La Argentina es una sociedad hiperconectada, preocupada por los efectos de las redes sociales y ampliamente favorable a establecer reglas para su funcionamiento. Pero ese consenso comienza a mostrar matices cuando se pasa de reconocer los problemas a definir qué debería regularse, quién debería hacerlo y hasta dónde puede avanzar una intervención sin afectar la libertad de expresión.
El 86% de los argentinos apoya implementar medidas de regulación sobre las redes sociales, según un estudio del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de UADE. Al mismo tiempo, el 57% considera que regular no implica necesariamente limitar la libertad de expresión y el 58% se inclina por niveles medios-altos de regulación, evitando posiciones extremas.
La investigación se realizó sobre 1549 casos, mediante una encuesta online durante febrero y marzo de 2026. Aunque la cobertura incluyó todas las regiones del país y los resultados fueron ponderados estadísticamente, la composición de la muestra obliga a interpretar los porcentajes con cierta cautela: el 89% de los participantes reside en el AMBA, el 58% tiene entre 18 y 25 años y el 66% cuenta con estudios universitarios o de posgrado.
Desinformación y menores, las principales preocupaciones
Uno de los consensos más fuertes aparece alrededor de la calidad de la información que circula en las plataformas. El 88% manifiesta preocupación por la información falsa, mientras que el 47% prefiere regulaciones dirigidas a cuestiones específicas, como salud o información no validada, antes que restricciones generales.
La protección de los menores ocupa un lugar todavía más destacado en la agenda regulatoria. El 71% la señala como la principal prioridad, por encima incluso de la desinformación, mencionada por el 68%. Y el 87% respalda la implementación de sistemas de verificación de edad.
Sin embargo, cuando la pregunta deja de referirse a la protección en términos generales y se concentra en restringir directamente el acceso de los menores, el consenso disminuye: el apoyo cae al 58%, mientras que un 36% se manifiesta en contra. El contraste sugiere que existe más acuerdo sobre el problema que sobre las herramientas para resolverlo.
El estudio también señala que las restricciones de edad, por sí solas, pueden resultar insuficientes. Entre las alternativas menciona un enfoque de “seguridad por diseño”, que coloque mayores obligaciones sobre las plataformas y sus algoritmos en lugar de concentrar toda la intervención sobre los usuarios.
Una sociedad atravesada por las plataformas
El reclamo de regulación ocurre sobre una infraestructura digital que ya está completamente incorporada a la vida cotidiana. WhatsApp es utilizada por el 95% de los encuestados e Instagram por el 81%. El 62%, además, pasa entre una y cuatro horas diarias en redes sociales.
El problema no parece ser solamente cuánto tiempo se pasa frente a las pantallas, sino cuánto contenido circula por ellas. El 97% percibe que el volumen de publicaciones aumentó significativamente durante los últimos años y el 51% considera que debería limitarse. El informe interpreta esta percepción como una señal de saturación informativa y advierte sobre el papel de los diseños algorítmicos orientados a incrementar el tiempo de permanencia.
La importancia económica individual de las plataformas, en cambio, es mucho menor que su penetración social. El 79% nunca obtuvo ingresos a partir de las redes, pese a la visibilidad pública alcanzada por creadores, influencers y nuevos modelos de negocios digitales.
El 85% pediría formación para hablar de temas técnicos
Uno de los resultados más llamativos del trabajo aparece cuando se pregunta por la autoridad necesaria para intervenir en determinados debates: el 85% considera que debería requerirse formación para opinar sobre temas técnicos.
El dato expresa una demanda de mayor calidad y responsabilidad, pero abre al mismo tiempo una cuestión particularmente sensible desde la perspectiva de la libertad de expresión. Una cosa es que los usuarios valoren más las opiniones de especialistas o que las plataformas transparenten las credenciales de quienes producen contenidos; otra muy diferente sería que el Estado o una empresa establecieran requisitos de formación como condición para poder expresarse públicamente sobre determinados asuntos.
El propio informe interpreta ese 85% como una tensión con la lógica horizontal que caracterizó históricamente a las redes sociales.
La percepción sobre los influencers presenta más matices. El 53% considera que su legitimidad depende de cada caso, mientras que el 52% declara confiar más en creadores con formación y otro 43% evalúa su credibilidad según el tema del que estén hablando. No aparece, por lo tanto, una legitimidad automática derivada de la popularidad ni tampoco un rechazo generalizado a quienes producen contenidos fuera de las estructuras profesionales tradicionales.
Regular plataformas no es lo mismo que regular opiniones
La diferencia resulta central para interpretar los resultados. El 57% considera que regular las redes no significa necesariamente limitar la libertad de expresión. El estudio describe esa relación como una “tensión administrable” y sostiene que regulación y libertad pueden convivir.
Pero que la mayoría de los encuestados no perciba una contradicción entre ambos conceptos no elimina los riesgos. El alcance concreto de una regulación cambia sustancialmente según esté dirigida a la protección de datos, verificación de edad, transparencia de los algoritmos, publicidad, mecanismos de denuncia y responsabilidades empresariales, o habilite decisiones sobre qué informaciones u opiniones pueden circular.
La frontera se vuelve especialmente delicada en materia de desinformación. El enorme consenso acerca del problema -88% de preocupación- no resuelve quién debería determinar qué información es falsa, mediante qué procedimiento y con qué posibilidades de revisión. Tampoco convierte automáticamente en desinformación una afirmación discutible, minoritaria o equivocada. Una regulación mal diseñada puede terminar otorgando al Estado o a las propias plataformas un poder excesivo para intervenir sobre el debate público.
El 80% reclama mayor responsabilidad empresarial
La demanda social parece dirigirse con particular intensidad hacia las compañías que administran las plataformas. El 80% de los encuestados está de acuerdo con responsabilizar directamente a sus directivos, un resultado que el CIS interpreta como una exigencia de un papel empresarial más activo en la protección de los menores.
Aun así, el informe no plantea una responsabilidad exclusivamente privada: señala que aparece una idea de responsabilidad compartida entre Estado, plataformas y usuarios, sin un respaldo claro a soluciones unilaterales.
Ese enfoque permite separar dos debates que suelen confundirse. Regular el funcionamiento de una plataforma -sus sistemas de recomendación, la protección de menores, la transparencia comercial o determinados mecanismos de seguridad- no necesariamente equivale a regular el discurso de sus usuarios. El riesgo para la libertad de expresión aumenta cuando la intervención deja de concentrarse en cómo funciona el sistema y comienza a determinar quién está autorizado a expresarse o cuáles opiniones pueden publicarse.
El riesgo de que las prohibiciones produzcan el efecto contrario
El trabajo de UADE incorpora además antecedentes internacionales que relativizan la eficacia de las soluciones exclusivamente restrictivas. Entre ellos menciona investigaciones según las cuales limitar el acceso de los jóvenes podría provocar efectos contraproducentes, desde la evasión de controles hasta la pérdida de espacios digitales de apoyo para algunos menores.
Por eso, una de las conclusiones del informe es que la regulación puede ser necesaria pero no suficiente. El fenómeno excede a las plataformas: el crecimiento de los espacios digitales coincidió con un debilitamiento de ámbitos comunitarios presenciales que históricamente ofrecían pertenencia, vínculos y socialización, particularmente entre los jóvenes.
Los resultados muestran, en definitiva, una sociedad que no parece pedir ni una Internet sin reglas ni un sistema de control absoluto. El 86% reclama algún tipo de regulación, pero el 47% prefiere intervenciones sobre problemas concretos y el 58% se ubica en niveles medios-altos antes que en los extremos.
El desafío regulatorio está precisamente en esa diferencia: proteger a menores, exigir transparencia y responsabilidades a las plataformas y reducir determinados daños sin convertir la preocupación por la desinformación, la salud o la calidad del debate en una habilitación para restringir opiniones legítimas.
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