firmada por Rumi, el informe del Enacom no es vinculante, aunque fue solicitado por la autoridad de competencia para evaluar propuestas concretas de desinversión. Fuentes citadas por La Nación señalaron que la Secretaría de Concentraciones Económicas emitiría un dictamen en aproximadamente 15 días para elevar al tribunal que debe decidir -también creado por el decreto 810/2025 según lo previsto en la ley 27.442, sancionada en 2018 pero no reglamentada hasta ahora-, con un proceso que podría concluir a comienzos de mayo. La misma publicación consignó que Telecom dijo no haber sido formalmente notificada de ninguna resolución o recomendación gubernamental.

La compra de Movistar por parte de Telecom había sido comunicada formalmente el 25 de febrero de 2025, cuando Telefónica SA informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Madrid que su filial TLH Holdco SLU vendía la totalidad de su participación en Telefónica Móviles Argentina SA a Telecom Argentina por US$ 1.245 millones. Menos de un mes más tarde, el 22 de marzo, el Gobierno dispuso la suspensión preventiva de la compra, con base en una recomendación de la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Según la información difundida entonces por la Secretaría de Industria y Comercio, la integración implicaría una concentración del 61% en telefonía móvil, del 69% en telefonía fija y, en algunas zonas, de hasta el 80% en internet residencial.

En junio del año pasado, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal dejó sin efecto las medidas preventivas dispuestas por el Gobierno, aunque luego la autoridad de competencia volvió a pronunciarse en contra de la operación. En ese contexto, el nuevo informe del Enacom reabre la discusión no ya sobre una prohibición lisa y llana, sino sobre la magnitud de los remedios necesarios para permitir la transacción.

El antecedente más cercano de este tipo de intervenciones regulatorias en el mercado argentino fue la fusión entre Telecom y Cablevisión, aprobada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. En aquel caso, la Secretaría de Comercio impuso una serie de remedies orientados a limitar la concentración en determinados mercados geográficos y segmentos de servicios TIC y audiovisuales. Entre ellos, se establecieron obligaciones de desinversión en localidades específicas donde la participación resultante excedía los parámetros admitidos por la autoridad.

Uno de los casos más citados de ese proceso fue el de Universo Net en Córdoba, del grupo Valentini, que quedó comprendido dentro de las exigencias de desinversión en banda ancha fija derivadas de la integración Telecom-Cablevisión. Ese expediente fue utilizado como ejemplo de remedy estructural aplicado sobre una plaza puntual, con obligación de desprendimiento de activos o clientes para corregir niveles de concentración considerados incompatibles con un escenario competitivo. El actual planteo del Enacom retoma esa lógica, aunque en una escala mucho mayor: no sólo sobre mercados locales de acceso fijo, sino también sobre telefonía móvil, espectro radioeléctrico y hasta litigios judiciales y obligaciones económicas acumuladas.

La diferencia central entre ambos procesos está en la dimensión de la operación y en el peso que tendría la empresa fusionada en el mercado móvil. Mientras que en la integración Telecom-Cablevisión el foco principal estuvo puesto en servicios fijos, audiovisuales y posiciones dominantes locales, en la compra de Movistar por parte de Telecom el núcleo del problema competitivo aparece en telefonía móvil y espectro.

De concretarse bajo esas condiciones, la operación habilitaría una reconfiguración del mercado argentino de telecomunicaciones. En la nota de La Nación se menciona que Claro podría resultar el principal beneficiado y que también podría abrirse una ventana para nuevos entrantes, como Telecentro, interesado desde hace años en ingresar al negocio móvil.

Telecom, por su parte, sigue controlada en un 40% por CVH, en otro 40% por Fintech, del empresario David Martínez, mientras que el 20% restante cotiza en bolsa. Telefónica de Argentina, creada tras la privatización de Entel, tiene cerca de 20 millones de clientes y alrededor de 10.000 empleados, principalmente bajo la marca Movistar.