La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, designaron como responsable interina de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a la ex diputada del PRO Soher El Zukaria y le dieron seis meses para que realice una “auditoría patrimonial y funcional integral”, que en 60 días deberá tener un informe final.
La defensoría, creada por la ley de medios de 2009, depende del Congreso Nacional a través de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y estaba acéfala desde el 24 de junio pasado cuando venció el mandato de la hasta entonces titular Miriam Liliana Lewin.
La resolución conjunta, fechada el 13 de agosto, prevé que la auditoría tendrá los siguientes objetivos:
- Elaborar y elevar a las presidencias de ambas cámaras un informe del estado de situación del organismo
- Evaluar la actual estructura de recursos humanos y determinar -en su caso- una reorganización funcional y operativa
- Evaluar e informar sobre el estado financiero del organismo
- Efectuar una auditoría sobre las contrataciones de personal, obras, bienes y servicios durante la gestión anterior
- Evaluar el cumplimiento de las metas y resultados fijados en los programas, proyectos y acciones del organismo durante la gestión anterior
- Evaluar la eficiencia de uso de los recursos humanos, económicos y financieros del organismo durante la gestión anterior
Nacida en El Líbano, la abogada Soher El Zukaria es cordobesa, desde 2013 participa en política en el PRO, fue legisladora provincial (2015-2019) y diputada nacional (2019-2023).
Desde su puesta en marcha en 2012, la defensoría tuvo sólo dos titulares designadas según el procedimiento previsto en la ley, dos funcionarios del organismo que fungieron como autorizados y dos interinos designados directamente por el Congreso. Lewin (2020-2024) y Cynthia Ottaviano (2012-2016) fueron designadas por el Congreso; María José Guembe (2016-2018), funcionaria de planta del organismo fungió como “autorizada” para evitar la paralización del organismo; la sucedió también como autorizado el dirigente radical Emilio Alonso (2018-2020), designado por el entonces presidente de la comisión bicameral, senador Eduardo Costa (UCR); entre marzo y junio de 2020, se designó interinamente y ad honorem al entonces secretario administrativo de la Cámara de Diputados, Rodrigo Rodríguez, hasta que fue designada Lewin, cuyo mandato finalizó el 24 de junio pasado.
En los considerandos del texto de la resolución que designó a El Zukaria se incluyeron varios párrafos que refieren al estado de situación del organismo, como las referencias realizadas en la cámara baja por los diputados Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, que solicitaron la intervención del organismo “en razón de irregularidades llevadas a cabo durante la gestión que finalizó su mandato en junio de 2024”. Los legisladores basaron sus sospechas en la falta del control parlamentario por la falta de constitución de la comisión bicameral desde 2021, lo que acumula más de tres años sin dar cuentas como exige la ley de medios audiovisuales que la creó.
Los considerandos también recuerdan la creación en 2020 del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (Nodio), lo que “habría generado un incremento en la contratación de personal, gastos operativos, financiamiento de manuales, publicaciones, etc” además de haber servido para “la estigmatización y persecución de periodistas y ciudadanos”.
En febrero de 2024, en la primera versión de la ley Bases, la administración Milei había propuesto la eliminación de la Defensoría a través de la derogación de los artículos de la ley de medios por los que fue creada. Aquel primer proyecto fue retirado del Congreso y reemplazado por una nueva propuesta que, tras varias modificaciones, fue finalmente sancionada.
Antes, en diciembre de 2023 la diputada Giudici (PRO) ya había presentado un proyecto de ley para disolver la defensoría (Expediente 4900-D-2023). El 8 de julio de 2024, sin que se hubiese explicado por qué, se reasignaron partidas presupuestarias para transferir al organismo 1729,4 millones de pesos.
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