A su reunión en Córdoba, la Mesa TIC Argentina llevó al interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Juan Martín Ozores, un diagnóstico que busca condensar buena parte de los reclamos que desde hace años atraviesan a la industria de telecomunicaciones: alta presión tributaria, heterogeneidad regulatoria entre provincias y municipios, necesidad de mayor previsibilidad y problemas en la ejecución del Fondo de Servicio Universal (FSU).
Pero la presentación agregó un argumento nuevo al debate. Para la entidad, el rápido crecimiento de la conectividad satelital de órbita baja (LEO), la tecnología detrás de Starlink, está modificando una de las razones históricas que justificaron la creación de los fondos de servicio universal: subsidiar el despliegue de conectividad allí donde las redes terrestres no resultaban económicamente viables. En consecuencia, sostiene que llegó el momento de revisar el tamaño, financiamiento y funcionamiento del FSU.
La Mesa TIC está integrada por Telecom, DirecTV, Fecosur, Cabase y Cacpy y, a través de su denominada Mesa Ampliada, incorpora a ATVC, Cicomra, IDA, Catip, Catel y Red Intercable. Según sus propios cálculos, representa a más de 1200 operadores, 80.000 empleos directos y 400.000 indirectos, en una actividad cuyo valor agregado equivale al 4,85% del PBI.
Los planteos fueron respaldados por dos documentos elaborados por la Mesa TIC: Industria TIC Argentina 2026. Diagnóstico actualizado, indicadores, carga impositiva e informe de situación y Fondo de Servicio Universal. Estado actual, satélites LEO y propuesta de reforma (adjuntos al final de esta nota). El primero describe las condiciones económicas y regulatorias de toda la actividad; el segundo pone el foco sobre el FSU y propone revisar su funcionamiento ante el cambio tecnológico.
Una industria conectada, pero con dificultades para sostener la inversión
El punto de partida del primer trabajo es una aparente contradicción. Argentina conserva indicadores de conectividad relativamente competitivos en América Latina: durante 2025, según los datos utilizados por la Mesa, más del 82% de los hogares tenía internet fija, la velocidad promedio superaba los 220 Mbps, había más de 64 millones de accesos móviles y la cobertura 4G llegaba a más del 96% del territorio relevado.
El informe atribuye esa posición a una combinación de amplia cobertura de redes, presencia de un ecosistema de pequeñas y medianas empresas de telecomunicaciones, crecimiento de FTTH, expansión de 5G y desarrollo de servicios digitales. Como contrapartida, identifica cinco problemas estructurales: presión tributaria elevada, sostenibilidad financiera, falta de previsibilidad regulatoria, acceso al espectro y complejidad normativa, y necesidad de continuar extendiendo infraestructura hacia zonas rurales.
La advertencia de la Mesa es que mantener los actuales indicadores exigirá nuevas inversiones justamente cuando las redes deberán soportar una demanda mucho mayor. El documento cita una proyección de Nokia Bell Labs según la cual el denominado AI Supercycle, asociado con la distribución de aplicaciones de inteligencia artificial entre dispositivos, fábricas, vehículos y redes, podría exigir multiplicar hasta nueve veces la capacidad actual. También recupera estimaciones de Raúl Katz según las cuales América Latina representa 6,3% del PBI mundial pero apenas 1,56% de la demanda global de IA.
En otras palabras, el argumento de la industria es que la conectividad deja de ser solamente un servicio de comunicaciones para transformarse en la infraestructura sobre la que deberán desplegarse IA, servicios en la nube, automatización industrial, ciudades inteligentes, gobierno digital y economía del conocimiento.
La carga tributaria, en el centro de los reclamos
Buena parte del diagnóstico está dedicada a la estructura impositiva. La Mesa coloca a Argentina y Brasil entre los países con sistemas tributarios más complejos y pesados de la región, debido a la combinación de impuestos nacionales, provinciales, municipales, tasas regulatorias y gravámenes vinculados con infraestructura. Como contraste presenta a Chile y Paraguay, con esquemas más simples y menor tributación sectorial.
El informe sostiene, sobre la base de datos atribuidos a GSMA, que más del 51% del costo de la conectividad móvil en Argentina corresponde a impuestos, incluyendo aproximadamente 40% de impuestos generales y 12% específicos. También cita un análisis de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que contabilizó más de 20 tributos sobre el sector y estimó una presión promedio del 41,5%, aunque variable según empresa, actividad y localización.
A la estructura nacional -IVA, Ganancias, derechos de importación, cargas laborales, tasa de control y fiscalización del Enacom, aporte al FSU y tasas de espectro, entre otros conceptos- se suman Ingresos Brutos y gravámenes municipales.
Precisamente allí aparece uno de los puntos más sensibles para los operadores con infraestructura física. La Mesa identifica entre los problemas municipales la multiplicidad normativa, las diferencias de alícuotas y bases imponibles, los tiempos de habilitación, la duplicación de permisos y las asimetrías entre operadores privados y empresas estatales o SAPEM.
La conclusión del primer documento es que esa acumulación de cargas termina afectando la expansión de fibra, las redes móviles, la cobertura rural y la modernización tecnológica. Por eso reclama simplificación tributaria, armonización municipal, reducción de gravámenes considerados distorsivos e incentivos a la inversión.
El segundo trabajo: cuánto dinero tiene realmente el Servicio Universal
El segundo documento entra en un terreno más específico y potencialmente más conflictivo: el Fondo de Servicio Universal, financiado principalmente mediante el aporte obligatorio equivalente al 1% de los ingresos devengados -netos de impuestos y tasas- de los prestadores TIC.
El trabajo calcula, a partir de los estados financieros del BICE al 31 de diciembre de 2025 y de aportes posteriores, que el patrimonio del FSU habría superado $370.000 millones en 2026.
Frente a ese volumen de recursos, señala que los programas vigentes sumaban $157.500 millones y que sólo $66.500 millones se encontraban adjudicados. A partir de esa comparación, la Mesa calcula un “superávit” del 82%, tomando como referencia los fondos todavía no adjudicados. Aclara además que no encontró información pública sobre cuánto de los montos adjudicados había sido efectivamente ejecutado. Según el documento, 90% de las adjudicaciones correspondió a proyectos de operadores privados y 10% a Arsat.
La cuestión no se limita al stock actual. La Mesa señala como problemas históricos la subejecución, la lentitud de implementación, la burocracia, las demoras administrativas, la falta de trazabilidad y evaluación de impacto y lo que considera una distorsión competitiva cuando los aportes de operadores privados terminan financiando proyectos de competidores estatales como Arsat o SAPEM.
Los satélites LEO cambian la discusión
El argumento más novedoso del trabajo aparece cuando vincula el futuro del FSU con Starlink y los demás sistemas satelitales de órbita baja.
El razonamiento es el siguiente: el Servicio Universal fue concebido para corregir una «falla de mercado». Llevar fibra, cable u otra infraestructura terrestre a poblaciones pequeñas, rurales o geográficamente aisladas podía tener costos tan altos y retornos tan bajos que ninguna empresa tendría incentivos suficientes para hacerlo sin subsidios.
Según la Mesa TIC, esa ecuación empezó a cambiar con los satélites LEO, porque permiten atender zonas extensas sin construir una red terrestre hasta cada localidad. El informe señala que los accesos satelitales pasaron de 2992 en 2023 a más de 452.000 a fines de 2025 y estima unos 750.000 para abril de 2026.
Para la entidad, esto no elimina la necesidad del Servicio Universal, pero sí obliga a preguntarse cuánto dinero necesita, qué proyectos debe financiar y en qué circunstancias sigue siendo necesario subsidiar conectividad.
El documento lo expresa de manera explícita: la tecnología LEO permite que “parte de los objetivos originales del FSU” comiencen a ser resueltos por mecanismos de mercado y competencia tecnológica, lo que reduciría los costos marginales de conectar áreas rurales y alteraría tanto la necesidad de subsidios permanentes como el tamaño óptimo del Fondo.
La Mesa encuentra además una base jurídica para plantear esa discusión. Recuerda que el artículo 23 de la ley 27.078 permite a la autoridad de aplicación disponer exenciones totales o parciales, temporales o permanentes, de los aportes una vez alcanzados determinados objetivos del Servicio Universal.
El planteo de fondo: pasar de “recaudar” a “conectar”
Ese diagnóstico terminó convertido en una propuesta mucho más concreta presentada a Ozores.
En una nota dirigida al interventor del Enacom, la Mesa TIC propone reducir del 1% al 0,5% la contribución obligatoria al Fondo de Servicio Universal y crear un mecanismo general de “pay or play”. Este último permitiría que determinadas inversiones o prestaciones realizadas directamente por los operadores -por ejemplo, conectividad para escuelas, centros de salud u otros puntos considerados prioritarios- puedan computarse contra la obligación de aportar dinero al Fondo.
La Mesa toma como antecedente el programa de conectividad para 6.000 escuelas rurales, que combina recursos privados y del Servicio Universal y contempla el reconocimiento de determinados costos asociados al cumplimiento de esos objetivos. Su interpretación es que allí aparece un principio que podría generalizarse: el Servicio Universal no necesariamente tiene que cumplirse sólo mediante dinero recaudado por el Estado; también puede materializarse mediante infraestructura y servicios aportados directamente por los prestadores.
Para justificar la reducción de la alícuota, la entidad incorpora además antecedentes de la Auditoría General de la Nación. Según la presentación, entre 2018 y 2023 las transferencias de capital destinadas a proyectos representaron en promedio alrededor del 39% de los ingresos totales del Fondo, mientras una proporción significativa permaneció en inversiones financieras.
La propuesta puede resumirse así: menos recursos inmovilizados en el Fondo y mayor reconocimiento de inversión efectivamente realizada en conectividad.
Transparencia, neutralidad tecnológica y equidad entre redes
La reducción del aporte no agota los pedidos. El documento específico sobre el FSU enumera otras cinco áreas de revisión: el tamaño y función futura del Fondo; la exención del aporte correspondiente a servicios considerados obsoletos, como la telefonía fija; mayor trazabilidad y transparencia pública; neutralidad tecnológica de los programas; y revisión de la base de aportantes y de las exenciones o suspensiones temporales.
También aparece un reclamo de equidad regulatoria entre redes terrestres y satelitales. En una tabla comparativa, el trabajo señala que ambos tipos de operadores pagan IVA, Ganancias, tasa de fiscalización del Enacom y aporte al FSU, pero que las redes terrestres afrontan adicionalmente una exposición mucho mayor a Ingresos Brutos, tasas municipales, permisos, ocupación del espacio público, infraestructura urbana y obligaciones de última milla.
No se trata, según la formulación presentada a Ozores, de eliminar el Servicio Universal. La Mesa sostiene que el Estado debe conservar capacidad para intervenir allí donde la iniciativa privada no alcance. Lo que propone es cambiar su lógica: pasar de un esquema centrado predominantemente en recaudar aportes a otro orientado a resultados verificables de conectividad, con inversiones directas reconocidas, menor acumulación de fondos y mecanismos de seguimiento más transparentes.
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