La ofensiva judicial de LaLiga contra la retransmisión no autorizada de partidos de fútbol en España incorporó un nuevo frente: los servicios de redes privadas virtuales (VPN). Una resolución del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Córdoba concedió medidas cautelares solicitadas por LaLiga y por Telefónica Audiovisual Digital para que NordVPN y ProtonVPN bloqueen, durante la emisión de los partidos, direcciones IP identificadas como origen de transmisiones no autorizadas.

Según la nota informativa publicada por LaLiga, el tribunal reconoció a los proveedores de VPN como intermediarios tecnológicos sujetos a obligaciones derivadas del marco europeo de servicios digitales. En ese contexto, autorizó que LaLiga y Telefónica -titular de los derechos de retransmisión- remitan listados actualizados de direcciones IP que, tras verificación técnica, estén asociadas a emisiones ilegales. Las compañías deberán impedir el acceso a esas IP desde España mientras se disputan los encuentros.

La medida -que vuelve a poner sobre la mesa la vieja discusión sobre la responsabilidad de los intermediarios- fue adoptada “inaudita parte”, es decir, sin audiencia previa de las empresas afectadas, con el argumento de preservar la eficacia de la orden. Además del bloqueo, la resolución contempla la obligación de conservar evidencias digitales relacionadas con las retransmisiones identificadas.

Para LaLiga, la decisión amplía el alcance de su estrategia jurídica contra la piratería audiovisual, que en los últimos años incluyó el bloqueo dinámico de dominios y direcciones IP asociados a sitios de streaming no autorizados (en Argentina ya se registraron bloqueos dinámicos ordenados por la Justicia). La organización sostiene que determinados servicios de VPN facilitan la elusión de restricciones geográficas y de bloqueos previamente ordenados por los tribunales.

Desde el lado de las compañías implicadas, la reacción fue distinta. De acuerdo con declaraciones recogidas por diversos medios españoles, representantes de ProtonVPN y NordVPN señalaron que no habían recibido notificación formal del procedimiento antes de su difusión pública. Indicaron que, sin acceso a la documentación judicial, no podían formular comentarios detallados ni ejercer su derecho de defensa en una instancia previa.

A finales de 2025, Telefónica se adjudicó uno de los paquetes principales de derechos de LaLiga, permitiendo que Movistar Plus+ continúe emitiendo partidos de la Primera División en el ciclo audiovisual 2027-2032, con la capacidad de elegir en primera opción en 19 jornadas por temporada, incluido el clásico de la segunda vuelta, y garantizando a sus clientes acceso al 100 % de los encuentros, según comunicó la compañía tras la licitación valorada en 2635,85 millones de euros a razón de 527,17 millones por temporada. Los partidos de LaLiga se suman a la cartera de contenidos deportivos de Telefónica en España, que ya incluye las competiciones europeas recientemente adjudicadas hasta 2031, consolidando su posición como operador clave en la transmisión de fútbol profesional.

La decisión del tribunal cordobés abre ahora una nueva etapa en esa estrategia: por primera vez, la obligación de bloqueo se dirige de manera directa a proveedores globales de VPN, en un intento por limitar la utilización de estas herramientas durante la transmisión en directo de los partidos.

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