En nombre de los socios del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la presidenta de esa entidad, Paula Moreno, denunció en la Justicia Contravencional porteña a @gordodan (SIC) por “hostigamiento digital” y pidió que se investigue si el tuitero -cuyo nombre real es Daniel Parisini- “contó con la cooperación de dos o más personas” y si “la utilización de una identidad anónima” podría ser un agravante.
El “hostigamiento digital” es una falta contemplada en el artículo 75 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado en 2004. Ese texto prevé que: “Quien intimide u hostigue a otro mediante el uso de cualquier medio digital, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con multa de ciento sesenta (160) a ochocientas (800) unidades fijas, tres (3) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública, o uno (1) a cinco (5) días de arresto. Acción será dependiente de instancia privada con excepción de los casos donde la víctima fuese menor de 18 años. No configura hostigamiento digital el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
Ni este artículo ni ningún otro del mencionado código definen con exactitud qué hechos o dichos configuran la falta de “hostigamiento” ni con qué frecuencia ni intensidad. Sí advierte claramente que no debe aplicarse esta norma cuando esté en juego el derecho a la libertad de expresión, garantizado por la Constitución Nacional y de jerarquía obviamente superior.
La presentación en la justicia vecinal porteña lleva las firmas de los abogados Hugo Wortman Jofré, Ariel Garrido y Tomás Brady.
Fopea fue fundada en 2002 por un grupo de periodistas como alternativa a la Asociación Periodistas, disuelta en 2004 tras el caso de censura a Julio Nudler (que no fue denunciada por esta última entidad, de la que el periodista era socio). Fopea tiene 600 socios. En Argentina hay, según cifras del Mapa de Desiertos Informativos de la propia Fopea, 13.597 periodistas.
La denuncia y los argumentos jurídicos
En la denuncia, Moreno relata una secuencia de publicaciones en la red social X y pone como punto de partida un comunicado difundido por la entidad respecto de otro posteo del Ministerio de Capital Humano. Según la denuncia, el 26 de junio de 2024, dicho organismo publicó en redes sociales “el aviso de matriculación obligatoria de los periodistas” y reconoce que la publicación fue eliminada con posterioridad aunque “sin retractación oficial alguna”.
El tuit en cuestión decía: “Si sos periodista profesional podés obtener la Matrícula Nacional de Periodistas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social” e incluía el link a una web en que efectivamente se afirmaba que “la matrícula nacional de periodistas es obligatoria” y ofrecía el formulario de inscripción. Este último sigue on line.
Fopea reaccionó con un comunicado que la denuncia califica de “contundente” y que fue replicada por la organización regional Voces del Sur. En la misma denuncia, Moreno afirma que el 27 de junio el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, se comunicó telefónicamente con ella para “desmentir la medida” e “insistió en que el trámite de matriculación no es ni será obligatorio”.
Según la presentación, a partir del 27 de junio “se detectó una actividad en las redes sociales relativa a la supuesta filtración de un diálogo falso atribuido a Fopea en un grupo de WhatsApp inexistente”. La denuncia afirma que “el posteo en cuestión -que reproduce una imagen del diálogo apócrifo- fue publicado en X por una persona identificada con el esquema de comunicación del gobierno”: @gordodan.
En ningún momento de la denuncia se identifica a dicho usuario con Daniel Parisini, quien públicamente asume la titularidad de la cuenta en las actividades de comunicación y entretenimiento que realiza en redes y canales de streaming que defienden al gobierno del presidente Javier Milei y las ideas libertarias que encarna.
Aquel día, Parisini tuiteó: “Se filtró un chat del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) sobre el ataque que sufrió hoy en la marcha del Polo Islámico el periodista Mariano Pérez. Éstos son los que después hacen comunicaditos cada vez que Adorni les pinta la cara Que #FopeaComplice sea tendencia ya”.
Moreno afirma que ese diálogo es “falso” y que atribuirle esas “expresiones falaces” tiene una “clara intención de desprestigiar a Fopea y a cada uno de sus integrantes”. La responsable de la entidad sostiene que tras esa publicación “comenzó un ataque de denigración, insultos y cuestionamientos hacia Fopea y sus integrantes por medio de un hashtag que en cuestión de minutos fue tendencia en X Argentina”. La presentación señala que “lo más grave del asunto es que el propio presidente de la Nación, Javier Milei, se sumó al hostigamiento reposteando los mensajes de esos tuiteros afines, lo que tuvo por efecto inmediato el crecimiento exponencial de las agresiones».
Moreno afirma que, tras la desmentida de Fopea sobre el chat publicado por Parisini, las “agresiones” se acrecentaron “involucrando incluso agresiones personales a los miembros de Fopea” y pone como ejemplos posteos contra ella y Claudio Jacquelin, vicepresidente de la organización y columnista del diario La Nación.
La denuncia sostiene que por esta “campaña digital” Fopea y sus integrantes “han debido soportar un sinnúmero de agresiones, frases de contenido intimidante, e insultos, entre otras provocaciones” y que esto configuró “un verdadero acto de hostigamiento digital en los términos del artículo 75 del Código Contravencional”.
La prueba aportada está incluida en 45 páginas de capturas de posteos en X que fueron certificados por el escribano Juan C. Nardelli Mira realizados el 3 de julio. Y que siguen publicados en esa red social.
En el análisis jurídico de la conducta y “de su afectación al derecho de libertad de expresión”, los letrados afirman que “no se encuentra amparada por el derecho a la libertad de expresión y pensamiento la publicación de datos falsos con el fin de agraviar o amedrentar a terceros”. Agregan que en este caso “se trató de impedir u obstruir la libre publicación por parte de periodistas profesionales de determinada información periodística considerada inconveniente por el gobierno” y que “no se busca otra cosa que menoscabar la función que la prensa y el periodismo independiente cumplen en la sustentabilidad de las democracias”.
Según el texto, “algunos gobiernos suelen apelar a atacar a la prensa a través de discursos antagónicos, ubicando a medios y periodistas en la posición de enemigos, y lo suelen hacer con metodologías de tipo propagandístico, buscando generar efecto emocional en las audiencias. Esto termina generando obstáculos al normal flujo de circulación del pluralismo de ideas y promueve el cierre de la discusión: el único argumento válido es el del gobierno. Lo demás es perverso, falso, malintencionado, etc.”. En ese sentido, los abogados enumeraron los “métodos” usados: 1) uso sistemático de lenguaje estigmatizante para desalentar el disenso y generar autocensura; 2) el debilitamiento moral, a través de campañas de desprestigio, intimidación y hostigamiento.
La denuncia de Fopea cita estadísticas de la propia Fopea, que en los primeros seis meses del 2024 registró 75 ataques a la libertad de expresión de los cuales el 50% provino del Estado y el 27% le es atribuida al presidente Milei. Afirma la existencia de “una amplia red de trolls y bots”. También cita como fuente de autoridad a la periodista María O’Donnell y una referencia al “carácter assessination” o asesinato de la reputación como un proceso deliberado y sostenido para destruir la credibilidad de una persona o institución. La presentación también agregó expresiones de Amnistía Internacional Argentina, que se solidarizó con Fopea ante la situación denunciada.
Riesgos para la libertad de expresión
Aunque de jerarquía menor por tratarse de una presentación contravencional, de prosperar, la denuncia de Fopea tal como fue presentada podría generar un precedente problemático para la libertad de expresión de los ciudadanos, protagonistas de la conversación en las redes sociales.
La denuncia trasluce una concepción pasiva de las audiencias, a las que analiza con una perspectiva paternalista como objeto de cuidado y protección por parte de una elite iluminada, integrada entre otros por los periodistas. Eso se observa en el texto cuando se refiere al «efecto emocional» en las audiencias. Hoy, los ciudadanos en su papel de usuarios de redes sociales forman parte de una conversación pública masiva, con capacidad para intervenir y asumir las responsabilidades derivadas. El castigo de la expresión en las redes generaría en los usuarios lo que la denuncia advierte sobre el periodismo: desalentar el disenso y fomentar autocensura.
En rigor, el comienzo de la disputa entre Fopea y el Parisini no fue el tuit con el supuesto chat, cuyo contenido -cierto o falso- resulta de nulo interés público, sino el reclamo a Fopea para que se exprese sobre la violencia ejercida por manifestantes contra Mariano Pérez, periodista deportivo y exitoso productor de contenidos digitales afín a la administración Milei.
Aunque en una web oficial se usó la expresión “matriculación obligatoria” -algo que parece tomado de la ley nacional N° 12.908/46, del Estatuto Profesional del Periodista– no es cierto que haya habido un proyecto o una declaración oficial contundente hacia la matriculación de la profesión, tal como sostiene la denuncia. Dicho texto no hace ninguna referencia a esa norma, que sigue plenamente vigente a pesar de su antigüedad y de haber quedado completamente superada por las nuevas formas digitales de comunicación.
La ley 12.908/1946, en su artículo 4°, estableció una “obligatoriedad” que dejó de exigirse recién en 1985/86 tras una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de no ser obligatoria la matrícula, el Ministerio de Trabajo nunca dejó de ofrecer el trámite de gestión del carné de periodista, algo que sigue vigente y a lo que parece haberse referido el tuit del Ministerio de Capital Humano, donde se aloja hoy la Secretaría de Trabajo. Quien desee solicitarla no tiene más que llenar este formulario.
Gordo Dan no es un anónimo y no lo era al momento de los tuits denunciados. Resulta llamativo que, siendo pública su identidad, la denuncia apele a un supuesto carácter anónimo para reclamar si corresponde considerarlo un agravante. El anonimato en las redes sociales es motivo de discusión desde hace tiempo y las aguas suelen dividirse entre quienes se oponen y piden que todos usen en el ámbito digital su nombre real y quienes plantean que es un derecho apelar a seudónimos.
Parisini, como puede verse en sus redes y en su canal de streaming, Carajo, produce contenidos que combinan diversas narrativas, que van de la información al entretenimiento, el comentario político, la sátira (forma crítica o burla humorística dirigida a exponer vicios, locuras o abusos) y la parodia (imitación burlesca o crítica con fines cómicos o de denuncia). Son estas últimas las que están en riesgo.
Salvando las distancias en tiempo y espacio, la denuncia de Fopea podría ser aplicables a muchas otras expresiones paródicas o satíricas, desde la revista Humor Registrado o Barcelona, los personajes de Fernando Peña, los monólogos de Tato Bores y hasta las columnas de Carlos Reymundo Roberts (De no creer), en La Nación, o Alejandro Borenstein (Humor político), en Clarín. Yendo aún más atrás en el tiempo, Fopea podría haber denunciado a Orson Wells por “la publicación de datos falsos” -durante su programa La guerra de los mundos– a los que los diarios atribuyeron la consecuencia de “agraviar o amedrentar a terceros”.
Aún cuando se demostrara que Parisini fue autor del supuesto “hostigamiento digital”, éste no se dirigió a un periodista en particular sino a una organización que no es representativa del total de la profesión (según sus propias cifras) ni tampoco la única del sector de la información. Los argumentos que eran aplicables, por ejemplo, al caso de Daniel Santoro, que sufrió persecución judicial penal y estuvo a punto de ser detenido, no son trasladables a una persona jurídica no humana.
Es decir, en el caso de Fopea no se trata de intimidar para “impedir u obstruir la libre publicación por parte de periodistas profesionales de determinada información periodística considerada inconveniente por el gobierno”. Más bien la refriega comenzó cuando se exigió a una entidad representativa del periodismo y que se reconoce como defensora de la libertad de expresión que se definiera sobre un caso de violencia contra un productor de contenidos digitales que cubre hechos noticiosos. La entidad podría haber expresado sus razones para no definirse en ese caso, pero eligió el camino de la victimización.
La denuncia de Fopea tiene la virtud de alertar sobre la existencia de una falta (que algunos quieren elevar a la categoría de delito), el “hostigamiento digital”, que recuerda a leyes de medios que en la región latinoamericana persiguieron la libertad de expresión. Tal vez el caso más destacado en ese sentido haya sido la ley orgánica de comunicación impulsada por el entonces presidente de Ecuador Rafael Correa y que introdujo el delito de “linchamiento mediático”, derogado en 2020. Por eso, el código contravencional porteño expresamente afirma que no es aplicable esta contravención allí donde esté en juego la libertad de expresión.
En rigor, el hostigamiento mediático fue pensado para el caso de personas humanas que son atacadas de manera sistemática y sostenida con la intención de perturbar, injuriar, dañar, molestar, desprestigiar o ridiculizar. Puede incluir el envío de mensajes de texto, llamadas, comentarios en Internet, a través de perfiles falsos o usurpación de identidad para afectar psicológicamente a las víctimas, causando paranoia, ansiedad, depresión, y cambios en su vida como renunciar al trabajo o mudarse.
Los daños que por hostigamiento podría tener una persona humana son difíciles de argumentar para el caso de una no humana. Lo mismo ocurre cuando se trata de mensajes destinados a una persona humana en función de su actividad pública (algo que aplica para dirigentes de distintos tipos), como parece ser este caso.
Decir de una organización que es “una vergüenza” -como sostuvo Milei respecto de Fopea- o ponerle comillas a la expresión periodismo profesional para denotar ironía no implican necesariamente agresiones y, a priori, corresponden al terreno de discusión sobre temas de interés público en la que no debería penarse la intervención de los ciudadanos.
En la denuncia de Fopea se hacen numerosas referencias a “agresiones personales” pero nunca se aclara que se trata de palabras, posteos y comentarios. También se afirma la existencia de “amplia red de trolls y bots” sin presentar ninguna evidencia, que -además- debería tener características de pericia técnica informática.
Dicho eso, es cierto que existe una deuda pendiente acerca de cómo mejorar la calidad de la conversación pública -reducir el nivel de insultos y violencia verbal-, algo que tal vez remita a la tragedia educativa argentina.
La denuncia contravencional tiene problemas de endogamia que el juez no conocerá si no es advertido. Además de argumentar contra los “ataques” presidenciales con estadísticas propias, la denuncia presenta como argumento “la grave situación verificada mereció la inmediata atención de los medios nacionales, entre ellos el diario La Nación que publicó una nota ilustrativa al respecto bajo el título “Milei cargó contra Fopea por no pronunciarse ante las agresiones que denunció un youtuber libertario”. Ese dato está incompleto si no se agrega que el vicepresidente de Fopea, Claudio Jacquelin, es directivo de la redacción del mismo diario y está mencionado como afectado en la misma denuncia.
El autor de esta nota fue socio de Fopea hasta agosto de 2023 y renunció a dicha entidad por diferencias con su comisión directiva
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