El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) anunció un nuevo mecanismo que permitirá a los prestadores TIC computar parte de sus inversiones en infraestructura y tecnología contra los aportes que deben realizar al Fondo del Servicio Universal (FSU), en una modificación que recoge parcialmente uno de los principales reclamos de las empresas del sector.
El anuncio fue realizado por el interventor del organismo, Juan Martín Ozores, durante el encuentro Diálogo que impulsa el Futuro Digital, organizado por la Mesa TIC Argentina en la ciudad de Córdoba ante casi un centenar de representantes de la industria.
La Mesa TIC Argentina es un espacio de diálogo y articulación que reúne a empresas, cooperativas y cámaras representativas de la industria de telecomunicaciones y conectividad. Surgió en 2021, impulsada inicialmente por Telecom (Cablevisión Holdings y Fintech), Telefónica (por entonces, aún en manos de su casa matriz española), DirecTV (grupo Whertein), la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur, históricamente vinculada al peronismo); la Cámara Argentina de Internet (Cabase); y la Cámara Argentina de Cableoperadores pymes (CACPY). Posteriormente se sumaron ATVC, CAPPI, CATEL, CATIP, Cicomra, Infraestructura Digital Argentina (IDA) y Red Intercable, ampliando la representación a distintos segmentos de la industria de telecomunicaciones y conectividad.
El nuevo Programa Incentivo a la Inversión en Equipamiento y/o Tecnología para el Despliegue de Conectividad -que según el gobierno será lanzado en los próximos días- estará dirigido a los licenciatarios TIC y permitirá financiar proyectos de nuevos despliegues, expansión de redes, recambio tecnológico y actualización técnica.
Para instrumentarlo, Enacom otorgará Certificados de Crédito de Aporte al Servicio Universal (CCASU) equivalentes a hasta el 50% de las inversiones aprobadas, que podrán computarse contra las obligaciones con el FSU durante un período máximo de 24 meses.
El programa tendrá una vigencia de 36 meses o hasta el agotamiento del presupuesto que se le asigne, según explicó Ozores. Además de equipamiento, contemplará inversiones en tecnología, hardware y software seguros de acuerdo con los estándares nacionales de ciberseguridad.
La iniciativa se encuadra en el Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones, establecido por la resolución Enacom 359/2025. “Esto permite que los aportes al Fondo del Servicio Universal se transformen en inversión real: equipamiento, tecnología y conectividad de calidad en todo el territorio nacional”, sostuvo Ozores.
Del “pagar” al “invertir”
El mecanismo se aproxima al modelo conocido como “pay or play”: en lugar de limitarse a ingresar el aporte al fondo, los operadores pueden aplicar parte de esa obligación a inversiones que contribuyan directamente a los objetivos del Servicio Universal.
Sin embargo, la propuesta de la Mesa TIC es más amplia. Las empresas y cámaras que integran la organización pidieron reducir del 1% al 0,5% la contribución al FSU y establecer un mecanismo general de pay or play, sujeto a condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias.
La iniciativa empresaria propone que puedan computarse contra el aporte inversiones y prestaciones realizadas directamente por los operadores cuando estén destinadas a objetivos verificables del Servicio Universal, entre ellos la conectividad de escuelas, centros de salud y otros puntos prioritarios.
Según la Mesa TIC, el objetivo es pasar de un sistema basado predominantemente en la recaudación a otro orientado a resultados concretos de conectividad. El planteo sostiene que esto permitiría incentivar la inversión directa y evitar la acumulación innecesaria de recursos sin eliminar la capacidad del Estado de financiar despliegues allí donde la iniciativa privada no resulte suficiente.
Juan Mocoroa, especialista en regulación del Estudio MAG, respaldó durante el encuentro la necesidad de revisar el porcentaje del aporte y agregó otro reclamo: mayor transparencia sobre cuánto dinero acumula el FSU y cómo se utilizan esos recursos.
“Sería bueno contar con una transparencia constante del monto acumulado, la forma de uso e inversión”, sostuvo Mocoroa, quien también propuso dar mayor organicidad a la participación del sector mediante mecanismos como documentos de consulta.
Ozores: la carga tributaria del sector llega al 41%
La discusión sobre el FSU quedó inserta en un problema más amplio que atravesó el encuentro: el peso de los impuestos y tasas sobre las inversiones en telecomunicaciones.
Ozores estimó que la carga tributaria del sector se encuentra en torno del 41% y reconoció que constituye un obstáculo para aumentar las inversiones.
“La carga impositiva es un impedimento para mayores inversiones y lo sabemos”, afirmó. Según el interventor, desde el organismo también plantean a provincias y municipios que una mayor presión sobre los operadores puede terminar asociada con menores niveles de inversión y peores servicios.
Facundo Fernández, presidente de Atlántica Video Cable, coincidió en señalar la presión impositiva como uno de los principales factores que desalientan nuevas inversiones.
El debate incluyó además el efecto de la nueva competencia satelital. Ozores sostuvo que la conectividad mediante constelaciones de órbita terrestre baja (LEO) produjo una “universalización de cobertura, pero no de asequibilidad”, una distinción relevante para definir el futuro del Servicio Universal: la disponibilidad técnica de una conexión no implica necesariamente que los hogares puedan pagarla.
El funcionario defendió también una revisión del funcionamiento del FSU y cuestionó lo que definió como anteriores “usos discrecionales” de esos recursos que, según afirmó, generaron distorsiones y “dumping a favor de empresas estatales provinciales”.
Un fondo bajo cuestionamiento por su administración y controles
El Fondo del Servicio Universal arrastra un largo historial de cuestionamientos por la administración, asignación y control de sus recursos. Auditorías oficiales detectaron falta de planificación, debilidades en los controles, proyectos vencidos o inconclusos, rendiciones pendientes y deficiencias en el seguimiento de los fondos, además de observaciones sobre los criterios utilizados para seleccionar y financiar iniciativas. Entre 2016 y 2023, el entonces fideicomiso del Servicio Universal acumuló unos $107.000 millones nominales y adjudicó casi la totalidad de esos recursos, aunque desembolsó aproximadamente la mitad.
Una porción relevante de los fondos fue destinada a proyectos ejecutados por Arsat, empresas estatales provinciales, cooperativas y prestadores privados. Las revisiones realizadas por el propio Enacom y por la Auditoría General de la Nación (AGN) señalaron incumplimientos y problemas de control, mientras que el sistema recibió cuestionamientos por la discrecionalidad con la que podían distribuirse recursos recaudados de toda la industria.
A esos antecedentes se sumaron las investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción en Arsat, una de las principales ejecutoras de proyectos financiados con recursos públicos para infraestructura de telecomunicaciones. Las denuncias e investigaciones sobre contrataciones, proveedores y eventuales sobreprecios en la empresa estatal abrieron además el interrogante sobre si algunas de las operaciones investigadas pudieron involucrar directa o indirectamente recursos provenientes del Servicio Universal, dado que Arsat recibió fondos del FSU para distintos programas de conectividad.
Una industria que reclama reglas equivalentes
Antonio Roncoroni, presidente de Fecosur, afirmó durante el cierre que las organizaciones y compañías representadas en la Mesa reúnen a más de 1200 operadores, generan más de 80.000 puestos de trabajo directos y 400.000 indirectos y representan el 4,85% del PBI.
Marcos Orteu, director de Dynamics, puso el foco en el impacto económico de la infraestructura digital. Según los datos regionales que presentó, un incremento del 10% en la adopción de banda ancha móvil está asociado, en promedio, con un crecimiento del 1,70% del PBI per cápita, mientras que una expansión equivalente de la banda ancha fija se relaciona con un aumento del 1,47%.
También sostuvo que un crecimiento del 10% en el índice de digitalización se traduce en un incremento del 2,44% en la tasa de empleo y del 5,75% en la productividad multifactorial.
Orteu señaló que la penetración de banda ancha fija alcanza en la Argentina el 86%, frente al 77% de Brasil y el 75% de México, y reclamó avanzar hacia una homogeneización de las obligaciones entre tecnologías y servicios que compiten en los mismos mercados.
El principio planteado durante el encuentro fue sintetizado como “mismo servicio, misma regulación y misma carga impositiva”, una discusión que cobra mayor relevancia a medida que operadores tradicionales, plataformas digitales y proveedores satelitales compiten por servicios que hasta hace pocos años pertenecían a mercados claramente diferenciados.
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