En 2025, el Gobierno de Córdoba ejecutó al menos AR$ 30.332 millones en acciones de publicidad en redes sociales y medios, según el relevamiento de Ruido, red nacional de periodistas de investigación, expertos en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles, publicado el 25 de febrero pasado y firmado por Juan Manuel González.
Esa cifra -que podría crecer dado que lo presupuestado llegaba a AR$ 37.000 millones- no incluye lo gastado en publicidad por las agencias provinciales, como Córdoba Turismo y Córdoba Deportes, o las empresas, como la eléctrica EPEC o el banco BANCOR, que funcionan como entes autárquicos.
En 2025, el principal destinatario de la publicidad y propaganda del Gobierno de Córdoba fue el grupo Clarín a través de tres medios que disputan el liderazgo en audiencia en la región: el canal de TV abierta El Doce facturó AR$ 1853,1 millones; el diario La Voz del Interior, AR$ 848,9 millones; y Radio Mitre Córdoba, AR$ 352,5 millones de pesos.
En segundo lugar, aparecen las empresas del grupo japonés Dentsu: Iprospect Media, AR$ 1497,9 millones, y Carat Argentina, AR$ 1127,7 millones, que sumaron un total de AR$ 2.625,6 millones, según los datos del Portal de Transparencia. Iprospect y Carat son liderados por Juan Pedro McCormack, tienen domiclio en Manuel Ugarte 1674, de Buenos Aires, y su especialidad es el marketing digital y las redes sociales.
El tercer grupo es Telefé y su entonces subsidiaria MTV Networks, ambas controladas por Paramount Group hasta octubre de 2025, que ingresaron AR$ 1493,2 millones que se dividieron de la siguiente manera: AR$ 1142,6 millones para Televisión Federal (Telefe) y AR$ 350,7 millones para MTV Networks.
Al tope de los receptores de pauta, aparece Radiodifusora del Centro, propietaria de Cadena 3 y su red de radios FM, con una facturación de AR$ 1106,3 millones.
En el resto de la distribución algunos casos que se destacan son el bolsero de pauta Andrés Bidart, de la agencia Sentidos, que comercializa publicidad para grandes medios, facturó AR$ 582,5 millones. Al igual que la mayoría de los gastos, no hay un detalle en las facturas que indique dónde se contrataron esos espacios publicitarios: sólo se lee “proviene de SGP”, las siglas de la Secretaría General.
Brana Vía Pública, con sede en la ciudad de Buenos Aires, facturó AR$ 561,9 millones.
El holding cordobés que integran Grupo Tres Punto Zero e Impulso Creativo sumó AR$ 464,2 millones. La primera está integrada por el empresario Gerardo Velázquez y la corredora inmobiliaria Nadia Batallan; mientras que la última es propiedad de la abogada Mara Batallan. Tres Punto Zero facturó AR$ 243,5 millones e Impulso Creativo, AR$ 229,7 millones.
Imperio Televisión, el nombre societario de Canal 13 de Río Cuarto, propiedad de Ricardo Nosiglia, uno de los hermanos de Enrique «Coti” Nosiglia, facturó AR$ 479 millones.
Smart Consumer, la única empresa de Guillermo Seita que facturó en 2025 al Gobierno de Córdoba, ingresó AR$ 349 millones. En este caso, según Ruido, el dato principal es político: la pérdida de incidencia del asesor político. En 2023, durante el último año de gestión de Juan Schiaretti, Smart Consumer facturó AR$ 179,6 millones, que equivaldrían a unos 1600 millones de pesos actualizados por inflación. Seita es uno de los asesores principales del ex gobernador en sus experimentos nacionales, en 2023 y en 2025. Además, articuló acciones con otros gobernadores de Provincias Unidas en la última campaña.
Por fuera de los medios tradicionales asoma un ecosistema de empresas de tecnología, publicidad y producción audiovisual. Son la caroyense Conectar SRL, recientemente incorporada al mundo de las telecomunicaciones y comandada por Alejandro Márquez, facturó AR$ 340 millones; Marco Publicitario, la agencia de publicidad de la familia Smith, AR$ 333,8 millones; y Señal VP, de cartelería en la vía pública, le vendió al Gobierno provincial espacios publicitarios por AR$ 304 millones.
Además, aparecen la productora audiovisual Uritorco, con facturas por AR$ 346,7 millones; la empresa especializada en centros de cómputos y digitalización de imágenes Cahuma, propiedad de Marcelo Bechara y su hijo “Max” Bechara, también dueños del call center Tecnovoz, facturó AR$ 281,6 millones; y Cravat Comunicaciones, de la familia Gurdulich, con pagos por AR$ 181,7 millones.
América TV, del grupo Manzano-Vila, ingresó AR$ 371 millones. Y Editorial Perfil, de Jorge Fontevecchia, que edita una versión semanal del periódico en Córdoba, ingresó AR$ 143 millones.
Ruido logró descargar todo lo pagado por el gobierno de Córdoba en 2025 hasta el mes de octubre para la contratación de servicios publicitarios y de propaganda a través de los programas de “Información pública” y “Vinculación estratégica”, según surge de los datos publicados en el Portal de Transparencia, el sitio que reúne los datos de la administración financiera de la Provincia.
La red de periodismo de investigación publicó la lista completa de beneficiados y armó un buscador que permite rastrear por razón social los pagos distribuidos entre unos 1500 proveedores registrados de pauta. Es la primera vez que pueden verse en un solo lugar y de una sola vez todos los proveedores de pauta política -particularmente en el caso de la actual gestión, casi todos los spots terminan con la referencia “Gestión Llaryora”.
En total, se identificaron 1504 empresas y personas físicas que recibieron fondos a través del subprograma “Publicidad y propaganda” (la amplia mayoría se origina en los programas «Información pública» y «Vinculación estratégica»). La base reúne (hasta el 31 de octubre de 2025) 19.154 pagos, agrupados por razón social, lo que permite visualizar con mayor claridad quiénes fueron los destinatarios de la pauta oficial.
En 2024 el Tribunal de Cuentas de Córdoba frenó pagos de publicidad oficial por sospecha de uso político por parte del gobierno de Llaryora. Fue luego de que Ruido detectara pagos de esa pauta provincial a empresas que se crearon hasta 19 días antes de recibir los fondos oficiales.
Vale recordar que Llaryora es uno de los gobernadores -y antes como intendente de la capital cordobesa- que usaba fondos oficiales para promocionar su nombre e imagen, algo prohibido por la Ley de Ética Pública en la Función Pública (art.42). Sin embargo, en las últimas semanas tomó la decisión de despersonalizar la comunicación pública provincial, según Ruido.
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