5G: en América Latina, la regulación (que tiene cara de mujer) prioriza el despliegue por sobre el precio del espectro

El miércoles 3 de mayo se realizó el segundo encuentro de la segunda edición del ciclo 5G en Argentina, tan cerca, tan lejos, organizado por Convercom.info (aquí, las conclusiones del primer encuentro). Este ciclo consta de cuatro encuentros que abordan la oportunidad del 5G desde cuatro ángulos:  contexto tecnológico, contexto regulatorio, contexto de negocios y contexto empresarial.

La reunión, en formato virtual, fue presentada por Sonia Agnese, analista principal senior para América Latina de Omdia, y el panel estuvo integrado por Pamela Gidi, ex subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile -que lideró la licitación 5G en ese país-; Paola Bonilla Castaño, comisionada de comunicaciones de CRC, de Colombia; Virginia Nakagawa Morales, ex viceministra de Comunicaciones de Perú y actual consultora; y Maryleana Méndez, ex directora de Sutel de Costa Rica y actual secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), entidad empresarial con más de 40 años de historia.

A continuación, los contenidos salientes de la charla.

Agnese: Bienvenidos a esta nueva edición de 5G en Argentina, tan cerca, tan lejos, que hoy se enfocará en el contexto regulatorio de la región. Un panel que, además, está integrado por mujeres líderes. Ya estamos en esta segunda edición de este evento, esperábamos que la licitación ya estuviese en marcha en Argentina pero se ha demorado en un contexto económico-político complejo. En el mundo ya tenemos 1000 millones de usuarios de 5G y 127 países tienen redes en funcionamiento. En Argentina sólo hay una red limitada con espectro compartido de uso dinámico.

Empezamos con una primera ronda general con las primeras impresiones de las panelistas. Argentina está en este proceso así que queremos conocer experiencias, ideas y aprendizajes en sus respectivos países.

Gidi: Precisamente, más que detallar temas técnicos de la licitación me gustaría quizás compartir aprendizajes del proceso. El espectro radioeléctrico es un bien nacional de uso público para beneficiar a los ciudadanos así que el Estado, el regulador, tiene que concesionar a las empresas que son las encargadas de hacer la inversión para dar los servicios. En Chile tenemos 1800 mhz de espectro concesionado y esa es una de las razones por la cual el país lidera gran parte de las métricas. Entonces, en primer lugar, el espectro tiene que concesionarse para que luego se despliegue la infraestructura que beneficia a las personas.

En segundo lugar, cuando el regulador quiere hacer una licitación de 5G realmente tiene que plantearse el objetivo, para qué y por qué hace esa licitación. ¿Es porque todos los países la están lanzando, es porque quiere cerrar la brecha digital o por otro motivo? En definitiva, para qué y por qué, y a partir de ahí diseñar la licitación con una base técnica que explicite los tiempos. En Chile, por primera explicitamos y exigimos niveles de SLA distintos por banda. Y eso para que la empresa no solamente cumpla con disponer de 5G, sino que además ofrezca los niveles característicos de la tecnología en cada banda, si es stand alone, banda baja, banda ancha, etc. Esta licitación buscó potenciar la competencia que beneficia a las personas y la calidad de los servicios que se van a entregar. Entonces, definitivamente, hay que hacer una hoja de ruta que comienza por la limpieza del espectro, hacer todos los pasos e ir cumpliendo estrictamente esos tiempos.

Una parte del éxito en Chile se basó justamente en ir diseñando estratégicamente todos los pasos pero además ir previniendo todas las dificultades que íbamos a tener, los organismos con los cuales teníamos que sociabilizar: el Congreso, el Ejecutivo, el Tribunal de Libre Competencia, la Fiscalía nacional económica, etc. Hay que socializar el por qué es importante que el país tenga 5G, qué beneficios están teniendo los países que ya están hace dos, tres o cuatro años tienen la tecnología de modo de ir consiguiendo aliados en la ciudadanía y en los organismos que pueden ayudar en el proceso.

También es relevante decir que 5G no está pensado para que sigamos hablando por teléfono porque realmente eso ya se puede hacer con 4G. El beneficio, por lo menos yo así lo vi en Chile, no era para que pudiésemos hablar por teléfono sino realmente para sacarle el jugo a esta infraestructura habilitante que es el 5G para empujar la economía. Hay estudios que hablan del impacto en los países que ya tienen 5G en los primeros 10 años y son asombrosos. Estamos hablando de entre 0,5% y 1 % del PIB. Por eso en Chile yo trabajé con los demás ministerios que podían tener un impacto en la base de la licitación. Específicamente, trabajamos con los ministerios de Hacienda, de Finanzas o Economía, y de Tecnología y Ciencias de modo de poder hacer unas bases que tuvieran exigencias pero que pudieran promover el desarrollo económico y productivo. Por lo mismo, hicimos un pull de bandas que pudieran ser usadas para 5G y establecimos muy claramente los niveles de servicio y las obligaciones para el concesionario.

Cuando se privilegia la recaudación para el Estado se descuida la inversión que pueden hacer las empresas en infraestructura. Hay que privilegiar la infraestructura por sobre la recaudación porque eso traerá el desarrollo económico que generará los ingresos Estado vía inversiones e impuestos al consumo. Si bien en Chile tenemos un modelo de beauty contest que no privilegia la recaudación para mí fue fácil hacer eso, pero a mí me gusta mucho lo que hicieron en Brasil donde el subsecretario del momento trabajó con el Ministerio de Finanzas para convencerlo justamente de evitar el fin recaudatorio y poner altas exigencias de cobertura a nivel nacional de modo de poder traer y mejorar la conectividad del país.

Y por último, justamente, no debemos perder de vista que el impacto que se está tratando de lograr es el económico. Por eso hay que ver qué otros ministerios pueden ser aliados de la hoja de ruta e ir trabajando en alianza público-privada y con la academia de modo que se vaya creando la innovación necesaria para usar este radio habilitante. Además de lanzar la licitación, nosotros conseguimos fondos del BID para hacer un observatorio de 5G y sumamos más de 25 universidades que crearon laboratorios que invitaron a operadores, académicos, estudiantes y empresas a probar soluciones para crear valor sobre esta estructura. En Chile el 5G representa más de 3000 millones de dólares, el despliegue está cumpliéndose en un plazo bastante exigente que termina en noviembre de 2003, ya tenemos 4 millones de usuarios y se proyecta que para 2025 podríamos llegar al 80% de las personas usando esta tecnología.

Agnese: Muy buena introducción, con temas súper relevantes y recomendaciones muy útiles con esto de trabajar con diferentes ministerios, también el abordaje con una licitación multibanda que es algo que inicialmente en Argentina no está previsto y también toda esta idea de trabajar con una hoja de ruta que es tan importante. Ahora le doy la palabra a Paola Bonilla, de Colombia, que nos va a explicar que la CRC no tiene incumbencia respecto al espectro pero está trabajando muchísimo justamente para dar condiciones habilitantes para el desarrollo de 5G.

Bonilla: Gracias Sonia. Efectivamente, como mencionas, el regulador en Colombia no tiene competencia en materia de espectro. Esas competencias las tiene el Ministerio TIC y las tiene la Agencia Nacional del Espectro. Sin embargo, el regulador sí cuenta con una serie de herramientas habilitantes que propician el despliegue de nuevas tecnologías, la transición tecnológica y, por supuesto, ambienta las condiciones para el desarrollo del 5G.

El regulador, si bien no tiene competencias, tiene muchas otras herramientas que pueden ayudar a los esfuerzos conjuntos con la política pública. Entonces en cuanto a los aspectos regulatorios que se deben tener en cuenta para la adopción de esta nueva tecnología podemos ver en la diapositiva los siguientes.

Primero, el tema de la seguridad. Es indiscutible la necesidad de establecer reglas sin comprometer aspectos relacionados con la seguridad y la privacidad de los ciudadanos, por ejemplo. La penetración de la nueva tecnología para transformar la sociedad requiere principio de seguridad de red y también principios de privacidad de los datos pero que estos principios no vayan a limitar el desarrollo de nuevos modelos de negocios.

Segundo, el despliegue de infraestructura. Es muy importante que los gobiernos locales puedan trabajar de la mano con las autoridades regulatorias para que no se vayan a dar retrasos a nivel local en el despliegue de infraestructura. En diferentes territorios se observan barreras de tipo técnico y normativo que impiden que el despliegue de infraestructura se dé sobre todo en aquellas zonas alejadas y de difícil acceso.

Tercero, la calidad de los servicios. Por supuesto, se tendrá diversidad de servicios a nivel de experiencia del usuario, pero también se deben tener en cuenta cuáles son las condiciones de calidad frente a esa diversidad de servicios que se van a prestar en la red 5G. Dado que tenemos diferentes capas, que van desde los dispositivos móviles y los sensores hasta la red virtual que soporta estos servicios, van a ser necesarias unas condiciones específicas de calidad.

Cuarto, la compartición de infraestructura. Es necesario que se establezcan reglas de compartición y despliegue para redes privadas de 5G. Eso tiene que ver con aeropuertos, centros comerciales, zonas francas y demás. Otro aspecto relevante que se debe considerar es la necesidad de establecer esta regla de compartición de infraestructura pasiva con las redes públicas como, por ejemplo, las redes de transporte, carreteras y mobiliario urbano, que incluye el alumbrado público.

Quinto, armonización y asignación de espectro. Es preciso que los diferentes gobiernos adopten una política nacional de espectro que cuente, por ejemplo, con mecanismos de licencias a largo plazo, procedimientos claros de renovación de espectro y hojas de ruta en la materia que planteen los pasos a seguir y que den un Norte claro. Como les mencionaba hace un rato, en Colombia estas competencias las tiene la Agencia Nacional del Espectro y el Ministerio TIC.

La Agencia Nacional del Espectro con su plan de espectro 2020-2024 y el Ministerio TIC que ha establecido una hoja de ruta y unas condiciones para la subasta de frecuencias para 5G. Ya poniendo un poco la lupa en el tema regulatorio propiamente dicho la Comisión de Regulación hizo un estudio de las condiciones regulatorias para la adopción del 5G.

Allí encontramos, por un lado, que estas condiciones regulatorias son necesarias para favorecer la adopción de la nueva tecnología y la comisión identificó ciertos incentivos, como -por ejemplo- las certificaciones de los municipios como libres de barreras al despliegue de infraestructura, la actualización del código de buenas prácticas y la compartición de infraestructura que han sido establecidos en las líneas de acción desarrolladas en la hoja de ruta regulatoria para la modernización de redes móviles.

Y, por otro lado, en la revisión de todo el marco regulatorio que hizo la comisión en 2020 surgió que no hay barreras regulatorias para la adopción de 5G en materia de seguridad digital, de protección de usuarios, de reportes de información, de despliegue de infraestructura y demás.

En este punto, podemos identificar los retos de política pública y regulatoria que enfrenta Colombia frente al despliegue de 5G. El primero, indiscutiblemente, es el despliegue de conectividad con mínimas restricciones territoriales, técnicas y normativas para asegurar una amplia cobertura y llegar a las zonas apartadas y de difícil acceso.

El segundo reto importante es el uso del mobiliario urbano para el despliegue de la red. Se hace necesario eliminar cargas administrativas en las ciudades para permitir la instalación de esa infraestructura sobre ese tipo de mobiliario, tanto público como privado.

El tercer punto importante es la calidad de la prestación de los servicios pues sabemos que 5G ofrece una garantía de servicio basada en una velocidad de acceso mayor y un nivel de latencia menor. Será necesario garantizar que la calidad bajo esas nuevas condiciones efectivamente se verifique.

Un cuarto reto es la regulación flexible e innovadora. Esto definitivamente se da con iniciativas enfocadas en fortalecer los procesos de mejora regulatoria, de simplificación normativa y para facilitar y promover la toma de decisiones basadas en evidencia que es algo que la comisión ha venido trabajando intensamente durante los últimos años.

Un quinto elemento es el soporte a tecnologías y armonización normativa. Es muy importante que se dé una armonización en la normatividad no sólo a nivel nacional sino también local, que estas normativas se hablen entre ellas porque la red 5G tiene esa posibilidad de brindar un mayor soporte a las múltiples tecnologías que son necesarias para enfrentar los desafíos de las ciudades inteligentes en las diferentes regiones de nuestro país.

Un sexto reto es contar con reglas que permitan el desarrollo del urbanismo basado en TIC.  Y otro reto, el séptimo y no menos importante, es la compartición de infraestructura: es necesario que se den o se den incentivos para desplegar las redes y sobre todo para que se puedan compartir infraestructuras, no solo las típicas de telecomunicaciones sino compartir infraestructura con otros sectores de la economía. Eso, por supuesto, va a permitir un despliegue más rápido lo cual es muy importante en zonas sobre todo de baja densidad poblacional donde no resulta económicamente viable que cada operador pueda despegar por su cuenta su propia infraestructura por las inversiones que esto implica.

Agnese: Qué interesante ver todas las perspectivas para poder adoptar esta tecnología y me parece muy propicio estas recomendaciones para la Argentina: compartición, permisos, mobiliario urbano. Ahora le doy la bienvenida a Virginia, desde Perú.

Nakagawa: Me parece sumamente interesante este panel y muy retador el título, Tan cerca y tan lejos. Nosotras, las mujeres, lo vivimos más a ese sueño dorado de tener ciudades digitales en las cuales hay Internet de producción, no sólo de consumo, con un desarrollo que pone al ciudadano en el centro.

Para lograr esta experiencia del 5G es muy importante poder tener una combinación de frecuencias que de distintas maneras haga que el ciudadano vaya caminando por la vereda y conectándose, viviendo, disfrutando de todos los casos de uso que nos permite la nueva tecnología. El asunto está en cómo hacemos para llegar a este mundo ideal y acá estamos para dar algunas recomendaciones de lo que nos ha pasado en Perú.

Hay cosas sencillas, y es sabiduría de nuestras madres incluso. Hay que aprender a caminar antes de correr. En el caso de Perú, en 2018 nosotros aprobamos un reglamento de reordenamiento de frecuencias atribuidos originalmente a otros servicios para adecuarlos a los requerimientos de la evaluación tecnológica. El Plan Nacional de Atribución de Frecuencia, donde están determinadas para qué se pueden usar, va quedando desfasado con la evolución tecnológica. Pero igualmente se han dado frecuencias, hay derechos adquiridos por parte de los titulares que mal que bien están ahí.

Este poderoso instrumento regulatorio promueve el uso eficiente del espectro y genera incentivos para la innovación tecnológica porque establece un procedimiento previsible, objetivo y transparente, etapas, instancias, plazos, escenarios, en los cuales la autoridad ordena que se inicie el proceso, convoca a todas las empresas operadoras que están en esa banda y discute con ellas la mejor manera de reordenar los colores, casi como un cubito mágico en la cual se pone amarillo con amarillo, rojo con rojo, azul con azul. Luego, al final, lo que no pueda ser resuelto de alguna manera ya tendrá un tratamiento aparte. Pero lo que puede ser resuelto a través de la conversación, a través de buscar soluciones inteligentes en conjunto, se hace en ese camino previo.

Y esto se realiza sobre la base de un respeto absoluto a la seguridad contractual, ¿Qué significa esto? Que hay que saber escuchar. A mí me gusta muchísimo este reglamento porque de alguna manera da a todas las partes involucradas esa seguridad de que no va a haber ninguna decisión que sea ineficiente ni tampoco una decisión que corresponda a otros intereses que no sean los absolutamente técnicos.

¿Qué es lo que ha sucedido? La banda de 2,5 entró en reordenamiento, incluso hubo casos de empresas que obtuvieron tanta ventaja del nuevo esquema que devolvieron espectro porque ya no les interesaba y estaban más conformes con lo que estaba logrando en las conversaciones. Eso es importante, actualmente está en reordenamiento la banda 800 y luego vamos a hablar del reordenamiento de la 3,5.

En la la frecuencia estrella de 3,5, Claro, Telefónica y Entel solicitaron al Ministerio de Transporte y Comunicaciones – la entidad que vela por la asignación del espectro- utilizar las frecuencias móviles. La 3,5 para la prestación de servicios LT y 5G no stand alone. El MTC aprobó esa solicitud sobre la base de la neutralidad tecnológica y eso significó que una misma concesión puede soportar diversas tecnologías y es lo que tenemos actualmente en ciertas zonas del país.

¿Qué fue del proceso de reordenamiento de la 3,5? Se efectuó hace tiempo un proceso de reordenamiento, se trabajó con las empresas operadoras, se llegaron a muchos acuerdos sobre todo uno muy importante que es de 800 a 100 megas de forma continua que era lo más importante y luego lo demás podía entrar a un concurso. Lamentablemente, y esto es una lección aprendida, el proceso tuvo que quedar detenido porque el organismo regulador, que es agencia de competencia, consideró que no generaba los incentivos suficientes para que después el concurso fuera atractivo.

En ese momento se siguió considerando que los concursos debían tener ánimo recaudatorio y yo creo que eso es una pésima mirada post pandemia, quizás un muy buen debate técnico y jurídico prepandemia, pero post pandemia quedó absolutamente claro que el recurso natural espectro, debe estar en manos de quienes generan valor, de eso no me cabe la menor duda.

El MTC también sacó a consulta pública un cóctel de frecuencias para el ecosistema 5G. Entonces, ¿dónde está Perú ahora? Por ejemplo, en el tema de protección de datos -en el que estoy absolutamente de acuerdo- se busca diferenciar los diferentes entes involucrados en el despliegue de 5G. Perú tiene una muy buena autoridad de protección de datos y tendríamos que seguir así para que la gestión sea eficaz como está sucediendo ahora.

En cuanto a infraestructura, desde hace muchos años, tenemos la norma más avanzada que creo que hay en América Latina. La famosa 29.022 en la cual se establece la aprobación automática de todos los permisos municipales para la instalación de las antenas. Durante la pandemia se sacaron normas para que esa aprobación automática fuera para todo lo que es telecomunicaciones fijo o móvil. Sin embargo, el crecimiento no es lo que debería haber sido teniendo este régimen maravilloso e incluso una agencia de competencia que cuando uno lo denuncia por barrera de acceso inmediatamente acciona. Eso se puede ver a la página web de Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) por la cantidad de resoluciones que sancionan a las municipalidades que establecen requisitos que están fuera de la norma.

Uno puede establecer muy buenas políticas públicas para lo que es el crecimiento de las redes y para poder otorgar las frecuencias, pero llega un momento en el cual para la población la decisión puede ser pagar su comida o pagar el servicio de Internet. Entonces es el momento de implementar políticas públicas que equilibren esa realidad, esa necesidad, ya sea mediante incentivos o subsidios a las empresas o a la demanda.

Hay muchos instrumentos regulatorios que se pueden trabajar de forma inteligente para poder recortar esa brecha. Seamos claros, 5G va hacia zonas productivas y ahí es adonde debe ir principalmente, y puede ir también hacia otras zonas, pero eso dependerá de cómo se diseñe el concurso. En Perú, la brecha de 4G es muy grande. En consecuencia, tenemos compartición de infraestructura, tenemos la normativa de arrendamiento de espectro, calidad de servicio y seguridad regulatoria, y tenemos que evitar comportamientos oportunistas que se deciden por la cantidad de votantes que van atrás. Eso nos ha pasado con la famosa ley de velocidad mínima garantizada que fue un desastre absoluto en cuanto a impulsar Internet en zonas rurales o no atractivas.

Para terminar, una referencia a los lineamientos técnicos, que son necesarios porque no se debe ir al concurso 5G y luego abandonar a las empresas. Qué bonito sería que ya se estuviera trabajando junto con el Ministerio de Vivienda y Construcción o ministerios similares en lineamientos técnicos para los ductos, carreteras, energía y todas esas redes, y también las estaciones de electricidad para los carros eléctricos. Qué interesante sería que ya tuvieran diseño para que arriba ya estuvieran las antenas 5G o preparado el camino. Por qué no pensar que hay que incentivar a que haya eficiencias y unión de redes diferentes porque al final son infraestructura y son permisos en la calle. Y también está el tema ambiental. Seguimos discutiendo por el tema de los permisos municipales y nos estamos olvidando que nos están metiendo varios goles por el tema ambiental que sin duda es importante, pero hay que tener razonabilidad.

Agnese: Muy interesante de Perú la aprobación automática de los permisos, cómo se ha hecho todo el reordenamiento del espectro, con la previsibilidad de que esto se está haciendo, y el diálogo para poder dar el mejor uso a este recurso escaso. Ahora le doy la palabra a Maryleana.

Méndez: Creo que ha quedado clarísimo a partir de estas exposiciones que las telecomunicaciones son una industria clave para el desarrollo económico y social de los países. Esto es en forma transversal para toda América Latina y en Argentina en particular porque el desarrollo de la digitalización es esencial para sectores fundamentales por su peso en la exportación y la entrada de divisas. Estamos hablando del sector minero y energético, la agroganadería y la industria del conocimiento, todas áreas fundamentales de la economía. Creo que el gran desafío aquí es lograr que las operaciones del mercado en los próximos años sean operaciones sustentables o sea, no estamos haciendo este esfuerzo para el corto plazo, estamos proyectándonos en el tiempo.

También debemos entender que estamos ante una industria absolutamente distinta a lo que fue hace tan solo cinco o seis años donde los hábitos de los usuarios han cambiado. La tecnología que hoy nos ocupa, el 5G, es habilitadora, transversal y de alta densidad de infraestructura, y requiere de una serie de elementos que ya se han repasado.

Esta tecnología no existe en el vacío. El mercado de telecomunicaciones existe dentro de un entorno económico clarísimo que en gran medida determina la inversión, la importación de equipos, etc. Otro elemento fundamental es el espectro radioeléctrico, cuánto, cómo, en qué condiciones, etc., son cuestiones fundamentales. Lo mismo que la mejora regulatoria en sentido amplio, no solo dentro del nicho de mercado de telecomunicaciones sino también en forma transversal entendiendo claramente que el 5G no solo va a cambiar radicalmente lo que hacemos dentro de la vertical TIC sino que va a cambiar radicalmente otras industrias que también son industrias de una o otra forma reguladas. Ahí el rol del Estado y la preparación previa es absolutamente indispensable.

Cuando hablamos del aspecto económico, yo creo que eso es fundamental en América Latina y el Caribe, y particularmente en Argentina. Según el Banco Mundial, las perspectivas de crecimiento para 2023 en la región han ido disminuyendo en los últimos seis meses y ahora se ubican en un 1,4%. Y para 2024 las cifras están en 2,4% al igual que para 2025. Cuando analizamos la inflación, exceptuando a la Argentina, el mismo Banco Mundial prevé un promedio de 5% en 2023, tras alcanzar 7,9% en 2022. En particular, las condiciones macroeconómicas argentinas impactan negativamente y deben ser tomadas en cuenta. Por eso decimos que este tema no puede ser conceptualizado, diseñado y pensado sin considerar el contexto dado que estamos hablando de una altísima inflación, dificultad de acceso a divisas extranjeras y consecuentes problemas para importar equipos.

En relación con las frecuencias hay que decir espectro, espectro, espectro. Me encantó que las tres compañeras panelistas subrayaron su carácter no recaudatorio. Eso es esencial, creo que es una realidad asumida entre quienes hemos estado en este tema durante mucho tiempo. No es buena idea hacer una licitación recaudatoria, todo lo contrario, y bien decía Pamela que es mejor volcarse hacia la inversión que volcarse a la recaudación. La recaudación previa es de una única vez mientras que la inversión y el efecto derrame sobre la economía que tiene la instalación de infraestructura es importantísima y de largo plazo.

Aquí hay una parte central: la licitación debe centrarse no en la recaudación sino en la inversión y en la utilización plena del espectro a efectos de lograr mayores beneficios para toda la población. En el caso de Argentina hay que considerar que los cambios macroeconómicos generaron que el costo anual del espectro como porcentaje de los ingresos recurrentes de los operadores llegue al doble que, en el resto de América Latina, cerca del 10%. Ese ya es un dato poderoso.

Otro aspecto para considerar es el regulatorio, no sólo en la vertical sino también en la horizontal. La regulación de telecomunicaciones que fue diseñada para otro momento histórico hoy está totalmente fuera de lugar. Muchas veces es inaplicable, de altísimos costes y sin ningún impacto positivo en el servicio que el usuario recibe y ahí es un tema de una revisión constante y de una búsqueda constante de tener reguladores muy eficientes. Ahí hay un gran reto. Aquí tenemos presente a Colombia, que diría que es de los más innovadores. Pero no podemos quedarnos ahí, no sólo tenemos que simplificar lo que ya tenemos, sino que tenemos también que ir hacia adelante.

Hay sectores que tienen regulaciones propias, como es el caso de las TIC, los bancos y otro tipo de industrias. Pero también está la regulación transversal que se emite como política pública y también es muy relevante y a la que debemos prestar atención.

Agnese: Muy interesante tener también la perspectiva de las empresas. Tenemos una pregunta en el chat ¿Cómo hacer mejoras en la regulación y particularmente cómo colaborar en todo lo que tiene que ver con las regulaciones vinculadas al despliegue de fibra, con todos los permisos municipales que hay que pedir y con la cantidad de antenas que hay que desplegar? Me gustaría que Paola cuente el proceso de mejora y simplificación regulatoria en Colombia.

Bonilla: Sí, efectivamente, en línea con lo que mencionaba Maryleana, el regulador de Colombia ha adoptado como un elemento transversal a toda la regulación general que expide, la aplicación de su política de mejora regulatoria.

La comisión ha venido aplicando esta política incluso desde antes de que la ley 1978 la hiciese obligatoria. Esa norma le da el mandato a la Comisión de Regulación de emplear criterios de mejora normativa, entre ellos el análisis de impacto para toda la regulación general que expide. En ese sentido la comisión introdujo este tipo de herramientas para complementar todo el ciclo regulatorio desde la fase inicial de la identificación del problema a ser solucionado con sus correspondientes alternativas regulatorias, incluida la alternativa de no regular, hasta fases posteriores que cierran el ciclo como, por ejemplo, hacer evaluaciones ex post de la regulación que se expide para analizar si esa regulación que se adoptó fue efectiva o no para el mercado, para los usuarios y para la industria.

Estos criterios de mejora normativa han permitido que la regulación se base en evidencia, en información, en datos, en modelos cuantitativos, econométricos, en información cualitativa, etc. Es decir, en una cantidad de herramientas que permiten que la regulación o las decisiones regulatorias sean adoptadas con base en evidencia.

Ese es el principal postulado de esta política de mejora regulatoria. La otra cara de esta política tiene que ver con la transparencia y la participación de los involucrados en todo el ciclo regulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la participación ciudadana y de la industria en la elaboración conjunta de la regulación es muy importante. Ellos tienen la posibilidad de participar durante todo el ciclo desde la fase de la identificación del problema y las alternativas, donde el regulador recibe comentarios y hay realimentación, hasta la fase ya final donde se publica el documento de soporte técnico, se publica la resolución y demás, donde también recibe comentarios y así en todo el ciclo de política regulatoria se hacen mesas de trabajo y acercamiento de socialización con la industria.

Esto ha permitido, por ejemplo, que la regulación pueda adoptar herramientas innovadoras e incluso alternativas como los sandbox regulatorios por mencionar uno. En esos casos, la comisión tuvo la oportunidad de tener esta iniciativa el sandbox regulatorio en comunicaciones [Bancos de Pruebas Regulatorios], la primera experiencia en el mundo en esta temática.

La otra parte de la pregunta se refería a qué se ha hecho en Colombia con el tema del despliegue de infraestructura a nivel territorial. Y la respuesta es que, efectivamente, sigue siendo un problema, un cuello de botella a la hora del despliegue de infraestructura para 5G. Hay un estudio de SMC Consulting de 2021 donde dice que, para todas las inversiones en despliegue, el 5G va a necesitar nuevas instalaciones de infraestructura soporte, así como un mayor número de antenas, de celdas y demás. Incluso en América Latina eso podría multiplicarse hasta por cuatro veces.

Por eso, se requiere una colaboración muy cercana con las autoridades territoriales para que puedan otorgarse los permisos en tiempos adecuados y no se generen barreras al despliegue. En Colombia hay una particularidad y es que los territorios tienen una autonomía en sus planes de ordenamiento. Por eso, la comisión lo que ha hecho es acercarse a los territorios para impulsar código buenas prácticas y hacer que ese despliegue se dé de una manera más coordinada y fácil, así como certificar a los municipios como libres o no de barreras a la infraestructura. En este momento ya contamos con más del 70% de los municipios del territorio colombiano certificado como libres de barreras a la infraestructura.

Agnese: En este mismo sentido me gustaría Virginia que nos contaras sobre los casos que han implementado en Perú justamente para facilitar el tema del despliegue de infraestructura y aquí preguntan sobre la regulación de mínimos garantizados de velocidad.

Nakagawa: Hace muchísimos años, Perú aprobó la 29.022, una norma estrella que, en un primer momento, estableció un silencio administrativo positivo. Eso quiere decir que se establecían los requisitos para que las empresas presentaran sus solicitudes de permisos ante los gobiernos locales y si las municipalidades no respondían en el plazo de 30 días se entendía como aprobado el expediente de solicitud. ¿Qué fue lo que pasó? En el último día, las municipalidades observaban cualquier minucia y frenaban el despliegue. Entonces se modificó la norma para establecer la aprobación automática; se fijaron taxativamente los requisitos que debe tener un expediente para poder ser presentado y, una vez ingresado, automáticamente pasa a mesa de partes, ventanilla física o virtual, y ya se da por aprobado. Obviamente está sujeto a control posterior como puede estar sujeto a control posterior cualquier acto administrativo.

Eso ha funcionado muy bien, pero… ¿qué fue lo que pasó? Periódicamente, hay cambios de funcionarios que, al parecer, no se informan sobre cuáles son las normas que rigen en el país. Ahí aparece en el Indecopi, la agencia de competencia, una comisión de barreras burocráticas que ya tiene gran experiencia y a la que pueden elevarse reclamos. Si uno va a presentar su expediente y dice que le han negado la autorización porque se introdujo un requisito que no está en la ley, inmediatamente se declara ese requisito como barrera burocrática y recientemente lo que se hizo fue que esa decisión es erga omness o sea, es aplicable para todas las municipalidades. En consecuencia, si hay funcionario que no hace caso de lo que dice una norma, ahí hay una responsabilidad no solamente administrativa sino a veces hasta penal por haber abierto desacato.

Y en cuanto a tu segunda pregunta, la ley de velocidad mínima garantizada fue un verdadero despropósito que aprobó el anterior Congreso, porque hemos tenido varios congresos simultáneos, casi tenemos solapados ya los congresos en mi país. Entonces se dijo ‘ok, la velocidad mínima garantizada por obra y gracia divina la declaramos en 70%’. Incluso puso que era de 1 a 3. Y eso puede lograrse en fibra, pero en satelital no hay forma de que suceda. Fue un gran desincentivo para las inversiones y generó un gran malestar. Obviamente, las inversiones comenzaron a retraerse porque quién iba a invertir sabiendo que en seis u ocho meses se aplicaba la norma y el regulador tenía que fiscalizar que se cumpliera a pesar de la oposición de todo el mundo.

Gracias a Dios el Ministerio de Transporte y Comunicaciones estableció una nueva definición de banda ancha y bajó un poco la temperatura, pero hay cierta parte de esa ley que es la degradación 1 a 3 que tiene que ser corregida porque aún sigue vigente. El aprendizaje es que el Congreso no debe intervenir en temas técnicos y debe confiar en las entidades regulatorias y técnicas que son las que están en contacto con la realidad y tienen la sensibilidad y el conocimiento para poder orientarlos.

Agnese: Excelentes los aportes y aprendizajes. Pamela, me gustaría una referencia tuya a la experiencia chilena de considerar las licitaciones de espectro como no recaudatorias. También preguntan en el chat respecto de cómo abordar la posibilidad o no de aceptar en las licitaciones de espectro 5G empresas que no tengan experiencia como operador de telecomunicaciones.

Pamela: En Chile, como en otros países, la ley de telecomunicaciones establece que la metodología de licitación de espectro es con beauty contest. Chile, Japón y algún que otro país tienen este perfil. Solamente hay oferta económica cuando hay empate técnico. El énfasis realmente está en el mejor proyecto técnico y así lo hemos visto a través de los años y lo vimos también en la exigencia de las bases de licitación para 5G.

El recurso dinero es limitado y las empresas interesadas en desplegar en un país son en su mayoría multinacionales que están desplegando en otros países a la vez. La recaudación que hubo en Chile producto del desempate técnico no fue nada a telecomunicaciones sino a las múltiples necesidades que tenía el Ministerio de Hacienda en época de pandemia. En ese contexto, hemos visto que la conectividad es un tema de movilidad social tan importante como la educación y el emprendimiento. Por eso, todo lo que el país pueda desarrollar en su red de telecomunicaciones va a desplegar la posibilidad de salir del subdesarrollo y convertirse en un país desarrollado. Jamás un país va a ser subdesarrollado si tiene un porcentaje importante de la población al margen de la economía de 2023 que es la economía digital.

En cuanto a la segunda pregunta que tiene que ver con la exigencia, efectivamente hay un equilibrio delgado que tiene que ver con la regulación de cada país de dejar entrar a competidores que realmente van a hacer un bidding, efectivo, eficaz y que va a tener un compromiso de largo plazo de operar en el mercado. Hemos tenido en Chile dos ejemplos de empresas que se han presentado a licitar espectro y por distintos motivos no han seguido en ese compromiso.

Debe haber un equilibrio entre fomentar la competencia, por un lado, porque beneficia al usuario y al país, y, por el otro, ser responsable en el uso del bien nacional de uso público y tener cuidado con los requerimientos que se ponen para que las empresas puedan participar en una licitación. Es difícil dar una premisa básica que sea válida para todos los casos.

Agnese: Maryleana dio una serie de temas muy interesantes a considerar para la licitación. Si tuviéramos que pensar cuáles serían los pasos necesarios para tener una licitación exitosa en la Argentina, ¿qué crees que debiera hacerse de aquí a los próximos meses?

Maryleana: Desde nuestra perspectiva, el primer lugar lo ocupa la derogación del DNU 690. Si bien en este momento la mayoría de las empresas de telecomunicaciones están amparadas judicialmente y están pudiendo trabajar sin él, es un elemento distorsivo sobre cuando se piensa en requerir financiamiento en bancos extranjeros. Ahí creo que hay un elemento fundamental.

Otro elemento fundamental es el tema de la importación de equipos y el costo de los dispositivos esenciales para la implementación exitosa del 5G en Argentina.

Algo de lo que ya hablamos y que incluiría después de los ya mencionados es el tema de la licitación como tal, que en ningún momento se asome la posibilidad de que sea recaudatoria. Sabemos las dificultades fiscales que hay en Argentina, eso es clarísimo, pero esta no es la forma de solucionarla sino todo lo contrario: hay que esperar el efecto derrame a partir de las industrias que pueden apalancar la economía argentina.

Además de todo eso, por supuesto, hay otros elementos que complementan, como vemos en Brasil, por ejemplo. Por ejemplo, el uso del fondo del servicio universal. Es decir, cómo impulsamos ese fondo para que esto no genere brecha sino todo lo contrario, cierre las brechas existentes.

En términos generales yo diría que hay una línea transversal a todo esto y es la seguridad jurídica para afianzar las inversiones necesarias. Ningún mercado existe en el vacío, ninguna red 5G va a existir en el vacío. Existe en un entorno, que debe prepararse apropiadamente para que sea más fácil para todos los actores de mercado aprovechar esta tecnología transformadora del 5G.

Agnese: Nos hemos enriquecido muchísimo con todo lo compartido, creo que podemos aprender mucho de los diferentes casos. Me parece muy interesante como Chile ha entendido 5G como un habilitador económico para el país, la importancia de la conversación entre las diferentes partes de los estamentos de gobierno y la conversación también público-privada. También en Colombia toda esa preparación, la hoja de ruta, colaborar con todas las normativas regulatorias que son necesarias y que refieren a la compartición de infraestructura, a la habilitación de normas municipales para despliegue y básicamente a un plan de trabajo hacia delante con previsibilidad. También en Perú hemos visto cómo se trabaja sobre los aspectos técnicos del espectro, la limpieza del espectro, cómo aprovechar lo que ya está otorgado, el uso de espectro secundario, las aprobaciones automáticas de los despliegues con la intervención de la autoridad de competencia. Hemos tenido una visión muy completa de la perspectiva de las empresas, las dificultades que hoy existen, el interés de seguir apostando a invertir, pero considerando la situación macroeconómica inflacionaria, las cuestiones regulatorias no resueltas y temas que tiene larga data

Adicionalmente, destaco que hoy el 10% de los ingresos se van en costos regulatorios vinculados al espectro con lo cual ya gran parte de lo que se recauda va directamente al tesoro nacional, independientemente de lo que se paga por única vez. Así que también habría que pensar mecanismos de pago diferido y no tanto en forma previa.