La caída de Ueno Bank, una de las entidades financieras de mayor crecimiento de Paraguay, desencadenó en apenas cuatro días una crisis que alcanzó al gobierno del presidente Santiago Peña y al grupo de medios de comunicación VMedia, perteneciente al mismo conglomerado empresarial.
Este jueves 5 de noviembre, el presidente paraguayo presentó su renuncia mientras la Cámara de Diputados aprobaba por unanimidad someterlo a juicio político. La dimisión quedó virtualmente rechazada al haberse caído la sesión por falta de quorum y se espera que el proceso avance este viernes con la declaración del mandatario. Horas antes, la Justicia había dispuesto la prisión preventiva de Federico Miguel Vázquez Villasanti (en la foto), principal accionista del banco y cabeza del Grupo Vázquez.
Un día antes, VMedia había anunciado la suspensión de actividades de cinco medios y de los contratos de 199 empleados durante 90 días, sin goce de sueldo. La decisión afectó a los diarios La Tribuna y Crónica, las radios La Tribu 650 AM y La Tribu Deport 1120 AM, y la plataforma La Tribu Stream. Los canales Trece y Unicanal, incorporados al conglomerado en mayo de 2026, regresaron al Grupo JBB, encabezado por el empresario Javier Bernardes. Dicho conglomerado informó que resolvió el contrato de compraventa y retomó la administración, conducción y dirección estratégica de ambos canales, y aseguró que busca preservar la continuidad operativa y los puestos de trabajo.
La crisis bancaria dejó inicialmente sin acceso a sus depósitos a cerca de 2,9 millones de clientes, en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes. La entidad administraba además entre US$ 800 millones y US$ 850 millones de fondos públicos, incluidos unos US$ 380 millones del Instituto de Previsión Social (IPS).
Cuatro días que sacudieron al sistema financiero y político
La secuencia fue particularmente rápida. El lunes 2 de noviembre, el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, al comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido.
La medida fue anunciada en la madrugada del martes 3. Las sucursales cerraron, las aplicaciones dejaron de funcionar y los clientes perdieron temporalmente el acceso a sus fondos. Ese mismo día, la Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos y comenzó una investigación por presuntas irregularidades financieras. También renunció Carlos Carvallo, presidente del BCP, quien había dirigido Financiera Ueno antes de incorporarse al organismo regulador.
El miércoles 4, el Congreso dictó una ley para acelerar la devolución de depósitos. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante, aproximadamente US$ 38.000. Según las estimaciones difundidas por las autoridades, el 97% de los depositantes tendría sus saldos íntegramente cubiertos, aunque ese porcentaje no representa la proporción del dinero total que será recuperado.
El jueves 5, el BCP anunció el inicio de los pagos. La primera etapa comprende a clientes con depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, sin deudas con Ueno y con cuentas habilitadas en otras entidades. La legislación contempla anticipos de hasta 121,76 millones de guaraníes, equivalentes a 40 salarios mínimos, mediante un procedimiento de acreditación que debe desarrollarse en un máximo de cinco días hábiles.
La crisis también avanzó rápidamente en los tribunales. El juez Rodrigo Estigarribia dispuso la prisión preventiva de seis directivos, entre ellos Vázquez Villasanti y Juan Manuel Gustale, presidente de Ueno Bank. Otras dos ejecutivas recibieron arresto domiciliario con tobilleras electrónicas. En total, la causa comprende a 27 imputados por presuntos delitos económicos, entre ellos lesión de confianza y tentativa de estafa.
Peña renunció, pero el Congreso mantuvo abierto el juicio político
El jueves 5, Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia, después de perder el respaldo de sectores de su propio Partido Colorado. El mandatario había sido accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025 y quedó bajo cuestionamiento por las inversiones de organismos estatales en el banco y por la actuación del regulador financiero.
La Cámara de Diputados aprobó con 78 votos a favor y ninguno en contra la acusación para someterlo a juicio político. En cambio, rechazó por 48 votos contra 30 el pedido contra el vicepresidente Pedro Alliana, quien permanece en la línea de sucesión.
Peña formalizó su renuncia el jueves 5 de noviembre mediante una carta dirigida al Congreso, tras justificar públicamente su decisión por la necesidad de preservar la estabilidad institucional. Sin embargo, la sesión conjunta de diputados y senadores convocada para tratarla quedó sin quórum cuando los legisladores oficialistas abandonaron el recinto: hasta ese momento, 42 parlamentarios habían votado por rechazar la dimisión y 41 por aceptarla. La oposición y sectores disidentes del Partido Colorado pretendían continuar con el juicio político para evitar que Peña accediera a la condición de senador vitalicio. Al cierre de la jornada, la renuncia no había sido aceptada y Peña seguía constitucionalmente en la Presidencia.
Por lo tanto, al cierre de este jueves 5, Peña seguía siendo constitucionalmente presidente, mientras la Cámara de Senadores preparaba el juicio político, que podría comenzar el mismo viernes. La diferencia entre aceptar la dimisión y destituirlo mediante ese procedimiento resulta relevante por sus eventuales consecuencias sobre los fueros del mandatario y futuras investigaciones judiciales. De haber sido aceptada la renuncia el mandatario se habría convertido en senador vitalicio y habría accedido a fueros parlamentarios.
El Ministerio Público también abrió investigaciones sobre la supervisión del banco, sus operaciones financieras y las colocaciones de recursos estatales. Peña rechazó haber cometido irregularidades y aseguró que colaborará con la Justicia.
VMedia: de anunciar su expansión para 2027 a suspender cinco medios
La caída de Ueno Bank repercutió directamente sobre VMedia, el conglomerado que el Grupo Vázquez había desarrollado mediante adquisiciones y nuevos lanzamientos durante 2025 y 2026.
Su cartera de medios comprendía:
- La Tribuna: periódico fundado en 1925 por el expresidente Eduardo Schaerer, cerrado en 1983 y recuperado digitalmente en 2022. En septiembre de 2025 volvió a editarse en papel.
- Crónica: diario de información general y actualidad.
- La Tribu 650 AM: emisora generalista lanzada en febrero de 2026, con programación de noticias, política, economía, cultura y entretenimiento.
- La Tribu Deport 1120 AM: emisora especializada en deportes, identificada también como SuperDepor 1120.
- La Tribu Stream: plataforma de contenidos audiovisuales y transmisiones digitales.
La oferta comercial también incluía a Tropicalia y, hasta la crisis, a los canales Trece y Unicanal, que regresaron al Grupo JBB tras la intervención bancaria.
El contraste con los planes recientes de la empresa es significativo. A fines de octubre, apenas unos días antes de la suspensión, VMedia había presentado su estrategia comercial para 2027 durante el V.Summit, un encuentro con agencias, anunciantes y socios estratégicos.
La compañía exhibió entonces su propuesta de integración de televisión, radios, diarios y streaming, nuevas producciones, transmisiones deportivas y coberturas internacionales. Menos de dos semanas después, buena parte de esa estructura quedó paralizada.
El miércoles 4, una escribana notificó la suspensión de los contratos laborales. El secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Santiago Ortiz, informó que la medida alcanzaba a 199 empleados y que durante los siguientes 90 días no percibirían remuneraciones.
Algunos trabajadores, además, mantenían sus últimos salarios depositados en Ueno Bank, por lo que tampoco podían disponer de esos recursos.
Los trabajadores de VMedia fueron con su reclamo a la Justicia
La situación laboral tuvo nuevas derivaciones el jueves 5. Empleados de VMedia y de otras compañías vinculadas al Grupo Vázquez se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para reclamar salarios, indemnizaciones y garantías sobre la continuidad de sus puestos.
Según las estimaciones difundidas por las autoridades laborales, la crisis afecta directa o indirectamente a unos 6000 trabajadores del banco y de las empresas relacionadas.
La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, anunció inspecciones sobre las compañías del grupo. En el caso de VMedia, el Ministerio advirtió que la suspensión contractual todavía debía cumplir requisitos legales y contables. La empresa no había presentado los balances y la documentación exigidos para justificar la medida, por lo que su validez quedaba pendiente de evaluación.
Los trabajadores también presentaron una demanda colectiva por presunto despido injustificado y solicitaron un embargo preventivo de 1000 millones de guaraníes sobre bienes de VMedia, ante el temor de que se retiraran equipos y otros activos necesarios para afrontar eventuales indemnizaciones.
La abogada Alejandra Peralta Merlo cuestionó que la suspensión de 90 días pudiera encubrir una desvinculación definitiva. Por su parte, Edson Vázquez, representante de los trabajadores, denunció que se estaban desmontando instalaciones y reclamó medidas para preservar el patrimonio de la compañía.
Hasta el momento, VMedia no anunció formalmente una liquidación ni una venta, pero tampoco informó un plan concreto para reanudar sus operaciones.
Una economía que crecía al 5%, con inflación baja y grado de inversión
La crisis de Ueno Bank sorprendió a Paraguay en una situación macroeconómica relativamente favorable.
El país registró un crecimiento del PBI del 6,6% en 2025, mientras que el Banco Central proyectaba una expansión del 5% para 2026. La inflación interanual de octubre se ubicó en 1,7%, por debajo de la meta del 3,5%, y las reservas internacionales superaban los US$ 11.200 millones.
Paraguay había obtenido además el grado de inversión de Moody’s, con una calificación Baa3, y de Standard & Poor’s, con BBB-. Fitch mantenía la nota BB+, un escalón por debajo del grado de inversión, con perspectiva positiva.
La caída de Ueno produjo, sin embargo, efectos sobre los mercados. El guaraní se depreció cerca de un 5% frente al dólar y los bonos soberanos registraron caídas. La crisis también afectó instrumentos financieros vinculados al banco y obligó al regulador a adoptar medidas de valoración y suspensión de operaciones sobre determinados activos.
Hasta el momento no se verificó hasta ahora una crisis de solvencia extendida al resto del sistema financiero. La Asociación de Bancos del Paraguay y el BCP sostuvieron que las demás entidades mantienen condiciones adecuadas de liquidez y solvencia, aunque se registraron movimientos de clientes hacia otros bancos, problemas puntuales en aplicaciones y preocupación por la confianza en el sistema.
La inmovilización de cuentas de Ueno también afecta las operaciones de pequeños comercios, profesionales y empresas que utilizaban la entidad para cobrar, pagar salarios y cumplir obligaciones tributarias. Gremios empresariales solicitaron medidas extraordinarias para evitar interrupciones en la cadena de pagos.
Periodistas de VMedia, entre lágrimas y renuncias
La paralización del conglomerado también generó una sucesión de testimonios públicos de periodistas y conductores que, hasta pocos días antes, desarrollaban normalmente sus actividades.
Uno de los primeros en comunicar la medida fue el periodista y locutor Gustavo Fretes, quien informó que la empresa había notificado la suspensión de contratos sin goce de sueldo, el cese de actividades de La Tribu 650 AM y la interrupción de las operaciones de La Tribuna, Crónica y SuperDepor 1120. En su mensaje advirtió que los empleados quedaban con sus salarios congelados y las emisoras fuera del aire.
El periodista deportivo Gustavo del Puerto expresó su preocupación por los compañeros que habían renunciado a otros empleos para incorporarse al proyecto de VMedia. En su publicación escribió: “Y llegó lo peor”, antes de explicar que todos habían sido suspendidos por 90 días sin sueldo. Sobre sus colegas, señaló que habían buscado mejores horizontes y tranquilidad para sus familias, pero que ahora estaban en la calle.
Blanca López, conductora del programa Código 650, también expresó su conmoción: “Nos quedamos sin nada, sin nuestros trabajos ni salarios”. En otra intervención se describió como víctima de una mentira y recordó que había llegado al grupo sintiéndose querida y contenida.
El conductor Wilson Cardozo rompió en llanto al referirse a los trabajadores que había convocado personalmente para sumarse al proyecto radial. Reconoció que esa responsabilidad era lo que más le pesaba y señaló que muchos compañeros habían dejado sus empleos anteriores para incorporarse a la nueva empresa. A pesar de que la suspensión fue presentada como temporal, Cardozo sostuvo que buena parte del equipo la interpretaba como un cierre definitivo.
La periodista Carolina Arévalo relató que había presenciado el llanto de compañeros más jóvenes, que se quedaban sin ingresos en un momento especialmente difícil. También había expresado su desilusión por las explicaciones recibidas anteriormente de los directivos del banco, quienes, según su testimonio, habían asegurado que la entidad mantenía condiciones de solvencia.
El caso de mayor repercusión fue el de Mina Feliciángeli, quien el martes 3 de noviembre, apenas conocida la intervención bancaria, anunció su renuncia en vivo a La Tribu 650 AM. Entre lágrimas, la conductora explicó que no podía continuar trabajando para una empresa cuyos propietarios consideraba responsables de haber perjudicado a miles de paraguayos.
“Yo no sé fingir demencia, gente, y esto es una barbaridad lo que se ha hecho”, expresó. Luego leyó una declaración en la que sostuvo que le resultaba incompatible seguir ejerciendo el periodismo en una compañía cuyos dueños, a su entender, habían actuado de manera desleal.
Feliciángeli también reconoció que era clienta afectada de Ueno Bank, aunque aclaró que su situación económica no era comparable con la de otras familias que dependían completamente de sus depósitos.
El equipo de La Tribuna difundió además un comunicado colectivo en el que explicó que la interrupción de actividades respondía a circunstancias fuera de su control: “Lamentablemente, hoy nos toca ser víctimas de decisiones e imprevistos ajenos a nuestra voluntad, los cuales nos obligan a hacer una pausa forzada en la labor que tanto amamos”.
El sentimiento también fue expresado por otra trabajadora entrevistada por Radio Ñandutí: “Acá el BCP decía que había una solidez. Creímos en ellos. Engañó a todos. Jugaron con nuestro profesionalismo y sueños”.
Las declaraciones reflejan una crisis que excede la suspensión formal de contratos. Varios periodistas habían abandonado otros proyectos para incorporarse a un conglomerado que estaba en plena expansión y que ahora no ofrece garantías sobre su continuidad.
Al mismo tiempo, el cierre de las emisoras, diarios y plataformas abre interrogantes sobre el destino de sus marcas, sus audiencias y el patrimonio periodístico acumulado, particularmente en el caso de La Tribuna, uno de los diarios históricos de Paraguay.
Los antecedentes argentinos: banqueros, medios y causas judiciales
La Argentina registra antecedentes de empresarios que combinaron bancos, medios y poder político. Raúl Moneta, dueño de los bancos República y Mendoza, integró durante el menemismo el Citicorp Equity Investments (CEI), con intereses en Telefe, Canal 9, Cablevisión y otros medios. Incluso intentó comprar el diario La Nación. Tras la caída de sus bancos, permaneció prófugo seis meses, aunque no fue encarcelado. Jorge Brito, fundador del Macro y accionista minoritario del grupo de Daniel Hadad, estuvo brevemente detenido durante la dictadura, según Jorge Fontevecchia.
Sergio Szpolski, vinculado al Banco Patricios, cerrado en 1998, fue sobreseído y luego creó el Grupo Veintitrés, propietario de Tiempo Argentino, CN23 y Radio América, desintegrado después de 2015. Cristóbal López, dueño del Grupo Indalo y del Banco Finansur, adquirió C5N, Radio 10 y Ámbito Financiero. Finansur fue intervenido y sus activos transferidos al Galicia en 2018. López estuvo preso entre 2017 y 2019, fue absuelto en Oil Combustibles y enfrenta otros procesos.
Sin vínculos societarios conocidos con medios, también estuvieron presos Rubén Beraja, del Banco Mayo, entre 2003 y 2005, absuelto en 2019, y Carlos Rohm, del Banco General de Negocios, detenido entre 2002 y 2005 y condenado en 2025 a cinco años de prisión.
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