Las actuales TIC han redefinido la comunicación más allá de la convergencia entre medios masivos (contenidos periodísticos, de entretenimiento y de cultura-educación) y las telecomunicaciones (contactos punto a punto entre personas y aún máquinas).
Hoy también son formas de extraer datos de los usuarios, actividades en las que pueden estar involucrados desde empresas de marketing político o comercial (Cambridge Analytica) hasta el Partido Comunista Chino.
O, por el contrario, pueden ser el soporte de una temible operación de inteligencia con efecto militar: el envío de señales para hacer explotar los dispositivos de los mismos usuarios, como presumiblemente hizo el Mossad israelí con los beepers de Hezbollah en el Líbano.
Las TIC representan hoy, entre muchas otras cosas, el control de drones, radares ultrasofisticados más allá del horizonte, algoritmos de precisión quirúrgica para llegar a usuarios determinados y exploración de contenidos de redes con inteligencia artificial en tiempo real para trazar perfiles y tendencias.
O bien la cantidad insólita de 9000 criptomonedas que compiten en el mundo, algo que ni el referente de la escuela austríaca Friedrich Hayek vislumbró en su ensayo La desnacionalización de la moneda.
Por supuesto, no faltan las actividades de espionaje SIGINT (de las que conocemos bastante en Occidente por las denuncias de Julian Assange o Edward Snowden, pero muy poco sobre las ejercidas en otras zonas mundiales). Y hasta los centros para comunicaciones Deep Space, como la base china en Bajada del Agrio, Neuquén, que tienen también la capacidad potencial de espiar todo el espectro radioeléctrico terrestre y satelital.
La lista es mucho mayor: sigue y seguirá con el avance de la historia.
Dentro de este torbellino, las TIC rompen la centralidad y las limitaciones de los medios tradicionales. Por eso, sirven para documentar y difundir injusticias, abusos o información que se busca relegar, así como permiten la organización ciudadana para la movilización y el cambio para reformas sociopolíticas.
Esto quedó demostrado en el pasado con la primavera árabe o con la denuncia actual del fraude de la dictadura chavista venezolana (más allá de posteriores frustraciones no imputables a quienes iniciaron estos movimientos).
Pero las TIC tienen también una enorme eficiencia para impulsar posturas oscurantistas como el terraplanismo, poner en duda las vacunas o el alunizaje y todas las teorías conspirativas imaginables de café (no los cafés del filósofo-semiólogo Jürgen Habermas, ¿o quizás sí?).
Asimismo, las TIC contribuyen como ninguna otra cosa a expandir “noticias falsas”, las que generalmente son creadas y diseminadas —con fines manipulatorios y para defender sus propios intereses— por el mismo poder que después se presenta como quien nos quiere proteger de ellas.
Todo cambia, todo se redimensiona
En medio de estos procesos, hay también un redimensionamiento macro de los conceptos de libertad de expresión, del sentido de los intereses nacionales y de la geopolítica, justamente motorizado en buena parte por Internet y las TIC.
La libertad de expresión era tradicionalmente la supresión de la censura previa y posterior en los medios, no obstante que en su momento estuviesen bastante controlados por sus propietarios, por los editores o por los gobiernos, aun en naciones democráticas.
Los problemas de la libertad de expresión eran algo más lineales en el pasado.
En los años 60, en medio de la guerra fría y cuando el establishment occidental era más bien conservador, la izquierda tenía problemas para expresarse o acceder a los medios. Ese establishment defendía limitaciones en nombre de la gobernabilidad democrática, la decencia en las costumbres (sexo, moral)y la contención del enemigo soviético.
Era la izquierda, por tanto, la más vehemente para reclamar libertad de expresión o cultural (como el Free Speech Movement de Berkeley o el combate contra la censura artística en el cine del Código Hays por razones sexuales o morales). Por supuesto, cuando la versión revolucionaria de la misma izquierda tomaba el poder se acababa toda libertad de expresión y artística como ocurría en la propia URSS, China o Cuba.
Más de medio siglo después, los contrapuntos ideológicos pueden haberse revertido, pero siguen siendo relevantes, aun a pesar de las tesis de Francis Fukuyama o Samuel Huntington.
Hoy, un sector del establishment occidental que puede calificarse como progresista impone cánones de corrección política y hasta de cancelación contra quienes ve demasiado desenmarcados de esas posturas y/o como fuertemente adscriptos a la «derecha». Son estos últimos grupos los que levantan en la actualidad banderas de libertad de expresión para impulsar su agenda política, económica o cultural de no interferencia del poder público mientras la «izquierda« tiende ahora, en cambio, a abogar por limitaciones en nombre de la diversidad, el género o las minorías.
Por supuesto, como en cualquier época y situación, deben distinguirse las corrientes principales de los extremos. Existe hoy una derecha radical y una izquierda radical que pueden definirse como populistas y a veces marcadamente autoritarias. Sin embargo, en estos momentos de la historia tiene lugar una fuerte polarización que les da cabida a tales extremos, con la consiguiente disminución de posturas en los centros o de convivencia democrática. Esas posturas centristas o moderadas son a veces calificadas de “tibias”, “híbridas” y hasta “cómplices” (del extremo opuesto al que formula la calificación).
Algunos creen que esta polarización o grieta es consecuencia del uso generalizado de las TIC, particularmente las redes sociales, que imponen lógicas particulares de simplificación, captación de atención, emocionalidad, algoritmos con sesgos confirmativos, fenómenos de “masa” digitales, contrapuntos binarios e impulsos “plebiscitarios” de mayorías circunstanciales agresivas contra posturas individuales o minoritarias.
Otros creen que se trata de situaciones temporarias que ocurren en los inicios de cada nueva tecnología mediática y que se contrarresta con la alfabetización comunicacional de las audiencias, las cuales ya no esperan a los “actores malvados” para agredirlos a la salida de un teatro o una emisora y que tampoco confundirían hoy una radionovela de Orson Welles con una invasión marciana.
Adaptando a Joseph Schumpeter a la politología y la técnica, podríamos preguntarnos ¿estamos ante un proceso de “destrucción creativa” del mundo que conocemos para ser reemplazado por una democracia y acción política ajustada a las nuevas tecnologías y a un profundo cambio de costumbres, estilos de vida, modos de razonar y percepciones, todo lo cual prefiguran hoy los ‘centennials’ que nacieron no ya con el Internet sino con las redes sociales y el smartphone 4G?
¿O estamos frente a un efecto negativo e irreversible que socavará la democracia, los criterios de verificación de datos e informaciones y el debate público “racional” como lo habíamos conocido o, al menos, como lo considerábamos deseable?
Solo el tiempo podrá dar una contestación definitiva a tan crucial interrogante. Por ahora, las incidencias de los fenómenos que desencadenan las TIC sobre la propia comunicación y sus efectos sobre la dinámica política, económica, social y cultural aún están pendientes de ser plenamente entendidas.
Podría ser, sin embargo, que nunca aparezca una respuesta concluyente, de la misma forma que miles de estudios y millones de palabras no contestaron jamás un interrogante clásico sobre los “efectos” de la comunicación durante el siglo XX: ¿la TV es perniciosa para los niños o disminuye el ‘nivel cultural’ de los mayores?
La cuestión se convirtió en tan inasible que hasta la misma pregunta quedó démodée.Y es que muchos somos hoy, precisamente, esos niños y esos mayores en el siglo XXI.
En otro plano, los intereses nacionales pudieron parecer más diluidos a partir de la globalización de los años 90. Pero hoy, con la geopolítica, vuelven por sus fueros. Por ejemplo, la aprobación en Washington de la CHIPS and Science Act (2022), que reserva el considerable monto de 280.000 millones de dólares para subsidiar la producción de semiconductores en los Estados Unidos reactualiza la nunca disipada tensión entre valores ideológicos (inconveniencia de subvenciones, libre mercado, libre comercio internacional) e intereses nacionales.
Por un lado, Estados Unidos no quiere quedarse atrás en esta estratégica área de los chips o semiconductores, que es la base del hardware de las TIC. Por otro, tampoco quiere arriesgarse a que un lugar clave como Taiwán —donde se manufacturan la gran mayoría de los chips, si bien bajo licencia, que se emplean en Occidente y Asia— resulte afectado por cualquier contingencia que sufra a raíz de algún avance hostil de China continental. De esta forma, se interrumpiría la cadena productiva de esos componentes esenciales, cuya carencia haría retroceder años a las industrias de información y comunicación en el mundo no sujeto a la influencia de Moscú o Beijing.
Los intereses nacionales y la geopolítica juegan hoy también su rol en una posible prohibición de la red TikTok en los Estados Unidos o en las investigaciones en ese país acerca de sectores rusos que esparcen propaganda o desinformación encubierta, pero también fondos y recursos, para influir en la discusión política interna, así como para cooptar grupos, influencers o medios antisistema.
En esa línea está también la prohibición de la señal de noticias rusa RT en la TV paga del viejo continente por decisión de la Unión Europea, debido a su control total del gobierno de Putin y por sus mensajes desinformativos acerca de la guerra de Ucrania o la exacerbación de conflictos nacionales.
(Alemania, por ejemplo, había tomado la decisión previa de eliminar la señal en su territorio tras su cobertura constante de sectores neonazis; en España RT privilegia en forma desproporcionada la cobertura de los partidos al extremo del sistema: Vox y Podemos.)
Estas medidas eran difícilmente imaginables años atrás en naciones occidentales que aún en la guerra fría no prohibían siquiera impresos ni películas soviéticas o chinas, ni tampoco bloqueaban con interferencia (“jamming”) señales audiovisuales de esos países, como sí hacían la URSS o China con las comunicaciones provenientes de Occidente.
El emplazamiento de venta de TikTok en los Estados Unidos, el arresto del titular ruso de la red Telegram y la prohibición de X en Brasil, episodios ocurridos todos en 2024, marcaban para algunos “un antes y un después” en la historia de Internet.
En particular, para las plataformas sociales, en el sentido de cómo se responsabilizará a las mismas, en una jurisdicción determinada, por sus propias actividades y vínculos, por sus políticas de colaboración con la justicia y por los mensajes que cursen sus usuarios.
Todo esto, más allá de la libertad de expresión o de la libertad de ejercer el comercio (libertad de emprendimiento), en un mundo donde los intereses nacionales y la geopolítica siguen tallando.
TikTok: informalidad ‘centennial’ y seguridad nacional
TikTok es un ejemplo nebuloso de cuándo se termina la libertad de expresión y cuándo empieza la geopolítica. La red social de videos cortos, informal y muy popular entre ‘centennials’ y aun niños de todo el mundo, es originaria de China y está a cargo de la empresa ByteDance Ltd., con inversionistas privados locales y participaciones decisivas de fondos estatales (que cuentan con la llamada “acción de oro”).
Aunque TikTok ofrezca mayormente contenidos poco controversiales, Estados Unidos considera a la plataforma como una amenaza nada menos que a su seguridad nacional: los datos de sus 170 millones de usuarios estadounidenses —la mitad del país— podrían ser fácilmente accedidos por el gobierno de una potencia extranjera como China. Entre estos datos se cuentan nombres, teléfonos, domicilio, tarjetas de crédito y preferencias personales.
Sin embargo, es inevitable que cualquier medida que se adopte por motivos que invoquen la geopolítica no tenga un efecto, siquiera indirecto, sobre temas de libertad de expresión.
Expertos occidentales destacan el poderoso algoritmo de TikTok, con capacidad mayor que cualquier otro de dirigir contenidos relevantes para cada usuario. Algunos de esos expertos se preocupan por la gran ventaja que esta capacidad podría tener para “manipular” campañas o temáticas. En otro plano, Rusia prohibió TikTok por varios meses luego de la invasión a Ucrania hasta que la plataforma accedió por su propia cuenta a filtrar contenidos que atentaran contra la narrativa oficial de Moscú y eliminara mensajes proucranianos.
TikTok fue señalado también por cuestiones más difusas de protección a la minoridad, igualmente en zonas del mundo muy diferentes. Aplicando la Ley de Servicios Digitales (DSA), la Unión Europea la objetó por su supuesta condición “adictiva” en la infancia —obligándola a cancelar un plan de recompensas por visión de videos— pero Kirguistán directamente la prohibió por “afectar la salud de los niños”. Frente a las aprehensiones que TikTok genera en los Estados Unidos, para algunos resulta insólito que en el país de la Primera Enmienda el gobierno pudiese prohibir totalmente el acceso a un medio de comunicación, aun siendo de origen extranjero, cosa que no había ocurrido siquiera en el punto más álgido de la guerra fría con publicaciones o películas “enemigas”[1]. Sin embargo, eso mismo es lo que podría ocurrir ahora con TikTok
Una ley del Congreso de abril de 2024 obliga a ByteDance Ltd. a vender la operación de TikTok en los Estados Unidos en un plazo de 12 meses (el que posiblemente resulte apelado en la justicia). De lo contrario, será bloqueada en el país. La ley tuvo un fuerte apoyo bipartidario tanto de demócratas como de republicanos.
India, que mantiene una tensa relación con China por temas limítrofes y la cuestión del Tíbet, fue el primer país en prohibir TikTok y otras 60 aplicaciones de aquella nacionalidad en 2020, señalando que atentaban contra la “integridad y seguridad nacional” y el “orden público”.
En los últimos años fue bloqueada en forma permanente en Afghanistán e Irán (que por “razones morales” también han prohibido casi todas las redes sociales occidentales) así como en Kirguistán, Uzbekistán y Somalia con distintos argumentos.
Rusia, como se indicó, y otras naciones como Nepal, Pakistán, Indonesia o Senegal la bloquearon temporariamente hasta que la red ajustó algunos contenidos. Irónicamente, TikTok está bloqueada en China continental ya que la compañía ByteDance Ltd. opera allí una versión local llamada Douyin que se adecua a los parámetros de la fuerte censura gubernamental del gobierno de Beijing y que no rige en la versión global. En los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelandia, así como en algunos países europeos (Reino Unido, Francia, Austria, Estonia, Lituania, Noruega) se ha prohibido TikTok solamente a empleados o funcionarios estatales, medida que en el Reino Unido abarca también a parlamentarios. En otras naciones la restricción a funcionarios se limita solamente a una recomendación.
Telegram: ¿protección de privacidad o falta de colaboración con la justicia?
La breve detención y el proceso iniciado en agosto de 2024 contra el propietario de Telegram representa la primera vez en que el titular de una aplicación web es responsabilizado penalmente, a nivel internacional, por actividades de sus usuarios. Pero se podría hacer otro tipo de descripción: el titular de Telegram fue encausado, en realidad, por su negativa a cooperar con la justicia (en un contexto, sí, de enfrentamiento geopolítico).
Pável Dúrov, fundador y CEO ruso de la plataforma de mensajería/red social Telegram, quien también es ciudadano de Francia, fue acusado por la justicia de ese país por “blanqueo” de crímenes (incluyendo tráfico de drogas y estafas), complicidad en la difusión de imágenes pedófilas y falta de control de varias conductas delictivas. Estas actividades fueron llevadas adelante por los usuarios de la red, pero Dúrov no tomó las medidas que le solicitaron las autoridades para limitarlas o denunciarlas.
Dúrov fue arrestado luego de que un oficial encubierto francés trató con un presunto abusador infantil en la red. Cuando las autoridades solicitaron la identidad del usuario, Telegram se negó a dar sus datos. La Gendarmerie (policía militarizada francesa) informó que había enviado “miles” de solicitudes durante varios años sobre “presuntos criminales” a Telegram que no tuvieron respuesta.
¿El caso de Dúrov es sobre libertad de expresión, como si se procesara al titular de un diario o una emisora por expresiones de un colaborador, el llamado de un oyente o la carta de un lector, o al contrario, por no censurar esos contenidos a requerimiento de un gobierno? ¿Es como si se responsabilizara al director de una compañía telefónica por las conversaciones de sus abonados?
O quizás ¿podría considerarse hipotéticamente a ese mismo director de la compañía telefónica, pero que se niega a permitir que un juez competente intervenga la línea de un abonado sospechado de un delito de abuso de menores o narcotráfico, argumentando dicho director que protege la privacidad de sus usuarios?
El titular de Telegram siempre sostuvo que la aplicación busca proteger a los usuarios en regímenes autoritarios. Sin embargo, también es cierto que al mismo tiempo lo usan desde terroristas de ISIS hasta grupos supremacistas.
La cuestión puso en primer plano la discusión sobre la moderación de contenidos en Internet entre aquellos que defienden una moderación laxa (como sostiene Elon Musk, pero cuyos detractores señalan que permiten la apología o comisión de delitos por esas redes) y quienes promueven una moderación más a fondo (que, según los contrarios a esta postura, puede afectar la libertad de expresión e implementar un sistema de censura).
Conviene recordar que hay una gran diferencia entre la “moderación” de contenidos en redes sociales como X o Instagram con ejercer esa misma “moderación” en apps esencialmente de mensajería como Telegram o WhatsApp. Hay redes sociales que se parecen más a un medio de comunicación masivo (como X o Instagram) y otras que pueden ser más asimilables a un servicio de telecomunicaciones (como Telegram o WhatsApp)
En redes como X o Instagram, sus contenidos son esencialmente públicos. Pueden diseminar masivamente mensajes de propaganda o desinformación que afecten —por ejemplo— una elección local o extranjera.
Pero en apps como Telegram o WhatsApp los mensajes circulan entre remitentes y destinatarios determinados, como una comunicación bilateral interactiva entre partes o grupos sujeta al secreto de las telecomunicaciones, y pueden ser el instrumento para preparar o ejecutar delitos que van desde el narcotráfico al abuso infantil (sin perjuicio que en esas redes los mensajes pueden también diseminarse en grupos formados por un gran número de personas o realizarse envíos múltiples).
Hay quienes creen que el caso de Telegram se trata antes que nada de una cuestión geopolítica. Es cierto que Dúrov abandonó Rusia en 2014 tras vender su red social previa VK a empresarios pro-Putin.
El emprendedor digital había resistido presiones del gobierno ruso para bloquear redes de opositores, manifestantes pro-Ucrania y otros mensajes, alegando que tales solicitudes afectaban la libertad de expresión o eran ilegales. Por ejemplo, se negó a bloquear la página del opositor Alexei Navalny, quien años más tarde murió en prisión bajo extrañas circunstancias. Como Elon Musk, Dúrov se ha caracterizado a sí mismo como «libertario«, palabra que de a poco se está convirtiendo en tan polisémica como en Argentina son los términos “peronista” o “radical”.
Con base en Dubai, Dúrov fundó Telegram, cuyo posicionamiento de marketing frente a otras redes destaca que es un ámbito completamente “libre” y “seguro” frente a la intrusión de autoridades. Cuenta con muchas funciones especiales como la autodestrucción de mensajes o privacidad reforzada, pero sin embargo, a diferencia de WhatsApp, la encriptación de mensajes de extremo a extremo solo rige en los llamados “chats secretos”, mientras que en otras funciones debe ser expresamente activada.
La red sigue siendo muy popular en Rusia, donde en el pasado fue bloqueada o restringida. No obstante, la relación con el Kremlin es ambigua, ya que actualmente es muy utilizada por medios y entidades vinculadas con el gobierno ruso. Moscú ha reclamado por la detención de Dúrov y ha caracterizado el caso como una arremetida occidental contra la “libertad de prensa”, inexistente en Rusia.
Asimismo, una investigación de 2023 de la revista Wired reveló casos de usuarios opositores rusos (entre otros, una importante activista “libertaria”) que fueron perseguidos por la inteligencia del país tras haber publicado mensajes supuestamente “privados” en Telegram. La revista cree que Telegram llegó a algún tipo de acuerdo con las autoridades rusas[2].
Tras la invasión a Ucrania de 2022 Telegram es utilizada intensivamente por Rusia (pero también por Kiev) para difundir información sin filtros ni moderaciones. Puede verse en ellas abundante propaganda, contenido gráfico y fake news sobre la guerra y otros temas políticos mundiales.
Esa carencia de filtros o moderaciones le ha ganado también la fama o la presunción de ser la red preferida por terroristas o traficantes de armas y drogas, así como para el lavado de dinero, estafas online e intercambio de pornografía infantil. También por grupos extremos que suelen tener posturas antisistema contra las democracias occidentales (pero no contra Putin).
Hasta la detención de Dúrov Telegram era la red de referencia de los neonazis germanos. El conocido activista austriaco de extrema derecha Martin Sellner escribió en el mismo Telegram que “el ‘Occidente liberal’ está desconectando la simulación de democracia. Todos los canales de comunicación pueden colapsar pronto”.
Se argumenta que Telegram se niega a limitar actividades ilegales en su red que benefician en buena parte a Rusia o a mafias internacionales, a la vez que afectan a democracias occidentales[3]. En ese sentido, la red no solo rechaza colaborar con regímenes autoritarios sino también con la justicia de naciones democráticas en la lucha contra delitos que nada tienen que ver con la libertad de expresión. Por ejemplo, mientras en 2023 X reportó a las autoridades de Estados Unidos 597.000 casos en su red sobre pornografía infantil y hasta TikTok informó de 590.000, Telegram tuvo 0 reportes.
La compañía niega esa falta de colaboración y señala que cumple con las leyes de la Unión Europea: la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA), ambas de 2022 pero que entraron en vigencia plena a lo largo de este año.
Los informes de la red social sobre número de usuarios en Europa son imprecisos: a mediados de 2024 afirmaba que llegaba a los 41 millones, pero las autoridades del viejo continente han expresado sus dudas y sostienen que se trata de un subterfugio para no declarar que llega o supera los 45 millones. A partir de esa cifra, las normativas europeas la alcanzarían con varias de sus disposiciones especiales para plataformas “muy grandes”.
Es por eso que los problemas de Telegram no se derivan de la reciente puesta en vigencia de la DMA/DSA sino de una investigación penal de la justicia francesa.
Algunos suponen que el centro del asunto es que las naciones occidentales son recelosas de una compañía que cursa mensajes y facilita actividades sin limitaciones y que está totalmente fuera de su alcance (a diferencia de las BigTech con sede en Estados Unidos, a las que algunos suponen, en mayor o menor medida, colaboradoras con el gobierno y también con la inteligencia de ese país[4]).
La justicia francesa afirmó actuar independientemente del presidente Emanuel Macron. Si bien es cierto que la red no ha sido bloqueada en Francia, ni la Comisión Europea había tomado ninguna medida con fundamento en las DMA/DSA, la detención y posterior imputación de Dúrov pareció para algunos una medida inusual y fue condenada por Elon Musk y el activista exiliado en Moscú Edward Snowden.
Un tema que sigue llamando la atención y que da indicios de la relación equívoca entre el Kremlin y Telegram es el despliegue que los medios oficiales rusos le continúan dando a la red. RT y Radio Sputnik invitan a sus audiencias a comunicarse por Telegram como vía preferente.
Putin y numerosos funcionarios rusos criticaron la detención. El máximo líder ruso dijo que no tiene reclamos contra el empresario ni contra la plataforma y que el arresto de Dúrov fue “selectivo” y “poco claro”. Mientras tanto el canciller ruso señalaba que esto situaba a las relaciones francorrusas “en su punto más bajo”, a la vez que un vocero del Kremlin afirmó que “podría tratarse de un caso político”. Parlamentarios y referentes oficialistas rusos solicitaron la “liberación inmediata” de Dúrov.
«La dictadura liberal no soporta individualistas que aspiran a la libertad y juegan con otras reglas. Elon Musk, prepárate…», dijo Alexéi Pushkov, senador, comentarista de TV e importante figura del partido de Putin que suele ocuparse de temas de comunicación.
Estas manifestaciones sorprenden a quienes consideraban a Dúrov —quien supuestamente abandonó Rusia por la persecución o al menos presión estatal— en la categoría de opositor o disidente, como Navalny y muchos otros. Todos ellos fueron sistemáticamente atacados cuando se exiliaron o incluso encontrándose dentro del país. Tampoco fueron siquiera mínimamente defendidos por su condición de ciudadanos rusos cuando afrontaron problemas en terceras naciones. A veces, terminaron también envenenados o con muertes dudosas.
Es verdad que son conjeturas que podrían no demostrar nada. Pero el propio gobierno ucraniano que hasta hace poco era también un gran usuario de Telegram, tiene sus sospechas: apenas días atrás prohibió a sus funcionarios instalar la aplicación por preocupaciones de espionaje ruso. Finalmente, Dúrov quedó en libertad bajo fianza en Francia. En el interín, Telegram cambió su política. Ahora, dice la plataforma, si hay una “orden judicial válida” por cuestiones criminales, Telegram entregará los datos. La investigación de la justicia francesa, por su parte, continúa.
El bloqueo de X en Brasil: libertad de expresión y polarización ideológica global
El bloqueo en agosto de 2024 de la red X en Brasil —único país occidental y latinoamericano fuera de Venezuela que prohibió la red social de Elon Musk— es un episodio cuya principal faceta se relaciona indudablemente con la libertad de expresión.
Sin embargo, como se verá más adelante, tiene una arista geopolítica o, para hablar con más propiedad, un componente de polarización ideológica faccionalista que atraviesa y supera Brasil, con proyección global. La comprensión de la cuestión requiere una contextualización.
En el país más grande de América Latina se había iniciado en 2019 el gobierno de derecha de Jair Bolsonaro. Su contrincante político, el izquierdista expresidente “Lula” da Silva, se encontraba en prisión con cargos por corrupción (proceso que luego fue anulado y el exmandatario resultó liberado).
En 2020, al inicio de la pandemia, un grupo heterogéneo de parlamentarios, pero en general opositores a Bolsonaro, intentaron promover una regulación de Internet a través de un proyecto de ley conocido como PL das fake news (PL 2630/20). Aunque no había sido aprobado aun en 2024, conoció varias versiones y reformulaciones. Sin embargo, en todas sus encarnaciones ha sido objeto de críticas de quienes creen que puede lesionar la libertad de expresión o la privacidad de los usuarios.
Inicialmente establecía una entidad estatal “autónoma” específica con jurisdicción administrativa sobre las plataformas, incluso con facultad de aplicar sanciones. Este punto fue luego eliminado, aunque no quedaba muy claro cómo se harían cumplir las disposiciones.
El proyecto contemplaba la exigencia de solicitar documentos de identificación a los usuarios y la apertura de canales para recibir denuncias sobre contenido falso o ilegal. Las críticas más comunes señalaban que las disposiciones podrían incentivar una política de “moderación” indiscriminada por parte de las plataformas, a la vez que tampoco se definía con claridad el concepto de desinformación.
También se agregó una disposición para que las plataformas remuneraran a los medios “periodísticos y artísticos” que se difundieran en ellas, una disposición sin antecedentes en otros lugares. Además, proporcionaba inmunidad total en las redes a los mensajes de los parlamentarios brasileños —cuya seriedad, quizás más que en otros lados, deja bastante que desear—, aun en casos de ilegalidad manifiesta.
El proyecto imponía a las plataformas el deber de denunciar en caso de advertirse un delito que “pudiera producirse”. Todas estas normas se aplicarían solo a plataformas con más de 10 millones de usuarios.
En un comunicado de 2022, las posibles afectadas (Mercado Libre, Facebook, Google y Twitter) rechazaron el proyecto calificándolo de “potencial amenaza para una Internet libre, democrática y abierta”. Aunque la discusión de la iniciativa fue reflotada en 2023, cuando Lula volvió a la presidencia, el proyecto quedó estancado.
De alguna forma como reacción al PL 2630, el presidente Bolsonaro dictó en 2021 la Medida Provisional 1068 (MP 1068/21) (modificatoria de normas con rango de ley pero que debía obtener ulterior acuerdo del Congreso).
Esta Medida Provisoria prohibía a las redes sociales adoptar “criterios de moderación (…) que impliquen censura política, ideológica, científica, artística o religiosa”. Solo se podrían eliminar cuentas o contenidos por una “justa causa”, las que incluían “actos terroristas, pedofilia, pornografía, bots, promoción de la violencia o uso de drogas” (razones que ya constituyen delitos en Brasil). Pero no mencionaba “información falsa”.
Si para algunos la medida podía ser considerada como una salvaguarda de la libertad de expresión, para otros —como contrapunto de la PL 2630— imposibilitaba a las plataformas “moderar” actos de desinformación, en un momento en que la pandemia del COVID tornó a la información médica y de vacunas en temas altamente sensibles. El mismo presidente Bolsonaro calificó al virus como “uma gripecinha” [un resfriado] y tuvo una actitud inicial de minimizar la pandemia, que no obstante, generó un fuerte apoyo de sus partidarios.
El debate se enmarcaba también dentro de la polarización política. El sector de Lula sostenía que los bolsonaristas habían utilizado en forma escandalosa (y exitosa) las fake news en las redes para ganar las elecciones y que por esta razón el nuevo gobierno procuraba impedir una “moderación” de la desinformación, de modo que pudieran seguir usando esa herramienta. Entre los bolsonaristas, en cambio, la percepción era que el otro sector simplemente buscaba limitarles su libertad de expresión para perjudicar, también, sus posibilidades políticas.
La MP 1068 fue rechazada por el Congreso y quedó sin efecto, aunque Bolsonaro convirtió su texto en un proyecto de ley, que tampoco fue aprobado.
En 2022 se realizaron los comicios presidenciales, en los que Bolsonaro perdió su reelección y Lula ganó otra vez el poder por escaso margen. En enero de 2023, transcurrida una semana del nuevo gobierno, miles de partidarios de Bolsonaro —en un eco del asalto al Capitolio tras la derrota electoral de Donald Trump— invadieron en multitud el Congreso y el Palacio do Planalto (sede presidencial) en Brasilia, negándose a reconocer la victoria de Lula y alegando un supuesto fraude. Varios de ellos pidieron un golpe de estado.
El episodio, cuya preparación se gestó por semanas a través de redes sociales, —tanto por mensajería como por posteos desinformativos— disparó dos investigaciones del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema de justicia): una sobre “milicias digitales” (difusión de “noticias falsas” en redes sociales para influir en procesos políticos) y otra sobre “actividades antidemocráticas” (el ataque al Congreso).
Poco antes, Elon Musk había adquirido en los Estados Unidos la red Twitter, a la que rebautizó X, con la promesa de “ampliar la libertad de expresión”, reponer cuentas suspendidas y reducir la política de moderación de contenidos de la plataforma.
En Brasil, mientras el asalto en la capital acentuó todavía más la polarización política, emergió la figura del titular del STF, el juez Alexandre de Moraes, quien adoptó una postura de alto perfil en las investigaciones sobre la rebelión de bolsonaristas. Al mismo tiempo, promovía enérgicamente la regulación de Internet: sostenía que las redes no pueden ser “uma terra sem lei”.
En las investigaciones sobre Internet y redes sociales y con una base legal discutible, el STF facultó a Moraes a suspender en forma discrecional y unilateral las cuentas de X y otras redes sociales que considerara vinculadas a actividades antidemocráticas o de desinformación (concepto este último no definido legalmente). También pidió a las redes proporcionar las direcciones IP de presuntos implicados.
En este clima, el Ministerio de Justicia del nuevo gobierno de Lula propuso hacer responsables a las grandes plataformas por contenidos “antidemocráticos” que no fueran retirados luego de ser notificados. La iniciativa fue objeto fue intensas críticas por su vaguedad y su potencial de censura. Finalmente fue descartada.
Meses después, en abril de 2023, un juez ordenó el bloqueo de Telegram por no entregar información requerida por la justicia acerca de participantes en grupos neonazis relacionados a episodios de violencia en escuelas. La prohibición fue levantada por un tribunal, pero al final se aplicó una multa a la plataforma.
Al mismo tiempo, Moraes incluyó a Musk en la causa de “milicias digitales” nada menos que por obstrucción a la justicia, participación en una organización criminal e incitación al delito. Esto desató un fuerte enfrentamiento entre el titular de X y el magistrado, que derivó en una escalada de ironías, memes, acusaciones y finalmente insultos.
La red social se negó a cumplir con las órdenes de Moraes de eliminar cuentas y entregar datos y sostuvo que eran inconstitucionales. (Había también cuentas de otros lugares, como la del consultor mileísta argentino Fernando Cerimedo, muy involucrado también con bolsonaristas y que es titular del portal “militante” oficialista La Derecha Diario.)
Musk finalmente retiró la representación legal de la compañía en el país, aduciendo que su personal corría el riesgo de ser detenido. Al no tener representación, la compañía no podía legalmente funcionar en el país y Moraes dispuso en agosto de 2023 la prohibición de la plataforma en Brasil, enviando órdenes a cada uno de los ISP del país para que la bloquearan.
El New York Times, un medio que no simpatiza particularmente con Elon Musk ni con Bolsonaro, criticóque el juez Moraes haya “ejercido ese poder [de eliminar cuentas de redes sociales] libremente, a menudo en órdenes clasificadas que no revelan por qué suspende una cuenta específica”. Agregaba que “ordenó a X que elimine al menos 140 cuentas, la mayoría de políticos de derecha, entre ellos algunos de los comentaristas conservadores más conocidos de Brasil y miembros del Congreso”.
Los antecedentes de Moraes definían su estilo y approach al tema. En 2019 ordenó que el portal Crusoé eliminara una nota sobre otro magistrado a la que calificó como “fake news”, medida que fue revocada ante las protestas públicas. En 2022, el polémico titular del STF dispuso suprimir las cuentas y allanó las casas de empresarios bolsonaristas que conversaban entre ellos en un chat privado de WhatsApp, algunos de los cuales manifestaron que “preferían” la destitución de Lula por un golpe de estado.
Además de pelearse con Elon Musk, Moraes tuvo enfrentamientos con Telegram y Google en 2023. Les ordenó a ambas retirar mensajes contra el PL 2630 —rechazado tanto por el servicio de mensajería como por el buscador, así como otras BigTech—, acusando a esas compañías de abusar de su posición y manipular sus algoritmos para privilegiar la visibilidad de tales mensajes.
Otras medidas de Moraes, ampliamente criticadas como arbitrarias, fueron las de citar judicialmente a Musk con un mensaje en la propia red X, anunciar que multará a cualquier particular que use un VPN (software legal que permite eludir bloqueos) para acceder a X o intentar cobrar las multas impuestas a X a Starlink, compañía de Internet satelital también propiedad de Musk, pero que jurídicamente es una entidad diferente. Las dos últimas decisiones fueron dejadas finalmente sin efecto.
La potestad de la justicia brasileña de indagar sobre actividades golpistas o atentatorias contra la democracia es incuestionable, aun cuando el clima de polarización política interna pueda enrarecer cualquier investigación. Pero es menos claro que en esa tarea y en medio del enfrentamiento con X y Elon Musk, la misma justicia deba, en forma discrecional y secreta, cerrar cuentas de usuarios y, finalmente, dejar a todo un país sin una importante red social.
El enfrentamiento tiene dimensiones adicionales. Aun dentro de un mundo globalizado, el concepto de la autonomía de los ordenamientos jurídicos nacionales y el de soberanía continúan existiendo.
Es cierto que tales atributos pueden matizarse y sujetarse a la vez a estándares de derechos humanos internacionales, como puede ser la libertad de expresión. Pero no deja de ser un espectáculo inusual ver una batalla campal entre un poderoso empresario como Elon Musk contra el titular de la corte suprema de una nación (que, con sus defectos, es una democracia) en la cual operan varias de sus compañías, al mismo tiempo que acusa al titular del STF de “dictador” y “seudojuez”.
Es en este punto donde la cuestión de X en Brasil tiene también su componente geopolítico. Más allá de sus innovadoras actividades empresariales, Musk se ha transformado en una suerte de líder político mundial de algunos sectores de derecha en un contexto de polarización global.
(Antes de su temprana muerte en 1937, el célebre ítalo-británico Marconi, el “inventor de la radio”, se convirtió en un entusiasta defensor de Mussolini y referente mundial del fascismo, lo que derivó en la pérdida de control sobre su compañía en el Reino Unido. Marconi defendía su paternidad sobre la tecnología radial, disputada por el opacado inventor croata emigrado a los Estados Unidos Nikolai Tesla. Aunque Tesla no tenía razón en ese punto, su nombre quedó asociado al de un inventor marginado injustamente por el establishment norteamericano de la época y hoy es nada menos que la marca de los autos de Elon Musk.)
Independientemente de lo que se opine acerca de su política de moderación laxa de contenidos en X (“libertad de expresión” para algunos y tolerancia a mensajes “de odio” y de “desinformación” para otros), Musk utiliza una importante plaza pública de discusión como X de la misma forma que un “megáfono personal”, según lo caracterizó la revista The Economist.
Sus actitudes de resistir las órdenes de la justicia brasileña para defender la libertad de expresión no las ha repetido en otros países, en estos casos con notorios grados de autoritarismo como Turquía[5], India[6] o Indonesia [7].
En ellos, X ha obedecido sin protestar demasiado órdenes de bloqueo o supresión de contenidos que han afectado a opositores, disidentes y mensajes críticos del gobierno. Aunque objetando las decisiones, Musk y la red señalaron —por ejemplo en el caso turco— que “no hay elección” para evitar que el servicio sea “estrangulado en su totalidad”.
La red X está igualmente prohibida en China, pero Musk (que posee importantes inversiones de Tesla en el país y se ha entrevistado varias veces con funcionarios de Beijing) no manifestó ninguna inquietud principista por esta restricción. Consiguió, al mismo tiempo, despertar la ira del gobierno taiwanés al manifestar desde el país de Xi Jingping que “Taiwán es tan parte de China como Hawaii de Estados Unidos”.
En este sentido, al transformarse en un personaje de altísimo perfil y fuertemente alineado políticamente, a la vez que usa el poder de X en su favor y en beneficio de figuras que ha decidido apoyar, como Trump o el propio Bolsonaro, Elon Musk crea también sus propios antagonistas.
En la megapolarización mundial en la cual Musk se inserta como referente ideológico de un sector de la derecha, el magnate de X se ha alineado con el propio Bolsonaro, cuyos partidarios son investigados en Brasil por la invasión del Congreso —que emulaba la acción de fanáticos trumpistas en Washington— por un juez de alto perfil y discrecionalidad como Moraes y que al mismo tiempo está fuertemente identificado con el presidente brasileño Lula.
A su vez, Lula planteó su apoyo a las versiones más radicalizadas del PL 2630 de 2023, cuyo miembro informante fue un senador del Partido Comunista do Brasil. Aunque el proyecto es fuertemente rechazado por bolsonaristas y otros opositores, la Presidencia lanzó una costosa campaña de comunicación que incluye definir la verdad y falsedad en las redes (#Brasil contrafake), la cual parece poner esta última siempre del lado opositor al gobierno.
El mandatario brasileño, al mismo tiempo, es una importante figura política de la izquierda regional alineada con el kirchnerismo argentino —enemigo del presidente Javier Milei, quien a la vez es amigo de Musk— mientras es percibido como condescendiente con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, uno de los países que más censura Internet.
Es difícil no ver este intrincado circuito de conexiones, solidaridades y antagonismos ideológicos como una “nube” donde la libertad de expresión cumple apenas un rol de insumo subordinado a la lucha política.
Poco cambia que Bolsonaro reúna a seguidores en marchas y aclame a Musk por “preservar la libertad”, o que Lula, por su parte, manifieste irritado que el titular de X “debe acatar una decisión judicial” porque Brasil es “un país soberano” y se pregunte retóricamente “¿quién cree que es?”. Cerrando el círculo, las agresiones de Musk llegaron a extenderse al mismo presidente brasileño, acusando a Lula de “perrito faldero” (lapdog) del magistrado Moraes, a quien comparó con el villano de ficción Darth Vader.
The Economist opinó que “la desactivación de X y la respuesta furiosa de Musk pueden incluso ayudar a revitalizar a la extrema derecha de Brasil, que se siente reivindicada al sostener que está perseguida. El legado de Moraes puede ser el de fortalecer los mismos elementos que intentó contener”.
Pero más allá de esta evaluación de costo/beneficio netamente político realizada por la casi bicentenaria revista británica, la historia de los experimentos de regulación de Internet en Brasil revela no sólo la tensión entre la libertad de expresión y temas de “moderación” de contenido. También muestran un contrapunto entre una compañía poderosa y un país que invoca cuestiones de soberanía.
A la vez, el conflicto sobre estos temas exhibe alineamientos ideológicos y geopolíticos globales de distintos actores en un marco de fuerte polarización política. Esa polarización y otros factores condicionan la credibilidad, neutralidad e independencia de cualquier normativa o autoridad de aplicación relacionada con Internet que pueda debatirse y establecerse en países con las características de Brasil o, para el caso, de buena parte de los de América Latina y aun del mundo.
Pocos pueden creer que los mismos políticos que mienten a discreción para acceder y conservar el poder logren garantizar la “verdad” en un medio de expresión. Esto, sin hablar siquiera de la legión de auténticos autoritarios o dictadores que se turnan para ejercer el gobierno en distintos lugares o épocas, no importa qué “ideas” invoquen, casos en los cuales tenemos, además de mentiras, fuerza bruta aplicada.
Y al final, en este mundo de modernidad líquida, en el cual nada es para siempre, X manifiesta a fines de septiembre que cumplirá con las condiciones indicadas por Brasil, mientras el gobierno de ese país se dispuso a reautorizar la red social. Cada parte supone que doblegó a la contraria. ¿Ganó la libertad de expresión, los “intereses nacionales” o la geopolítica? ¿O alguna combinación extraña? Podemos decir lo mismo que Mao —quien prohibió la televisión durante su revolución cultural— cuando opinó sobre “los efectos” de la Revolución Francesa casi 200 años después: todavía es muy temprano para saberlo.
Este artículo, con adaptaciones y reformulaciones, es parte de una publicación del autor: Los Caminos de la Conectividad: Índice de Indicadores Básicos de Infraestructura de Tecnología de Información y Comunicaciones en América Latina (Índice-IBITIC/AL).
Se trata de un índice donde se califica a cada uno de los países latinoamericanos según mediciones de su infraestructura TIC, a partir de cálculos propios y uso de datos de organismos multilaterales, asociaciones del sector y reguladores. Adicionalmente, se incluyen notas similares a esta sobre temas mutidisciplinarios y de actualidad referidos a las TIC.
Los Caminos de la Conectividad (Indice IBITIC/AL)será publicado en fecha próxima por CESCOS Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, un think tank con sede en Montevideo, Uruguay, en conjunto con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, en Buenos Aires.
Los puntos de vista son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la opinión de CESCOS o de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad.
Los Caminos de la Conectividad (Indice IBITIC/AL)también será reseñado oportunamente por Convercom.
Mas información en: https://cescos.org.También en https://www.freiheit.org/es/argentina-brasil-paraguay-y-uruguay)
[1] A partir de la invasión rusa a Ucrania, sin embargo, la señal de noticias estatal rusa RT —con cierta presencia de su versión en español en América Latina— fue levantada de numerosas plataformas de los Estados Unidos. La señal y sus directivos fueron objeto de sanciones por actuar como “agentes extranjeros”, así como también acusados de injerencia en la política interna no sólo con información falsa sino también por el reparto de recursos económicos.
El secretario de Estado Anthony Blinken dijo en 2024 que: “RT ha dejado de ser simplemente un medio de comunicación (…) ha contratado a una empresa privada para que pague millones de dólares a estadounidenses que distribuyen, sin saberlo, el mensaje del Kremlin para influir en las elecciones estadounidenses y socavar la democracia. La cúpula directiva de RT tiene conocimiento directo y voluntario de este cometido” (https://www.state.gov/state-department-actions-to-counter-russias-election-interference-and-foreign-malign-influence-operations/ y https://apnews.com/article/russia-justice-department-election-foreign-influence-4888f4bfc61e46173101060ad0321d2f).
[2] La activista es la vicepresidenta del Partido Libertario ruso, Marina Matsapulina. Ver también esta nota que expone a fondo la trama geopolítica que involucra a Telegram
[3] En su sitio web, Telegram dice que: “No usamos tus datos para la orientación de publicidad, no los vendemos a otros y no somos parte de ninguna familia de la mafia “familia de empresas” [sic, así en el original].
También describe de esta forma, en sus propias palabras, su política de cifrado y entrega de datos :
“Los chats secretos [solamente estos chats y no las otras funciones, que solo si se los activa al efecto] usan el cifrado end-to-end. Por lo tanto, no tenemos ningún dato que pudiera ser revelado. Para proteger los datos que no están cubiertos con el cifrado end-to-end, Telegram utiliza una infraestructura repartida. Los datos de los chats en la nube son almacenados en múltiples centros de datos alrededor del mundo, que son controlados por diferentes entidades legales y que se extienden en diferentes jurisdicciones.
Las claves de cifrado relevantes son divididas en partes y nunca se mantienen en el mismo lugar que los datos protegidos. Como resultado, varias órdenes judiciales de diferentes jurisdicciones son requeridas para forzarnos a entregar algún dato.
Gracias a esta estructura, podemos asegurar que ningún gobierno o bloque de países afines puedan entrometerse en la privacidad de las personas y su libertad de expresión. Telegram puede ser forzada a entregar datos sólo si un problema es tan grave y universal que pueda pasar el escrutinio de diferentes sistemas legales alrededor del mundo.
Hasta hoy, hemos entregado 0 bytes de datos de usuarios a terceros, incluyendo gobiernos”. (https://telegram.org/faq#p-para-quien-es-telegram)
[4] Es decir, lo que en el pasado se llamó grupo GAFAM, los cinco BigTech o gigantes tecnológicos de los Estados Unidos con enorme proyección mundial: Google (Alphabet, que además del buscador también posee YouTube y el sistema operativo Android). Apple (fabricante de equipos Mac, el iPhone y iPad), Facebook (grupo Meta, que además posee Instagram y WhatsApp) Amazon (comercio electrónico, incluyendo libros, y hoy también titular del medio Washington Post) y Microsoft (sistema operativo Windows y también titular de la red social profesional LinkedIn).
Cuando se acuñó la expresión GAFAM, Elon Musk aun no había adquirido la red social Twitter, (hoy X) ni había lanzado el sistema satelital Starlink, a la vez que las actividades de las empresas Tesla, Space X y Neuralink tenían una menor trascendencia. Lo mismo ocurría con la inteligencia artificial (IA) desarrollada particularmente por la exorganización sin fines de lucro (hoy compañía) Open AI, con microchips diseñados por Nvidia, empresa que a su vez registró en muy poco tiempo una inmenso incremento de valuación de mercado. Tampoco Elon Musk había manifestado una posición política tan marcada y de alto perfil, como la que lo llevó a declararse partidario de Donald Trump.
[5] Ver la explicación de la propia red X: https://twitter.com/GlobalAffairs/status/1658208072215437314 y https://twitter.com/GlobalAffairs/status/1657219168863756288?cxt=HHwWgIC9sbiD0P8tAAAA
[6] Ver la explicación de la propia red X: https://x.com/GlobalAffairs/article/1780261622038052976 X también eliminó enlaces de mensajes a un documental de la BBC británica crítico sobre el primer ministro Narendra Modi y que fue censurado en el país: https://theintercept.com/2023/01/24/twitter-elon-musk-modi-india-bbc/
[7] En su último informe anual que cubre las libertades políticas y civiles para 2023, la ONG Freedom House caracterizó a Brasil como “país libre”, mientras India e Indonesia están señalados como países “parcialmente libres” y Turquía como “no libre”. Ver Freedom House (2024). Freedom in the World. Washington, DC : Freedom House.
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2024-02/FIW_2024_DigitalBooklet.pdf y https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores-
Sin embargo, en cuanto a libertades propiamente de Internet, igualmente en su último informe, la misma institución ubicó a Brasil como país “parcialmente libre”, de la misma forma que a India e Indonesia, mientras Turquía quedó también en este campo en la categoría “no libre”. (En América Latina, Argentina y Costa Rica fueron tipificados como “libres”. Chile y Uruguay no fueron evaluados, pero otros países de la región figuran como “parcialmente libres”. Cuba y Venezuela están como “no libres”). Ver Freedom House (2023). Freedom on the Net. Washington, DC : Freedom House. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2023-11/FOTN2023Final.pdf y https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2023/repressive-power-artificial-intelligence
Muy buen analisis, cuidadosamente descripto y meticulosamente documentado. Poco habitual