Mediante el decreto 695/2024, el gobierno del presidente Javier Milei aprobó la reglamentación del título II de la Reforma del Estado contenida en la ley 27.742, conocida como ley Bases. El decreto -que lleva las firmas del mandatario y los ministros Francos, Caputo y Sturzenegger- abarca la reorganización administrativa, privatizaciones, procedimiento administrativo y empleo público.
En el título referido a procedimiento administrativo se incluye el silencio en sentido positivo, una buena práctica administrativa largamente reclamada por el sector telco -entre otros-, que fue incorporada por la regulación convergente en varios países de la región y que es imprescindible para acelerar el tendido de redes fijas e inalámbricas. En la ley Bases, al incorporarse al régimen general de procedimientos, lo prevé para todos los trámites nacionales que no sean explícitamente execptuados.
El decreto incorpora el Art. 65 quáter a la Ley de Procedimientos Administrativos y establece que cumplido el plazo previsto en esa norma o el que la normativa específica establezca para el otorgamiento de la autorización administrativa, se configurará el silencio en sentido positivo. Es decir, se considerará aprobado y el interesado podrá tramitar la inscripción registral, emisión del certificado o autorización correspondiente, la que se otorgará en un plazo no mayor de 15 días.
El reglamento prevé que la Jefatura de Gabinete podrá excluir del silencio con sentido positivo a “supuestos específicos” con informe fundado de las áreas competentes. Ese organismo, a cargo del ministro Guillermo Francos, tendrá ahora 15 días para aprobar el cronograma de implementación del silencio positivo en los trámites que requieran autorización administrativa. El silencio positivo comenzará a regir para cada caso en las fechas que se definan en dicho cronograma.
El silencio positivo reglamentado aplicará a trámites nacionales pero no tendrá alcance sobre uno de los más trabados cuellos de botella que tiene el despliegue de redes de telecomunicaciones: los permisos municipales.
Además, la reglamentación prevé que los trámites “en el marco de recursos, reclamos y demás impugnaciones previstas en la Ley de Procedimientos Administrativos” deben ser gratuitos y establece obligaciones de trámite digital.
El decreto también instruye a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a adoptar las medidas necesarias para garantizar la instrumentación del silencio positivo.
El silencio positivo administrativo formó parte del primer proyecto de ley Bases y sobrevivió a todos los cambios que se sucedieron a lo largo de su tratamiento. En los últimos años, en varios encuentros Convercom se destacaron los casos de países de la región que adoptaron esta buena práctica (como Perú, entre otros), que acelera los procedimientos y contribuye a evitar cotos de corrupción en la administración.
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