Mientras el Gobierno avanza a toda máquina en la aplicación de lo mandado por la nueva ley (la creación del nuevo Comfer, principalmente), la oposición ya hizo las primeras tres presentaciones judiciales contra la norma. Por su parte, los grupos de medios que deben adecuarse al nuevo marco regulatorio, analizan qué hacer para demorar el proceso de «desinversión» y preparan sus propias presentaciones. Aunque de manera menos estridente que semanas atrás, las escaramuzas siguen. Veamos.
La primera presentación judicial la hizo el PRO, de la mano del jefe de su bancada de Diputados, Federico Pinedo, quien presentó un recurso de amparo para que la Justicia frene la constitución de la nueva Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta el 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores. Es que, con algún buen criterio y dado que los integrantes de esta autoridad tendrán estabilidad en sus cargos más allá de las fechas electorales y los mandatos, la oposición sostiene que los legisladores que la representen deben ser elegidos de entre los que asumirán sus bancas próximamente. O, al menos, que aquellos -cuya elección refleja más acabadamente la opinión actual del electorado- deberían tener alguna chance de participar.
El Gobierno ya avisó que si la oposición no elige y propone a sus representantes, la autoridad de aplicación se constituirá de todas formas y empezará a reglamentar la ley. Total, si no se cumplieron los reglamentos de la cámara Baja y el Senado, y hasta se puso un parche (fe de erratas) cuando la ley ya estaba aprobada para cambiar una palabra por otra (es decir, un significado por otro), qué más da avanzar sin tener totalmente constituido el nuevo Comfer. En mi barrio, un amigo solía decir: «Qué le hace una raya más al tigre si ya parece una pantera negra».
Luego vino el turno de la provincia de San Luis que con el patrocinio del inefable Rodolfo Barra le pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional a la ley porque avanza sobre potestades que la Carta Magna no delega al poder central sino que reserva a la jurisdicción de las provincias. El talón de aquiles de la presentación es… su «presentador». Barra tiene seguramente una formación técnica ideal (de hecho integró la Corte Suprema cuando ésta se apellidaba «menemista») pero sus pergaminos éticos están un poco ajados. Como se trata de una provincia, puede recurrir directamente al máximo tribunal (de hecho, San Luis ya se presentó anteriormente a la Corte para reclamar por los fondos que el Estado nacional le retuvo en el «corralito»).
Y el otro que se presentó en los Tribunales es el jefe de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales. El senador, que en 2007 integró la fórmula presidencial de la alianza UNA, con Roberto Lavagna, pidió a la Justicia que declare inconstitucional y nula la polémica fe de erratas que incluyó entre gallos y medianoche el oficialismo en el Congreso y que modificó el proyecto aprobado en Diputados y Senadores.
Mientras, como se ha dicho, Clarín, el grupo Uno, Cadena 3 y otras empresas están analizando qué harán. En una de sus contratapas dominicales en Perfil, Jorge Fontevecchia deslizó que el grupo de Herrera de Noble y Magnetto apostaría al core de su negocio: los contenidos; y eso, en detrimento de su negocio más rentable y de mayor volumen, el cable. Según el dueño de Perfil, Clarín le «revendería el cable a David Martínez, el original dueño de Cablevisión, con quien se asoció al momento de la fusión». Según publicó Rodolfo Barros en Perfil, «en un mes, Cablevisión tendrá que dar el primer paso para desinvertir» y remarca que «expertos advierten por la calidad». Algunos, con un criterio puramente monetario, dicen que Clarín se quedará con su principal negocio, el cable (que le reporta más del 60% de sus ingresos). De todas formas, saber qué está resolviendo Clarín es tanto o más difícil que saber qué pasa en la intimidad de Olivos. En parte, ese hermetismo le costó al grupo la sanción de la ley vigente.
El Gobierno no pierde el tiempo y avanza paso a paso en la constitución de los nuevos organismos que creó la ley (que, hay que recordar, se promulgó en tiempo récord, en la madrugada posterior a la sanción y se reglamentó también en pocos días). En estos días vence el plazo de cinco días hábiles para que las entidades privadas empresariales y de trabajadores se inscriban en el registro correspondiente. Habrá más noticias.
Ayudanos a seguir pensando, buscando y elaborando información para conectar a la sociedad. Si valoras lo que hacemos....
