El Senado nacional aprobó por unanimidad la designación definitiva de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), completando la conformación del organismo previsto en la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, sancionada en 2018 durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, y habilitando su funcionamiento pleno en un contexto marcado por operaciones cuya definición tendrá un alto impacto económico y político.
La decisión, tomada por el pleno el 10 de abril pasado, ratificó los nombramientos en comisión realizados en noviembre de 2025 mediante el decreto 810, luego de un concurso público de oposición y antecedentes. Con el acuerdo legislativo, el organismo quedó integrado por Eduardo Montamat como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; Lucas Trevisani Vespa y Marcelo R. D’Amore como vocales; Ana Julia Parente como Secretaria de Instrucción de Conductas Anticompetitivas; y Germán Zamorano como Secretario de Concentraciones Económicas.
Según el artículo 18 de la Ley 27.442, la ANC es un organismo descentralizado y autárquico dentro del Poder Ejecutivo con capacidad plena para actuar tanto en el ámbito público como privado y administrar sus propios recursos. Ese artículo establece una estructura interna basada en la separación de funciones entre investigación y decisión: por un lado, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas, encargadas de analizar prácticas y fusiones; y por otro, el Tribunal de Defensa de la Competencia, que toma las decisiones finales. La conducción de la ANC en su conjunto recae en el presidente del Tribunal, quien además ejerce la representación legal y la administración general, incluyendo la facultad de contratar personal.
La nueva ANC reemplazó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD), que dejó de existir tras 45 años de funcionamiento.
La absorción de Movistar por Telecom y la puja bancos-Mercado Libre
Entre los casos más relevantes que deberá abordar el nuevo tribunal se destaca la adquisición de Movistar (Telefónica de Argentina) por parte de Telecom Argentina, una operación que implicará una reconfiguración estructural del mercado de telecomunicaciones del país, que a priori perderá a uno de sus principales jugadores. Esa operación fue fuertemente cuestionada por el gobierno nacional y, según versiones periodísticas, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) -en el análisis técnico solicitado por la ANC- habría planteado una desinversión amplia para su aprobación.
En el mismo plano se ubica la reciente compra de Prisma Medios de Pago por parte de Visa Internacional, una operación que también deberá ser evaluada en términos de concentración y efectos sobre el sistema de pagos.
Varios expedientes relevantes que deberá resolver la ANC revelan la dura transformación del sector financiero expuesta por la pelea de los bancos comerciales tradicionales, representados por su billetera virtual Modo, y las nuevas fintech, cuyo máximo representante es Mercado Libre (a través de Mercado Pago.
En octubre de 2023, los ex presidentes de la CNDC Gabriel Bouzat, Esteban Greco y Diego Petrecolla denunciaron a los principales bancos del país y a su billetera virtual Modo por realizar una concentración prohibida, cartelizarse y excluir a competidores, prácticas anticompetitivas que afectan a las Fintech y a millones de consumidores. La denuncia alcanzó a los bancos Galicia, Santander, BBVA, ICBC, Macro, Patagonia y Supervielle, entre otros, y solicitaron el cese inmediato de las prácticas y la desinversión de los bancos en Modo.
En mayo de 2024, los bancos denunciaron a Mercado Libre ante la CNDC por prácticas anticompetitivas exclusorias. La presentación alegó un abuso de posición dominante en perjuicio de múltiples actores del mercado, incluidos competidores y consumidores. “Las conductas abusivas de Mercado Libre, detalladas en la denuncia, generan efectos negativos para el mercado, maximizando desproporcionadamente sus ganancias a costa de contraer la oferta de valor para los usuarios por la falta de competencia”, detalló a Infobae Santiago Eraso Lomáquiz director de Legales, Compliance y Asuntos Públicos de Modo.
En agosto de 2024, fue Mercado Libre quien denunció ante la CNDC a los bancos por concentración prohibida, cartelización y prácticas coordinadas destinadas a perjudicar a la industria fintech y sus usuarios. El problema, según Mercado Libre, es los 36 bancos que conforman la red MODO nunca notificaron ni solicitaron autorización a la CNDC para operar de forma conjunta. «De esta manera, los bancos están infringiendo la ley de defensa de la competencia», en sintonía con la denuncia de los ex presidentes de la CNDC.
Por decisión del Banco Central, a comienzos de junio 2024, los comercios habían puesto en marcha la interoperabilidad de los códigos QR. Es decir, que Modo y otras billeteras virtuales quedaron habilitadas a «subirse» a la extensa red de QR instalados en los comercios de todo el país para que los usuarios puedan pagar desde cualquier aplicación.
A esto se suman conflictos en el sistema de pagos internacionales con tarjetas, donde existen cuestionamientos a operadores como Visa y Mastercard por las condiciones aplicadas a pagos transfronterizos -por ejemplo, en servicios de suscripción-, incluyendo casos con medidas cautelares en la Justicia local.
El 5 de septiembre de 2024, la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la medida dictada por la CNDC mediante la Resolución 2084/2023 y rechazó las apelaciones de Visa Inc. y Visa International Service Association, en el marco de una investigación iniciada por una denuncia de la Cámara Argentina de Fintech. La causa analiza posibles conductas anticompetitivas vinculadas a programas de Visa y Mastercard, y derivó en una orden preventiva para que Visa suspenda cláusulas de exclusividad territorial y cualquier práctica que limite el acceso de facilitadores de pago locales a su red para operaciones transfronterizas, mientras continúa la investigación sobre un eventual perjuicio al interés económico general.
Medicina prepaga y plataformas de delivery
En el sector salud, la ANC deberá analizar expedientes vinculados a empresas de medicina prepaga, un mercado bajo presión regulatoria y con antecedentes recientes de investigaciones por prácticas de precios.
El 12 de diciembre de 2024 la CNDC imputó por presunta cartelización a siete empresas de medicina prepaga -entre ellas Swiss Medical, OSDE, Galeno, Medifé y Omint- junto con la Unión Argentina de Salud (UAS) y su entonces presidente Claudio Belocopitt -también accionista del grupo de medios América-, tras detectar indicios de un acuerdo para aumentar coordinadamente las cuotas entre diciembre de 2023 y abril de 2024. La investigación, aún en curso, incluyó una medida previa que obligó a retrotraer precios y prohibió el intercambio de información sensible entre competidores, mientras que las empresas enfrentan un proceso que podría derivar en sanciones de hasta el 30% de su facturación de comprobarse la conducta anticompetitiva.
Más recientemente, el 26 de marzo de 2026 y ya con su actual conformación, la ANC abrió una investigación de oficio sobre el mercado de plataformas de delivery de comida para analizar posibles prácticas anticompetitivas, centradas en la imposición de cláusulas de paridad de precios -que limitarían la libertad de los restaurantes para fijar valores en otros canales- y acuerdos de exclusividad que podrían obligarlos a operar con una sola app.
Según el organismo, estas conductas podrían elevar barreras de entrada, restringir la competencia entre plataformas y afectar los precios, aunque la apertura del expediente no implica aún una determinación de responsabilidad y la investigación continúa en curso..
Quiénes son las autoriades del organismo
La nueva ANC y, en especial, su trubunal deberán enfrentar este desafiante escenario de definiciones ante un mercado -y un sector político- que siguen con expectativa y ansiedad las primeras señales. En el pasado, tal como se refleja detalladamente en el libro Cuatro fusiones, la competencia en comunicaciones: regulaciones, organismos antimonopolio y análisis de los dictámenes de consolidación empresarial en Argentina, de Roberto H. Iglesias, editado por Convercom, la mayoría de los expedientes tuvieron un análisis técnico pero una resolución política acorde con las necesidades puntuales del gobierno de turno.
En ese contexto, es relevante conocer los antecedentes de los nuevos funcionarios. Eduardo Montamat fue anteriormente jefe de abogados (1998-1999), vocal (1999-2003 y 2024-2025) y, desde marzo de 2025, presidente de la CNDC. Obtuvo su doctorado en 2023 por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) con una tesis sobre temas de defensa de la competencia, la cual fue publicada recientemente como libro: El interés económico general en las conductas anticompetitivas de la ley 27.442.
Lucas Trevisani es abogado, tiene una maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y trabajó en la CNDC desde 2016, ocupando el cargo de vocal de la comisión desde 2023.
Marcelo D’Amore es abogado, tiene una maestría en Disciplinas Bancarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y una maestría en Economía de Gobierno de la Universidad de San Andrés (Udesa). Es economista de gobierno y tiene una extensa trayectoria en la CNDC.
Ana Parente es abogada y tiene una especialización en abogacía del Estado con orientación en defensa judicial. Fue directora de Estudios Legales de la CNDC desde 2024 y miembro de la Unidad de Clemencia desde junio de 2024.
Germán Zamorano es licenciado en Economía y tiene una maestría en Finanzas de la UTDT. Fue director de Promoción de la Competencia de la CNDC desde abril de 2024 y miembro de la Unidad de Clemencia desde junio de 2024.
El gobierno los designó en comisión el 17 de noviembre de 2025 y el 10 de abril pasado fueron confirmados por el Senado, requisito establecido por la ley de Defensa de la Competencia para obtener la estabilidad en el cargo.
Al solicita el acuerdo para la confirmación de las nuevas autoridades en el cargo, la senadora nacional Patricia Bullrich, del oficialista bloque de La Libertad Avanza (LLA), destacó: «Hace más de 25 años que existe este organismo [la ANC] y nunca tuvo una condución elegida como ha sido elegida por este gobierno. Hubo un mecanismo rigurosos, con más de cien postulantes inscriptos. Y de esos 100 con un concurso hoy estamos eligiendo a la Autoridad Nacional de la Competencia, por puntaje, con un concurso que le da a esta institución -que es independiente y autárquica- la calidad que necesita nuestro país para poder defender las buenas prácticas recomendadas por la OCDE».
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