Permisos demorados, tasas abusivas y límites al uso de postes, las amenazas municipales al despliegue de redes

El miércoles 26 de julio, desde las 18, por videoconferencia, se realizó el encuentro Conectividad territorial: municipios, ¿aliados o enemigos del despliegue de redes?, organizado por Convercom.info

La apertura estuvo a cargo de los abogados Agustín Garzón, ex director del Enacom; y Paula Bande, asesora de la oposición en el Enacom y presidenta del consejo asesor de la Fundación LED, y contó con la moderación de José Crettaz, editor general de Convercom.info

El panel principal, moderado por Agustín Siboldi -abogado, socio de Estudio O’Farrel-, estuvo integrado por Patricio Seoane, socio y gerente general en Internet Services SA, vicepresidente de NAPs de Cabase; Gabriel Casaliggi, gerente general en Cooperativa Batán y vicepresidente de CATEL; y Guillermo Schmid, gerente de Netcomm Argentina y presidente de UAPI. El cierre estuvo a cargo de Heber Martínez, CEO de Fundación CERTAL, que sumó algunos de los debates actuales en América Latina, Estados Unidos y Europa.

A continuación, lo más saliente de las conversaciones:

Apertura: el desafío la concurrencia de facultades, el sistema federal y la necesidad de una ley

J. Crettaz: Bienvenidos a este encuentro ConverCom que dedicamos a la conectividad territorial y el rol de los municipios y planteamos con una pregunta provocadora: los municipios ¿son aliados o enemigos del despliegue de redes?

P. Bande: Esta pregunta disparadora es muy interesante porque se vincula a nuestro sistema federal que, básicamente, tiene que ver con cómo se gobierna el país y se extienden estas redes en nuestro extenso territorio, que es considerado como una zona única para el servicio de las telecomunicaciones. En este esquema tienen que convivir el gobierno federal, los gobiernos provinciales y los municipios, que a partir de la reforma constitucional de 1994 tienen una categoría especial de autónomos. Las provincias deben garantizar la autonomía de los municipios. Y se genera esta conflictividad en cómo se puede llevar adelante el despliegue de las redes de manera coordinada sin que los municipios o las provincias se transformen en estos enemigos a los que vos mencionás o instás a que pensemos.

En este esquema entran en juego diversas competencias que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en el despliegue de las redes, que es que la prestación de los servicios TIC y el propio despliegue son netamente una competencia federal. Es decir, está regida por las leyes nacionales, en nuestro caso por la Ley Argentina Digital, que establece que el despliegue de redes de telecomunicaciones es materia federal, así como el control y la habilitación. También entran en juego cuestiones ambientales o de salud, donde la Constitución atribuye facultades concurrentes a las provincias y a los municipios. Muchas veces se plantean cuestiones en torno a las radiaciones, por ejemplo, que pueden generar la instalación y el funcionamiento de estas redes de comunicaciones. Y después está el planeamiento territorial, que son los temas de urbanización, netamente locales. Entonces, cada vez que se habla del despliegue o la implementación de políticas de comunicación convergen esos tres aspectos: jurisdicción nacional sobre telecomunicaciones, concurrente provincial y municipal en lo ambiental y, cuestión totalmente local en el planeamiento territorial.

En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la última intérprete de la Constitución, que en casos recientes resolvió cómo considerar el ejercicio de las competencias por parte de los poderes Federal, Provincial y Municipal. Hay un antecedente reciente, que es la última interpretación que nos rige hasta ahora, que es el caso de Telefónica contra la Municipalidad General Güemes, un caso muy conocido que la Corte reitera en otro caso, de 2021, que es de AMX contra la misma ordenanza municipal. En ese caso había una ordenanza municipal que establecía que las antenas que estaban instaladas en ese municipio tenían que reubicarse por una cuestión de salud, porque emitían radiaciones que podían afectar la salud de la población y porque afectaban el tejido urbano, la planificación urbanística en cuanto al paisaje que las personas que habitaban en ese lugar realmente querían ver.

En este caso, después de mucho tiempo, llega la Corte Suprema de Justicia e interpreta que el traslado de las antenas implicaba que el municipio se esté inmiscuyendo en aspectos técnicos, porque la distancia que entre una antena y otra tiene que ver con aspectos técnicos y éstos son regulados netamente por el gobierno federal. Entonces, la Corte dice que ni las provincias ni los municipios pueden intervenir en el despliegue de las redes de comunicaciones, que es materia federal, ni en la prestación del servicio. En resumen, cuando se meten con aspectos técnicos se meten con la cuestión federal.

En ese fallo es interesante una disidencia que plantea la pregunta sobre, dentro de ese conjunto de competencias, el aspecto técnico es lo único que se tiene que tener en cuenta a la hora de determinar las potestades de cada estamento. Es un cuestionamiento que se deja abierto, porque nosotros sabemos que hoy la Corte interpreta de una manera una norma, y más adelante la puede interpretar de otra.

En este punto lo que se propone es que se acentúen las acciones tendientes a la coordinación entre los distintos estamentos dentro de las buenas prácticas y la buena fe, que es lo que también propone nuestra ley TIC. Ante el inminente despliegue del 5G, esta concertación es muy importante y depende en mayor medida de cómo se puedan realizar las modificaciones normativas, porque esto se puede vigilar a nivel nacional, es en el Congreso donde van a confluir estas voluntades, tanto locales como federales. Es necesaria también una modificación normativa.

En las cuestiones ambiental o de salud hay llevar adelante una tarea de concientización o de, si se quiere, de explicación. De enseñar cuál es el impacto en la salud que puede generar la instalación de las redes, porque hay también toda una cuestión en torno a eso, a veces mito, a veces no lo sabemos, pero lo cierto es que no está comprobada la afectación a la salud que emiten los equipos cuando están controlados por el Ministerio de Salud, como emisiones no ionizantes. Pero queda abierto esto más bien a una legislación que se pueda realizar, no a una imposición, porque ante todo, en nuestro orden federal se tiene que garantizar que ningún poder esté por sobre otro, sino que cada uno puede ejercer sus facultades de una manera razonable y sin impedir los fines ni nacionales de prestación de servicio y despliegue de las redes, ni tampoco los locales que tienen que ver, por ejemplo, con la imposición de los tributos, el control ambiental, el control urbano, que deben ejercerse dentro de estas facultades que establece la Constitución.

J. Crettaz: Le voy a dar ahora la palabra a Agustín Garzón, para sus palabras iniciales y, aprovechando la introducción que hacía Paula, para preguntarte quién le pone el cascabel al gato, en el sentido de si están ya atribuidas las competencias, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué los municipios exceden sus competencias? ¿Quién debería imponerlo y por qué termina, finalmente, la cuestión judicializada?

A. Garzón – Primero quiero decir que coincido 100% con lo que dijo Paula, con el fallo y el marco general jurídico. Creo que el problema está dado porque tenés competencias superpuestas: el municipio que tiene que regular todo lo que es la construcción local, o sea, el código de edificación de cada municipio, y al mismo tiempo tenés un interés nacional en que haya un servicio de telecomunicaciones. Entonces ahí tenés algo que conciliar.

Muchos países ya lo resolvieron; como siempre en Argentina llegamos tarde con estas cosas, generalmente no tenemos que inventar nada y hay que ir a casos exitosos de otros países. Brasil con un sistema constitucional parecido al nuestro, con autonomías municipales, hizo una ley federal de antenas que reguló bastante bien el tema, implementó el silencio positivo, desreguló las small cells, que para el despliegue de 5G va a ser muy importante, e incluso puso un término de volumen para definir que es una small cell. Junto con eso, hubo un trabajo muy fuerte sobre los municipios para facilitar el despliegue. Al mismo tiempo hizo una ventanilla única, silencio positivo y desreguló las small cells. Perú es un caso parecido, también implementó el silencio positivo. En ambos casos tuvieron muy buenos resultados.

En Brasil junto con eso, hicieron es un movimiento integrado por la autoridad regulatoria Anatel y las cámaras del sector y que busca generar ese cambio normativo local y que los municipios tomen conciencia sobre el tema. Hay 160 ordenanzas municipales que ya se modificaron, con lo cual ya lograron resolverlo para el 30% de la población.

En el caso de Argentina, nosotros en el Enacom en su momento hicimos un programa llamado Antenas Amigables; básicamente pusimos un equipo de gente a empezar a hablar con los municipios y tuvimos casos exitosos. Por ejemplo, Paraná, que tenía una ordenanza muy restrictiva que prohibía la instalación de antenas y logramos modificarla. La realidad es que para conciliar estas competencias concurrentes tiene que haber una ley, que como decía Paula, luego del fallo de la Corte, está habilitada esa ley, porque el fallo, si bien es obligatorio para cuando hay un caso jurisdiccional, para poder hacerlo aplicable a todos los casos es necesaria una ley que de algún modo recepte esa doctrina de la Corte.

En el sentido, en 2021, nosotros trabajamos con varias empresas del sector en un proyecto que se presentó en el Congreso y que lamentablemente no se aprobó. Básicamente lo que dispone es que el Enacom es la ventanilla única de acceso para el despliegue de infraestructura, y que el organismo luego de verificar varios temas, tiene que otorgar dentro de un plazo un certificado mediante el cual las empresas pueden ir e iniciar la obra sin perjuicio de que después tengan que cumplir con la normativa local. Si no cumplen con la normativa local queda a costa de la empresa eventualmente desmontar esa fibra o desmontar esa antena. Creemos que de algún modo esa puede ser una solución, en el sentido que tomó Brasil y Perú.

Nosotros tenemos 1300 municipios; y además del caso de Güemes, hay un caso paradigmático que seguramente lo va a contar mejor Patricio, en San Francisco, Córdoba, que también generó el bloqueo de una nueva empresa que quería invertir, y esto pasa en un montón de localidades con distintos tipos de cosas que afectan la competencia y la conectividad.

Más allá de resolver la macroeconomía, que obviamente afecta a las inversiones, es muy importante acompañar o sancionar esta normativa nacional, que recepte el fallo de la Corte y lleve un poco de claridad, tanto a los municipios como a los operadores y a todas las empresas, para saber qué es lo que regula el tema y cómo accionar en cada caso.

J. Crettaz: Gracias Agustín. Para redondear esta primera parte, les voy a pedir una intervención más breve. Ustedes mencionaron la necesidad de una nueva normativa, y se los pregunto en concreto, ¿es necesaria una ley específica del Congreso Nacional para resolver esto? Y en el caso de que sea necesario, ¿eso debería ser una ley específica, una ley corta, por recurrir a un término que hemos usado en esta industria en algún momento, o debería ser parte de una norma más amplia de regulación general de las telecomunicaciones?

P. Bande: Lo ha dicho Agustín, es necesaria una legislación porque, de hecho, nuestra actual ley de telecomunicaciones tiene un vacío con relación a este tema. No está claramente establecida o pautada la forma en cómo se podría, o cuál sería un camino de solución posible. Pero lo cierto es que tampoco puede partir de una imposición que prive a los estados locales de su autonomía, por eso es difícil, lo que vos preguntabas sobre quién le pone el cascabel al gato.

Es muy difícil porque acá convergen distintos sistemas de poderes, donde uno está empujando contra otro, y eso funciona así por cómo es nuestro sistema federal; es inevitable que eso suceda, pero se puede hacer desde una modificación legislativa y tiene que surgir del Congreso. Entiendo que tiene que aproximarse más bien a una ley acuerdo, a una concertación, que tenga en cuenta también las competencias que tienen las provincias y que tienen los municipios; no pueden desconocerla, porque si no caemos en el mismo camino de la judicialización.

En ese sentido puede ser una ley de adhesión, de concertación o de acuerdo. Recién Agustín se refería cuestiones que se realizaron en Enacom durante la gestión anterior y ahí hay que agregar que también hubo convenios con las provincias con relación a muchos temas, donde se lograba llevar adelante el despliegue de redes; es decir, no es imposible de realizar. El tema es que vivimos en un país federal y en este contexto que establece nuestra Constitución, la Corte estableció estos parámetros ahora pero más adelante puede flexibilizarlos.

J. Crettaz: Perfecto. Agustín, tus últimos minutos.

A. Garzón: Creo que podemos tomar el tema de telecomunicaciones como una facultad delegada por las provincias al gobierno federal, como pasa en un montón de temas jurídicos, con lo cual hay como una supremacía de la normativa nacional, porque hay un interés público en que haya comunicaciones y que haya un servicio homogéneo.

En Brasil hablan del tema de que los gobiernos locales no pueden alterar la topografía de la red. O sea, vos, de algún modo, alguien tiene que tener la última palabra, y ese alguien tiene que ser el gobierno nacional, obviamente que para que esto quede claro, entiendo que tiene que haber una ley, y además tiene que haber una ley porque el 5G con la normativa actual, sería muy difícil de que pueda avanzar.

En definitiva, tiene que haber una ley que recepte el fallo de la Corte, y creo que esta que les comenté que presentamos en el Congreso podría ser una opción: que el Enacom reciba en una ventanilla única un pedido de despliegue, haga un certificado, y con ese certificado la empresa quede habilitada a comenzar la construcción, sin perjuicio de que después tenga que cumplir con la normativa local. Eso creo que sería una solución, seguramente en algún lugar va a haber conflicto, posiblemente en la mayoría no, pero es una forma de resolverlo, y es como lo resolvieron en otros países y tuvieron éxito.

J. Crettaz: Muchas gracias Agustín, muchas gracias Paula por esta introducción al tema. Me quedo pensando en que si a mediados del siglo XIX, cuando empezó a extenderse la red de ferrocarriles, las comunas y los municipios celebraban la llegada de la infraestructura clave de comunicaciones de la época, hoy podrían tener la misma actitud con las telecomunicaciones. Creo que si se pudo con una tecnología inferior, debería poderse con una tecnología superior.

El siguiente panel, que ya viene de la mano de casos concretos, y es moderado por Agustín Siboldi, abogado, socio en Estudio O´Farrell. Los panelistas son Gabriel Casaliggi, que tiene 22 años de experiencia en la cooperativa Batán, donde tuvo roles destacados como administrador de redes, de comunicación y administrador de servidores Linux, es vicepresidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel); Patricio Seoane, que es contador público, es socio y gerente general de Internet Services SA, que ofrece acceso a Internet y contenidos en varias provincias. Fue presidente de Cabase y actualmente es vicepresidente de NAPs Cabase, entre otros roles; y Guillermo Schmid, que es fundador y CEO de Netcomm Argentina, un ISP que opera en diferentes ciudades de provincias del litoral, entre Ríos Corrientes y Santa Fe; es miembro fundador y primer presidente de la Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI), una cámara empresaria surgida en 2020.

Adelante Agustín.

Prohibición de antenas, permisos demorados, tasas abusivas, límites al uso de postes, las mayores amenazas al desarrollo de las comunicaciones

A. Siboldi: Muchas gracias, José. La verdad que la temática es súper interesante y está menospreciada en muchos aspectos porque no tiene quizás el glamour de otros temas. En telecomunicaciones, diría que el gran tema, la gran barrera de crecimiento para el sector es el despliegue a nivel municipal, donde hay muchísimas aproximaciones para hacer.

Desde el punto de vista de la dinámica de mercado, desde una perspectiva del artículo 42 de la Constitución Nacional y la ley de defensa de la competencia, desde la ley sectorial, hay que acordarse de la vieja ley de telecomunicaciones, la 1998, que tiene disposiciones muy importantes. Pero dejemos que abran los panelistas y después yo me reservo algún comentario, voy a ser un poquito desafiante e intentar responder casi con un comentario personal la pregunta que hace muy bien Convercom.info. La respuesta es, a través de la mi experiencia, que los municipios son una fuente inagotable de trabajo para los abogados. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Gabriel, por favor.

G. Casaliggi: Bueno, muchas gracias. La verdad que está muy interesante todos los temas que se están tocando. A mí me toca hablar desde el lado de Catel, desde el lado de las cooperativas. Todos sabemos que las cooperativas somos muy importantes dentro de cada territorio porque llegamos a aquellos lugares donde las grandes compañías no llegan y entonces somos actores necesarios para poder llegar con infraestructura y con calidad de servicio a cada usuario. No puedo decir si los municipios son problemáticos o no, si son culpables de algo o no, pero lo que entiendo es que, y desde Catel promovemos eso, necesitamos dialogar. Las cooperativas necesitamos saber qué necesita el territorio, y el municipio tiene que saber que las cooperativas pueden aportar lo suyo y su tecnología y su despliegue para mejorar el servicio. Entonces creo que lo más importante es que podamos participar de las mesas de diálogo que tienen los municipios con las grandes compañías.

Necesitamos saber las necesidades que tiene el territorio, por lo menos antes de que empresas de afuera ingresen al propio del municipio, mínimamente para que digamos podemos o no podemos, y si no podemos por qué, si necesitamos financiamiento y que el municipio nos ayude a acceder a ese financiamiento.

No quiero cambiar el tema pero el DNU 690 fue algo muy complicado y desde Catel siempre promovimos el diálogo. Para este caso creo que es lo mismo, nosotros necesitamos participar de esas mesas donde sabemos que el municipio con las grandes empresas de alguna manera definen cómo distribuir el servicio, necesitamos estar ahí porque sabemos que podemos estar a la altura y podemos sanear las cuestiones de conectividad en muchas zonas donde falta. Así que particularmente con el municipio de nuestra zona tenemos una muy buena relación, hemos podido cerrar un convenio de compartición de infraestructura que permite unir, por ejemplo, la ciudad de Mar del Plata con la ciudad de Batán, y de esa manera el municipio puede proveer a Batán conectividad para las cámaras de seguridad, y ellos nos transportan hasta distintos puntos de la ciudad.

Creo que es necesario hacer eso, nosotros lo pudimos hacer de la mano de otros acuerdos, de sumar valor. Creo que sumar valor para las cooperativas y para cualquier pyme hoy es importantísimo, más allá de la conectividad, poder proveer otro tipo de servicios digitales, en nuestro caso y en este caso con el municipio de General Pueyrredón nos permitió a partir de eso hacer lo de la conectividad.

Es un poco de todo pero lo más importante es poder ser parte de esas mesas de diálogo que sabemos que se realizan con empresas grandes, por ejemplo. Queremos estar ahí, queremos decirle, nosotros las cooperativas podemos ser parte de esto.

P. Seoane:  Primero quiero resaltar la claridad conceptual de Paula y Agustín para definir el centro del tema, donde está el meollo del problema, y lo digo también como representante de Cabase y Cappi, que son dos cámaras que se han unido en esta lucha por el los permisos municipales, el uso de los postes y el cobro indiscriminado de tasas que hacen y que transforman casi en prohibitivo los servicios que queremos dar en los municipios.

Como decía Agustín S., hemos recorrido distintos estudios jurídicos para buscar la forma de invertir, porque en definitiva lo que queremos hacer es invertir en fibra óptica en distintos municipios y terminamos teniendo que acudir a la Justicia para que nos dejen hacerlo. ¿Esto pasa en todos los municipios? La verdad, no. Nosotros tenemos 46 ciudades, de las cuales tres son comunas, y después lidiamos con 43 intendentes. Y la realidad es que de los 43 intendentes, yo debo decir que hay 37 que han entendido que es saludable y es importante que haya competencia, que seamos muchos los que estamos en el municipio y nos han dado los permisos. Tienen obviamente que cobrar las tasas, pero bueno, no han puesto más barreras que las naturales o normales que existen. Y después tenemos seis intendentes, de los cuales con dos estamos judicializados.

Voy a dar los nombres de los dos con los que hemos tenido que judicializar. Uno es San Francisco, Córdoba, donde hemos presentado en la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Contencioso Administrativo y de Familia una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. El otro es Santo Tomé, Santa Fe, donde también hemos hecho una presentación por restricciones y cobro de tasas abusivas.

Así como Paula y Agustín han hecho una explicación jurídica, yo también quisiera hablar de las tasas, soy contador y sin quererlo me he especializado en ese tema. Todos saben que los municipios no pueden cobrar impuestos, cobran tasas, y los únicos que pueden cobrar impuestos son la Nación y las provincias. El impuesto tiene una característica que es que no requiere tener una contraprestación directa al monto recaudado. Quiere decir que, si bien hay leyes o hay impuestos que se recauden y se dice que ese impuesto es, por ejemplo, como el impuesto docente que algunos de nosotros, los más viejos, hemos pagado con una estampilla en el parabrisa de nuestro auto y decía que eso iba por una determinada finalidad, en realidad puede ir a fondos generales. Y no requiere que haya una efectiva contraprestación de parte ni del gobierno provincial ni del gobierno nacional.

Esos dos niveles de estado son los dos que pueden imponer impuestos. Los municipios no pueden aunque muchos de nosotros llamamos impuestos a lo que son tasas. Las tasas son por una contraprestación específica, por ejemplo, alumbrado, barrido y limpieza implica que me tienen que alumbrar, barrer y limpiar. Ahora, cuando ponen la tasa de higiene o la tasa de seguridad e higiene, la tasa de uso de espacio aéreo, ahí se supone que tiene que haber una contraprestación y la verdad es que no lo hay y, además, las tasas son abusivas. No voy a extenderme en el tema este de las tasas, pero quiero ponerlo también como una barrera, además de la de los permisos. Obviamente es una barrera más negociable, porque uno termina viendo qué paga, qué no paga, o cómo puede compensar con alguna contraprestación, pero la barrera está, y en algunos casos tenemos municipios que cobran, por ejemplo, una tasa del 6% de nuestra facturación en esa localidad. La llaman tasa de uso de fibra óptica. La verdad que es llamativo, pero existe, y está en la ordenanza y la puedo mostrar.

Nosotros formamos parte de la mesa TIC, que estuvo cerca de Las Toninas, firmando un convenio, y esto de los permisos municipales fue incluido como un tema que afecta a la industria en su conjunto, o sea, a chicos, grandes y medianos, a todos, y todos lo plantearon como un problema real. De hecho, toda la industria está teniendo reuniones con los probables equipos de los distintos candidatos y agrupaciones en este contexto electoral.

Y la verdad que a esto que dice Paula y que dice Agustín, también tenemos una dificultad. Llegamos a la conclusión de que esto tiene que ir al Congreso, y que no puede ser que la autonomía de un intendente haga que en una ciudad la gente tenga que comprar el producto de un solo proveedor porque no dejan entrar el segundo. Entonces, el problema que estamos viendo es que cuando tratamos de consensuar si esto puede ser llevado por estas agrupaciones o por los candidatos al Congreso, lo que nos dicen es que, en definitiva, los diputados probablemente lo voten, pero cuando esto llegue al Senado, ahí se verá la disyuntiva de que quienes llegan al Senado son los representantes de las provincias autónomas. Y que es muy difícil que en el Senado un senador vaya en contra de una autonomía provincial o de una autonomía municipal por una cuestión casi de principio.

Ahí estamos viendo una dificultad y por eso valoro mucho lo que han resaltado Paula y Agustín, el hecho de que tenemos que sentamos todos en una mesa de concertación y definir con los senadores y los representantes de las provincias que también, al igual que los municipios, son partícipes de estos frenos. Es decir, las provincias son los titulares o son quienes tienen el manejo de las empresas eléctricas sobre cuyos postes la mayoría de nosotros hacemos nuestros tendidos de fibra óptica. Las barreras al uso de los postes por parte de las eléctricas sigue siendo una barrera, como la de los municipios con los permisos y las tasas. Y allí es donde encontramos en los representantes de las provincias una barrera difícil si no nos sentamos a concertar en una mesa común en donde esté la política y esté la industria de las telecomunicaciones en su conjunto para no dejar en manos de los intendentes el manejo de si alguien puede o no tener internet en su ciudad. Él decía de una mesa única, la verdad que aplaudo, por eso resalté y lo mismo la visión que hizo Paula, que me parece que es excelente.

No quiero extenderme mucho más pero si quieren datos puntuales de situaciones concretas que estamos atravesando cuenten con eso. Lo que sí me gustaría contar es que estuve en Nashville, en Tennessee, en Estados Unidos, en lo que se llama el FTTH Council. FTTH Council es una agrupación mundial en donde todos los jugadores de la fibra óptica al hogar están interviniendo. En esa convención internacional que se hace una vez al año había un intendente que subió al estrado, había miles de personas en ese evento y el señor, como buen americano, montó un show en donde lo que quería era seducir a por lo menos dos empresas que estuvieran representadas en el público. Estaban Google, Comcast y había un montón de empresas, pero pedía por lo menos dos para que fueran a invertir a su ciudad donde necesitaba infraestructura de fibra óptica. Prometía hacer los ductos y ponía a disposición toda la normativa.

Y lamento no haber grabado a este buen hombre y poder mostrarlo en la Argentina de hoy en donde los municipios, por lo pronto, son la máquina de recaudar o la máquina de impedir. Y acá lo que hacía este señor alcalde era invitar a todos a que invirtieran, lo pedía por favor y quería por lo menos dos. ¿Y por qué decía dos? Porque quería competencia, que el ciudadano y el habitante de su localidad pueda elegir entre una y otra. Y si no le gusta uno, elija al otro y elija al de mejor calidad. Y la verdad, dije de nuevo, qué claridad mental tiene ese señor y todavía es hoy que reniego de no haber grabado, de no tener ese audio.

G. Schmid: Voy a intentar no ser redundante. Han dado mucha y muy buena información, tanto desde la parte normativa como desde la parte conceptual. Realmente agradezco la presencia de todos porque enaltece el debate. Lo que sí me gustaría dejar es un par de píldoras que puedan ayudar a la comprensión de la cuestión.

Primero, en la Argentina hay un galimatías de leyes superpuestas, complementarias, suplementarias unas de otras. Muchas entran en coalición entre sí. Pero, como en todo país, hay una jerarquía normativa. Y la ley Argentina Digital a nosotros nos asigna el fuero federal, como bien mencionaba Paula. Desde ese punto de vista, nosotros hemos logrado resolver muchos problemas de nuestros asociados con respecto a las municipalidades.

Nosotros en UAPI representamos aproximadamente a unos 200 pequeños proveedores del interior. Y como somos pequeños, siempre nos cuesta más porque hacemos todo a pulmón y tenemos que llevar adelante los procesos con los elementos que vamos teniendo a mano. Y realmente las municipalidades son, como bien dijo Patricio, dos cosas puntuales: máquinas de recaudar y máquinas de impedir. En nuestro caso, el 90% ha sido eso.

A veces hemos detectado mala voluntad de parte de los funcionarios, pero la mayoría de las veces es más bien desconocimiento. Desconocimiento normativo. Y en esto vuelvo a algo que mencionaron antes, de que quizás a nosotros nos corresponde hacer docencia. El problema de hacer docencia es que a los ISP nos invierte la carga de la prueba, siendo nosotros los que tenemos que demostrar que la ley nos asiste, a pesar de que son varias, y de todas podemos sacar alguna cosa válida.

Y tenemos que hacer docencia ante funcionarios que realmente a veces ni siquiera saben dónde están parados no solamente respecto de las leyes normativas nacionales sino también sobre propias ordenanzas. A veces ni siquiera saben las ordenanzas que tienen. Entonces todo entra en colisión con todo y uno que quiere entrar tiene que ser un poco el eje ordenador o docente, si se quiere, con respecto a esos funcionarios.

Recién Patricio mencionaba el tema de las tasas. Nosotros en muchas municipalidades logramos que no nos cobren tasas por el hecho de que el artículo 39 de la ley 19.798, que es la Ley Nacional de Telecomunicaciones, exime de todo gravamen a las empresas de telecomunicaciones por el uso diferencial de suelo, subsuelo y espacio aéreo, ya sea nacional, provincial o municipal, en todo el territorio de la República Argentina. Eso nos ha ayudado mucho, en muchos casos, y la verdad es que nos agarramos de todas estas cosas para poder sortear las dificultades que nos van poniendo.

Por otro lado, lo que tratamos siempre nosotros de hacer es que se respete la jerarquía normativa, de tal forma que una ordenanza municipal no se puede contraponer o entrar en colisión directa con una ley nacional. La Ley Argentina Digital es muy clara, como dijo Paula, sobre la jurisdicción federal, y un juzgado de faltas municipal no puede atribuirse competencias que no le corresponden. Tenemos un montón de casos documentados, algunos están judicializados, como el caso de Patricio, tenemos colegas que están peregrinando desde hace más de un año o dos, a veces, desde cartas de documentos, presentaciones, etc., y realmente no están avanzando. Hay muchos otros casos que sí, pero todo fue a fuerza de golpear y golpear puertas, hablar con uno y hablar con otro, y hacer mucha docencia.

Ese es el aporte que nosotros podemos hacer. Obviamente pongo a disposición de colegas todo lo que nosotros normativamente hemos venido recopilando y les agradezco a todos el espacio y la participación.

A. Siboldi: Ahora me voy a transformar casi en un panelista más, aunque voy a tratar de tirarles algunas preguntas. De todo lo que se vino relatando, no puedo dar más que fe. Estoy en el sector desde 1995, entré en Telecom Argentina cuando era francesa e italiana, en noviembre del 95. Y desde entonces sigo acá, sigo dando vueltas. En el decreto 92 de 1997, que aprueba el rebalanceo, si uno lee, los considerandos, está citada la jurisprudencia de la Corte a ese entonces sobre problemas con los municipios, año 1997. Los problemas siguen siendo los mismos.

La Corte ha sido muy coherente y sostiene con bastante claridad el tema de las tasas, en el que se centralizó Patricio y que Guillermo recién tocó, y  es una línea muy sostenida, muy sólida de casos. Con relación a las restricciones que alega bajo el medio ambiente, emisiones de radiaciones no ionizantes, también se empiezan a ver criterios muy claros, si bien es más moderna la jurisprudencia. Ahí el criterio de coordinación, de todas las materias, posiblemente sea la más desafiante de coordinar entre la provincia, municipio y Nación, porque, lo dijo Paula, es concurrente. Y el criterio que ha sentado la Corte es el de repugnancia efectiva. Este criterio refiere a cuando las normativas locales restringen al extremo de colisionar con las normas federales. Y ese es el caso de muchas de las disposiciones que vemos, Bahía Blanca, La Plata, La Matanza, Lanús, etc. Ejemplos hay a parvas. Por suerte siempre nos va bien en la justicia.

Una estrategia procesal que nosotros usamos con frecuencia, y perdón porque posiblemente ya le tocó a alguna autoridad, es que nosotros demandamos al Enacom e intimamos a ese organismo para que haga cumplir su obligación de asegurar el despliegue a nivel municipal. ¿Por qué lo hacemos? Porque de esa forma vamos a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires que tiene un mayor ratio de casos exitosos y la velocidad de alcanzar la resolución es mejor que en los fueros federales con competencia geográfica. Entonces, aunque parezca mentira, eso incide y mucho, y es una perlita que por ahí es digna de tener en cuenta.

El poder de policía, como dijo Patricio, a nivel municipal es muy restrictivo. Y la Corte ha sido categórica en eso. Ahí quizás tiene sentido la ley que proponen para que lo resuelva, incorpore el criterio de la jurisprudencia de la Corte al derecho positivo. Lamentablemente la experiencia histórica es que cada vez que se abre el debate en los municipios, a través del Senado intentan modificar los proyectos y borrar el artículo 39 de la 19.798. Consecuentemente yo sería muy prudente con la apertura de esa caja de Pandora. De hecho, a que se acuerde el debate parlamentario de la 27.078 Argentina Digital estuvo hasta último momento derogada la 19.798, con ello el 39, y otros tantos artículos que nos aseguran el despliegue, que no están en la ley de Argentina Digital. Por eso la ley, la vieja ley, para este fenómeno de despliegue a nivel local es mucho más importante que la nueva ley. Ese es un punto que hay que poner en énfasis.

Ninguno nombró el reglamento de compartición de infraestructura pasiva dictado por la resolución 105 de la Secretaría de Innovación Pública de 2020. Creo que ese es un dato positivo. Y que en algunos casos funcionó adecuadamente. Cuando interviene en conflicto de despliegue para sesión de derechos de uso de postes, sesión de ductos, etc. ese es un dato que yo me anotaría. El conflicto tiene facultades jurisdiccionales administrativas, el Enacom, y lo está usando, en los casos en que me tocó intervenir a mí, con bastante razonabilidad. En otros se declara prescindente cuando aprieta mucho el lado político, y ahí la crítica al Enacom.

Después, hay ciudades enormes, capitales, la ciudad de Buenos Aires, capitales de provincia que tienen enormes barreras regulatorias al despliegue para los nuevos entrantes. Se los obliga a desplegar en forma soterrada, que tiene posiblemente diez veces el costo del aéreo, y acá estoy especulando, soy abogado, y los tiempos de acceso al despliegue son notoriamente más complejos entonces. Ese tipo de actitudes, y la ley vigente en la ciudad de Buenos Aires lo tiene, en beneficio de dos incumbentes, tiene que ser revisado. Lo mismo, y pongo otro ejemplo, Mendoza. La ciudad de Mendoza, la última vez que lo miré, tenía un proceso similar.

La nueva ley tiene este riesgo. Las barreras de acceso son barreras que podrían incluso redundar en que la autoridad de Defensa de la Competencia, que ojalá tuviese más participación en este mercado, podría emitir una recomendación procompetitiva que está dentro de sus facultades, respaldándose en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y en la propia ley especial que le da esa competencia, para recomendar a la ciudad de Buenos Aires y a la ciudad de Mendoza, que son los ejemplos que usé, pero hay más, para que remueva esas barreras al despliegue.

Celebrar la resolución de compartición y reestructura, y expandir su aplicación, aceitar, el Enacom tiene que mejorar sus tiempos. ¿Qué más les puedo decir, para no aburrirlos? Bueno, en el fondo ha quedado insinuado lo que subyace, que es un conflicto de intereses. El municipio quiere que las empresas dejen algo, más allá de la prestación del servicio, en el territorio. Me encantaría escuchar qué opinan de todo esto, que intenté al menos llevarlo un poquito más al límite, ser más provocador.

Gabriel, ¿querés empezar vos para respetar el orden de exposición?

G. Casaliggi: Solamente decirles que esto de Defensa de la Competencia, sinceramente, a muchas cooperativas nos está afectando. Cuando vos ves que las grandes empresas tienen, de alguna manera, facilidad como para desplegarse, no así las cooperativas y obviamente las pymes, se está tornando crítico. Hay cooperativas que están en una situación muy pero muy compleja, concursadas, con posibilidad de quiebra, y entonces creo que hay que empezar a ser muy cuidadosos en todos estos temas, porque están en juego las cooperativas, las personas que trabajan en ellas, y después las cooperativas siempre dejan todo en el territorio. Creo que ahí es algo en lo que hay que trabajar en alguna ley, o que se haga efectiva la ley de la Defensa a la Competencia.

P. Seoane: Agustín, tratando de seguir con tus recomendaciones, que la verdad son buenísimas, sobre todo esto de mandar a la Enacom, yo le he enviado notas y a través de los contactos que tenemos en las distintas cámaras a esas autoridades. También hablé con la gente de la agencia de Córdoba, que es Córdoba Conectado, y lo que ellos dicen es un poco esto que estamos debatiendo acá, no puedo hacer nada con el municipio porque el municipio es autónomo. Ahora, en Córdoba nosotros también ligamos mal, porque justamente el gobernador electo, Llaryora, es de San Francisco, fue intendente de la ciudad, después fue intendente de Córdoba y ahora es gobernador de la provincia. Y la verdad que dejó en San Francisco a la gente que formó durante años, ahí tenemos al intendente que se llama Damián Javier Bernarte, que es alguien de su riñón, la familia de Llaryora vive en San Francisco, por lo cual la realidad es ir a la provincia a decirle que nos den una mano en la ciudad en la que el actual gobernador es un ex intendente y es un ciudadano de esa misma ciudad, es complicado.

Como vos bien decías, nosotros tenemos pedidos permisos desde hace cinco años. Y nos vienen frenando los permisos porque obviamente están favoreciendo a otro, que es otro competidor, la gente de la ciudad no puede elegir, lamentablemente, y la situación es que no nos dan los permisos. Hasta que en un día se reunió el Concejo Deliberante y aprobaron el soterramiento para los entrantes. Entonces, una vez que el competidor había cableado en forma aérea toda la ciudad, nos dijeron, señores, bueno, listo, los liberamos y ahora ustedes pueden soterrar. Como vos dijiste, no sé si soterrar cuesta 10 veces más, pero seguramente 8 veces más el valor comprado con el tendido de fibra óptica aéreo. Así que ya arrancamos con la cancha totalmente inclinada porque mi competidor pudo desarrollar infraestructura a una octava parte del valor que tengo que invertir yo. Quiere decir que si él invirtió 500.000 dólares, yo tengo que invertir 4 millones para poder tener la misma infraestructura y dar el mismo servicio. Y el argumento que presentan es que no podemos tener contaminación visual. Y lo que planteamos es que la norma que tendrían que haber sacado en el municipio es que este buen hombre, en el término por ahí de un año, también baje y soterre todos los cables que andan hoy por los cielos de San Francisco. Entonces ahí sí serían parejas para todos las reglas. Por eso es que terminamos yendo a la Justicia. Pero este ejemplo que vos ponés, Agustín, del soterrado, también está apareciendo en otros lados.

En el segundo caso, donde también estamos yendo a la Justicia, en Santo Tomé, en el sur de Santa Fe, que es una ciudad de 70.000 habitantes, es exactamente lo mismo. No puede ser que no haya una regla pareja para quien está o ya tiene una red y para quien quiere entrar a competir, porque el que quiere entrar tiene que hacer todo soterrado pero no obligan al que tiene el tendido aéreo a quitar lo aéreo y a soterrarlo. Eso es una barrera al ingreso, claramente. Quería aprovechar también para ponerte casos con nombre y apellido concreto de lo que vos estabas expresando con suma claridad. Hay muchísimos casos, lamentablemente.

A. Siboldi: Patricio, ¿ustedes van a la justicia federal o a la justicia provincial?

P. Seoane: En San Francisco fuimos a la justicia provincial y en Santa Fe estamos intentando con la Justicia Federal.

A. Siboldi: Bueno, recomiendo que siga la estrategia de Santa Fe.

P. Seoane: En otros cuatro municipios, en los que aún no estamos yendo a la Justicia, sí estamos en la etapa administrativa objetando tasas porque nos quieren cobrar tasa por seguridad de higiene y yo la verdad que digo nunca vi a nadie con un algodoncito y alcohol pasándole a mis cables de fibra óptica para ver si eso está en seguridad e higiene. Como te digo, vamos intentando distintos caminos y nuestro objetivo también es tratar de compartir experiencias; como decía bien Guillermo, esto es una comunidad, él podrá estar en una cámara y yo en otra, pero en definitiva la industria y los ISP medianos y chicos somos lo mismo y somos muy parecidos. Por eso valoro también tu recomendación Agustín de ir a la Justicia Federal.

G. Schmid: Para agregar un poco a lo que decía Patricio, que realmente la está pasando feo en San Francisco, y conozco el caso de cerca porque soy de aquella zona también. En un caso en particular me gustaría agregar que nosotros logramos resolverlo con una carta documento al municipio, uno mucho más chico, con la amenaza, entre comillas, de hacer un amparo, porque hay un decreto, específicamente el 1279 de 1997, que declara que el servicio de Internet se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, correspondiendo en tal sentido a los mismos derechos y las mismas consideraciones que a los demás medios de comunicación social.

Va de suyo que cualquier intento por vías indirectas, como por ejemplo intentar una eventual clausura del tendido de red, cobrar tasas abusivas o imponer asimetrías, como esto del soterrado de la fibra óptica al prestador entrante, pueden considerarse como un caso de censura, y si así fuese queda afectado un derecho constitucional. En ese caso, en particular a nosotros nos sirvió esgrimir ese argumento como para que el municipio dé marcha atrás. Y es un decreto que por ahí veo que no se menciona mucho y realmente a nosotros siempre, por un lado o por otro, logramos destrabar situaciones que de otra manera estábamos con las manos atadas.

Así que bueno, solamente participo para agregar píldoras a lo que ya todos fueron diciendo bien, y lo que sí coincido es que hay una necesidad de fondo de que haya una ley concentradora o colectora, por llamarla de alguna forma, que recopile todos los parches que se fueron superponiendo a lo largo de la historia normativa argentina respecto de las telecomunicaciones para que sea una ley síntesis que en definitiva clarifique y evite la judicialización y las barreras entrantes al entrante, de tal forma que todo fluya mucho más rápido. Coincido con Gabriel en que tenemos que preservar y asegurar la sana competencia para todos los actores del mercado. Así que eso es lo que quería resaltar.

A. Siboldi: Gracias, Guillermo. Ahí el conflicto que se plantea, que podemos resumir como conflicto de intereses, es que también genera una restricción o una resistencia de los municipios a avanzar en los proyectos de ventanilla única, y de hecho, como dijo Agustín G. en la primera parte de la charla, el hecho de que tengamos ventanilla única y un certificado para poder desplegar a nivel municipal, siempre se topa con el problema de que necesitamos dos permisos para poder desplegar. El permiso del despliegue, propiamente dicho, para que permanezca ocupando el espacio público, y el permiso de obra en la vía pública. A mí me ha tocado trabajar en casos donde con permisos homologados por el Concejo Deliberante, los han revocado, desmantelado y desmontado unilateralmente tendidos ya desplegados y con ese permiso homologado por el Concejo. Creo que no hay mucha más herramienta que trabajar en la concientización de los intendentes, hay instituciones que los nuclean por otros temas, por ejemplo las energías renovables.

El principal desafío, y lo tiene que abordar la autoridad federal, es concientizar, porque de mis veintitantos años de experiencia en esto, no hay ninguna ley que pueda eludir la resistencia de los municipios cuando ellos se ponen en la cabeza que no quieren tu despliegue. Esa es la experiencia de muchísimos años resumida en una frase muy coloquial. Por mi lado, agradecido de haber moderado este panel, no sé si quieren hacer algún comentario final para cerrar, también le invito a Agustín, a Paula, si tienen algún comentario más para hacer como para cerrar, y le devuelvo a José el control del evento y les agradezco nuevamente.

J. Crettaz: Muchas gracias, pasamos al cierre, a cargo de Heber Martínez, tus palabras de cierre, con conclusiones y la posición de Certal. Heber es abogado, CEO de la Fundación Certal, también fue integrante del directorio del Enacom, y anteriormente tenía una trayectoria muy extensa como directivo de múltiples cámaras empresariales, como Cemci y ATA y tuvo un rol destacado en Telefónica, particularmente en los años de la Ley de Medios al frente de la estrategia de Telefe. Desde diciembre de 2019 está radicado en Estados Unidos y se dedica a la actividad académica y empresaria.

Las urgencias de la modernización regulatoria en América Latina

H. Martínez: Buenas tardes. José, gracias por la invitación. Les voy a compartir una breve presentación, no se asusten, solamente para el cierre, pero bueno, solamente con algunas reflexiones y datos. La verdad que muy rica la charla, un gran reencuentro con ex colegas como Agustín y Paula, con quienes tuve la oportunidad de poder compartir el gobierno durante el gobierno del presidente Mauricio Macri. Ahora en Certal dirijo un centro de formación justamente para los referentes de América Latina en todos estos temas.

Certal es una institución que si bien se inició en Uruguay hace más de 10 años, hoy tiene presencia en toda América Latina, Estados Unidos y Europa, donde ya tenemos una actividad bastante intensa y realizaremos nuestra nueva cumbre ministerial previo al Mobile World Congress de Barcelona en febrero próximo.

Desde el punto de vista jurídico, básicamente estamos hablando de cuál es el límite de la facultad delegada al Estado Federal. Eso es un problema que ocurre en todos lados, ocurre acá en Estados Unidos. Agustín contó muy bien el caso de Brasil y de Perú, de las soluciones que le encontraron. Paula le dio una visión jurídica sólida, la que solía tener distintos dictámenes del Enacom en aquellos días. Y resalto algo que Agustín dijo al pasar, porque fue un gran trabajo, que fue el diálogo existente, los puentes de diálogo que se armaron durante nuestro gobierno, cuando se conversaba con los intendentes, había un equipo que se dedicaba a concientizar que la antena en realidad no provoca el daño tal que se dice, si está dentro de norma, y que de alguna manera al llevar conectividad a zonas que no tienen, eso trae inmediatamente, si es bien usado, educación y por ende inclusión de la sociedad.

Creo que el diálogo es la base de todo, comparto lo que decía el doctor Siboldi, más allá de que es cierto que cuanto peor, mejor para los abogados. Y eso se da en muchos municipios. Resalto lo del diálogo porque por un tema que, por ejemplo, se dio en Ecuador. A través del diálogo, en este país, en el que el presidente se está yendo y es muy conflictivo en lo político, de manera unánime la Asamblea Nacional sancionó la ley de transformación digital. Todas las fuerzas políticas tenían la conciencia de que había que provocar un cambio.

En Argentina tenemos grandes abusos, como fue el caso de Globalnet, que cuando llegó a Las Toninas para conectar su cable submarino, las tasas «casualmente» se elevaron un 5000%. Ahí está el ánimo recaudatorio también. Más allá de las leyes, que son necesarias para dar seguridad jurídica a las empresas, toda la región y no solamente Argentina, necesita reformar sus marcos regulatorios y fiscales, también como se dijo acá el tema de las tasas, impuestos y conceptos que hay que pagar cuando llega una inversión nueva al país.

Como decía William Thompson, si no se mide, no existe, y si no existe, no hay manera de poder mejorarlo. Poro eso quería aportar algunos datos sobre conectividad más que nada móvil, ustedes saben muy bien que la fibra es totalmente necesaria para la conectividad móvil y cuando una ciudad está conectada con telefonía móvil es como una conectividad total.

La penetración media mundial de banca ancha móvil es del 54,4%; Europa y Estados Unidos están en un 70%; América Latina, en un 56,82%; y Argentina está en más de un 60%, con lo cual está bastante bien. Se avanzó mucho durante el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno actual continuó con algunas políticas a pesar del desafortunado decreto DNI 690. Estos datos surgen de un informe elaborado por el doctor Katz a través de Telecom Advisory Services, que es su consultora, y de GSMA.

Si simulamos lo que es la modernización regulatoria, lo que les comentaba antes, llega Katz a la conclusión de que la inversión se incrementa un 166% en cinco años. Esto implica que obviamente al haber más inversión hay mayor penetración de telefonía móvil, de banda ancha móvil, y la consecuencia inmediata sobre la sociedad es un crecimiento del 1,7% para el PBI, y un 2,3% en lo que es inclusión financiera, un gran problema de todas nuestras sociedades latinoamericanas.

¿Por qué digo estos datos? Porque más allá de las leyes, lo que se necesitan, son verdaderamente datos. El porcentaje de Argentina es más de un 60%, con lo cual estamos por encima del nivel mundial, del promedio mundial, pero por debajo de Estados Unidos y Europa, que están en un 70%. Si vamos a lo que es modernización regulatoria, el análisis de simulación de impactos que hace Katz, es que a través de la modernización regulatoria, se obtiene un incremento de más de un 166% en las inversiones a cinco años.

Ahora bien, al invertir más, obviamente crece, se incrementa la penetración de la telefonía móvil o de la banda ancha móvil, entre otras, en un 10%. Y este 10% repercute en que crezca el IPVI de los países en 1.7%, y además se incrementa la inclusión financiera, que es un grave problema de toda la región de América Latina, en un 2.3%. Con lo cual, los políticos, los reguladores o quienes toman decisiones sobre políticas públicas tienen que saber que no es sólo un tema de una ley, que no es sólo un tema de mejorar el balance de una compañía o que incrementen sus inversiones, sino que esto impacta positivamente en la sociedad, porque conectar es incluir y aumentar la recaudación de impuestos por todas estas actividades que se incrementan en la sociedad. Y los nuevos negocios que se inventan a través de Internet, que ya lo sabemos.

El paquete de modernización regulatoria incluye: que haya licencias únicas, obviamente Argentina tiene un muy buen sistema de licencias, comparado con otras de América Latina; que estén las políticas de interconexión hechas de manera tal para que los incumbentes no sean los dueños únicos del mercado, sino que se permita la competencia y el crecimiento de todos; que se fomente la compartición de infraestructura, sobre todo pasiva, que es la que más problemas trae como acabamos de ver en todas las redes, con incentivos a las compañías con reducciones en algunas tasas para que compartan infraestructura; que haya una gestión de espectro eficiente, obviamente, si se vende la banda de 700 a las compañías móviles no puede seguir ocupada por la televisión paga, como ocurrió cuando llegamos nosotros al gobierno, que teníamos que implementar 4G en una banda que está ocupada por señores que hacían televisión y tenían su licencia; gestionar bien el espectro es vender algo que está disponible.

También hay que generar un mercado secundario de espectro; eso ya es una visión un poco más moderna que requiere regulaciones de mercado, de competencias más cuidadosas; y permitir el refarming de frecuencias para poder mejorar la conectividad reatribuyendo distintas partes del espectro (en el gobierno anterior nosotros lo hicimos con la banda de 450 para dar Internet rural, eso fue un claro ejemplo de reatribución de bandas.

Y después, que el Fondo de Servicio Universal también se aplique y se use de manera correcta. Y en este sentido, traigo un tema que en Argentina todavía no está en discusión, pero sí lo está aquí en Estados Unidos y en Europa de manera muy fuerte, que es la cuestión de las grandes plataformas.

Hay una propuesta todavía en discusión, de Brendan Carr, que es un integrante del FCC, el regulador de Estados Unidos, a través de la cual él propone que se le imponga a las plataformas la obligación de contribuir al servicio universal. Él entiende que tienen que aportar a la sustentabilidad de las empresas que construyen las redes y son de capital intensivo dado que ese ancho de banda es ocupado por las grandes plataformas, como Netflix, Amazon, Disney+ y Microsoft, las conocidas por todos. Sin redes no hay por donde transportar luego los contenidos.

En Europa está en discusión también los protocolos digitales a través de las cuales también se establecen nuevos criterios, como por ejemplo, el fair share. ¿Qué es el fair share? Si vas a usar parte de mi red o parte de mi espectro de manera intensiva, como hacen Netflix, Google o Meta, ahí el principio de neutralidad de la red dejaría un poco de aplicarse porque se está haciendo un negocio muy grande. E implica que el operador tenga que hacer un desembolso de capital para solventar el negocio de un tercero, sin tener una monetización a cambio.

Y más allá de la neutralidad de la red, tenemos que empezar a discutir la neutralidad digital. Hay determinadas plataformas como WhatsApp, Telegram y demás que no se hablan entre sí, entonces lo que se está discutiendo es que esos gatekeepers del mercado plantean que para entrar hay que hacerlo a través de ellos sin que tengan un diálogo entre sí. En Europa ya identificaron siete, entre los cuales están Apple y Samsung, porque cada uno tiene su store pero entre los stores no se pueden intercambiar las aplicaciones, entonces se genera un mercado adicional.

Entonces, para que el principio de neutralidad no sea solo para los señores que invierten en redes físicas, que recién explicaron muy bien cómo lo hacen, sino que también el esfuerzo provenga de quienes utilizan esas redes, con quienes comercializan, se están impulsando estos debates .

Esta es un poco la visión desde Certal de los temas que estamos viendo. Estamos para apoyarlos desde lo que podamos; estamos convencidos de que el diálogo es la principal premisa para encarar cualquiera de estos proyectos.

J. Crettaz: Heber, muchas gracias por la síntesis y por ampliar la conversación. Dos comentarios más antes del cierre. Uno, muy probablemente podamos hacer un segundo evento de esta temática porque hoy nos centramos en las dificultades pero también hubiese sido interesante conocer los casos de éxito de municipios que están haciendo bien las cosas; hoy no nos hubiera alcanzado el tiempo y preferimos empezar por el diagnóstico. Y el otro, es que, por supuesto, invitamos a la autoridad regulatoria; siempre invitamos a todo el mundo para tener todas las miradas y las opiniones, pero en el contexto de campaña electoral se hacía muy dificultoso tener esa presencia aunque lo intentamos. Hechas esas aclaraciones, muchas gracias por participar y hasta la próxima.